Ismael Vazquez Jimenez
Expediente 55/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ismael Vazquez Jimenez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio remitido por la Vocal del Registro Federal de Electores, del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual hace del conocimiento que sí encontró registro alguno relativo al domicilio del tercero interesado Joel Flores Leyva, con el carácter confidencial; por tanto, resguárdese dicha información bajo sigilo y suprímase de la promoción física, así como la digitalización en el expediente electrónico (documento PDF de la promoción). En mérito de lo anterior, este Juzgado Federal se reserva el acuerdo correspondiente, hasta en tanto obren en autos la totalidad de los informes solicitados a las autoridades requeridas para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Ismael Vázquez Jiménez por su propio derecho, que contiene evidencia criptográfica de la firma electrónica de Miguel Ángel Rodríguez Rocandio; contra actos del Fiscal Regional de la Zona Oriente del Estado de Morelos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 55/2022-I, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.": Éste lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, se advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXIII, con relación a los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, atendiendo a las siguientes consideraciones: "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El agraviado o agraviados;. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." Por su parte, el dispositivo 107, fracción I Constitucional, prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Finalmente, el artículo 2, fracción del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, establece lo siguiente: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: [.] XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. De los numerales antes expuestos, en lo que interesa, se advierte que el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. Establecido lo anterior, cabe destacar que el presente juicio de amparo se promovió a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, el artículo 3 de la Ley de Amparo, establece los lineamientos para la presentación de las promociones en el juicio de amparo, las cuales podrán ser de manera escrita, oral y electrónica; en el primer supuesto, el ocurso formulado por escrito y el cual se presenta de forma física ante el órgano jurisdiccional, debe contener la firma autógrafa del promovente; en la última hipótesis, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese orden de ideas, la demanda fue remitida vía electrónica por lo que deben cumplir con la formalidad de estar signada con la firma electrónica respectiva del quejoso. No obstante, dicha demanda carece de la firma electrónica del quejoso Ismael Vázquez Jiménez, la cual constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que además de dar autenticidad al mismo, pone de manifiesto la voluntad de la promovente. Empero, en el caso, no se advierte que el impetrante hubiere firmado de manera electrónica la demanda -lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa- es decir, no se desprende que hubiere colocado en éste el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, como al efecto lo establece la fracción XVI del numeral 2 del Acuerdo administrativo 12/2020. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6° de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió electrónicamente el escrito relativo, atento a lo cual lo procedente es desechar la demanda constitucional. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma electrónica de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues como quedó expuesto, a través de la firma las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento. Sin que obste a lo anterior, que se aprecie una rúbrica al final del escrito de demanda en el nombre del promovente, la que no es factible tenerla como firma autógrafa sino como una reproducción del documento, puesto que la presentación de la demanda lo fue en línea, a la que se le asignó el folio 3034528 con evidencia criptográfica como se evidencia de la boleta de turno de demanda de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, la que no corresponde al directo solicitante de amparo, y por ello, se insiste, adolece de la voluntad. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda (en el caso, firma electrónica) equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Además, se estima que no se está en el supuesto de excepción que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo para que cualquier persona firme la demanda en nombre del quejoso, puesto que de la lectura del líbelo no se advierte que se trate de los actos que enuncia el referido numeral de la legislación federal en consulta, además de que tampoco se advierte que el quejoso se encuentre imposibilitado para firmarla por sí mismo. Sustenta lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el registro 2019715, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el registro 2018943, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, de ahí que deba DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en consideración la solicitud de la promovente, en el sentido de que las notificaciones le sean realizadas vía electrónica, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de practicar las notificaciones por medio del panel de notificaciones personales del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal. En ese sentido, se advierte que a efecto de la consulta vía internet del expediente en que se actúa y la práctica de notificaciones vía electrónica, proporciona el nombre de usuarios; en su atención, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se faculta al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que de autorice al usuario "MIGUELRR76" la consulta del Expediente Electrónico del juicio de garantías en que se actúa en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por autorizados para los efectos que indica a las personas y profesionistas propuestos en la demanda. Respecto a la solicitud en el sentido que se autorice el correo electrónico; en su atención, se toma del conocimiento el medio que proporciona a través del cual se puede entablar comunicaciones no procesales, y acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que establezca contacto con dicha parte procesal en caso de considerarlo necesario para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá ser registrado y su caso asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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