Ismael Puga Ohm

Expediente 692/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
692/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Ismael Puga Ohm
  • ISMAEL PUGA OHM y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; once de noviembre de dos mil veintiuno. agréguese a los autos el oficio con anexo de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la resolución dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja ***, interpuesto por el quejoso ***,*** Y*** contra el auto que desechó la demanda de amparo, de cuyo punto resolutivo se advierte que se declaró infundado dicho medio de impugnación. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. ... Acúsese recibo... Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. ...Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad con el que acusa recibo del comunicado, mediante el cual se remitió el informe materia de la queja, el original del presente juicio de amparo y la constancia de notificación de diez de agosto de la presente anualidad, por medio de la cual los quejosos *****, interpusieron recurso de queja en contra del proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno uno, por el que se desechó la demanda de amparo, el cual admitió a trámite y registró con el número de 180/2021. De lo anterior, tómese conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; once de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación de diez de agosto del año en curso, por medio de la cual los quejosos *******, interponen recurso de queja en contra del proveído de cinco de los cursantes, por el que se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, así como la constancia de notificación que se atiende y ríndase el informe sobre la materia de la queja que corresponde; sin que sea necesario notificar a las partes restantes la interposición del recurso de que se trata, en virtud de que en el presente juicio de amparo no fue admitida la demanda que le dio origen; por tanto, no se ha efectuado emplazamiento alguno. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, visto el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la constancia de notificación personal practicada a ******, en la que promueven demanda de amparo, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades, regístrese bajo el número 692/2021. Acúsese el recibo correspondiente. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes señalan como acto reclamado la discriminación a realizar llamadas telefónicas extraordinarias a raíz de la pandemia. Desechamiento. De lo anterior se advierte que los actos que reclaman no los colocan en un estado que ponga en riesgo su integridad física, sino que se trata de cuestiones de internamiento, relativas a las llamadas telefónicas extraordinarias. En ese contexto, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida; principio que encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, como la segregación o aislamiento en alguna celda en específico, en términos de lo establecido en el artículo 41, fracción III, de la citada legislación, pues dichos preceptos que establecen lo siguiente: Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular su petición. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el director del centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la solicitud. La obligación de allegarse de información no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El director del centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el juez de ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. La autoridad penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Tratándose de omisiones, el juez de ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el juez de ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." ************, En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones". Es decir, además del procedimiento jurisdiccional (controversia), la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un sistema recursivo a través del medio de impugnación de la apelación, para que si las resoluciones dictadas en éstas últimas resultan perjudiciales a los internos, puedan lograr la revocación de las mismas y el dictado de una resolución favorable a sus intereses. En otras palabras, la controversia en la vía jurisdiccional, así como el recurso de apelación que se puede interponer contra las resoluciones derivadas de éstas últimas; constituyen medios de defensa ordinarios que permiten la modificación, revocación o nulificación de las cuestiones que se consideran perniciosas para los internos en centros penitenciarios. En ese sentido, toda vez que la parte quejosa no interpuso controversia judicial en contra del acto reclamado, que hace depender de que se no se les permita realizar llamadas extraordinarias, aunado a que en contra de dicha determinación todavía procede el recurso de apelación, resulta patente que, al tratarse de una cuestión de internamiento, el presente juicio de amparo es improcedente. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. Notifíquese.

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