Ismael Nieves Chávez

Expediente 197/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
197/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
20/05/2016

Partes del expediente

  • Ismael Nieves Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En veinte de mayo de dos mil dieciséis, el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve al veintinueve de abril del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra del auto de uno de abril de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dentro del juicio de amparo número 197/2016.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario Faustino Rodríguez Flores, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra auto de uno de abril de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Lalo°

  2. Principal

    En uno de abril de dos mil dieciséis, el secretario de Juzgado licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta a la Juez con el oficio y anexo certificado registrado con el número 6483. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de marzo pasado, y al efecto anexa copia certificada de la constancia de notificación personal al quejoso relativo al laudo emitido en el juicio laboral de origen. Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele la parte quejosa, consistente en el retardo en que ha incurrido la autoridad señalada como responsable para dictar el respectivo laudo, y en el cual el aquí justiciable tiene el carácter de actor. Lo anterior es así, considerando el cúmulo de constancias que integran el presente sumario y la que adjunta la autoridad responsable a su comunicación de cuenta, advirtiéndose de las mismas que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, esto es, cesación de efectos del acto reclamado, como se verá más adelante. En principio, se destaca lo que prevé el numeral antes invocado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Ahora bien, del análisis de las constancias que la autoridad responsable allegó a este órgano de control constitucional, se desprende que obra agregado el laudo definitivo de quince de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el citado Tribunal responsable, dentro del juicio ordinario laboral número 417/2013, promovido por Ismael Nieves Chávez, así como la respectiva constancia de notificación realizada al ahora quejoso de dicha resolución. Documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades. De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el quejoso en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo definitivo dentro del expediente laboral número 417/2013, que atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y si en el caso en particular, se toma en consideración que a la fecha del dictado del presente proveído, la autoridad responsable informó que el quince de marzo del presente año, emitió laudo definitivo dentro del expediente laboral ya citado, y remitió copia certificada de tal determinación, e incluso le notificó tal circunstancia, tal como se advierte de la respectiva constancia de notificación; es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, y con ello se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, como lo solicita la autoridad responsable, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad señalada como responsable y parte tercero interesada, y personalmente a la parte quejosa, conforme a lo establecido en el artículo 26 en la fracción I, inciso F), de la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, legalmente asistida del licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. L´FRF/DEY. SISE____

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 01 DE ABRIL DE 2016, DFE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPÁRO. "En uno de abril de dos mil dieciséis, el secretario de Juzgado licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta a la Juez con el oficio y anexo certificado registrado con el número 6483. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de marzo pasado, y al efecto anexa copia certificada de la constancia de notificación personal al quejoso relativo al laudo emitido en el juicio laboral de origen. Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele la parte quejosa, consistente en el retardo en que ha incurrido la autoridad señalada como responsable para dictar el respectivo laudo, y en el cual el aquí justiciable tiene el carácter de actor. Lo anterior es así, considerando el cúmulo de constancias que integran el presente sumario y la que adjunta la autoridad responsable a su comunicación de cuenta, advirtiéndose de las mismas que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, esto es, cesación de efectos del acto reclamado, como se verá más adelante. En principio, se destaca lo que prevé el numeral antes invocado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Ahora bien, del análisis de las constancias que la autoridad responsable allegó a este órgano de control constitucional, se desprende que obra agregado el laudo definitivo de quince de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el citado Tribunal responsable, dentro del juicio ordinario laboral número 417/2013, promovido por Ismael Nieves Chávez, así como la respectiva constancia de notificación realizada al ahora quejoso de dicha resolución. Documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades. De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el quejoso en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo definitivo dentro del expediente laboral número 417/2013, que atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y si en el caso en particular, se toma en consideración que a la fecha del dictado del presente proveído, la autoridad responsable informó que el quince de marzo del presente año, emitió laudo definitivo dentro del expediente laboral ya citado, y remitió copia certificada de tal determinación, e incluso le notificó tal circunstancia, tal como se advierte de la respectiva constancia de notificación; es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, y con ello se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, como lo solicita la autoridad responsable, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad señalada como responsable y parte tercero interesada, y personalmente a la parte quejosa, conforme a lo establecido en el artículo 26 en la fracción I, inciso F), de la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, legalmente asistida del licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. L´FRF/DEY. SISE____

  4. Principal

    En veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario de Juzgado licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta a la Juez con el oficio y anexo registrado con el número 5991. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número TCA/516/2016 y anexo, remitido por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada del laudo de quince de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral número 417/2013. Atendiendo a las constancias descritas, se desprende que la responsable no anexa la constancia de notificación personal al quejoso del referido laudo; por tanto, mediante oficio que derive de este proveído requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación haga llegar a este Juzgado Federal la referida constancia de notificación. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza.- DOY FE. SONIA.

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