Ismael Vega Rociles

Expediente 587/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
587/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Ismael Vega Rociles

Actuaciones

  1. Principal

    En veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez con una demanda, turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad a este órgano jurisdiccional, la cual fue registrada con el folio 10811. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **, por su propio derecho, contra actos del Director Regional de Averiguaciones Previas en Uruapan, Michoacán y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 587/2023. 1.2. DESECHAMIENTO. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, párrafo primero, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, porque la demanda se presentó en forma extemporánea. En efecto, de los preceptos citados, se desprende que el juicio de amparo debe instarse en el plazo de quince días, a partir del día siguiente al en que: Hubiere surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al quejoso el acto reclamado. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable, distinto a la notificación del acto reclamado, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha de aquél, el cual debe producir la convicción de que el quejoso se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación combatida, conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Cabe precisar que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2022, determinó que al ser la orden de aprehensión un acto que tiene lugar dentro del procedimiento penal, la demanda de amparo que se interponga en su contra está sujeta al término genérico de quince días previsto en la Ley de Amparo. En ese contexto, se concluye que en el caso se actualizan el segundo y tercero de los supuestos indicados, los cuales, como se señaló, son determinantes para computar el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio constitucional. Es así, pues en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ** De lo anterior, resulta evidente que el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa presentara la demanda, transcurrió del treinta y uno de julio al dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, esto es, dos sábados ( 5 y 12 de agosto) y dos domingos (6 y 13 de agosto). Por tanto, se desprende que desde el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, empezó a transcurrir el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en esas condiciones, el plazo para que el quejoso reclamara los actos que tilda de inconstitucionales, le feneció el dieciocho de agosto pasado, descontándose los citados días inhábiles. Luego si la demanda de amparo se recibió el veintitrés de agosto del mes y año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es evidente que su presentación resulta EXTEMPORÁNEA, pues como se indicó, la parte quejosa estuvo en condiciones de ejercer su derecho a partir del treinta y uno de julio y hasta el dieciocho de agosto del presente año. En consecuencia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII párrafo primero, en relación con los diversos artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo manifestado en su ocurso. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.

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