Ismael Misael Pastrana Torres

Expediente 865/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
865/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Ismael Misael Pastrana Torres

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el estado de autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que en el turno de expedientes número treinta y seis, celebrado en esta fecha, correspondió el presente asunto al Magistrado Aníbal Lafragua Contreras; en tal virtud, con fundamento en el artículo 183 de la Ley de Amparo, túrnesele para el dictado de la resolución que corresponda. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el alegato ministerial de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Colegiado, para los efectos legales conducentes; como lo solicita y en su momento procesal oportuno, con fundamento en el artículo 3 fracción II, de la Ley de Amparo, se le expedirá la copia que solicita, previa razón que por su recibo otorgue para constancia. Notifíquese.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano pluripersonal procede a analizar si la sentencia, al caso el laudo, está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, tal como lo dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo. En efecto, dicho artículo, literalmente dispone lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley.". En estricto cumplimiento al dispositivo legal transcrito, y considerando que para tener por cumplida la ejecutoria de amparo debe ser en su totalidad, sin excesos ni defectos, es necesario precisar los alcances y efectos del fallo protector. Ahora bien, en el juicio de amparo directo administrativo 61/2023, resuelto el veintidós de junio de dos mil veintitrés (fojas 19 a 65), por este órgano pluripersonal, otorgando el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ********************, determinando: "[.] En consecuencia, l procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deje insubsistente la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, y en su lugar emita otra en la que, prescinda de la incongruencia advertida por este órgano colegiado; con libertad de jurisdicción resuelva conforme a los hechos y fundamentos propuestos por las partes. [.].". En cumplimiento a dicho fallo, el presidente de la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por oficio 27-1-2-37751/23, de seis de julio de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la sentencia dictada en la misma fecha, dentro del expediente ********************/22-27-01-5 que, en su parte considerativa, y después dejar insubsistente la de treinta de noviembre de dos mil veintidós, determinó lo siguiente (fojas 75-101): "[.] A juicio de la integración de esta Sala Regional, en acatamiento a la ejecutoria de 22 de junio de 2023, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el D.A. 61/2023, dictada en el amparo directo en comento, se procede a emitir el cumplimiento correspondiente, las pretensiones de la enjuiciante resultan parcialmente fundadas de conformidad con los siguientes razonamientos de derecho. - En primer lugar, conviene señalar que de la foja 1 de la resolución impugnada, se desprende que a la parte actora se le otorgó su pensión a partir del 1 de octubre de 2015, según se desprende de la resolución impugnada (visible a fojas 20 a 24 de autos). - Ahora bien, en el régimen de seguridad social y sus derechos pensionarios, establecido por el artículo 17 y décimo transitorio, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establece lo siguiente: [.]. - Establecido lo anterior, respecto al argumento de la parte actora en el sentido de que la actualización de la cuota diaria pensionaria a partir de 2017, debió realizarse conforme a los salarios mínimos para el Distrito Federal y no conforme a las unidades de medida y actualización; resulta fundado. [.] En efecto, de la resolución impugnada (ver folios 20 a 24 de autos), misma que se valora en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley de Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que se señala que se asignó a la parte actora una pensión a partir del 1 de octubre de 2015, sin que el instituto demandado acredite en el presente juicio que dicha cuota, en los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, hubiera sido incrementada. - Sin embargo, resulta necesario precisar que si bien la parte actora adquirió la calidad de pensionado a partir del 1 de octubre de 2015, el cual se encontraba protegido por la norma vigente en ese momento, precisamente por tratarse de un derecho adquirido, sin que resulte aplicable una norma anterior o posterior que modifique tal derecho. [.] Definido lo anterior, es decir, que a la parte actora, parcialmente le asiste el derecho de que su pensión sea incrementada conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal (hoy ciudad de México) hasta el año 2015. - Lo anterior ya que como quedó precisado anteriormente al haber adquirido la parte actora la calidad de pensionado el 1 de octubre de 2015, su cuota pensionaria debía incrementarse hasta el 2015, conforme aumentó el salario mínimo general para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) hasta el año 2015. - Y a partir del 2016, la misma debe incrementarse conforme las Unidades de Medida y Actualización. - Por consiguiente, si en el caso la autoridad demandada no acreditó haber aplicado a la cuantía de la pensión de la actora la actualización del año 2015 conforme al salario mínimo general para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 conforme a las Unidades de Medida y Actualización, se tiene que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no acreditó dicha situación, lo que torna ilegal la resolución impugnada. [.] Así resulta ilegal la pretensión de la autoridad en el sentido de que con su simple manifestación el actor pueda tener certeza de que su pensión se encuentra debidamente fundada y motivada. - Consecuentemente, la autoridad no asume la carga de la prueba que le corresponde en cumplimiento a la jurisprudencia 2ª./J. 93/2013 (10ª) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, (transcrita en párrafos superiores), ya que no acredita que la parte actora efectivamente haya recibido los incrementos a que tiene derecho. - Por consiguiente, si en el presente caso la autoridad demandada no fundó ni motivó debidamente su resolución impugnada además de que no acreditó haber aplicado a la cuantía de la pensión del actor, la actualización conforme al aumento del salario mínimo general para el Distrito Federal hasta el 2015 y a partir del 2016, conforme a Unidades de Medida y Actualización, por lo que resulta inconcuso que incumplió con la carga de la prueba que le impone el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, por lo que las excepciones y defensas de la autoridad demandada resultan infundadas. [.] La conclusión avanzada es así, pues el derecho de la actora de solicitar el pago de las diferencias por concepto de pensión ha prescrito de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el día 31 de marzo de 2007 y 248 de misma ley vigente a esta fecha, ya que el hecho de que la acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y jubilaciones sea imprescriptible, no implica que el interesado pueda acudir en cualquier momento a solicitar el ajuste de mérito, en virtud de los siguientes razonamientos: [.] Entonces, conforme a lo hasta aquí expuesto, en aplicación del principio de congruencia, con fundamento en los artículos 51, fracción II y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en estricto acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal colegiado en la ejecutoria que se cumplimenta, lo procedente es declarar la NULIDAD de la resolución contenida en el oficio SP/DPSH/OP/4752/2021, de 20 de diciembre de 2021, emitida por la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el efecto de que emita otra resolución debidamente fundada y motivada en la que: [.] 1) Partiendo de la fecha en que se otorgó la pensión a la parte actora (01 de octubre de 2015), puntualice que el artículo aplicable para determinar los porcentajes de incremento lo es el artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, por lo que los incrementos de la cuota diaria se deben realizar conforme al incremento que hayan tenido los salarios mínimos para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) hasta 2015. - 2) A partir de 2016, apliqué los porcentajes de incremento correspondiente a la pensión de la parte hoy actora conforme a las Unidades de Medida y Actualización, pormenorizando los cálculos correspondientes, debiendo detallar fechas, cantidades, incrementos y operaciones en que sustente su decisión, conteniendo los documentos utilizados para ello, hasta que quede firme la presente sentencia. - 3) Deberá considerar como el tope de pensión establecido en el artículo 7º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Derecho por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el equivalente a diez veces el Salario Mínimo Vigente para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) que establezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de acuerdo con las resoluciones que año con año publica en el Diario Oficial de la Federación y a partir del año 2016, deberá de ser realizada a diez veces Unidad de Medida y Actualización, a partir del 27 de enero de 2016, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, mediante el cual se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. - 4) En caso de resultar conducente, proceda a determinar y pagar a la accionante las diferencias que resulten a su favor derivadas del incremento calculado, así como por lo que hace al incremento proporcional de los aguinaldos correspondientes. - 5) Finalmente, las cantidades que pague la autoridad, deberán estar actualizadas conforme al procedimiento que establece el artículo 6º, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. - Esto último, porque cuando el instituto omite dar cumplimiento a la normativa aplicable que un pensionado reclama (ya sea ante el propio instituto o con posterioridad en el juicio contencioso administrativo) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, éste quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas conforme al procedimiento que establece el artículo 6º, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia a Ley por parte de esa dependencia conlleva a que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente. [.] Finalmente, cabe puntualizar que al cumplimentar el presente fallo, la autoridad demandada deberá considerar que el derecho de la parte actora de obtener el pago de las diferencias por concepto de pensión, prescribe de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el día 31 de marzo de 2007 y 248 de la misma ley vigente a esta fecha, ya que el hecho de que la acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y jubilaciones sea imprescriptible, ello no implica que el interesado al acudir en cualquier momento a solicitar el ajuste de mérito, pueda obtener el pago de las diferencias que en su caso resulten, en forma retroactiva desde el otorgamiento de su pensión, sino única y exclusivamente puede obtener las diferencias por lo que hace a los cinco años anteriores a la fecha de presentación de su solicitud ante la autoridad demandada y hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia. - Ello en observancia obligatoria de la jurisprudencia: 'PENSIONES Y JUBILACIONES. LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN.' (Se transcriben datos de localización y texto). (.) Por lo expuesto [.].". Así, de conformidad con lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y una vez analizadas las constancias que integran este juicio de garantías, se estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable; ya que dejó insubsistente la sentencia impugnada y, siguiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo administrativo 61/2023, emitió otra en la que prescindió de la incongruencia advertida por este órgano colegiado y, con la libertad de jurisdicción otorgada, resolvió conforme a los hechos y fundamentos propuestos por las partes. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo administrativo 61/2023. Por lo que, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido."

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