Ismael Rivera Hilario
Expediente 7/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ismael Rivera Hilario
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual SE DESECHÓ por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por ********************, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del tomo de prueba que la autoridad responsable ordenadora adjuntó a su informe, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintitrés. POR RECIBIDA DEMANDA DE AMPARO Por recibido el oficio de cuenta número 9157, signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que se acompaña el amparo directo 909/2022, formado con motivo de la demanda promovida por Ismael Rivera Hilario, contra el acto del Juez Segundo Menor Mixto de Zamora, Michoacán; así como el expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 615/2021. Como del oficio de cuenta se desprende que por acuerdo de quince de diciembre pasado, el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda generadora del referido juicio de amparo directo 909/2022, formado con motivo de la demanda de garantías planteada por Ismael Rivera Hilario, contra el acto del Juez Segundo Menor Mixto de Zamora, Michoacán, consistente en la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual decretó la caducidad de instancia en el juicio ejecutivo mercantil 615/2022; por considerar que, la determinación impugnada, no tiene la categoría de sentencia definitiva, ni tampoco de resolución que ponga fin al juicio. AVOCAMIENTO En consecuencia, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable Juez Segundo Menor Mixto de Zamora, Michoacán, para los efectos legales a que haya lugar. FORMAR CUADERNO DE PRUEBA. Con el expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 615/2022, que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, fórmese cuaderno de pruebas por separado. No pasa por alto para el suscrito juzgador que, atento a la jurisprudencia número 51/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 32/94, visible en la foja 93, del Tomo I, Primera Parte, Novena Época, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA, EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO", el Juez de Distrito al avocarse al conocimiento de la demanda de amparo intentada en vía directa procediendo la indirecta, debe prevenir al quejoso para que la adecue a los requisitos de la demanda en la vía indirecta; sin embargo, no es el caso de proceder en esos términos solicitando a la parte promovente adecue su libelo a los mencionados requisitos, en atención a que aún y cuando la demanda fue intentada en la vía de amparo directo, la misma en esencia reúne los requisitos que establece el invocado artículo 108, para interposición de la demanda de garantías en la vía indirecta. ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA DE DEMANDA. Establecido lo anterior, procede proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta. Los artículos 61, fracciones XVIII y XXIII, 62, 107, fracción V, 113, 171 y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De los numerales transcritos se desprende que el estudio de las causas de improcedencia debe emprenderse en forma oficiosa; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de garantías debe examinar el escrito de demanda y de advertirse la existencia de alguna causa que torne improcedente el juicio, deberá desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando sea promovido contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que se conoce como principio de definitividad, rector del juicio de amparo. Luego, sobre el principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse antes de promover el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca; principio que no se observó en el presente caso, por las razones siguientes. En efecto, los artículos1334, 1339, 1340 y 1345 del Código de Comercio, disponen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición.". "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $816,439.97 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código.". "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $816,439.97 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339.". De los preceptos legales transcritos se advierte, entre otras cosas, que el recurso de revocación procede en contra de los autos respecto de los cuales no proceda la apelación, y que este no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $816,439.97 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.), por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en términos del artículo 1339 del Código de Comercio. Ahora, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos y del análisis integral de la demanda, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el ejecutivo mercantil 615/2022, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Se considera actualizada la causa de improcedencia invocada, ya que del juicio anexo al informe justificado se desprende que: 1. Que ante el Juzgado Segundo Menor Mixto de Zamora, Michoacán, se registra el juicio ejecutivo mercantil 615/2022, promovida por Enrique de Anda Cerda en contra de la parte aquí quejosa, en el que reclama como suerte principal la cantidad $63,000.00 (sesenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional). 2. Emplazado que fue el demandado ahora quejoso compareció a dar contestación a la demanda enderezada en su contra. 3. Posteriormente el aquí quejoso por conducto de su autorizado promovió incidente de nulidad de actuaciones, mismo que fue admitido el uno de agosto de dos mil veintidós y que por auto de nueve de noviembre de ese mismo año, se decretó caducidad de instancia al no haber actuado en esa incidencia por más de treinta días hábiles, siendo éste último el acto de molestia en esta vía de amparo. De la narrativa expuesta queda patentizada la causa de improcedencia invocada al tratase de un acto que es susceptible de ser revocado mediante el recurso que contempla el artículo 1334 del Código de Comercio vigente, dado que por su cuantía que no es superior a los $816,439.97 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.), se ventila ante un juzgado menor y por ende, no admite el recurso de apelación contemplado en la citada normativa federal en su precepto 1339. De manera que, al no haberse agotado el referido recurso de revocación en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; de ahí que en la especie se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado en la demanda que se estudia, admite el recurso de revocación que establece el Código de Comercio. Cobran aplicación sobre el particular las jurisprudencias de los rubros y textos siguientes. "Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187016 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Página 902 Jurisprudencia (Común) AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". "Registro digital: 160948 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 96/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 709 Tipo: Jurisprudencia CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. Del artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que decrete la caducidad es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que decretó la caducidad en la primera instancia se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación.". DIVERSA CAUSA DE IMPROCEDENCIA Cabe agregar que, la demanda de amparo que se analiza también es improcedente dado que se actualiza la diversa causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso107, fracción V interpretado a contrario sentido, como se expone a continuación. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracciones V, 113 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;. ". De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende, como ya se dijo, las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso y, que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el órgano jurisdiccional debe desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, previo a establecer las razones por las cuales se considera que la demanda es improcedente, es primordial destacar dos cuestiones. La primera, que como se ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, autónomo con sus características procesales como demanda, contestación, etapa probatoria y de alegatos, y como consecuencia, al igual que en un juicio, dentro de un incidente no puede promoverse el amparo en contra de cualquier resolución, sino únicamente contra aquellas que la propia Ley de la Materia y criterios jurisprudenciales establecen. La segunda, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos; por esa razón, si los actos no afectan de manera directa los derechos sustantivos de las partes, tales aspectos podrán hacerse valer como violaciones procesales al promoverse el juicio de amparo contra la determinación que le ponga fin al juicio o procedimiento judicial de que se trate. En ese sentido, conforme a la obligación que tiene el suscrito de analizar la demanda generadora del presente expediente y observar los preceptos legales invocados, se estima que la demanda también es improcedente debido a que el acto reclamado lo constituye una determinación por la que se decreta la caducidad de instancia dentro del incidente de nulidad de actuaciones derivado del juicio ejecutivo mercantil 615/2022, acto que no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos humanos de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirían si la ahora quejosa obtuviera resolución favorable en el juicio principal, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con las determinaciones que se pretenden reclamar. Ahora, la sola determinación de la responsable de decretar la caducidad en el incidente de nulidad de actuaciones derivado el juicio mercantil en lo principal, no determina el sentido en que habrá de dictarse la sentencia definitiva, en el que dicho sea es parte formal el quejoso y ha comparecido a hacer valer sus derechos; pues aún falta la etapa probatoria y de alegatos, así como la valoración que la autoridad responsable otorgue en su conjunto a los medios de prueba que se lleguen a ofrecer en ese incidente. En el último de los casos, de ser contraria a sus intereses la resolución que se llegue a pronunciar en el incidente de remoción de albacea, como se dijo, la parte aquí amparista podrá impugnar las violaciones que ahora aduce en su libelo, a través del medio correspondiente. Lo anterior, sin que obste que el artículo 172 de la Ley de Amparo no contempla específicamente como violación al procedimiento el que se admitan pruebas en un incidente de pérdida de capacidad para heredar, ya que dicho precepto contiene un catálogo meramente ilustrativo, pues en su última fracción (XII) se refiere a violaciones análogas a las enunciadas en las anteriores; razón por la cual, se actualiza en la especie, la causa de improcedencia antes invocada. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 62, 107, fracciones V, 113 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. "Época: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Página: 1902 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Los criterios invocados en esta resolución se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de los mismos; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado, fundado y con apoyo además en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ismael Rivera Hilario, contra el acto del Juez Segundo Menor Mixto de Zamora, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. En otro orden de ideas, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°, todos los litigantes, en el primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deben ser personales; y, en la especie, el promovente no cumplió con ese requisito; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban hacerse a la parte quejosa, aún las de carácter personal, se le deberán practicar por lista, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad, para recibir las notificaciones que deban ser personales. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Ismael Gutiérrez Romero681/2023
- Ismael Mejia Gaona595/2022
- Ismael Mejia Gaona1024/2022
- Ismael Morales Pantoja624/2020
- Ismael Negrete López891/2022
- Ismael Pérez Núñez1026/2018
- Ismael Rosas Juárez251/2021
- Ismael Rosas Juárez163/2023
- Ismael Vicente Carlos1290/2023
- Israel Alvarado García787/2017
- Israel Arvizu Sánchez115/2019
- Israel Arvizu Sánchez1241/2022