Ismael Mejia Sánchez
Expediente 820/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Ismael Mejia Sánchez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el correo electrónico proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, mediante el cual informa que mediante proveído de nueve de septiembre del dos mil diecinueve, aceptó la competencia planteada, por lo que se avocó al conocimiento de la demanda presentada por *****, la cual quedó registrada bajo el número de juicio de amparo 795/2019 de su índice. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha se proceda a la destrucción de este expediente debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), previa la formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Finalmente, dado que se hizo constar por la Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito la fecha y hora de recepción del correo electrónico de cuenta, otórguese pleno valor a dicha constancia. Sustenta lo anterior, la tesis de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. "
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia esta ciudad, informa que las partes en el juicio laboral XXXXXXXX, del que deriva el acto reclamado, con fecha diecinueve de agosto de este año, comparecieron a celebrar convenio en modalidad de pago del laudo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, así como al acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, quedando pendiente de cubrir el último pago de la cantidad pactada el veinticinco de septiembre de año que transcurre. En consecuencia, téngase a la autoridad responsable informando las medidas tendentes al cumplimiento de la sentencia amparadora, dictada en este asunto; y en razón que resulta necesario tener a la vista las constancias relativas al finiquito de la cantidad pactada, para emitir pronunciamiento en relación al cumplimiento del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia esta ciudad, para que una vez que cuente con las documentales destacadas, en el término de tres días legalmente computado, las haga llegar a este Juzgado de Distrito. En el entendido que de no hacerlo así en el plazo establecido o bien de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, podrá hacerse acreedora a una multa por el valor de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 259 del mismo cuerpo normativo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones.
- Principal
Debido a que la parte quejosa XXXXXXXX no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por XXXXXXXX, por derecho propio, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad y otra autoridad; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 820/2019 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la demanda se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del presente asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término conviene destacar que acorde con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Adicionalmente, acorde con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Boca del Río, ejercen jurisdicción en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. HECHOS En el caso, de la lectura integral a la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de formal prisión emitido en la resolución dictada en los autos del toca penal XXXXXXXX del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad, que revocó el auto de sobreseimiento decretado a favor del quejoso en la causa penal XXXXXXXX, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, y en su lugar dictó auto de formal prisión. CONCLUSIÓN Se estima que quien debe conocer de la presente demanda de amparo es un Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez que tramita el proceso penal de donde deriva el acto reclamado, pues dadas las características y naturaleza de un auto de formal prisión, éste requiere de ejecución material, lo que se traduce en que el procesado permanezca con su libertad restringida y a disposición del Juez de Primera Instancia, ya sea privado cautelarmente en algún centro de reclusión de prisión preventiva o bajo ciertas condiciones, si goza de su libertad bajo caución. Entonces, el auto de formal prisión a que se refiere la resolución reclamada es un acto que repercute directamente en la libertad personal del procesado, pues quedará restringido de su libertad con motivo de la revocación que se hizo en segunda instancia del auto de sobreseimiento dictado por el Juzgado responsable. Ello, con independencia que el promovente del amparo haya señalado como autoridad responsable a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en razón que en el caso, como regla de competencia debe atenderse a la ejecución del acto reclamado, que como se dijo se materializará en Veracruz, Veracruz, lugar en donde se lleva el proceso penal que se le instruye. No es óbice a lo anterior, el hecho que la parte promovente haya designado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, pues lo que determina la competencia de un Juzgado de Distrito para conocer de un juicio de amparo no es el domicilio de la parte quejosa, sino el lugar en donde se acredite que tendrá ejecución, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esas condiciones, la regla competencial aplicable al caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio; en consecuencia, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, para que turne el presente asunto al órgano de control constitucional correspondiente quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado, solicitándole a éste último el acuse de recibo respectivo. Tienen aplicación al caso, por su sentido, las jurisprudencias siguientes: Época: Novena Época Registro: 1011045 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo VII. Conflictos Competenciales Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Común Materia(s): Penal Tesis: 60 Página: 75 COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Época: Novena Época Registro: 176365 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 147/2005 Página: 174 COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Época: Novena Época Registro: 160608 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.) Página: 2183 COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." CUADERNO DE ANTECEDENTES Con copia de la demanda y del presente acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa donde oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a XXXXXXXX, debido a que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.
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