Ismael Negrete López

Expediente 958/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 67 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
958/2022
Año
2022
Actuaciones
67
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Ismael Negrete López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 67.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. En relación con el cuaderno incidental, de conformidad con el artículo 17, fracción III, del Acuerdo en mención, es conservable el mismo, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito del apoderado legal de CFE Distribución Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esa ciudad, mediante el cual solicita se le autorice para que realice el corte de servicio de energía ********************, ahora ********************, registrado a nombre del quejoso ********************, ubicado en ******************** número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. En atención a lo informado por dicha autoridad, se determina dejar sin efectos el cumplimiento de la suspensión provisional así como la suspensión definitiva dictada en este incidente, dado que el presente juicio ya fue resuelto mediante resolución de veinte de septiembre del presente año, en el cual se sobreseyó en el juicio promovido por el quejoso y en esta propia data se emitió el auto por el cual causó ejecutoria dicha sentencia. Por lo tanto, se estima que no existe materia sobre la cual las autoridades responsables deban dar cumplimiento. Notifíquese por lista y mediante oficio a las responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito del quejoso ********************, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dieciocho de septiembre del año en curso, remite las constancias relativas al pago bimestral de los servicios de energía eléctrica ******************** y ********************. De lo anterior, este órgano federal toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 958/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que obran las documentales que el quejoso y autoridad responsable exhibieron en autos. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las probanzas antes indicadas y por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintidós (foja 2), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ********************, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de cinco de septiembre del año dos mil veintidós (foja 31) se registró en el libro de gobierno con el número 958/2022 y se desechó de plano la demanda respecto de la citada autoridad, por su notoria e indudable improcedencia, Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso ********************, interpuso recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo. Dicho recurso le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en esta Ciudad, el cual en proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, se avocó al conocimiento del referido recurso. Posteriormente, dicho Tribunal Colegiado resolvió el recurso de queja el diez de febrero de dos mil veintitrés, en el que la declaró fundada, y determinó admitir a trámite la demanda de amparo. En virtud a lo anterior, mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (foja 70-74), este juzgado la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete [el día veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés]. Tercero. Mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista al quejoso para que precisara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y Comisión Federal de Electricidad Distribución, ambas con sede en esta Ciudad de Morelia, Michoacán (foja 83). La parte quejosa mediante escrito presentado el diez de marzo del presente año (foja 88-93) promovió la ampliación de la demanda, misma que se admitió (foja 94) el catorce del mismo mes y año, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete [foja 99 reverso]. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites legales, en esta fecha se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto es reclamado a autoridades residentes dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, las autoridades responsables y el acto reclamado señalados por el quejoso, consiste en: Autoridades responsables: -Comisión Federal de Electricidad. -Empresa Subsidiaría de la Comisión Federal de Electricidad Distribución. -Empresa Subsidiaría de la Comisión Federal de Electricidad CFE Suministrador de Servicios Básicos, ambos con residencia en esta Ciudad; y, -Empresa Subsidiaría de la Comisión Federal de Electricidad Transmisión, con residencia en Zapopan, Jalisco. Acto reclamado: La suspensión de los servicios de energía eléctrica números 155800900208 y 155061104074, ahora 201230402642 y 201230402154. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado que le atribuye a la Comisión Federal de Electricidad División Centro-Occidente (foja 103), la Comisión Federal de Electricidad CFE Trasmisión (foja 186), por así manifestarlo al rendir sus informes justificados. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. División Centro-Occidente Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. La Comisión Federal de Electricidad CFE Distribución, de la División de Distribución y Suministrador de Servicios Básico del Centro Occidente, con sede en Zapopan, Jalisco aceptó el acto reclamado, según se desprende de su informe justificado (foja 167). Certeza que se corrobora con la prueba documental que allegaron al juicio, consistente en copia certificada del aviso de Revisión al Sistema de Medición y la Instalación Eléctrica (foja 169). Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II Procesal-Constitucional 1, Común Primera Parte, Materia Común, Quinta Época, registro 1002815, la cual el del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 553 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo instituye que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que se actualice alguna otra causal que resulte de las restantes disposiciones de la misma legislación. Asimismo, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, porque se considera que el acto reclamado por el quejoso no constituye uno de autoridad. Los preceptos 61, fracción XXIII, 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". El juicio de amparo constituye un medio extraordinario de control ya de constitucionalidad, ya de convencionalidad y de legalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de la persona que acuda a él, restableciéndola en el goce pleno de sus derechos vulnerados. Al respecto, por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo es el procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. Y, por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo es un recurso judicial efectivo, a la luz del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aunado a lo anterior, la idoneidad y efectividad del juicio de amparo se constata con el hecho de que, según la violación que en su caso detecte el juzgador o tribunal federal, la sentencia podrá tener por efecto reparar esa infracción y ordenar a la autoridad responsable emitir un acto nuevo purgando los vicios advertidos. De ahí que el juicio de amparo permite una defensa amplia de los derechos humanos que el quejoso estime vulnerados, al tener la sentencia respectiva la fuerza legal suficiente para dejar insubsistente el acto de autoridad reclamado. Forma de acceder al juicio de amparo Aun cuando el juicio de amparo es la garantía judicial por excelencia para salvaguardar derechos fundamentales -en el sistema jurídico mexicano- no es absoluto e irrestricto, esto es, no puede acudirse a él en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia sino que, previo al estudio de fondo, deben cumplirse ciertos requisitos formales. La teoría general del derecho ha realizado una clasificación en las relaciones jurídicas de las personas que son las de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación. Son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Relaciones de supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos y garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Relaciones de supraordinación. Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Características de la autoridad para los Efectos del "juicio de amparo" El artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo -aplicable al caso- estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el artículo 5º, fracción II, de la propia Ley de Amparo define a la autoridad responsable a quien, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre lo que debe entenderse por autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el siguiente criterio: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DEAMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. La anterior norma jurisprudencial esclarece cuáles son las notas que distinguen a una autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, y son las siguientes: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; II. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; III. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior debe entenderse en función del concepto que tradicionalmente se ha concebido para la autoridad responsable, a quien generalmente se le había reconocido como un órgano del Estado. Mas, conforme al párrafo segundo de esa misma fracción II del artículo 5º, actualmente también pueden tener ese carácter los particulares; siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Dicha porción normativa es del tenor siguiente: "Artículo 5°. . . II. . . Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (. . .) De la anterior norma jurídica se desprende que un particular es susceptible de ser reconocido como autoridad responsable en un juicio de amparo, cuando sus actuaciones revistan las características siguientes: a) Realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, que sean aptos para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de acuerdo con la definición que aporta el párrafo primero de esa misma fracción. b) Que afecten derechos en los términos antes anotados; y que, c) Sus funciones estén determinadas por una norma general. Posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias en relación con el tema, donde ha considerado que los actos derivados de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares no son actos de autoridad. De esa consideración surgió la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) del rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". Bajo una nueva legislación que rige el actuar de la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a confirmar su criterio, ello en la ejecutoria de siete de febrero de dos mil dieciocho que resolvió la contradicción de tesis 198/2017 donde hizo los señalamientos siguientes: De acuerdo a la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. La Comisión Federal de Electricidad en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo a virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. En los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, la Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, al forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir sus conflictos es la ordinaria mercantil. No obstante, también fijó -la Segunda Sala- supuestos de excepción donde la Comisión Federal de Electricidad sí puede llegar a ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, al considerar lo siguiente: (.) Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta Superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida, (enfermos dependientes de instrumentos y maquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4 constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "(.) disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable (.)." Asimismo, sobre la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, se ha dicho que una vivienda adecuada debería tener acceso permanente a "recursos naturales y comunes", entre otros, "(.) el alumbrado, y almacenamiento de alimentos (.)." Vale la pena referir que las actividades del sistema eléctrico se sujetan a obligaciones del servicio público universal, entre ellas de ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico; cuya finalidad es financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación. Dicho Fondo se integra por el excedente de ingresos que resulte de la gestión en el Mercado Eléctrico Mayorista, donativos de terceros e ingresos percibidos por el cobro de sanciones. La distribución, transmisión y por ende el suministro de servicios básicos están obligados a instalar, conservar y mantener su infraestructura, así como garantizar el servicio a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los términos de ley, ejerciendo los recursos asignados por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico en congruencia con los programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de Distribución autorizados por la Secretaría de Energía. En ese contexto, la Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país; para lo cual las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. Finalmente, es dable referir que sobre el principio de impacto social y desarrollo sustentable, la Ley prevé que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar. Con esa finalidad la Secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda. De ahí surgió la jurisprudencia número 2a./J. 30/2018 (10a.) del tenor siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que esas jurisprudencias son criterios jurisprudenciales que definen específicamente la naturaleza de los actos reclamados en una demanda de amparo a la Comisión Federal de Electricidad, son una causa manifiesta e indudable que justifica el sobreseimiento del asunto, pues es inconcuso que si la naturaleza de dichos actos ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo para todos los órganos de menor jerarquía, no hay ninguna posibilidad de que dicho obstáculo declarado por el Máximo Tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Criterio que se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.) con el rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional". En consecuencia, este Juzgado no advierte que se actualice una causa de excepción para considerar el acto de la Comisión Federal de Electricidad como de autoridad, pues el acto reclamado no puede considerarse como no pactado o que exceda el contrato de suministro básico con el usuario final y que pueda considerarse como violatorios a derechos humanos; tampoco se ubica en el supuesto de un amparo contra normas, por su aplicación. Por lo tanto, el acto reclamado se ubica dentro de la hipótesis general desarrollado por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo considera como no apto de reclamarse en el juicio de amparo. Atento a lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad CFE Distribución, de la División de Distribución Centro Occidente, señalada como autoridad responsable en la demanda, no tiene esa calidad para los efectos del juicio de amparo en este caso concreto, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se debe sobreseer el presente juicio de amparo indirecto conforme lo disponen las jurisprudencias 2a./J. 156/2017 (10a.), 2a./J. 30/2018 (10a.) y 2a./J. 2/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 2a./J.30/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 532, Tomo I, Abril de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". De igual forma, resulta aplicable sobre el tema en particular, la tesis jurisprudencial 2a./J.112/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 293, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cuando la Comisión Federal de Electricidad, en observancia de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal respectiva y conforme al acuerdo o contrato celebrado con el Ayuntamiento, determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, emitiendo el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, toda vez que ni del artículo 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ni de la legislación municipal aplicable se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tenga facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los derechos por el servicio de alumbrado público, sino que se establece cierto procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades municipales." Lo anterior, no obstante que el quejoso haya manifestado que tiene setenta y nueve años de edad, y que habita su domicilio en compañía de su esposa, quien cuenta con sesenta y tres años de edad, que padece diabetes y que necesita de energía eléctrica para la conservación de sus medicamentos; ya que del informe rendido por la autoridad Jefe del Departamento de Medición Zona Morelia de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad CFE Distribución, refirió que el corte de energía eléctrica, aquí reclamado del Servicio número 155800900208 ahora 201230402642 obedeció a que al realizar una inspección en el domicilio del quejoso ubicado en ******************** se detectó un uso ilícito; esto es, que se consumía energía eléctrica sin que se registrará la totalidad del consumo, tal como lo acreditó con el aviso de revisión con número de folio 37499 y revisión del Sistema de Mediación y la Instalación Eléctrica con folio 31267. Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Así, se llega a la conclusión de que el corte de suministro de energía eléctrica del servicio reclamado lo fue porque se estaba cometiendo un acto ilícito, razón por la que se impuso a la aquí quejoso una multa de ciento ochenta y dos mil pesos; por tanto, no se puede establecer el caso de excepción señalado con anterioridad en virtud a que de así considerarlo se estaría permitiendo la continuación de un acto ilícito. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, por los actos, autoridades y motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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