Ismael Soto Álvarez
Expediente 468/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ismael Soto Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
." se declara que el citado fallo definitivo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Devolución de constancias. Devuélvase a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar el acuse correspondiente, en virtud de que el sello de recibo asentado por la citada autoridad hace las veces de éste. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese en el portal del internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que en términos de los puntos 1, 2 y 3 de las circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021 y SECNO/6/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del cinco de diciembre de dos mil veinte al nueve de febrero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que respecto de las demandas presentadas físicamente, sólo se dará trámite a los asuntos considerados como urgentes, así como a los aquellos bajo la modalidad de juicio en línea; y, fuera de los mencionados supuestos, no correrán plazos ni términos procesales. Asimismo, de conformidad con la segunda certificación secretarial, son considerados como urgentes los juicios de amparo que se promuevan en contra de medidas cautelares, precautorias, o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general, contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y aquellos relacionados con actos que afecten el interés superior del menor y que se estimen trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. Aunado a lo anterior, el artículo 24 del citado Acuerdo General 13/2020, dispone que, dentro de los asuntos ya radicados, deberán continuarse atendiendo pese a no calificarse como "urgentes" en términos del artículo 4, enunciativamente, asuntos donde se reclame el aseguramiento de cuentas. En ese sentido, se estima que el presente asunto es urgente, dado que Ismael Soto Álvarez, por propio derecho, reclamó la resolución de tres de agosto de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el recurso de apelación 2475/2019, que confirmó la sentencia interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el juez Trigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México en el incidente de ejecución y cumplimiento de convenio deducido del juicio ordinario civil de divorcio necesario, promovido por la señora Vilchis Martínez Alicia en contra del señor Ismael Soto Álvarez en el expediente 536/2006, el cual versa sobre el pago de alimentos a favor de la tercera interesada. Por consiguiente Vista la razón de cuenta, por la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado manifiesta la imposibilidad que tiene de notificar el oficio 408/2021 que contiene la sentencia que negó el amparo solicitado, firmada el veintinueve de enero del año en curso, a la autoridad responsable Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de que, por Acuerdo 03-06/2021, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se determinó ampliar la suspensión de labores y de plazos procesales del dos al quince de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, se instruye a la actuaria judicial para que una vez que la autoridad en mención vuelva a sus labores o pueda recibir oficios, sin previo acuerdo, le notifique la citada resolución firmada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio 408/2021 y el proveído que se dicta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad e inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. Los conceptos de violación señalados en los puntos primero al vigésimo segundo, son inoperantes. La parte quejosa en sus conceptos de violación, en esencia, aduce que el acto reclamado viola el principio de inmutabilidad de las sentencias definitivas con categoría de cosa juzgada, esto es, la sentencia definitiva de veintitrés de octubre de dos mil seis, dictada por el Juez Familiar Trigésimo Quinto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que disolvió el vínculo matrimonial y condenó al quejoso al pago de los alimentos correspondiente a un porcentaje del 40% de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios a favor de la cónyuge y de sus hijos, equivalente a la cantidad de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), no puede ser modificada a través de un incidente de liquidación de sociedad conyugal, donde las partes presentaron un convenio relativo a los alimentos, y estipularon que la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional) era el 40% de los ingresos que se pagaría en los primeros días. Convenio que fue ratificado el veinte de marzo de dos mil ocho. Asimismo, que la tercera interesada Alicia Vilchis Martínez, ya no tenía legitimación para reclamar los alimentos, pues después de la disolución del vínculo matrimonial ya no había obligación de proporcionar alimentos; aunado a que transcurrieron más de diez años y la tercera interesada no reclamó los alimentos vencidos y no pagados a su favor y de sus hijos y cuando los reclamó a través del incidente de ejecución de convenio, sus hijos ya habían cumplido la mayoría de edad; por lo que se presume que no tenía necesidad de recibirlos; por lo que aduce, hubo violación en el procedimiento al haberse admitido, dentro del expediente de juicio de divorcio, el incidente de liquidación de sociedad conyugal en donde se reclamó el pago de alimentos no pagados por el deudor alimentario con el efecto de que se embargaran bienes suficientes para garantizar el concepto de pago de alimentos; acciones que eran incompatibles y que debieron tramitare como juicios accesorios autónomos; por lo que le agravia que se haya reconocido la calidad procesal a la tercera interesada para reclamar alimentos, cuando ya no procedía reclamarlos. Que se violaron las reglas del procedimiento al haberse analizado dentro del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, lo relativo al pago de los alimentos y haberse aprobado dentro de dicho incidente, el convenio relativo al pago de los alimentos, lo cual provocó la modificación de la cantidad del 40% fijada en la sentencia definitiva, puesto que los alimentos no quedan al arbitrio de las partes para alterar su fijación a través de un convenio sin tomar en cuenta la proporcionalidad aplicable para la fijación de los alimentos; además, que el convenio no reúne los requisitos para ser aprobado, ya que tuvo que ser analizado de oficio por el juez familiar que tuvo conocimiento del juicio de divorcio necesario. Asimismo, que le causan agravio los autos de siete de marzo y veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho, emitidas en el incidente de ejecución del convenio, ya que no se siguieron las reglas del procedimiento incidental; que la tercera interesada Alicia Vilchis Soto, tenía el plazo de diez días para ejercer la acción de cumplimiento y ejecución del pago de las pensiones vencidas. Además, que el Juez Familiar Trigésimo Quinto de lo Familiar, violó en su perjuicio los artículos 55 y 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ya que no evaluó correctamente los hechos y las pruebas de las constancias que obran en autos para verificar que la obligación de pagos vencidos reclamados eran necesarias, proporcionales y racionalizadas. En efecto, como se asentó con anterioridad, los conceptos de violación planteados por el quejoso resultan inoperantes ya que no son tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues no controvierten las consideraciones que emitió la Primera sala Familiar responsable, sino que combate posibles violaciones procesales que ocurrieron durante el procedimiento y concluido el juicio de divorcio 536/2006, esto es, la legitimación de la tercera interesada para reclamar los alimentos, la admisión del incidente de liquidación de sociedad conyugal que según el quejoso, no debió culminar con un convenio y que además dicho convenio no puede modificar la cantidad fijada como pago de alimentos en la sentencia que disolvió el vínculo matrimonial, el cual, además debió tramitarse por cuerda separada, así como la falta de legitimación de la tercera interesada para promover el incidente de ejecución de convenio por haber transcurrido en exceso el tiempo. Lo anterior es así, toda vez que contra esas determinaciones y actuaciones judiciales ocurridas en el expediente 536/2006 del índice del Juzgado Trigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México, debió combatirlos en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensa estipulados en la ley; por tanto, dichos argumentos resultan ineficaces para analizar el acto reclamado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sirve de apoyo a esta determinación, la jurisprudencia con número de registro 240319, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Cuarta Parte, página 307 que dice: Por otra parte, en relación con el diverso concepto de violación vigésimo tercero planteado por el quejoso, resulta infundado. El quejoso alega que la Sala responsable no fundó ni motivó el acto reclamado, pues no analizó en su integridad los agravios planteados en el recurso de apelación ni tampoco se analizaron las pruebas que fueron ofrecidas en el incidente de ejecución de cumplimiento de convenio para resolver la interlocutoria combatida. En efecto, resulta infundado el referido concepto de violación en virtud de que en la resolución combatida de tres de agosto de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal, sí se encuentra debidamente fundado y motivado, pues se advierte que sí analizó en su totalidad los agravios planteados por el quejoso en el recurso de apelación. Para ello, resulta necesario imponerse del contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que en lo que interesa prevé: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". La lectura del numeral transcrito permite establecer que en este se consagra el derecho de legalidad que prevé la Constitución, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. De ello resulta que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite de acuerdo con el principio de legalidad. Ahora bien, por motivación del acto de autoridad, debe entenderse en el sentido de que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de esta suerte, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere el derecho de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Esto es, el denominado silogismo jurídico, en el que debe partirse de dos premisas fundamentales que necesariamente arribarán a una conclusión, esto es, de una tesis fundamental (como normatividad general), debe ser contrapuesta una antítesis o fenómeno particular, que en el ámbito de la conducta de los gobernados, otorgue una síntesis o situación concreta y permita concluir un razonamiento adecuado y aplicable. En relación con los agravios primero, segundo, tercero y décimo séptimo, el quejoso adujo que el juzgador no puede revocar sus propias determinaciones, esto es, modificar la sentencia que disolvió el vínculo matrimonial y fijar el pago de los alimentos con base en un convenio celebrado con posterioridad. Ahora, como lo precisó la responsable, el convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1792 del Código Civil para la Ciudad de México; el cual se perfecciona con el consentimiento de las partes, quienes se obligan a lo pactado y a sus consecuencias. Luego, se estima correcta la apreciación de la sala responsable en el sentido de que el convenio firmado el veinte de mayo de dos mil ocho, no modificó ni alteró el 40% de las prestaciones a que fue condenado el quejoso para el pago de los alimentos fijado a favor de la tercera interesada y sus hijos; ya que el convenio a que llegaron las partes en el juicio de divorcio, solo se especificó la cantidad que equivalía dicho porcentaje, sin modificarlo. Lo anterior es así, pues en la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil seis dictado en el expediente del juicio de divorcio 536/2006, en el resolutivo quinto, se estableció: "(.) QUINTO.- Se condena al señor ISMAEL SOTO ÁLVAREZ, al pago de una pensión alimenticia, como progenitor y cónyuge culpable, a favor de ALICIA VILCHIS MARTÍNEZ y sus menores hijos MISSAEL y ZUZEL, ambos de apellidos SOTO VILCHIS, por el equivalente al CUARENTA POR CIENTO, del total de sus ingresos ordinarios y extraordinarios que por cualquier concepto obtiene. (.)". Como se advierte, se condenó al quejoso al pago de los alimentos por el cuarenta por ciento del total de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, esto es, no se fijó una cantidad liquida exacta, sino que ello depende del total de ingresos que perciba el aquí quejoso, lo cual puede aumentar o disminuir según sus ingresos. Ahora, de autos se advierte que fue voluntad propia del aquí quejoso y la tercera interesada establecer que el 40% de las prestaciones fijada en la sentencia como pago de alimentos, correspondería a $13,000.00 (trece mil pesos mensuales 00/100 moneda nacional), por tanto, debe estarse a lo convenido por las partes; luego, en caso de no estar de acuerdo, no hubiese firmado dicho convenio el veinte de mayo de dos mil ocho; o en su caso, también estuvo en aptitud de interponer el recurso correspondiente para inconformarse en cuanto a la cantidad total correspondiente al 40% de sus prestaciones. Sin embargo, como el propio quejoso convino de propia voluntad establecer que el 40% era el correspondiente a $13,000.00 (trece mil pesos mensuales 00/100 moneda nacional), por tanto, no puede retractarse de lo previamente acordado; en su caso, a través de los medios de defensa a su alcance, pudo solicitar la modificación de la cantidad fijada si sus ingresos hubiesen disminuido. Por otra parte, en cuanto al cuarto agravio en el recurso de apelación, alegó que no se valoraron en su integridad las pruebas para verificar que la obligación de los pagos vencidos y reclamados eran necesarios; se estima correcta la apreciación de la sala, en el sentido de que correspondía al quejoso la carga de la prueba para demostrar el cumplimiento del pago de los alimentos fijado a favor de la tercera interesada Alicia Vilchis Martínez; pues de autos se advirtió que el quejoso no acudió a la audiencia de desahogo de pruebas, en consecuencia, tampoco presentó a sus testigos. Asimismo, como acertadamente lo dijo la responsable, tampoco se advierte que hubiese interpuesto recurso de apelación en contra de la determinación en donde se tuvo por desierta la prueba testimonial que ofreció a cargo de sus hijos Missael y Zuzel, ambos de apellidos Soto Vilchis. En cuanto al quinto agravio, el quejoso alegó una mala valoración del juez de primera instancia en cuanto a la solicitud de la tercera interesada respecto al pago de los alimentos para sus hijos Missael y Zuzel, ambos de apellidos Soto Vilchis, siendo que sus descendientes ya eran mayores de edad; sin embargo, como lo consideró la responsable, el escrito en que se promovió el incidente de ejecución y cumplimiento de convenio, la tercera interesada únicamente solicitó el pago de los alimentos que no le fueron pagados, sin que hubiese reclamado el pago correspondiente a sus hijos; por lo que en la resolución reclamada, únicamente se condenó al quejoso al pago de los alimentos no pagados a favor de la tercera interesada. Respecto a la contestación de los agravios sexto, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, donde el quejoso alegó que la autoridad judicial debió allegarse de oficio de todas las pruebas para resolver el incidente de ejecución y cumplimiento del convenio; se estima que fue correcta la apreciación de la Sala responsable, pues la propia sala mediante sentencia de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, ordenó reponer el procedimiento para efecto de que la juez de primera instancia solicitara la prueba de informe a cargo de la Institución de crédito BBVA Bancomer, respecto a los cargos realizados en la tarjeta de crédito adicional de las tarjetas de crédito número 4772 1430 1013 8911, a nombre del titular a Ismael Soto Álvarez y adicional a cargo de Alicia Vilchis Martínez del banco BBVA Bancomer; prueba que fue desahogada y tomada en consideración en la sentencia interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, donde se corroboró que no había una tarjeta de crédito o cuenta adicional a nombre de la tercera interesada Alicia Vilchis Martínez; además, en dichos informes se mencionó como único titular de la tarjeta 4772143010138911 al quejoso Ismael Soto Álvarez, sin que se advirtiera que hubiera una tarjeta adicional a nombre de la tercera interesada. Así, tampoco se advierte que el quejoso haya ofrecido prueba diversa para demostrar que en efecto, otorgó alimentos a favor de la tercera interesada. En cuanto al agravio séptimo, la sala consideró infundado el agravio planteado por el quejoso dónde alegó que no se citó a sus hijos Missael y Zuzel, ambos de apellidos Soto Vilchis, para el desahogo de la prueba testimonial a efecto de demostrar que regresó a vivir con la tercera interesada, pese a que ofreció la prueba con oportunidad para que por conducto del juzgado se citara a los testigos, por lo que la responsable no debió actuar con formalidad, pues al tratarse de un asunto familiar, debió actuar de oficio y no requerirle mediante apercibimiento que declarara "bajo protesta de decir verdad" que no podía presentar a sus testigos. La sala responsable consideró infundado dicho agravio, al estimar que la prueba testimonial que el quejoso ofreció a cargo de sus hijos Missael y Zuzel, ambos de apellidos Soto Vilchis, no fue ofrecida en términos del artículo 357 del Código de Procedimientos Civiles, puesto que no manifestó "bajo protesta de decir verdad" que no podía presentarlos, por lo que estimó que fue correcto que el juez familiar fue coherente al admitir la prueba testimonial previniendo al quejoso para que presentara a sus testigos debidamente identificados, en caso de no hacerlo, se declararía desierta la prueba; además, el quejoso no impugnó el auto donde se le requirió para que manifestara "bajo protesta de decir verdad" que no podía presentarlos, con apercibimiento que de no desahogar dicha prevención, se declararía desierta la prueba. Lo anterior se estima correcto; toda vez que el quejoso estuvo en posibilidad de impugnar el auto donde se le realizó la prevención y el apercibimiento respecto a la prueba testimonial que ofreció a cargo de sus hijos; e incluso, combatir la diligencia de desahogo de pruebas de treinta de mayo de dos mil dieciocho, en donde se le hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por desierta dicha prueba testimonial, por tanto, al no haber impugnado esas determinaciones, se estima que fueron actos consentidos. Por otra parte, la sala consideró infundado el agravio décimo sexto, donde el quejoso se inconformó con la incorrecta valoración del testimonio de su testigo Martha Soto Álvarez, al considerar que se realizó una incorrecta valoración de la misma; sin embargo, se estima correcta la valoración de la prueba en el sentido que la testigo no arrojó elementos claros y precisos para demostrar que el quejoso Ismael Soto Álvarez regresó a vivir con la tercera interesada Alicia Vilchis Martínez; pues solo refirió que conoce al quejoso y a la tercera interesada porque el primero es su hermano y la segunda su cuñada, que el quejoso ha solventado los alimentos a la tercera interesada y de sus hijos y que ello lo sabe porque es su hermano y ha estado con ellos; sin embargo, la sola manifestación del testigo no basta para acreditar que en efecto el aquí quejoso ha cubierto en su totalidad el pago de los alimentos a que se encontraba obligado, sino que era necesario que se admiculara con diversas pruebas. En otro aspecto, no pasa desapercibido por esta autoridad que opera la suplencia de la queja en materia de alimentos, incluso a favor del deudor alimentarios; sin embargo, dicha suplencia no llega al extremo de dejar sin efecto actuaciones procesales que no fueron combatidas en su oportunidad. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 24/2020 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas. Por último, no ha lugar a emitir pronunciamiento en relación con los alegatos que hizo valer la tercera interesada Alicia Vilchis Martínez, ya que al no constituir parte de la litis en el juicio de amparo indirecto, este juzgador no tiene la obligación de estudiarlos. Lo anterior encuentra su fundamento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." IX. DECISIÓN En las condiciones apuntadas, al haberse desestimado los conceptos de violación, es evidente que el acto reclamado no vulneró los derechos humanos referidos por el promovente, por lo que procede negar el amparo. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar en la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia 105, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, tomo VI-materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." X. CASO URGENTE. En virtud de que en el presente asunto el acto reclamado consiste en la resolución de tres de agosto de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el recurso de apelación 2475/2019, que confirmó la sentencia interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el juez Trigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México en el incidente de ejecución y cumplimiento de convenio deducido del juicio ordinario civil de divorcio necesario, promovido por la señora Alicia Vilchis Martínez en contra del señor Ismael Soto Álvarez en el expediente 536/2006, el cual versa sobre el pago de alimentos a favor de la tercera interesada; en consecuencia, se estima que se trata de un caso urgente previsto en el artículo 4, incisos a) y b) del Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus COVID-19, en relación con la circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaria Ejecutiva del Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo inicialmente mencionado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11, fracción I, segundo párrafo, del Acuerdo General 13/2020, la presente resolución deberá notificarse a la autoridad responsable en la fecha en que se encuentre de guardia de conformidad con el Acuerdo 03-03/2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual la diligencia respectiva deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Por lo anteriormente fundado y motivado; además, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en el apartado VIII de la presente sentencia, la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ismael Soto Álvarez, por propio derecho, contra los actos reclamados a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 11, fracción I, segundo párrafo, del Acuerdo General 13/2020, la presente resolución deberá notificarse a la autoridad responsable en la fecha en que se encuentre de guardia de conformidad con el Acuerdo 03-03/2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual la diligencia respectiva deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a las partes, para lo cual la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A ALICIA VILCHIS MARTÍNEZ, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE 29 DE ENERO DE 2021.
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