Ismael Santos Ramirez

Expediente 492/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
492/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Ismael Santos Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio que remite la autoridad vinculada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo Jefe de Servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en atención al requerimiento formulado en auto de ********************, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al respecto, agréguese a los autos el oficio de cuenta con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y téngasele en vías de cumplimiento. Ahora, de las constancias que remite la autoridad oficiante y de las manifestaciones se advierte que mediante oficio ******************** de ********************, requirió al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual, solicitó diversa documentación a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 77, último párrafo, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contando a partir de que surta efectos la presente notificación, informe el trato dado al oficio ******************** de ********************, remitido por la autoridad oficiante. Bajo apercibimiento de no cumplir con el requerimiento anterior, sin causa justificada, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 77, último párrafo, 192 y 193 de la Ley de Amparo; requiérase por última ocasión a la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector Jefatura de Servicios del Sistema de Ahorros para el Retiro (SAR), para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la respectiva notificación, informe si las autoridades responsables remitieron la documentación solicitada en el oficio ******************** de ********************; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá el medio de apremio previsto en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 259, de esa misma Ley, consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional 00/100). Asimismo, respecto a la designación de autorizados que hace en el presente asunto, dígasele que no ha lugar, pues dicha facultad es exclusiva de la parte quejosa y tercero interesado, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, y en el presente asunto tiene el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No obstante lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados y como domicilio los que señala. Respecto a la designación de los delegados para imponerse de los autos, tomando en consideración el principio de derecho que dice: "quien puede lo más, puede lo menos" y, si conforme al artículo 9 de la ley de la materia, las autoridades responsables pueden designar delegados para que actúen en el juicio como si lo hiciera la propia autoridad, entonces, bien puede restringirse esa facultad; por lo que se les tiene como delegados de la autoridad responsable en cita, pero con facultades exclusivas para imponerse de autos, a las personas que refiere en su oficio de cuenta. Finalmente, visto el oficio signado por el Subjefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación Jalisco, mediante el cual solicita copia simple de la totalidad del expediente, designa delegados y designa correo electrónico. Por lo que ve a su solitud de copias, dígasele, que podrán acudir presencialmente al órgano jurisdiccional, las persona que autoriza, para descargar las constancias que estimen pertinentes desde un equipo de cómputo y transmitirlas a algún dispositivo de almacenamiento móvil (USB) que traigan consigo; asimismo, se autoriza la expedición física de copias únicamente de las constancias que no obren digitalizadas en el expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados a los que señala. Finalmente, la autoridad, proporcionan el correo electrónico *** mismo que se tomará en consideración, únicamente para comunicaciones no procesales. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 20, 21 y 24 del ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación y tomando en cuenta que se negó la medida cautelar, se considera susceptible de destrucción el cuaderno original y duplicado, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente original; en tanto el duplicado, transcurrido el plazo de seis meses, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los cuadernos original y duplicado. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en los artículos 252 y 253, primer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el presente acuerdo y los subsecuentes, no serán impresos, por tanto, no obrarán anexos al expediente físico del que deriven, ya que los mismos se encuentran agregados al expediente electrónico, donde podrán ser consultados por las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el auto de uno de marzo en curso, que dice: ista la certificación que antecede, se advierte que feneció a las partes el plazo legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de tres de enero de dos mil veintitrés, que concedió el amparo solicitado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no desahogaron la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Debe decirse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, para lo cual los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deberán: Dejen insubsistente la resolución de ************, recaída a la instancia de queja, dictada en los autos del juicio de nulidad número ******************** de su índice; y, Dicten una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, consideren que: Conforme a lo establecido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver la revisión fiscal ********************la norma que resulta aplicable para la actualización anual de la pensión de la actora -aquí quejosa- es la vigente en la época de su otorgamiento y no así las normas que regulan el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ni el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que se traduce en que el tope a la pensión de la quejosa no puede calcularse con base en la unidad de medida y actualización, siendo inaplicable, por tanto, la jurisprudencia 2a./J. 30/2021, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO." Consideren que el argumento planteado por la actora en la queja que interpuso, relativo a la forma en que la autoridad realizó la actualización de las diferencias determinadas, sí es materia de la sentencia de nulidad, aunado a que es obligatorio atender este tema acorde a la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que no se puede declarar inoperante y tampoco improcedente la queja en ese aspecto, sino que se debe emprender el estudio de fondo, pues la hoy quejosa tiene derecho a que se le paguen las diferencias generadas por la omisión del instituto demandado de incrementar su pensión anualmente, debidamente actualizadas conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y hecho lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho proceda.." Por su parte, la autoridad responsable, mediante oficio recibido en la oficialía de partes el doce de enero de dos mil veintitrés, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió copias certificadas de la resolución de ********************; a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad en ejercicio de sus funciones, con las que se pone de manifiesto que la autoridad responsable demostró que dejó insubsistente la resolución de ********************, recaída a la instancia de queja, dictada en los autos del juicio de nulidad número ******************** de su índice, y dictó otra en los términos indicados por este Juzgado. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Finalmente, del estado de autos se advierte que mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se ordenó formar el Tomo I de cuaderno de pruebas con las constancias remitidas por la autoridad responsable; por lo que, al resultar innecesaria su permanencia, devuélvasele.

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