Ismael Rodríguez González

Expediente 901/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
901/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Ismael Rodríguez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Victoria de Durango, Durango, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. se declara que ha causado estado el auto de referencia. En tal virtud en su oportunidad, archívense los autos del presente juicio como totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su oportunidad procédase a la destrucción de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Victoria de Durango, Durango, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como los presentes autos, se advierte que la quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado en el auto aclaratorio; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento ordenado, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este asunto.

  3. Principal

    ****(personal) lrs NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.- Victoria de Durango, Durango, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como los presentes autos, se advierte que la quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado en el auto aclaratorio; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento ordenado, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este asunto.

  4. Principal

    Victoria de Durango, Durango, a veintiuno de julio de dos mil veintidós. Antes de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones III y V, 110, 112 y 114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que en un término de cinco días computados legalmente, por escrito, y con las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, dé cumplimiento a lo siguiente. ÚNICO. Bajo protesta de decir verdad, aclare los antecedentes de los actos reclamados; por ser un hecho notorio para el suscrito juzgador, que al revisar el Sistema Integral Seguimiento de Expedientes perteneciente a este juzgado, se advierte que el quejoso ha promovido diversos juicios de amparo contra las mismas autoridades ordenadoras, como son, entre otros, los radicados bajo los expedientes 143/2021, 947/2021 y 801/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional, que el mismo promovente instó contra el Juez de Control en turno del Primer Distrito Judicial y otras autoridades, a quien, en esencia, reclamó la emisión de una orden de aprehensión librada en su contra. Además, en las demandas que dieron origen a los indicados juicios, el promovente relata los antecedentes de los actos reclamados, en similares términos; lo cual, objetivamente constituye un indicativo de que son los mismos hechos y antecedentes, con la variante relativa a la fecha en que, según el promovente, las autoridades ejecutoras han acudido en su búsqueda. En efecto, en las demandas que dieron origen a los juicios 143/2021, 947/2021 y 801/2022, el promovente, bajo protesta de decir verdad, respectivamente expuso que, en las fechas en que suscribió y/o presentó las demandas de amparo, acudieron a su domicilio agentes de la Policía Investigadora de Delitos, así como de la Policía Estatal y Municipal, quienes preguntaron por él, con el propósito de cumplimentar una orden de aprehensión librada en su contra. Ahora, en el capítulo relativo a los antecedentes de la demanda de cuenta (901/2022), el promovente se conduce en idénticos términos, con la única variante de la fecha que señala, pues refiere que el día que suscribió y/o presentó la demanda que nos ocupa, acudieron a su domicilio agentes de la Policía Investigadora de Delitos, quienes preguntaron por él, con el propósito de ejecutar una orden de aprehensión librada en su contra. Esas expresiones, generan suspicacias respecto de la veracidad con que se conduce el promovente, al ser inverosímil que, en las fechas en que suscribió y/o presentó las demandas en comento, las autoridades señaladas como ejecutoras hayan acudido al domicilio del promovente a ejecutar una orden de aprehensión, y que los acontecimientos que relata en esas demandas hayan ocurrido en las mismas circunstancias en todas esas ocasiones, ya que incluso señala las mismas palabras y frases. Máxime que en los precedentes juicios de amparo se le otorgó la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión y/o detención librada en su contra, y se le impuso la obligación de comparecer ante la autoridad judicial ordenadora en el término de tres días. De ahí, la inverosimilitud de los antecedentes expuestos por el promovente, pues generan la apariencia, de que las autoridades responsables, tuvieran el encargo de acudir periódicamente a al domicilio del quejoso a ejecutar un mandato de captura del que no existe secrecía, pues, según lo expone el propio quejoso, ya es de su conocimiento; de lo anterior, se desprende la necesidad de que, como parte de su relato, vinculado también a los diversos juicios de amparo 143/2021, 947/2021 y 801/2022, el promovente explique ampliamente y con toda claridad, el motivo por el cual, expuso en la demanda de cuenta, hechos idénticos a los relatados en las demandas que dieron origen a los citados expedientes de este juzgado, con la única diferencia de las fechas que, aduce, acudieron en su búsqueda los elementos de la citadas corporaciones policiales. No se omite patentizar, que la forma en que se ha venido conduciendo el promovente, denota una reiteración de hechos que aduce acontecieron en idénticas circunstancias, pero en distintas fechas; que se traduce en un relato inverosímil de los hechos que ha expuesto bajo protesta de decir verdad en las citadas demandas de amparo; de ahí, la necesidad de que la aclaración a los antecedentes que se requiere en este acuerdo, sea objetiva y verosímil. Así, en atención a lo anterior, deberá precisar también si los actos que reclama en la demanda de cuenta, son los mismos que combate en aquéllos juicios constitucionales. Cabe señalar que los expedientes que se citan en el presente proveído se invocan como hecho notorio de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Se hace saber al promovente, que en caso de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos que reclama, se dará vista con ello al agente del Ministerio Público, por la posible comisión del delito contemplado en el artículo 261, fracción I, la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; .". Así, en el caso de que este juzgador advierta que el quejoso sí tenía conocimiento de algún hecho que hubiese omitido en la demanda, se podría evidenciar que se ha conducido con falsedad u omitiendo hechos relevantes para el caso, y estaría obligado a hacerlo del conocimiento del Ministerio Público de la Federación, por lo cual podría hacerse acreedor, incluso sus abogados autorizados, a una sanción privativa de la libertad en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, pues si bien se reclama un acto que atenta contra la libertad personal, éste no es de aquellos que se consideren dictados fuera de procedimiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Libro 45, Tomo I, Materias Común y Penal, Décima Época, Agosto de 2017 (Registro digital: 2014917), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato.". Ello, con independencia de que, de constatarse la tramitación de un segundo juicio de amparo contra actos ya reclamados en uno anterior, tanto el quejoso como sus autorizados se podrán hacer acreedores a una multa de cincuenta a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 249 de la Ley de Amparo. Se apercibe al promovente que de no cumplir con la prevención señalada, dentro del plazo indicado, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que el cumplimiento al presente requerimiento, únicamente podrá desahogarlo el promovente, por tratarse de actos personalísimos relativos a la integración de la litis constitucional.

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