Ismael Mendoza Garcia
Expediente 534/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ismael Mendoza Garcia
- La Presidenta E Integrantes de la Comisión de Comunicaciones Y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Como se ordena en el auto dictado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 y relativos de la Ley de Amparo, se acuerda por separado lo relativo a la suspensión provisional solicitada por Viridiana Mercado Gutiérrez, apoderada jurídica de la parte quejosa, contra los actos que atribuye a la Presidenta e Integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades. AUDIENCIA INCIDENTAL. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORME PREVIO Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) y pídasele (s) el INFORME PREVIO que deberá(n) rendir en un solo tanto dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que reciba(n) el oficio de notificación. Asimismo, dígase a la(s) autoridad(es) responsable(s) que de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, el informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le(s) atribuyen, podrán expresar las razones que estime(n) pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá(n) proporcionar los datos que tenga(n) a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. De igual forma infórmese a la(s) autoridad(es) responsable(s) que con fundamento en los artículos 26, fracción II y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, la notificación que se le(s) haga surtirá efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina y si se negare(n) a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Pudiendo en su caso remitir el informe requerido al correo electrónico institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx . PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES. Del escrito de ampliación de demanda, se advierte que los actos reclamados y autoridades responsables son los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES l) Presidenta e integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo m) Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo n) Presidenta e integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo ñ) Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. IV. ACTOS RECLAMADOS La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente." EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Toda vez que se trata de la suspensión provisional, para efecto de determinar la existencia del acto reclamado, deberá atenderse, en forma preliminar, únicamente a lo expuesto por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo, así como las pruebas que en su caso hubiese aportado. De ahí que, lo argumentado por la parte quejosa en su escrito inicial resulta suficiente para tener demostrada la existencia del acto reclamado en esta vía. Aunado a que existe una declaración expresa por parte de las autoridades responsables pertenecientes al Congreso del Estado de Michoacán, en el sentido de que, como se advierte del auto de veintidós de noviembre de la presente anualidad, no se cuenta con la video grabación de la audiencia de la sesión extraordinaria de uno de junio pasado, lo que permite sin lugar a dudas, tener por cierta la existencia del acto reclamado. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Ahora, al no encontrarse reunidos los requisitos que refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada respecto al acto relativo a la ampliación, pues si bien, en la actualidad la situación de que un acto de autoridad sea de carácter omisivo, no impide por sí, la suspensión del acto, ello depende de que, conforme a las disposiciones del artículo 147 de la Ley de Amparo, sea posible emitir una suspensión, la cual autoriza a restablecer provisionalmente al quejoso en el derecho violado; sin embargo, ello depende de que sea jurídica y materialmente posible; a la letra señala el precepto citado, haciendo énfasis en su segundo párrafo: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." En opinión de la suscrita, no es posible la concesión de la suspensión solicitada, pues media la circunstancia de que eso es toda la materia del juicio de amparo, lo que implica que se dejaría por completo sin materia el juicio de amparo, lo cual impide el párrafo inicial del propio artículo 147 de la Ley de Amparo que obliga a tomar las medidas necesarias para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo que en el caso no es posible hasta en tanto se cuente con el informe de las autoridades responsables de ser cierto el acto reclamado. Es por ello que, se insiste, no resulta factible la concesión de dicha suspensión toda vez que, de hacerlo, se darían a los mismos efectos constitutivos, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal de donde emanan los presentes cuadernos incidentales. Apoya lo anteriormente expuesto, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, Tomo I, Libro 73, Diciembre de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estatuye: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." Ahora, es cierto que, la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado para el efecto de que: ". Ahora bien, con base en la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, en relación con el escrito inicial y con apoyo en lo dispuesto por los numerales 125 y 130 de la Ley de Amparo; se solicita la suspensión provisional y en su momento definitiva respecto de los efectos de la norma general reclamada, esto es, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo, con el fin de evitar que se aplique a la parte quejoso lo establecido en Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés, materia del acto reclamado. .". Sin embargo, dígasele que se esté a lo resuelto en resolución interlocutoria de nueve de octubre pasado, en la que se determinó lo relativo a la medida solicitada para los efectos peticionados. Finalmente, ténganse por ofrecidas las pruebas adjuntas al ocurso que se atiende, mismas que se ordena relacionar en la audiencia incidental respectiva. NOTIFÍQUESE; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Delegado del Congreso del Estado de Michoacán con residencia en Morelia, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, remite copia certificada de lo siguiente: Constancia de solicitud de cambio de sede de fecha uno de junio pasado. Registro de asistencia de primero de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, informa que se encuentra imposibilitado materialmente para exhibir el video de la sesión de primero de junio de dos mil veintitrés, en razón de que no cuenta con él, ya que no tuvieron las condiciones necesarias para poder llevar a cabo esa práctica, derivado del cambio de sede del Poder Legislativo y el lugar que se habilitó para las sesiones no contaba con recursos humanos y materiales para la grabación de la sesión. Con lo anterior, téngase a la autoridad cumpliendo con lo solicitado; con lo que se ordena dar vista a la quejosa para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que advierte que por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se reservó proveer sobre el escrito de Viridiana Mercado Gutiérrez, quien se ostenta apoderada jurídica del quejoso Ismael Mendoza García; por el cual pretende ampliar la demanda de amparo que dio origen a la formación del presente expediente hasta en tanto la autoridad diera cumplimiento al requerimiento formulado, lo que ya sucedió, como se advierte del párrafo que antecede. Por tanto, se procede a proveer respecto al contenido del escrito de cuenta: Visto el escrito signado por la apoderada jurídica de la parte quejosa, mediante el cual, manifiesta que amplía la demanda de amparo, en cuanto autoridades, actos reclamados y conceptos de violación, en los siguientes términos: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES l) Presidenta e integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo m) Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo n) Presidenta e integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo ñ) Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. IV. ACTOS RECLAMADOS La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente." Con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, téngasele ampliando la demanda de amparo por lo que ve a los actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación. Acuérdese por separado respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados materia de la ampliación. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las citadas autoridades, para lo cual remítaseles copia simple tanto del escrito inicial de demanda, como del diverso de ampliación que se atiende, mismo que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomaron en consideración para emitirlo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se les hace saber que, en caso de que cesen los efectos de los actos reclamados o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten. Pudiendo en su caso, remitir el informe requerido al correo electrónico institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Córrase traslado con el escrito de ampliación de demanda a las partes en este juicio. En mérito de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito electrónico signado por Viridiana Mercado Gutiérrez, quien se ostenta apoderada jurídica del quejoso Ismael Mendoza García, mediante el cual, pretende ampliar la demanda de amparo que dio origen a la formación del presente expediente; sin embargo, resérvese a proveer lo que conforme a derecho corresponda, hasta en tanto, obre en poder de este Órgano Jurisdiccional la respuesta al requerimiento formulado a las autoridades responsables en auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. AUDIENCIA INCIDENTAL En Uruapan, Michoacán a las once horas con treinta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Jueza Octava de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, ESTHELA PEDROZA DÍAZ, asistida de la licenciada Iliana Guzmán Cárcamo, Secretaria que da fe, se declara abierta la audiencia incidental del juicio de amparo 534/2023, promovido por Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico del quejoso directo Ismael Mendoza García, contra actos que atribuye a la Presidenta e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades. Sin que esté presente alguna otra parte, ni persona alguna que las represente, pese haber sido citadas oportunamente. Conste. Uruapan, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Acto continuo, la Secretaria hace constar que en el expediente electrónico obra: Demanda de amparo. Auto del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se negó la suspensión provisional. Continuando con la relación de constancias, se cuenta con los informes previos de las autoridades responsables siguientes: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO 1 LA PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE GOBERNACIÓN Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Cierto 2 PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Niega 3 PRESIDENTE E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Niega 4 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 5 PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 6 VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 7 LA PRIMERA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 8 LA SEGUNDA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 9 LA TERCERA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 10 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 11 SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Niega A lo que la Juez acuerda: con fundamento en los artículos 138 y 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede; asimismo, por rendidos los informes previos de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de lo dispuesto por el artículo 140 de la ley de la materia. Con lo anterior, se tiene por concluida esta etapa y se ordena la apertura del periodo probatorio. Abierto el período de pruebas: La Secretaria hace constar que únicamente la parte quejosa ofertó de su parte, conjuntamente con su demanda de amparo, las pruebas siguientes: Copia simple de la credencial de elector de Ismael Mendoza García, -quejoso directo-. Copia de la tarjeta de circulación de servicio público de autotransportes, del vehículo relacionado con la concesión FZTX07951. Copia de tarjeta de control de servicio público de autotransportes, del vehículo relacionado con la concesión FZTX07951. Copia del título de concesión de transporte público, relacionado con la concesión FZTX07951. Poder general para pleitos y cobranzas otorgado por la parte quejosa en favor de Valente Álvarez Reyes y otros. Copia simple de escrito dirigido a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, con sello de recibo de dieciséis junio de dos mil veintitrés. Copia simple de la credencial de elector de Valente Álvarez Reyes -apoderado jurídico del quejoso directo-. Copias fotostáticas del acta número 91, relativa a la sesión extraordinaria celebrada el día primero de junio de dos mil veintitrés. Copia de acta de reunión de Comisión de Comunicaciones y Transportes, celebrada el treinta de mayo de dos mil veintitrés. Copia de la iniciativa con carácter de dictamen que contiene el proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, con sello de recibo de fecha treinta de mayo de dos mil veintitrés. Copia simple de escrito dirigido a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, con sello de recibo de veintiuno junio de dos mil veintitrés. Copia de solicitud de fecha primero de junio de dos mil veintitrés, dirigida a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán. Constancias que fueron debidamente compulsadas por el Secretario con sus diversas copias certificadas que obran en el juicio principal. Es aplicable la tesis XVI.3o.C.T.1 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro dice: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE HACER CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS QUE EN AQUÉL SE OFRECEN SE EXHIBIERON EN EL CUADERNO PRINCIPAL EN ORIGINAL, EN COPIA CERTIFICADA, SIMPLE, O NO SE EXHIBIERON DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO A EFECTO DE HACER LA COMPULSA Y SE TOMEN EN CUENTA CON EL VALOR QUE LES CORRESPONDA AL DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010)." Al efecto la Jueza provee: Con fundamento en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas relacionadas, dada su propia y especial naturaleza jurídica y por perdido el derecho de las demás partes de ofrecer pruebas, con lo que se cierra esta etapa y se ordena abrir el período de alegatos. Abierto el período de alegatos: La Secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. Al efecto la Jueza acuerda: ténganse por perdido el derecho de las partes para formular alegatos; cerrándose así este período. Con lo anterior, se procede a resolver en los siguientes términos: Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 534/2023, promovido por Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico del quejoso directo Ismael Mendoza García, contra actos que atribuye a la Presidenta e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Incompetencia. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Ismael Mendoza García, por conducto de su apoderado jurídico Valente Álvarez Reyes, promovió demanda de amparo indirecto, turnándose al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en aquella, ciudad, quien por auto del día siguiente, se declaró incompetente, ordenando su remisión a los juzgados de distrito de esta ciudad, y por cuestión de turno, fue turnado a este juzgado. SEGUNDO. Conflicto competencial. Con fecha veintiséis de julio de dos mil veintitrés, este juzgado no aceptó la competencia planteada y ordenó su devolución al juzgado séptimo, posteriormente, previo conflicto competencial, este juzgado resultó competente para conocer de la citada demanda. SEGUNDO. Admisión, Trámite y audiencia incidental. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de la presente anualidad, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, formó el presente incidente de suspensión, negó la suspensión provisional solicitada, pidió informe previo a las autoridades responsables y citó a las partes a la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, toda vez que la competencia nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a este mismo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Ismael Mendoza García, por conducto de su apoderado jurídico Valente Álvarez Reyes, promovió demanda de amparo indirecto, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades descritas en el recuadro que antecede, que hizo consistir en: "[.] "De las autoridades señaladas como responsables del inciso a) al c), se reclama: La Iniciativa con carácter de Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de data treinta de mayo de dos mil veintitrés, publicado en la Gaceta Parlamentaria el primero de junio de dos mil veintitrés; turnado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis, discusión y aprobación. De las autoridades señaladas como responsables del inciso d) al i), se reclama: La Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, contenida en el Decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo del Estado, en data primero de junio de dos mil veintitrés, como resultado del inconstitucional, inconvencional e ilegal proceso legislativo del que fue materia, esto es, su discusión, votación y aprobación, que concluyo con su publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés. Así como, lo artículos 20, fracción 20, fracción XV y XVI, 206, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298 de la Ley de Movilidad y Seguridad vial del Estado de Michoacán de Ocampo, por infringir derechos fundamentales y disposiciones constitucionales, en perjuicio de la quejosa. Del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, se reclama: La expedición, promulgación y la orden de publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, el primero de junio de dos mil veintitrés, derivada del precitado decreto número cuatrocientos cinco y, publicada el dos de junio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; que, conforme al artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, dichas autoridades hicieron constar mediante su firma. [.] TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO 2 PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Niega 3 PRESIDENTE E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Niega 11 SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Niega En consecuencia, al no existir prueba alguna aportada por la parte quejosa que desvirtúe las referidas negativas, lo procedente es negar la suspensión definitiva que solicita, con apoyo en la Jurisprudencia número 286, consultable en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo contenido es: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo las autoridades responsables siguientes aceptaron la existencia del acto reclamado: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO 1 LA PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE GOBERNACIÓN Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Cierto 4 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 5 PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 6 VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 7 LA PRIMERA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 8 LA SEGUNDA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 9 LA TERCERA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto 10 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Cierto QUINTO. Estudio. Ahora, para resolver la suspensión de que se trata, debe atenderse a lo previsto, entre otros numerales, al 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, porque, en dicha normativa, se prevén los requisitos que deben cubrirse para su otorgamiento, siendo estos, los siguientes: a) Que exista petición de parte; b) La existencia de un derecho constituido en favor de la parte quejosa, antes de la presentación de la demanda [interés suspensional]; c) Un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho [siempre y cuando éste se actualice, el cual no será necesario analizar en el supuesto de negarse la suspensión], d) La no afectación del interés social y e) La no contravención de disposiciones de orden público. Así, se tiene que el requisito señalado en el inciso a) se cubre a cabalidad, en razón a que, el promovente del juicio de amparo, realizó petición para obtener la suspensión del acto reclamado, lo cual permite continuar el estudio correspondiente a la misma. Dicho lo anterior, se procede al análisis del requisito señalado como inciso b), referente al interés suspensional de la parte quejosa, para efectos de la medida cautelar. En ese sentido, se tiene que la parte quejosa, acude a la vía indirecta constitucional en su calidad de concesionaria indefinida para la prestación del servicio de trasporte público de pasajeros, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y para acreditarlo, adjuntó copia digitalizada de la concesión de trasporte público, emitida por el Gobierno del Estado de Michoacán, número FZTX07951; así como la tarjeta de circulación con folio 023010 correspondiente al vehículo sedan descrito en ese documento, a nombre del quejoso, y que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, son copia fiel, íntegra e inalteradas de los documentos originales. Por tanto, dichas pruebas al tratarse de documentales públicas, adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. En tales condiciones, el acto reclamado, precisamente, tiene -entre otras- como finalidad, establecer la regulación de los servicios de transporte tradicionales y los que se usan a través de un medio electrónico, y la parte quejosa demostró ser titular de una concesión de trasporte público de pasajeros con vigencia indefinida y afirma -entre otras cosas- que la normativa reclamada, realiza una distinción discriminatoria entre concesionarios y permisionarios. En consecuencia, el acto reclamado, sí impacta a la esfera jurídica de la parte quejosa, porque, está ubicada en la hipótesis normativa que combate, de ahí que, se acredita el interés suspensional para efectos de la medida cautelar (inciso b). Continuando, se llega al inciso c), relativo al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho -en caso de actualizarse-, el cual para los efectos del estudio de esta determinación, no influye, porque, a consideración de la suscrita, en este momento, no se asoma la posibilidad para establecer, la inconstitucionalidad de la norma que se combate, porque, si bien el Decreto que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, se trata de una norma que entre otros puntos, regula al sistema estatal de transporte, y lo contempla como servicio de transporte público en modalidad activa, servicio de transporte público de personas, el servicio de transporte especializado y servicio de transporte público de carga. Respecto a ello, la parte quejosa pretende revelar la inconstitucionalidad de la normas que combate bajo la afirmación de que a los concesionarios del servicio de transporte público de personas como lo es ella, se establece una serie de restricciones o cargas adicionales e injustificadas que no tienen quienes prestan servicio de transporte especializado -bajo demanda a través de redes móviles mediante plataformas tecnológicas y/o aplicaciones digitales- esto es, señala que cuentan con diversas prerrogativas que implica discriminación frente a ella como concesionaria. Sin embargo, ese tema de violación a su derecho de igualdad y no discriminación, en este momento y para los efectos de la suspensión provisional, para la suscrita no son determinantes ni reveladores para establecer, desde este momento, la afectación inconstitucional por discriminación en su esfera de derechos. En la comprensión que, la no acreditación de la apariencia de un buen derecho a favor de la parte quejosa, signifique dejar de atender los demás requisitos, previstos en la Ley de Amparo, a efecto de estudiar, la concesión de la medida cautelar solicitada. Así, se emprenderá el estudio de los requisitos señalados con los incisos d) y e) correspondientes a que con la suspensión no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Esto es, si bien ?en principio? las disposiciones legales como puede ser el DECRETO impugnado, con el carácter de norma de carácter general, se consideran de orden público y su cumplimiento de interés social; lo cierto es que aplicar este criterio para establecer la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados ?ya sea provisional ya sea definitiva? implicaría hacer nugatoria toda medida cautelar; ello, porque todas las disposiciones legales en mayor o menor medida son de interés social y orden público; por tanto, bajo esa perspectiva, se llegaría a la conclusión equívoca de que cualquier medida cautelar tendente a paralizar la ejecución de un acto que se base en aquéllas ha de negarse. En esas condiciones, debe tenerse en cuenta que el concepto de interés social es una noción jurídica que atiende a las necesidades específicas que concurran en cada caso, tomando en cuenta que el fin de la medida cautelar es evitar la afectación en los derechos de los gobernados, paralizando el acto reclamado, hasta en tanto exista un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad. Así, el orden público y el interés social son conceptos vinculados, pues el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de permitir el adecuado funcionamiento de la Administración Pública procurando el bienestar general; o en su defecto, impedir un mal a la población. Por su parte, el interés social es el necesario bienestar de la comunidad, o bien, la búsqueda de evitar un daño al colectivo que de otra manera no resentiría. Por tanto, se reitera que todas las normas jurídicas, por su naturaleza, son de orden público y de interés social, por ello, no basta con que una norma precise que es una disposición de orden público para con ello considerar que su observancia cumple con los estándares necesarios para generar un beneficio real a la colectividad; debe evaluarse si su contenido, fines y consecuciones, no son contrarios a los valores y principios a que aspira el orden público, o bien, que su aplicación no sea capaz de generar una restricción a derechos fundamentales en aras de procurar un aparente bienestar social. En esa tesitura, de un análisis al decreto combatido por esta vía, se tiene que en su artículo 3 se indican los objetos de esa Ley, y en sus fracciones I, III, IV, XI y XII, respectivamente se advierten los siguientes: Establece las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones que garanticen el tránsito, seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; Impulsar el desarrollo del transporte y las comunicaciones, y satisfacer las demandas de los servicios públicos integrados a éstos, los cuales debe proporcionar el Estado los particulares a quienes éste les otorgue las autorizaciones correspondierites, procurando el mayor y mejor aprovechamiento de las vías estatales de comunicación; Desarrollar las bases para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservando el libre tránsito, el orden y la paz pública, a través de la aplicación de las sanciones por infracciones administrativas, en términos de esta Ley y demás disposiciones normativas aplicables; Establecer las bases para salvaguardar la integridad y derechos de las víctimas dé hechos de tránsito, a través de la debida atención, seguimiento y acompañamiento, los mecanismos de reparación del daño, así corno para la aplicación de las sanciones correspondientes, en términos de esta Ley y demás disposiciones normativas aplicables; Por lo anterior, en caso de concederse la suspensión provisional, solicitada por el quejoso, con la finalidad de que no se aplique el decreto combatido por esta vía, se iría en contra del interés social que están por encima del interés particular del quejosa, cuenta habida que es claro que su labor está dirigida a la sociedad y, por ende, es ésta a quien le interesa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, por ser una función propia y de índole prioritaria para el Estado. De ese modo, no sería procedente conceder la medida cautelar solicitada para el efecto solicitado por la parte quejosa, puesto que ello implicaría una afectación al interés social. Sustenta lo así determinado, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ENTRE OTRAS, LAS RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA O DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE PASAJEROS, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA SU APLICACIÓN. Las disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial local el 21 de marzo de 2020, en cuanto sujetan la continuación de la operación, entre otras, de las concesiones para prestar los servicios de autotransporte federal de carga o de transporte colectivo urbano de pasajeros, al cumplimiento de los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstas en dicho ordenamiento y otorgan para ello un plazo que no exceda de doce meses, contados a partir de su entrada en vigor -al día siguiente de su publicación oficial-, conforme al artículo quinto transitorio del decreto correspondiente, son de orden público e interés social, pues tienen como finalidad establecer las bases, normas y principios para regular la operación, planeación, programación, proyección, implementación, gestión, control y vigilancia de la prestación de los servicios de transporte de personas, así como el uso, aprovechamiento y explotación de las vías de comunicación e infraestructura de la entidad federativa, además de prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro que permita movilizar a sus usuarios con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en el área urbana o conurbana correspondiente. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión provisional contra su aplicación, al no satisfacerse el requisito contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que de la ponderación entre el derecho que tienen los particulares a quienes se les otorgó una concesión para prestar dicho servicio y el interés social inmerso en las disposiciones que lo limitan o restringen, en términos del artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que debe privilegiarse, por encima del interés particular, el bien común, derivado de la regulación y mejoramiento en la prestación de los servicios públicos." Por lo tanto, no podría paralizarse la armonización legislativa al decreto impugnado, dado que, obedece a un interés social tal mandamiento, así como la creación de las instituciones a quienes se les confiere la aplicación de su contenido normativo. Además, es de precisarse que, en términos del artículo Séptimo transitorio del citado decreto, las sanciones y demás disposiciones previstas en los reglamentos de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, seguirán vigentes, hasta en tanto no se publiquen las disposiciones reglamentarias respectivas, lo cual significa que a la quejosa por efecto de la publicación del decreto reclamado, no se podrían imponer sanciones por tanto, normativamente, no se está en condiciones para suspender acto que la propia norma reclamada no prevé. En consecuencia, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, debido a que en la especie no se satisfacen las exigencias relativas a la no afectación del interés social con el otorgamiento de la suspensión. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA a Ismael Mendoza García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicita, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Y hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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