Ismael Perera Guzman
Expediente 1134/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/02/2023
Partes del expediente
- Ismael Perera Guzman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de tres de enero de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, transcurrió del diez al veintitrés de enero de dos mil veintitrés, con exclusión de los días catorce, quince, veintiuno y veintidós del mismo mes y año, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de tres de enero de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón de tres de enero de dos mil veintitrés, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para emplazar a juicio a los terceros interesados: 1. Sigma Alimentos, sociedad anónima de capital variable; 2. Sigma Alimentos Centro, sociedad anónima de capital variable. Y, notificarles personalmente el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Por las razones expuestas, tomando en consideración que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes pueden tener el carácter de tercero interesado, no ha lugar a seguir considerando con tal carácter a: 1. Sigma Alimentos, sociedad anónima de capital variable; 2. Sigma Alimentos Centro, sociedad anónima de capital variable. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.T.7 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1464, Novena Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Por otra parte, agréguese a los autos el oficio S.A./0015/2022 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Lo anterior, en razón de que en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 22/2016, se acordó la promoción escrita de veinte de enero de ese mismo año, signada por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal del actor Ismael Perera Guzmán (aquí quejoso), quien solicitó se requiriera nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que informara si Ismael Perera Guzmán se encontraba inscrito ante dicho Instituto a partir del trece de junio de dos mil doce al treinta de noviembre de dos mil quince, en caso afirmativo, proporcionara el nombre del patrón que le dio de alta, fecha y motivo de la baja. Como justificación de su informe remite copia certificada del acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós y del oficio J.E.I/0166/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondientes al juicio laboral 22/2016. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, Ismael Perera Guzmán, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la negativa de dar entrada al escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, presentado por su apoderado legal en el expediente laboral 22/2016. Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, toda vez que en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 22/2016, se acordó la promoción escrita de veinte de enero de ese mismo año, signada por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal del actor Ismael Perera Guzmán (aquí quejoso), quien solicitó se requiriera nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que informara si Ismael Perera Guzmán se encontraba inscrito ante dicho Instituto a partir del trece de junio de dos mil doce al treinta de noviembre de dos mil quince, en caso afirmativo, proporcionara el nombre del patrón que le dio de alta, fecha y motivo de la baja. Para acreditar lo anterior, proporcionó copia certificada del acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós y del oficio J.E.I/0166/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondientes al juicio laboral 22/2016. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió. Bajo ese contexto, si el trece de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso Ismael Perera Guzmán, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la negativa de dar entrada al escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, presentado por su apoderado legal en el expediente laboral 22/2016. Y, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad de Carmen, se advierte de forma clara y manifiesta que el nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 22/2016, se acordó la promoción escrita de veinte de enero de ese mismo año, signada por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal del actor Ismael Perera Guzmán (aquí quejoso), quien solicitó se requiriera nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que informara si Ismael Perera Guzmán se encontraba inscrito ante dicho Instituto a partir del trece de junio de dos mil doce al treinta de noviembre de dos mil quince, en caso afirmativo, proporcionara el nombre del patrón que le dio de alta, fecha y motivo de la baja. Asimismo, se giró el oficio J.E.I/0166/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social. Resulta evidente que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el trece de diciembre de dos mil veintidós, la negativa reclamada no existía. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la negativa de dar entrada al escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la Agente Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS SE NOTIFICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad del Carmen, Campeche, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón de tres de enero de dos mil veintitrés, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para emplazar a juicio a los terceros interesados: 1. Sigma Alimentos, sociedad anónima de capital variable; 2. Sigma Alimentos Centro, sociedad anónima de capital variable. Y, notificarles personalmente el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Por las razones expuestas, tomando en consideración que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes pueden tener el carácter de tercero interesado, no ha lugar a seguir considerando con tal carácter a: 1. Sigma Alimentos, sociedad anónima de capital variable; 2. Sigma Alimentos Centro, sociedad anónima de capital variable. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.T.7 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1464, Novena Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Por otra parte, agréguese a los autos el oficio S.A./0015/2022 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Lo anterior, en razón de que en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 22/2016, se acordó la promoción escrita de veinte de enero de ese mismo año, signada por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal del actor Ismael Perera Guzmán (aquí quejoso), quien solicitó se requiriera nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que informara si Ismael Perera Guzmán se encontraba inscrito ante dicho Instituto a partir del trece de junio de dos mil doce al treinta de noviembre de dos mil quince, en caso afirmativo, proporcionara el nombre del patrón que le dio de alta, fecha y motivo de la baja. Como justificación de su informe remite copia certificada del acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós y del oficio J.E.I/0166/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondientes al juicio laboral 22/2016. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, Ismael Perera Guzmán, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la negativa de dar entrada al escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, presentado por su apoderado legal en el expediente laboral 22/2016. Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, toda vez que en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 22/2016, se acordó la promoción escrita de veinte de enero de ese mismo año, signada por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal del actor Ismael Perera Guzmán (aquí quejoso), quien solicitó se requiriera nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que informara si Ismael Perera Guzmán se encontraba inscrito ante dicho Instituto a partir del trece de junio de dos mil doce al treinta de noviembre de dos mil quince, en caso afirmativo, proporcionara el nombre del patrón que le dio de alta, fecha y motivo de la baja. Para acreditar lo anterior, proporcionó copia certificada del acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós y del oficio J.E.I/0166/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondientes al juicio laboral 22/2016. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió. Bajo ese contexto, si el trece de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso Ismael Perera Guzmán, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la negativa de dar entrada al escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, presentado por su apoderado legal en el expediente laboral 22/2016. Y, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad de Carmen, se advierte de forma clara y manifiesta que el nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 22/2016, se acordó la promoción escrita de veinte de enero de ese mismo año, signada por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal del actor Ismael Perera Guzmán (aquí quejoso), quien solicitó se requiriera nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que informara si Ismael Perera Guzmán se encontraba inscrito ante dicho Instituto a partir del trece de junio de dos mil doce al treinta de noviembre de dos mil quince, en caso afirmativo, proporcionara el nombre del patrón que le dio de alta, fecha y motivo de la baja. Asimismo, se giró el oficio J.E.I/0166/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social. Resulta evidente que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el trece de diciembre de dos mil veintidós, la negativa reclamada no existía. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la negativa de dar entrada al escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la Agente Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
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Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Ismael Perera Guzmán, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, radíquese con el número de expediente 1134/2022-II, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. ADMISIÓN. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por Ismael Perera Guzmán, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de Amparo 1134/2022-II 3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. EMPLAZAMIENTO A LA TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados a i) Sigma Alimentos, sociedad anónima de capital variable; ii) Sigma Alimentos Centro sociedad anónima de capital variable; y/o quien resulte legitimo responsable o propietario de la fuente y relación de trabajo, quienes tienen su domicilio ubicado en Avenida Edzna sin número entre Avenida Isla de Tris, fraccionamiento mundo maya, C.P. 24120, por lo que se comisiona al actuario adscrito para que con copia simple de la demanda, anexos y del presente proveído, emplace a juicio a los referidos terceros interesados. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistentes en: 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 4 1. La documental pública consistente en copia de la promoción de veinte de enero dedos mil veintidós. 2. La documental privada consistente en el oficio de aviso de trece de mayo de dos mil veintidós. 3. La Instrumental pública de actuaciones. 4. La presuncional legal y humana. En cuanto a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente, mientras que la presuncional legal se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda." NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de Amparo 1134/2022-II 5 efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "Miltonpech". CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese los nombres de usuarios "Miltonpech" al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Milton Alejandro Pech Juárez, Jonathan de Jesús Pech Juárez y Yuliana Pech Juárez. Autorización que se admite sin necesidad de que la persona autorizada acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 6 autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de Amparo 1134/2022-II 7 De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a los terceros interesados; electrónicamente a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.
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