Ismael Palma Flores y Otros.

Expediente 812/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
812/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2016

Partes del expediente

  • Ismael Palma Flores y Otros.
  • Ismael Palma Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de trece de julio de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Visto el escrito presentado, en atención a su contenido, téngase por desahogado el requerimiento formulado en proveído de cinco del presente mes y año y por aclarando los antecedentes del acto reclamado. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es posible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional lo siguiente: ".la omisión de estudiar la prescripción del Procedimiento Administrativo Disciplinario CI/DGFR/173/2010-I, incoado en contra de los suscritos, figura jurídica que ha operado en dicho Procedimiento, lo que trae como consecuencia, una evidente violación del artículo 17 Constitucional en nuestro entero perjuicio, que prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta e imparcial." En ese sentido, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que explica en qué casos el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente; en efecto, el máximo Tribunal en la tesis jurisprudencia que más adelante se reproduce, sostuvo entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, este juicio procede contra actos en cuyos efectos sean de imposible reparación, tal como señala en la fracción V, del artículo 107, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De acuerdo con lo sustentado por el alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictado dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). En esas condiciones, del escrito de demanda que se analiza, se advierte que la parte quejosa, se duele exclusivamente de una afectación de omisión cometida dentro de un procedimiento administrativo, en la que alega violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del procedimiento administrativo disciplinario CI/DGFR/173/2010-I, seguido en contra de los aquí quejosos. Acto que, en el caso, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino más bien, como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentran los impetrantes, sino que se da justamente dentro del mismo, pues reclama un acto de omisión al no emitir acuerdo o resolución de prescripción dentro del procedimiento administrativo de origen. No pasa desapercibido para la suscrita juzgadora, que en la tesis de jurisprudencia citada en líneas siguientes, se haya determinado que por regla general el amparo es notoriamente improcedente para los casos en que alguna de las partes en un procedimiento reclamen una violación a los artículos 8º y 17 Constitucional, esto es, una conducta omisiva por parte de la autoridad, pues en el referido criterio se establece que cuando dicha actitud evidencie una abierta dilación del procedimiento o implique una paralización total del mismo, lo cual a criterio de la que aquí juzga no sucede, ya que la omisión reclamada por los promoventes se presenta ante la falta de solicitud de éstos de proveer respecto a la prescripción, como lo manifiestan bajo protesta decir verdad los quejosos, en su escrito de cuenta. De ahí que, al derivar el acto combatido de un procedimiento en forma de juicio, se presenta la posibilidad de que la autoridad que conoce del asunto, resuelva sobre alguna pretensión sometida a su conocimiento debiendo sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, a efecto de obtener respuesta completa a sus pretensiones, pues el procedimiento disciplinario del que deriva el acto que en el presente juicio se reclama, se encuentra en etapa de instrucción (no se ha dictado resolución), lo cual requiere de impulso procesal por la parte actora; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por tanto, en el caso se observa en forma clara y manifiesta que el juicio de amparo por el acto reclamado es notoriamente improcedente, lo que trae como consecuencia que se deseche de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, pendiente de publicarse, de la literalidad siguiente: "AMPARO INDIRECTO, POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución de trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra los actos de esta naturaleza es, por la regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilatación del procedimiento o su paralización total, púes en ese caso el juicio será procedente". Al actualizarse en forma patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relación con el 107 fracción V, aplicada a contrario sensu; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.

  3. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 812/2016-II-G en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión y toda vez que del escrito de demanda se advierte que los promoventes señalan como acto reclamado la omisión de estudiar la prescripción del procedimiento administrativo Disciplinario CI/DGFR/173/2010-I, incoado en su contra, figura jurídica que refieren ha operado en dicho procedimiento. Sin embargo, de su capítulo de antecedentes en los puntos números ocho, nueve y diez refieren que: 8.- ".con fecha dieciocho de mayo del año en curso, mediante escrito dirigido a la autoridad ordenadora C. Fiscal General del Estado (antes Procurador General de Justicia del Estado), le solicitamos que deje sin efecto el mentado oficio PGJE/CI/DGFR/7539/2010, dictado dentro del procedimiento administrativo disciplinario CI/DGFR/173/2010-I. 9.- La autoridad ordenadora C. Fiscal General del Estado (antes Procurador General de Justicia del Estado), remitió el escrito de petición mencionado a la diversa ordenadora Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado, quien dentro del procedimiento administrativo Disciplinario CI/DGFR/173/2010-I, negando nuestra solicitud, siendo el caso que dicha resolución nos fue notificada con fecha catorce de junio del presente año. 10.- Por tal motivo, una vez que fuimos notificados con fecha catorce de junio del año en curso de dicha resolución, nos dimos a la tarea de leer detenidamente todos y cada uno de los autos del procedimiento administrativo disciplinario CI/DGFR/173/2010-I, dándonos cuenta en ese momento que el procedimiento en cuestión había prescrito, en atención a los siguientes motivos: a).- Que el procedimiento administrativo disciplinario CI/DGFR/173/2010-I, fue iniciado con fecha diecinueve de julio del dos mil diez, con motivo de la vista dada por nuestro Superior Jerárquico Director General de la Policía Ministerial del Estado, a la Contraloría Interna de dicha Institución, por haberse dictado en nuestra auto de formal prisión dentro de los autos de la causa penal 165/2009-II, por el delito de secuestro, cometido en agravio de Álvaro Rosas Martínez, radicado ante el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, en la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero. b).- Que hasta la presente fecha veintisiete de junio del año en curso, han transcurrido seis años y siete meses, sin que las autoridades responsables se pronuncien respecto a la prescripción de dicho procedimiento, dejando a los suscritos inauditos y en completo estado de indefensión, tomando en cuenta que de conformidad con las leyes aplicables en la fecha que se dio inicio al procedimiento en comento, la facultad sancionadora de las responsables Órgano de Control Interno y otras, ha prescrito". En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 108 fracción V, 114 fracción II de la Ley de Amparo, prevéngase a los promoventes, para que en un término de cinco días, siguientes al en que les surta efectos legales la notificación del presente proveído, den cumplimiento a lo establecido en el artículo 108, fracción V citado, es decir, manifiesten bajo protesta de decir verdad, cuales son los hechos o abstenciones que les constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, esto es, señalen de manera concisa y precisa los antecedentes del acto reclamado, puesto que únicamente refieren que en el procedimiento administrativo disciplinario CI/DGFR/173/2010-I inició el diecinueve de julio de dos mil diez, al dar cuenta su superior jerárquico a la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, que les fue dictado un auto de formal prisión y que hasta el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, transcurrieron seis años y siete meses sin que las responsables pronunciaran acuerdo alguno respecto a la prescripción del citado procedimiento, omisión que aquí reclaman, pues la demanda es obscura al no referir mayor antecedente respecto al procedimiento disciplinario, no obstante que manifestaron que lo leyeron en su totalidad, por ende, deben señalar si ya fue emitida resolución, si les fue notificada ésta o si presentó algún escrito en el que hayan solicitado la emisión del acuerdo de prescripción. Tiene aplicación al caso la tesis I.7º.A.100 K, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley" Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en párrafo anterior, dentro del lapso indicado, se procederá conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada la misma. Téngase como domicilio de los solicitantes de amparo para recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Javier Serrano García, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos a Ricardo Silverio Delgado y Alejandro Reyes Tizapa, por no tener cédula profesional registra en el citado sistema.

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