Ismael Rivera Valencia

Expediente 376/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
376/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • Ismael Rivera Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de junio de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso Ismael Rivera Valencia, no recurrió la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Por lo tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo de referencia), pues, como se mencionó en párrafos precedentes se sobreseyó en el presente asunto. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al haberse negado la medida cautelar definitiva. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original. No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ******************** R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, ********************promovió juicio de amparo contra la negativa de venderle productos de la tienda, reclamada al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" y otra autoridad. Segundo. Derechos humanos vulnerados. El accionante constitucional señaló como derechos humanos vulnerados, los establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Recibida la demanda de amparo ante este órgano de control constitucional, el ocho de marzo de dos mil diecisiete, se radicó bajo el expediente ********************admitiéndola a trámite el nueve siguiente, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y día para la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Asimismo, mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se dejó de tener con el carácter de responsables al Jefe del Departamento del Área Administrativa, el Jefe del Departamento de Recursos Financieros y el Jefe del Departamento de Oficinas de Tiendas, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, dada su inexistencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona al diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto emitido por autoridades administrativas, que se ejecuta dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, es pertinente establecer que de la lectura integral de la demanda y las constancias de autos, se aprecia que el acto que por esta vía se combate consiste en: La negativa verbal de venderle productos de la tienda al quejoso. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo Tercero. Existencia del acto reclamado. La Directora General y Jefa del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano" (fojas 18 al 19), al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo, las manifestaciones que formulan demuestran la existencia del motivo que detona la solicitud del amparo, lo que conduce a tener por cierto el acto que se le atribuye, ya que las autoridades indicaron que le negaron la venta de productos en razón de ciertas prescripciones médicas, por lo que se tiene por cierto. Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Por tanto tenemos que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, de oficio este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Ahora, en el presente juicio la parte quejosa reclama la negativa verbal por parte de la autoridad a venderle productos de la tienda del centro carcelario en el que se encuentra recluido. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable en el informe, a las cuales se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Se advierte que si bien es cierto las autoridades penitenciarias no le informaron por escrito al quejoso las razones por las cuales se negaban a venderle los productos que solicitó, en el presente juicio ya lo han hecho, lo cual fue del conocimiento del quejoso mediante notificación personal. En efecto, la autoridad indicó que la razón para no venderle productos al quejoso, obedeció a que fue valorado en Medicina General los días veintitrés y veinticinco de enero de dos mil diecisiete, cuyo diagnóstico fue Taquiarritmia, Bradicardia, Sinusal, Bloqueom AV de Primer Grado Sinusal, por lo que la indicación médica únicamente incluía dieta cardiópata y dieta blanda hiposódica. De lo anterior se advierte que si bien es cierto consta en autos que al quejoso le fue negada verbalmente la venta de ciertos productos alimenticios en la tienda, pues incluso así lo reconocen las autoridades responsables; empero, tal acto ha cesado en sus efectos, pues la responsable ha acreditado por escrito en este juicio que ello obedeció a un tratamiento por el padecimiento que le fue diagnosticado, con el cual se le dio vista personalmente al quejoso. Y, cierto es que, la negativa verbal de venderle productos al quejoso, constituye un acto carente de fundamentación y motivación; sin embargo, se advierte una cesación de efectos, pues la autoridad al momento de rendir su informe justificado explicó las razones por escrito, por las que negó la venta de alimentos al peticionario de amparo, con el cual, este órgano jurisdiccional en auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (foja 24), dio vista para que manifestara lo que a su derecho convenía, dando como consecuencia, que la orden verbal cesó en sus efectos al constar ya por escrito la motivación y fundamentación de la autoridad para negarle la compra de los productos que reclama. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así, como la jurisprudencia 415, publicada en la página 356 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así las cosas, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Finalmente, cabe precisar que por economía procesal resultaría ocioso conceder el amparo y protección de la justicia federal para que la autoridad carcelaria emitiera la orden por escrito de las causas por las cuales se niega a venderle los productos alimenticios, si ello ya aconteció al rendir su informe justificado. La consideración precedente encuentra apoyo por analogía, en la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 605, con número de registro 168189, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ********************promovido por ********************por propio derecho, contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero, por las razones precisadas en el último considerando de la presente determinación. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe. En Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas del día __________________, el Actuario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, la resolución o acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este juicio de amparo, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente o por oficio, se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. El Actuario. En ______________, surtió todos sus efectos legales la notificación a que se refiere las razones que anteceden, conforme a la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario.

  3. Incidental

    Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal del presente incidente de suspensión del cual se advierte que no obra en autos el acuse de recibo de la copia certificada del testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 48/2017, del índice estadístico del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por lo que, acúsese el recibo correspondiente, a fin de que la superioridad oficiante provea lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de abril de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse el día hoy a las doce horas con cincuenta minutos, como se precisó en auto de seis de abril pasado; sin embargo, quien esto determina se encuentra imposibilitada para resolver el presente juicio de amparo, porque sólo está facultada para dictar providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente por la ausencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y para su celebración se fijan las once horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargada del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

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