Ismael Negrete Moreno
Expediente 772/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ismael Negrete Moreno
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintiuno de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. ... este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo signada por ********************, contra actos del Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, Sede Salamanca, Base Pénjamo; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 772/2023-III. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: De la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, residente en Pénjamo, Guanajuato: La investigación e integración de la carpeta de investigación ********************, instruida en contra del quejoso ********************, por su probable participación en el delito de violación espuria equiparada, cometido en agravio D.M.S.G. Del Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, Sede Salamanca, Base Pénjamo. El acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitido en la causa penal 1P2323-173, derivada de la carpeta de investigación mencionada ********************, en el que se citó al imputado quejoso ********************, para la celebración de la audiencia inicial que tendrá verificativo el próximo cuatro de agosto de dos mil veintitrés. En relación con acto reclamado consistente en la investigación e integración de la carpeta de investigación ********************, instruida en contra del quejoso ********************, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, y 21 de la Constitución Federal, por lo cual resulta imperativo su desechamiento, en términos de lo dispuesto en el diverso 113 de la ley de la materia, por los motivos que a continuación se exponen. El Ministerio Público, como órgano público titular del ejercicio de la acción penal, por antonomasia, tiene como obligación llevar a cabo los actos que integran la carpeta de investigación, orientados a satisfacer los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción penal; es decir, la autoridad facultada para determinar la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, y la presunta responsabilidad penal de alguna persona en su comisión, a fin de que se determine si procede o no someterla a un proceso penal y dentro de éste, resolver si los hechos consignados son o no delito, en su caso, demostrar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas e imponerse las penas y medidas de seguridad que procedan. Es así, porque el artículo 21 constitucional impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; también refiere a que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por la vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. En el proceso penal, el representante social debe acreditar a través de datos de prueba, determinados hechos para demostrar la comisión de un hecho que la ley señala como delito, así como la probable responsabilidad del inculpado. Aunado a que los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una carpeta de investigación para su debida integración, incluyéndose la determinación que recae a aquélla, sus efectos son susceptibles de contrarrestarse posteriormente, de manera que no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión, o en su caso, sujetar al inculpado al procedimiento penal. Por lo cual, por regla general, corresponde al Ministerio Público el acreditamiento de la actualización del delito, y por imperativo constitucional en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados." Es aplicable la tesis 1a. CXXXV/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 351, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180028, de rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Y la jurisprudencia I.2o.P. J/11 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se localiza en la página 689, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de mil novecientos noventa, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 226462 de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." En torno al acto reclamado consistente en el auto que ordenó la citación del imputado quejoso a la audiencia inicial en la causa penal de origen el próximo cuatro de agosto, el presente juicio es improcedente en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del amparista. Al respecto, el artículo mencionado establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales emitidos fuera de juicio; sin embargo, la orden de citación girada al indiciado para que acuda a la audiencia inicial del proceso seguido en su contra, no puede ser considerada como un acto privativo para efectos del juicio de amparo, pues dicha determinación no es un acto que afecte su libertad personal. Es así, porque se trata de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, mediante la cual requiere al quejoso para que acuda a la audiencia en la cual se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Y será en dicho acto procesal en el que formalmente tendrá conocimiento de la investigación seguida en su contra por parte del Ministerio Público, y podrá hacer valer sus derechos ante el Juez de control respecto de los hechos que se le imputan; máxime que el quejoso señala que el tres de julio del año en curso le fueron entregadas unas copias de las impresiones de la carpeta de investigación, y en el auto de citación a audiencia inicial se le requiere para que acuda acompañado de su defensor, para que previo a la audiencia se imponga del contenido de la carpeta de investigación; por lo cual, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante el Juez de Control y ejercer su defensa sobre los hechos investigados. Es cierto que en caso de no comparecer injustificadamente, el juez de control podría ordenar su comparecencia a través de la fuerza pública. Sin embargo, ése sería un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su aprehensión o comparecencia mediante la fuerza pública. De modo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado y, por tanto, no afecta su esfera jurídica. Soporta el desechamiento la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2018828, rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Conclusión En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y 21 de la Constitución Federal; y 107, fracción IV de la ley de la materia; todos en relación con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha la demanda de amparo promovida por ******************** en contra de los actos reclamados precisados en líneas anteriores. Domicilio En virtud de que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados, y en atención a que ningún precepto de la ley de amparo, ni de la que es supletoria, contemplan como domicilio esa hipótesis, se tiene que no cumplió con lo establecido en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimiento Civiles; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la citada legislación, ésta y las subsecuentes notificaciones háganse por lista de acuerdos en tanto subsane dicha omisión. Autorizados Asimismo, ténganse como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para tal efecto, requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, por regla general, las constancias que aporten las partes como pruebas, no se agregarán al expediente impreso ni a su versión electrónica, por lo que deberá formarse cuaderno auxiliar de tomo de prueba por separado, el cual quedará a su disposición para consultarlos en la secretaría del juzgado, lo anterior, dada la carga de trabajo con que cuenta este juzgado. Con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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