Ismael Perales Gutiérrez
Expediente 133/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juez de Control del Distrito Judicial Bravos
- Ismael Perales Gutiérrez
Actuaciones
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de la propia fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del "numeral vigésimo", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Así, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la justicia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse negado, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo 133/2020-II, promovido por **, en contra de actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada en Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veintisiete de febrero del presente año, y ante este juzgado en la misma fecha, la parte quejosa solicitó la protección constitucional contra el acto de las autoridades, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y Agentes Ministeriales de la Policía Estatal Única División Investigación del Departamento de Órdenes de Aprehensión de esta ciudad, consistentes en: "IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo la citación, detención, y/o presentación giradas en mi contra. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo el cumplimiento de las ordenadoras para llevar a cabo la detención y aprehensión de mi persona. Asimismo todas y cada uno de los actos subsecuentes derivados del cumplimiento ilegal citación, detención, y/o presentación girada en nuestra contra." SEGUNDO. Derechos constitucionales que en la demanda se estiman vulnerados. El peticionario del amparo señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 133/2020-II; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien no presentó pedimento; se emplazó al Agente del Ministerio Público que interviene en el proceso; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se tuvo como inexistente a la autoridad señalada como Coordinador de Agentes Ministeriales de la Policía Estatal Única División de Investigación del Departamento de Órdenes de Aprehensión. Seguido el juicio, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de que el acto reclamado, se atribuye a una autoridad del Distrito Judicial Bravos, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: La orden detención, citación, presentación o aprehensión emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, dentro de la causa penal 2967/2019, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en que el veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitió orden de aprehensión en contra del quejoso, dentro de la causa penal 2967/2020. En apoyo a su informe, envió copia autorizada del mandamiento de captura en contra del quejoso, asimismo, remitió registro de audio y video de la citada audiencia. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues los primeros resultan medios idóneos para hacer patente lo acontecido en dichas audiencias, dada la naturaleza del procedimiento (oral) en que se verificó el acto impugnado de inconstitucional; además en razón de la naturaleza de las audiencias orales, se registran en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza, para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de realizar una audiencia especial de reproducción de su contenido e incluso, durante el trámite de este juicio se dio vista a las partes a fin de brindarles certeza jurídica; en tanto, que las documentales, fueron expedidas por autoridad en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tiene por cierto el acto que se impugna de inconstitucional. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, del informe justificado del Juez de Control señalado como autoridad responsable, se aprecia que no emitió la orden de citación, detención o presentación, pues únicamente afirmó que libró orden de aprehensión en contra del imputado aquí quejoso, por tanto, respecto de los primeros actos se tiene como una negativa de su existencia. Sin que la parte agraviada haya aportado pruebas tendientes para desvirtuar dicha información, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Se afirma lo anterior, porque el quejoso no demostró la existencia de los actos reclamados que menciona en su demanda de amparo como la orden de citación, presentación o detención, con algún medio de convicción. QUINTO. Conceptos de violación. En este considerando, se tienen por reproducidos los conceptos de violación sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, atento a lo que dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis constitucional del mandamiento de captura reclamado. Resultan infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, como se verá. El Juez de Control remitió documentales en las que obra una transcripción de la orden de aprehensión. Al realizar un análisis del contenido del disco compacto DVD se aprecia la celebración de la audiencia intermedia dentro de la causa penal 2967/2019, celebrada el veintisiete de febrero de dos mil veinte, en la cual el imputado aquí quejoso, no se presentó habiéndose encontrado notificado para esa presentación, pues así lo refiere el Juez de Control, declarándolo sustraído de la acción de la justicia. Se continuó en audiencia privada, con la presencia del Agente del Ministerio Público, en la cual el Fiscal, solicitó la orden de aprehensión en reclamo. Ahora bien, son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, pues respecto de la orden de aprehensión girada en su contra para efectos de reconducción al proceso, señala: 1. Que se vulnera en su perjuicio lo establecido en el artículo 14 constitucional, narrando su contenido, al referir que ".nadie puede ser privado de la libertad o de sus posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en las que se cumplan las formalidades del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". 2. Que se vulnera en su perjuicio lo establecido en el artículo 16 constitucional, el cual establece: ".que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento que funde y motive la causa legal del procedimiento". 3. Asimismo, el artículo 19 y 20 Constitucionales (transcribe una parte del primero), pues señala que es inconstitucional que lo manden aprehender porque no ha cometido delito alguno que amerite privación de la libertad. Aduce que no pudo llegar a tiempo a la audiencia y no pudo justificar el retraso, pues había operativos de vigilancia. Además, señaló que no es responsable de algún delito. Resultan infundados los anteriores conceptos de violación, ya que de autos se aprecia que no se contravino lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no existió vulneración a las formalidades esenciales del procedimiento en la emisión respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida el veintidós de veintisiete de febrero de dos mil veinte. El artículo 14, segundo párrafo dispone: "14. (.) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El referido numeral establece que nadie puede ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Al análisis el acto reclamado, se aprecia que fue dictado por una autoridad judicial previamente establecida, como es el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conforme a las leyes procesales expedidas con anterioridad al hecho atribuido, a saber, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y fue solicitado por el Ministerio Público, ya que el imputado fue citado judicialmente a la audiencia intermedia, sin que haya acudido a la misma. No se soslaya que la autoridad responsable omitió otorgar al quejoso el derecho de audiencia previo a emitir el mandato de captura; lo cual, contrario a lo afirmado por el quejoso, no vulnera algún derecho fundamental en su contra, ya que para el dictado de la determinación en comento, no opera en favor del acusado, la audiencia previa establecida en el artículo 14 constitucional. Aun cuando la orden, como la que aquí nos ocupa, es un acto de molestia al gobernado, su emisión no viola lo previsto por el artículo 14 constitucional, de ahí que en el caso lo conducente es desestimar, por infundado, el concepto de violación respectivo. Sobre ese particular, cabe citarse la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil trescientos setenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVI, del rubro: "ORDEN DE APREHENSION, NO SE NECESITA DE LA GARANTIA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA." En efecto, para emitir la orden de aprehensión para efectos de reconducción al proceso, no es requisito que previamente se escuche al imputado, ya que basta que se cumpla con los requisitos legales establecidos en el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, para el libramiento de la orden de aprehensión reclamada, el Juez responsable observó las formalidades que la ley exige, al verificar que el ahora inconforme, aunque fue notificado de la hora y día fijada para la celebración de la audiencia intermedia no asistió; en consecuencia, es factible establecer como infundado el concepto de violación hecho valer al respecto. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". Asimismo, no asiste la razón al quejoso cuando sostiene que el acto reclamado contraviene el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (falta de fundamentación y motivación), ya que la autoridad responsable citó las normas legales que sustentan el acto reclamado y expuso de manera clara y suficiente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que consideró para su emisión, cobrando importancia, la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. El numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El artículo 141, párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión [.] La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia." De los numerales transcritos se advierte que, para que se realice un acto de molestia contra un gobernado, el mandamiento que se emita, debe reunir los siguientes requisitos: 1. Emitirse por escrito; 2. Provenir de autoridad competente; y 3. Que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Se aprecia que el primer requisito se satisface, toda vez que el acto impugnado fue realizado por escrito, según se constata del acta mínima de audiencia intermedia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, reclamada. En cuanto a que provenga de autoridad competente, también se colma dicho requisito, en virtud de que se aprecia que la determinación fue emitida por el Juez de Control, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 2967/2019, quien fue el encargado de presidir la audiencia intermedia, en el proceso seguido contra el ahora quejoso por el hecho ilícito de usurpación de profesión, previsto y sancionado por el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, en cuanto a que el mandato de captura se encuentre debidamente motivado y fundado, también se cumplió con esa circunstancia, y previo a ese mandato judicial, el juez responsable en la audiencia celebrada el veintisiete de febrero del año en curso, señaló que el imputado (ahora quejoso), se encontraba sustraído de la acción de la justicia y celebró en audiencia privada con el Ministerio Público. En la cual, la necesidad de la cautela, fue basada en los argumentos del Fiscal, quien mencionó que al quejoso se le había emitido auto de vinculación por el hecho ilícito de fraude agravado en perjuicio de diversa persona, y que en resolución de doce de febrero del año en curso, en segunda instancia se reclasificó el hecho ilícito al diverso de usurpación de profesiones, tipificado en el precepto 319 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual se encontraba firme. Señaló que el imputado había quedado notificado de la comparecencia a la audiencia intermedia, sin que se haya presentado o justificado su inasistencia, por lo cual se le declaró la sustracción de la justicia. El Juez responsable señaló que asistía razón a la petición del Fiscal, quien se había ajustado a la legalidad, pues efectivamente, en contra del imputado Ismael Pérez Gutiérrez, se había emitido auto de vinculación a proceso por el hecho ilícito de fraude agravado, el cual mediante resolución de segunda instancia emitida el doce de febrero del año en curso, se reclasificó el hecho ilícito por el de usurpación de profesiones, tipificado en el precepto 319 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual se encontraba firme. Además, que ese hecho ilícito trae prisión preventiva. Asimismo, el Juez afirmó que el imputado había quedado notificado de su comparecencia a la audiencia intermedia, sin que se haya presentado o justificado su inasistencia, por lo que en la audiencia intermedia le declaró la sustracción de la justicia en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales la suspensión del procedimiento. En continuación de la audiencia privada, a las 12:22 horas, el Juez de Control autorizó la medida cautelar solicitada, al considerar en esencia que el imputado no se presentó a la audiencia señalada para el veintisiete de febrero del presente año y que el hecho ilícito tiene pena privativa de libertad. En ese tenor, conforme a los artículos 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró la sustracción de la acción de la justicia del imputado; y, ante la petición de la Ministerio Público, ordenó su captura para efectos de reconducción al proceso, al actualizarse las hipótesis legales para el caso. Por consiguiente, se estima apegado a derecho que la autoridad señalada como responsable, se cercioró que el quejoso fue citado para que acudiera a la audiencia fijada, sin que lo haya hecho, además, que existía petición expresa del Ministerio Público para la emisión de una orden de aprehensión, y que ese hecho ilícito prevé pena de prisión, en tales razones, el Juez expuso los motivos que le llevaron a establecer que era viable esa petición, con la finalidad de reconducir al ahora inconforme al procedimiento, lo cual resulta ajustado a la legalidad que lo haya resuelto en los términos planteados, pues aunado a lo anterior, tal pronunciamiento se efectuó en audiencia privada ya habiéndolo declarado sustraído de la acción de la justicia dentro de la audiencia intermedia. Máxime que el mandato de captura tiene únicamente los efectos de reconducción del proceso, ya que el Juez ordenó que, una vez ejecutado, sea puesto a su disposición, donde previo a ser escuchado, se resolverá su situación legal, circunstancias que buscan que quede nuevamente sujeto a la potestad de la autoridad judicial. Al respecto, resulta aplicable la tesis I.6o.P.125 P sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA HIPÓTESIS PARA LIBRARLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ACTUALIZA SI EL IMPUTADO ES DECLARADO SUSTRAÍDO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, AL HABER OMITIDO ASISTIR A LA CITACIÓN QUE SE LE EFECTUÓ PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INTERMEDIA, A PESAR DE ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé dos hipótesis de procedencia para librar una orden de aprehensión para la etapa inicial, previstas en sus artículos 141 y 310, los cuales son que: 1. El indiciado, sin causa justificada, no atienda una citación u orden de comparecencia judicial; y, 2. La Representación Social lo considere necesario para lograr la comparecencia del imputado, a fin de que se le formule imputación. Así, se estima actualizada la primera hipótesis (conforme al párrafo cuarto del artículo 141 mencionado), cuando el Juez de Control declara sustraído de la acción de la justicia al imputado, al hacer caso omiso a la citación que se le efectuó, para que compareciera a la audiencia intermedia, a pesar de estar debidamente notificado; máxime que existe incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, en el caso, la relativa a su presentación semanal ante el Juez." Sin que resulte óbice a lo anterior el señalamiento del quejoso atinente a que los artículos 19 y 20 Constitucionales se vulneran en su perjuicio porque es inconstitucional que lo manden aprehender ya que no ha cometido delito alguno que amerite privación de la libertad, sobre el tema, cabe hacer mención que el mandamiento de captura fue originado no porque se haya analizado de fondo el hecho ilícito, sino porque incumplió una formalidad al no haberse presentado en la audiencia intermedia, lo que ocasionó se declarara sustraído de la acción de la justicia, sin haber justificado su argumento en el sentido de que no llegó a tiempo porque había operativos de vigilancia, pues ello no lo demostró. Con esto, es por demás claro que la orden de que se trata, cumple con las directrices jurídicas exigidas para un acto de ese género, pues, aparte de que deriva, esencialmente, de la sustracción de la acción de la justicia del imputado -hoy quejoso-, debe tenerse presente que es una medida idónea para el fin pretendido con ella, que no es otro más que buscar la detención del activo del hecho ilícito con el objeto de lograr su comparecencia ante la autoridad judicial, para la continuación y culminación del procedimiento penal respectivo. En las relatadas condiciones, al no haberse conculcado derechos fundamentales en perjuicio del imputado Ismael Perales Gutiérrez, al emitirse el mandamiento de captura en su contra dentro de la causa penal 2967/2019, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 78, 81, 155 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, hasta hoy veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes
- Ismael Martínez Moctezuma525/2017
- Ismael Martínez Moctezuma348/2021
- Ismael Martínez Moctezuma140/2017
- Ismael Melchor Hernández729/2021
- Ismael Pallares Serrano769/2016
- Ismael Pallares Serrano y Otros.405/2017
- Ismael Ramírez Holguín369/2018
- Ismael Ramírez Holguín347/2018
- Ismael Ricardo Limón Chávez421/2022
- Ismael Ruiz Sarabia712/2015
- Israel Agustín Mora Miramón180/2018
- Israel Alcantara Garcia534/2016