Ismael Miranda Rojas
Expediente 3175/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3175/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/01/2019
Partes del expediente
- Ismael Miranda Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee; toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiere recurrido la sentencia de ********************, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Por otra parte, por lo que respecta a los cuadernos del incidente de suspensión derivados del presente juicio, se considera conforme al acuerdo en comento que tanto el original como el duplicado son susceptibles de destrucción, lo cual acontecerá una vez que transcurran cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por lo que ve al primero y seis meses en relación con el segundo; lo anterior, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Guillermo Aguirre Castañeda, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/GAC/amdal
- Incidental
Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en los autos del toca de revisión incidental número 523/2018, del índice del tribunal colegiado, cuyos punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se NIEGA a ISMAEL MIRANDA ROJAS, la suspensión definitiva de los actos reclamados en los términos expuestos en el último considerando del presente fallo." Efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo correspondiente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de enero de dos mil diecinueve AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las doce horas con cincuenta minutos del siete de enero de dos mil diecinueve, día y hora señalados para el desahogo de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 3175/2018-V (foja 58), procede a celebrarla Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario Encargado del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por el secretario Luis Ángel González Plascencia, con quien actúa, firma y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, quien la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que integran este juicio de amparo, entre las que destacan los informes justificados, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, de conformidad con la Tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación; Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 185, de rubro y texto: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A lo anterior, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias y medios probatorios allegados, mismos que se tomarán en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Se abre periodo probatorio y se certifica: que la parte quejosa (fojas 24 a 29) y las responsables (foja 57) allegaron documentales, las cuales se admitieron y desahogaron al momento de recibirse; luego, toda vez que no existen pruebas pendientes que admitir o desahogar, se cierra el periodo probatorio. A continuación, se abre el período de alegatos, en el que se hace constar que la representación social federal si presentó pedimento (fojas 40 a 44), y se certifica que las demás no formularon alegatos; precisado lo anterior, se cierra el mismo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar, ni alegatos por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, conforme a esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, Ismael Miranda Rojas, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda de amparo este juzgado y en acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 30 a 37) se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien si formuló alegatos y se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que se desahogó en el acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CUARTO. Designación de secretario encargado del despacho. Mediante oficio CCJ/ST/6865/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó al Juez de Distrito, licenciado Luis Armando Pérez Topete, que en sesión de la referida data, la aludida Comisión autorizó su periodo vacacional correspondiente al segundo semestre de dos mil dieciocho, asimismo, autorizó para quedar encargado del despacho al licenciado Guillermo Aguirre Castañeda. Por tanto, el suscrito secretario encargado del despacho, se encuentra autorizado para dictar la presente resolución. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de la novena época, con número de registro 161460, instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, del siguiente rubro y texto: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente."; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Al ser analizada en su integridad la demanda de amparo, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados consisten en: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual el quejoso solicita la devolución del vehículo de su propiedad marca Chevrolet, sub marca Spark, modelo dos mil dieciséis, serie MA6CA6D6GT004903, con placas de circulación JMN2977 del Estado de Jalisco, así como la entrega el oficio de libertad de dicho vehículo (acto que se reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco y del Jefe de Liberaciones Vehiculares de dicha secretaría de nombre Oscar Oswaldo Celis Barajas). El aseguramiento del vehículo propiedad del quejoso y el probable remate que se haga del mismo (acto que se reclama del Director del Instituto Jalisciense de Asistencia Social del Estado de Jalisco). TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos que se reclaman de las autoridades responsables, ya que al rendir su informe justificado negaron su existencia (fojas 46 a 49, 53 y 54). Por tanto, como la parte quejosa no desvirtuó dichas negativas con prueba idónea, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento del juicio. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "CAPÍTULO VIII Sobreseimiento Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Conforme a lo anterior, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos no quede demostrada la existencia del acto impugnado a la autoridad señalada como responsable en la demanda, o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Las frases utilizadas que ".no es cierto el acto reclamado." y "...no existe el acto reclamado..." no deben interpretarse aisladamente, sino en relación con el sistema al que pertenecen, del cual se advierte que el acto reclamado debió ser emitido precisamente por la autoridad a la cual se le atribuye dicho acto pues, en caso contrario, el juzgador alteraría la litis en el juicio de amparo al imponerle a alguna otra autoridad o un particular, el acto impugnado. Al mismo tiempo, puede apreciarse del artículo transcrito que la causa de sobreseimiento de mérito se sustenta en la premisa de la inexistencia de la ley o acto reclamados a la autoridad que fuese nombrada como responsable en la demanda de amparo, pues no tendría ningún sentido, entonces, la obligación impuesta por el legislador ordinario en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que prevé que corresponde al quejoso expresar la ley o acto que de cada autoridad reclame. De modo que la existencia o inexistencia del acto impugnado no es autónomo, menos debe desligarse de la autoridad señalada expresamente como responsable en la demanda de amparo a la cual se le atribuyó su ejecución, pues para evidenciar la causa de sobreseimiento en comento, el órgano de amparo debe considerar como una unidad al acto y a la autoridad responsable. No es óbice a lo anterior, que el quejoso haya acompañado original del escrito presentado el cuatro de octubre de octubre de dos mil dieciocho y copias certificadas de la factura AUTVI 9541 y de la infracción 28290577-9 (fojas 24 a 29) a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, dichos documentos no evidencian que las autoridades responsables citadas llevaron a cabo los actos que se les imputa. Por el contario, las responsables anexaron al presente sumario constitucional, copia certificada de la constancia de libertad de vehículo expedida por la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, bajo el número de folio DGJ068866 (foja 57), la que adquiere valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a ello, este órgano jurisdiccional considera pertinente mencionar que ante la negativa aducida por las responsables, es a la parte quejosa a quien corresponde la carga de la prueba, tal como se precisa en la tesis VI.2o. J/308, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página setenta y siete, que establece: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En ese sentido, no obstante el estudio de las constancias que obran en autos -a pesar del conocimiento oportuno que de los informes tuvo la parte quejosa- no se aprecia que se hubiere rendido prueba idónea tendente a demostrar la existencia de los actos que se duele, pues no basta que la promovente señale que existe el acto, sino que resulta indispensable que pruebe que sucedieron. De igual forma, no se soslaya que el quejoso formuló su libelo constitucional bajo protesta de decir verdad; sin embargo, tal aseveración no desvirtúa la causa de sobreseimiento que en el caso concreto se actualiza, puesto que dicha protesta, si bien constituye una testificación espontánea que se hace para adquirir o conservar un derecho o preservarse de un daño que pudiera sobrevenir, en el que, quien la hace se obliga a declarar con verdad acerca de los hechos que relata, no basta para tener por acreditadas las conductas autoritarias reclamadas, ya que tal protesta sólo es un requisito de la demanda establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo y no tiene el carácter de medio de prueba; pues para que surtiera eficacia convictiva, debió apoyarse en algún otro medio de convicción que la hiciera verosímil; por tanto, procede sobreseer el presente juicio de garantías. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ismael Miranda Rojas. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización comunicada mediante oficio CCJ/ST/6835/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario Luis Ángel González Plascencia quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. Luis Ángel González Plascencia GAC/LAGP Luis Ángel González Plascencia
- Principal
Zapopan, Jalisco, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio presentado vía electrónica, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Luis Fernando González Esparza, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 787/2018; comunicado que se ordena agregar al presente juicio para los efectos legales correspondientes. Tómese nota que dicho medio de impugnación se registró bajo el toca de revisión principal 215/2018, del índice del citado tribunal colegiado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/RMG/jacobo
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