Ismael Suárez Pérez y Otros.
Expediente 248/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Ismael Suárez Pérez y Otros.
- Ismael Suárez Pérez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa, pudo recurrir en queja el auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de garantías, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, a través del cual comunica que por auto de dieciséis de junio del año en curso, ese órgano jurisdiccional, atendiendo al Acuerdo General 3/2013 (relativo, a la determinación del número y limites, territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito), y 18/2019 (relativo, entre otras cosas, al cambio de denominación a la ampliación de competencia de este órgano jurisdiccional; ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal), remite el juicio de amparo 139/2021, promovido por los quejosos Ismael Suárez Pérez y Liannis Virginia Cantillo Hernández, y turnó a este Juzgado de Distrito, copia certificada del juicio de amparo 139/2021 de su índice. En consecuencia, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, se avoca al conocimiento del asunto; radíquese la demanda de amparo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 248/2021-VI-A, que le corresponde. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." En esencia, la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, se tiene que de las constancias remitidas por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, se advierte que la parte promovente hizo consistir su acto reclamado en: La ilegal detención fuera de procedimiento, incomunicación, posible deportación y expulsión. Asimismo, de las constancia remitidas se advierte que el juzgado en comento, giró exhorto 14/2021-II, orden 70/2021, al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en la que solicitó el auxilio a este órgano jurisdiccional, a efecto de que el fedatario judicial se constituyera en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad; a fin de que localizar a los directos quejosos Ismael Suárez Pérez y Liannis Virginia Cantillo Hernández. Comunicación oficial que por razón de turno, toco conocer a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que en notificación de _____junio del año en curso, los citados quejosos, manifestaron que no ratificaban la demanda de amparo promovida a su favor por Ilse Bibiana Ibarra Jiménez. Ahora, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que el juicio de amparo no puede proceder oficiosamente, sino que es necesario que alguien lo promueva, esto es, el ejercicio de la acción constitucional por quien perjudica el acto es un presupuesto indispensable para que el Órgano de Control Constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. Luego, la voluntad de los quejosos es necesaria para iniciar y continuar un juicio, por lo que pueden desistirse válidamente de él en cualquier momento, pero si lo hacen, se revoca o desaparece la excitativa de justicia y con ella el juicio propiamente, porque se extingue la instancia de parte agraviada que impulsa la actividad del Órgano de Control Constitucional. En el caso concreto, los quejosos Ismael Suárez Pérez y Liannis Virginia Cantillo Hernández, a través de la constancia de notificación personal realizada por el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, de fecha _____ junio de la presente anualidad, manifestaron espontáneamente su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo 139/2021, por así convenir a sus intereses. Lo que trae como consecuencia, que el juicio de garantías antes precisado, se les tenga por no interpuesta la demanda de amparo, lo cual genera el sobreseimiento del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 39, visible en la página 681, del Tomo I, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo." También resulta aplicable la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 147, del Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000 que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio de desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistirse de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". En consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cobra aplicación, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el mismo sentido, la citada Sala, en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 295, registro digital: 174481, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", definió que la ratificación del desistimiento que realice el quejoso deberá efectuarse ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo que atiende, más allá de una formalidad, a la necesidad de cerciorarse de la identidad del sujeto que renuncia a la acción de amparo y saber si conserva su intención de dar por concluido el juicio que instó. De lo anterior se sigue que si bien es cierto que el desistimiento del juicio de amparo puede realizarse ante el Juez de Distrito o ante el funcionario judicial que cuente con fe pública, también lo es que el juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que las autoridades deben garantizar el derecho del menor de edad a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que puedan afectarlo, debe tener especial cuidado al valorar las manifestaciones de menores de edad, en virtud de que su opinión puede estar manipulada o trastocada. De ahí que en el supuesto de que el justiciable sea menor de edad y haya expresado su voluntad de desistirse del juicio de amparo, el Juez de Distrito, el titular o presidente del órgano jurisdiccional deberá asistir personalmente a la diligencia de ratificación, con la finalidad de verificar que su decisión no ha sido manipulada ni coaccionada, y que persiste su intención de renunciar a la acción de amparo. DECISIÓN En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracciones XXIII, en relación con el diverso 63 fracción I de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ismael Suárez Pérez y Liannis Virginia Cantillo Hernández. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que los quejosos se encuentran privados de su libertad en el Instituto Nacional de Migración, estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad, en esas condiciones, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la estación migratoria, lugar donde se encuentra retenidos los impetrantes de amparo, a quien deberá realizarse las notificaciones en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado "COVID-19", se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el arábigo 5 del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Notifíquese y, personalmente a los quejosos en el lugar de su retención. Así lo proveyó y firma el Juez Raúl López Pedraza, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria que autoriza, Saturnino Palomeque Culebro,a quien faculta para firmar los oficios respetivos y además certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe RLP/SPC/JPHH
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