Ismael Mosso Hernandez
Expediente 141/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ismael Mosso Hernandez
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, doce de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con el 356 Fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido.
- Principal
Se notifica por lista de acuerdos al promovente. Córdoba, Veracruz, uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito presentado por ., mediante el cual desahoga la prevención realizada en proveído de veintidós de febrero del año en curso. Atento a lo anterior, se tienen por cumplido dicho requerimiento; en consecuencia, vista de nueva cuenta el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ciertamente, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: - El desposeimiento ordenado en los autos del juicio ordinario civil ./2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, sobre el bien inmueble ubicado en . Ahora bien, de los escritos de demanda y aclaratorio se advierte lo siguiente: 1. ., demandó de ., la terminación del contrato de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en . 2. Dicho asunto fue radicado con el número ./2018, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, en el que se emplazó al demandado, aquí quejoso, quien compareció a dar contestación. 3. Seguido el procedimiento correspondiente, . fue condenado a la desocupación y entrega del citado inmueble. De lo anterior deriva que el acto reclamado tiende a hacer efectivos los términos del fallo definitivo. Expuesto lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción IV, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El juicio de amparo procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De la interpretación armónica de tales disposiciones normativas deriva que en el juicio de amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución; y por última resolución se entiende como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En ese entendido, en el supuesto de que se promueva un juicio de amparo contra un acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, distinto a la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordena el archivo definitivo del expediente, la demanda será improcedente. Sobre el particular, el Máximo Tribunal ha establecido que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de amparo en la vía indirecta exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que puedan afectarse por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J.108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 6, tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero del año dos mil, materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sin embargo, el acto reclamado consistente en la orden de desposeimiento del inmueble ubicado en . no constituye la última resolución en la etapa de ejecución; lo anterior, debido a que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, tampoco ordena el archivo definitivo del expediente; además, no se encuentra dentro de los supuestos de excepción establecidos por el Máximo Tribunal, pues no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sino que sólo constituye un acto intermedio en el procedimiento de ejecución de lo sentenciado. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 81, Diciembre de 2020, Décima Época, con registro digital: 2022499, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." También sirve de sustento la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil trescientos treinta y una, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo". Luego, al actualizarse la causal de improcedencia en mención de manera manifiesta e indudable, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ., contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, toda vez que en proveído de veintidós de febrero del año en curso, se proveyó lo conducente. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Finalmente, consérvense por separado las copias de la demanda a fin de facilitar el manejo del presente expediente. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por . contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Córdoba, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ...., con seis copias y anexo de cuenta; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 141/2021. En tales condiciones, antes de acordar acerca de su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones I y II, y 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, por escrito, desahogue la siguiente prevención: ÚNICO. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente señaló como acto reclamado el desposeimiento ordenado en el juicio ordinario civil 3112/2018, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz (antes 868/2016, del índice del extinto Juzgado Segundo Menor) sobre el bien inmueble ubicado en ..., de esta ciudad; ello en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Lo anterior, no permite contar con la totalidad de los antecedentes del juicio ordinario civil 3112/2018, del que emana el acto reclamado, pues el promovente si bien señala que fue parte demandada en el mismo, no refiere si contestó la demanda, o bien, si compareció al juicio, ni a qué se le condenó en la sentencia definitiva. Por tanto, dado que señala que es parte en el referido juicio ordinario civil 3112/2018, se le requiere para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si contestó la demanda, o bien, si compareció al juicio, asimismo, señale a qué se le condenó en la sentencia definitiva. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término indicado para ello, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Finalmente, consérvense por separado las copias de la demanda a fin de facilitar el manejo del presente expediente. REQUERIMIENTO A LAS PARTES PARA QUE CONTINÚEN EL TRÁMITE MEDIANTE JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 22, fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 22, fracción II, en relación con el 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico que indica en el escrito que se provee, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, consérvense por separado las copias de la demanda a fin de facilitar el manejo del presente expediente.
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