Ismael Sánchez Solorzano

Expediente 947/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
947/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Ismael Sánchez Solorzano

Actuaciones

  1. Principal

    MESA. V. Ciudad de México, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en atención a su contenido, dado que comunica que dicho juicio se encuentra en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en esa entidad, para la substanciación del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, contra el decreto por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en dicho juicio de amparo de que se trata; lo que deja claro que ese órgano ****

  2. Principal

    MESA V Agréguese el oficio signado vía electrónica por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, con sede en Durango, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 214/2018, del índice de este juzgado; háganse las anotaciones correspondientes. Sin que haya lugar a acusar recibo, dado que el propio sistema arroja el mismo al momento del envío relativo.

  3. Principal

    MESA V. Visto el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con sede en Durango, del que se advierte que en auto de veinte de agosto pasado, el aludido Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda del juicio de amparo 308/2018, de su índice, promovido por Ismael Sánchez Solórzano, al estimar que corresponde conocer del asunto a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal; al respecto, se acuerda: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 947/2018-V-Z. COMPETENCIA Resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. En principio debe señalarse que el suscrito no acepta la competencia declinada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con sede en Durango, por las consideraciones siguientes: De la demanda de amparo y constancias que integran el juicio de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución emitida dentro el expediente de ejecución de penas 1546/2016-G y sd 728/2016, que desechó de plano el incidente de remisión parcial de la pena, libertad preparatoria o alguna forma de libertad anticipada. Atribuido al Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación funcional de los artículos transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Séptima Parte, Materia Común, página 88, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". 2. Para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades será competente el Juez ante el que se presente la demanda de amparo. 3. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos por el acto desde la perspectiva de la ejecución material. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución emitida dentro el expediente de ejecución de penas 1546/2016-G y sd 728/2016, que desechó de plano el incidente de remisión parcial de la pena, libertad preparatoria o alguna forma de libertad anticipada, lo que se traduce en que el quejoso continúe privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 7 "Nor-Noreste", en el Estado de Durango. Sobre esa base, se estima actualizada la primera de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, es decir, es competente el juez de distrito con jurisdicción en donde el acto reclamado se ejecute. Al caso es aplicable la jurisprudencia 1a/J. 48/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Lo anterior es así, ya que la residencia de la autoridad emisora, no puede servir de base para fijar la competencia del juez de distrito que deba conocer de él, ya que debe atenderse al lugar donde el acto ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Por tanto, quien esto provee no acepta la competencia declinada, razón por la cual se ordena la devolución de los presentes autos al Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con sede en Durango, para que provea lo conducente y lo informe a este juzgado federal, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Ahora bien, dado que el domicilio de la parte quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley en la materia, así como el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Durango, con sede en Durango, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, y en caso de no existir inconveniente legal alguno, tenga a bien comisionar al Actuario Judicial de su adscripción, tenga por bien comisionar al actuario judicial de su adscripción para que notifique al quejoso Ismael Sánchez Solórzano, el presente auto, en el CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 7 "NOR-NORESTE", EN EL ESTADO DE DURANGO. En observancia al artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se faculta al Juzgado exhortado para que habiliten días y horas inhábiles. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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