Ismael Martínez Muñoz

Expediente 629/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
629/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Ismael Martínez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Manifestaciones de la parte tercera interesada. Glósese a los autos el oficio signado por Ernesto Joaquín Serrano Mera, apoderado jurídico del aquí tercero interesado Alfredo Martínez Muñoz, a través del cual, medularmente solicita a este órgano jurisdiccional se emita el acuerdo que declara que la sentencia dictada en el juicio causó ejecutoria; asimismo, se ordene la devolución de las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado. Atento a ello, dígase al ocursante que se esté con lo acordado en proveído de cuatro de agosto del año en curso, por el que este órgano jurisdiccional declaró que la sentencia dictada el once de julio del año en curso, que, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, negó la protección constitucional, causó ejecutoria; además, al tratarse de un asunto concluido, se ordenó el archivo del asunto. Asimismo, en la propia fecha se ordenó la devolución de las constancias que las autoridades responsables remitieron como complemento de su informe; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el once de julio de dos mil veintidós, en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Destacando, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que por una parte se sobreseyó el juicio y por otra se negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la suspensión definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Por ello, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar las constancias que remitieron las autoridades responsables como complemento de sus informes, se ordena su devolución, sin que sea necesario que el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, acuse recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Circunstancia que no sucede con el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en La Piedad, Michoacán, pues reside fuera de esta ciudad, por lo que se le solicita el acuse de recibo respectivo. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del once de julio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro; quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 629/2022, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Asimismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de la partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto continuo, el secretario hace constar que en los presentes autos obra: 1. Escrito de la demanda de amparo promovida por la apoderada jurídica del quejoso Ismael Martínez Muñoz; 2. Prevención de once de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; 3. Escrito aclaratorio; 4. Auto admisorio de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós; 5. Proveído de nueve de junio del año en curso, por el cual este órgano jurisdiccional asumió el conocimiento de este asunto; 6. Notificación de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; 7. Informes justificados de las autoridades responsables; y, 8. Emplazamiento del tercero interesado Alfredo Martínez Muñoz. A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, emplazada la tercera interesada y por otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social adscrita. Abierto el periodo probatorio: El secretario da cuenta con las documentales que exhibieron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Acto seguido, la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las referidas pruebas documentales; por lo que se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: El secretario hace constar los alegatos formulados por el tercero interesado, sin que las demás partes realizaran manifestaciones en este sentido. Al efecto, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte tercera interesado realizando alegatos y a las demás partes por omisas en formularlos; por lo que se cierra esta etapa. Se levanta la presente acta para constancia legal, se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 629/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El cuatro de mayo de dos mil veintidós, Ismael Martínez Muñoz presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, el que, previo cumplimiento de una prevención, admitió a trámite por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, y solicitó los informes justificados respectivos. Una vez recibidos, mediante acuerdo de siete de junio del año en curso, ordenó su remisión a este órgano jurisdiccional, en virtud de existir un criterio de relación por haber conocido previamente de juicios de amparo derivados del mismo juicio de origen. Por tanto, a través del proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito lo recibió, registró bajo el número 629/2022 y se avocó a su conocimiento. Previos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que el juicio quedó en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Así, reclama del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La resolución dictada el cuatro de abril de dos mil veintidós, dentro del toca 67/2022, por la cual confirmó la interlocutoria emitida el uno de febrero de dos mil veintidós, dentro del juicio sucesorio intestamentario 1067/2011. En tanto que, al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, le atribuye lo siguiente: La interlocutoria emitida el uno de febrero de dos mil veintidós, en la que declaró improcedente el incidente de oposición al proyecto de liquidación y partición de la herencia, dentro del juicio sucesorio intestamentario 1067/2011. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, ya que al rendir informe justificado así lo manifestaron. Además, la certeza del acto combatido se corrobora con los originales del toca 67/2022 y copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 1067/2011, y que obran en dos tomos de pruebas por separados. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cuadro fáctico. Para mejor comprensión de la forma en que se suscitaron los actos reclamados, es pertinente establecer los principales antecedentes del juicio de origen, que son los siguientes: El tres de noviembre de dos mil once, Alfredo Martínez Muñoz denunció en la sucesión intestamentaria a bienes del extinto Reynaldo Martínez Canchola y/o Reynaldo Martínez; asunto que correspondió conocer al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, quien lo radicó bajo el número 1067/2011; seguidos los trámites procesales, el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se resolvió la primera sección del juicio sucesorio, en la que se declaró, en lo que interesa, como herederos a Alfredo, Ismael y Ma. Dolores, todos de apellidos Martínez Muñoz. Seguidos los trámites procesales correspondientes, en la cuarta sección del sumario de origen, a través del auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el proyecto de liquidación y partición de los bienes integrantes del haber hereditario presentado por la albacea definitiva; por lo que, el quejoso Ismael Martínez Muñoz promovió incidente de oposición, el cual fue declarado improcedente a través de la interlocutoria de uno de febrero de dos mil veintidós. Inconforme con esta determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación; mismo que correspondió conocer al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, quien lo registró bajo el número 67/2022 y, mediante resolución de cuatro de abril de dos mil veintidós, confirmó la interlocutoria recurrida. Cesación de efectos respecto de la interlocutoria reclamada Hechas estas precisiones, respecto de la interlocutoria de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario 1067/2011, en la que se declaró improcedente el incidente de oposición de liquidación y partición de los bienes integrantes del haber hereditario presentado por la albacea definitiva, se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de dicho acto reclamado. En efecto, el legislador estableció la cesación de efectos del acto reclamado como causa de improcedencia del juicio constitucional, la que opera cuando los efectos del acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, se estima que se surte la citada causal de improcedencia, considerando que la interlocutoria en comentó fue materia del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa; resolución que determinó confirmar la determinación alzada. De ahí que, en términos de lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta resolución interlocutoria de uno de febrero del año en curso, ha dejado de tener efectos legales propios, al haber sido sustituida procesalmente por la diversa dictada el cuatro de abril pasado, en el toca de apelación 67/2022. En ese sentido, al quedar sustituido el acto reclamado en estudio en virtud de la determinación que resolvió el recurso de apelación, debe considerarse que deja de tener efectos legales propios; por lo que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Es aplicable la jurisprudencia V.2o. J/29 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice lo siguiente: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. AMPARO IMPROCEDENTE, SI SE RECLAMA LA. La sentencia de primera instancia, cuando ha sido apelada, deja de tener efectos legales propios al ser sustituida, procesalmente, por el fallo que se dicta en la apelación. En tal virtud, el amparo que contra aquélla se promueva es improcedente, porque opera la causal prevista por el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo". Por lo tanto, respecto del acto en estudio, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados precisados en este considerando; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Actos derivados de otros consentidos Seguido con el análisis de la procedencia del diverso acto reclamado, la parte tercera interesada afirma que el presente juicio resulta improcedente respecto de Basilio Martínez Muñoz, ya que no combatió la diversa determinación en la que no se le reconoció el carácter de heredero; de ahí que se trata de un acto derivado de otro consentido. Lo que implica que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Tal planteamiento resulta inatendible, ya que parte de una premisa falsa, al afirmar que el presente sumario es improcedente por lo que hace a Basilio Martínez Muñoz; esto, pues como se aprecia del escrito inicial de demanda, la misma únicamente fue presentada por Ismael Martínez Muñoz, por lo que es desacertado lo formulado. Además, del examen de las constancias que integran el sumario de donde deriva el acto reclamado, no se aprecia que el quejoso Ismael Martínez Muñoz haya aceptado lo resuelto por el Magistrado responsable, ni haya realizado acciones que permitan advertir que fue su voluntad acatar tal determinación. Por ende, no se aprecia la existencia de algún acto que implique que consintió el acto reclamado; por lo que resulta infundada la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 80/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL CONTENIDA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA. La causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando el acto reclamado en el amparo indirecto es la resolución que negó la ratificación del quejoso en el ejercicio del cargo como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y los actos que le precedieron, y durante la tramitación del juicio solicita y obtiene una pensión por jubilación, toda vez que tal proceder constituye una manifestación de voluntad que entraña su consentimiento contra el acto controvertido e implica la aceptación de la terminación de la relación laboral, es decir, la baja en el cargo de Magistrado por virtud de la resolución que determinó su no ratificación, pues esa circunstancia constituye un presupuesto indispensable para ser favorecido con el beneficio de la jubilación". Inactualización de diversos motivos de improcedencia Realizado el estudio de las causas de improcedencia formuladas por las partes, esta juzgadora inadvierte que se actualice alguna diversa que impida el estudio de los conceptos de violación formulados contra el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós. Por tanto, procede su análisis, sin que para ello resulte indispensable transcribirlos ya que no existe en la Ley de Amparo alguna disposición que imponga tal formalidad. QUINTO. Estudio de fondo. Síntesis de los conceptos de violación. Los argumentos de inconformidad exteriorizados por la quejosa se encuentran dispersos en amplias disertaciones. Así, la promovente adujo esencialmente respecto del acto en estudio lo siguiente: El acto reclamado resulta contrario a lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, ya que no se tomaron en cuenta todas las circunstancias del caso, ya que la fracción que se le pretende adjudicar está siendo utilizada por diversa persona; lo que se pretendió justificar a través de la prueba de inspección judicial, sin que la misma haya sido desahogada. Por lo que el Magistrado responsable fue omiso en tomar en cuenta todos los medios idóneos para dirimir la controversia, ya que soslayó el ofrecimiento de la inspección ofertada en tiempo y forma. En relación con lo anterior, la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, ya que se omitió el desahogo de la probanza antes referida y que trascendió al resultado del fallo. Calificación de los conceptos de violación Así, analizados en su conjunto los conceptos de violación, en términos del numeral 76 de la Ley de Amparo, resultan, por una parte, inoperantes y, en otra, infundados. Como se vio anteriormente, a través de la resolución dictada el cuatro de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del toca 67/2022, el Magistrado responsable confirmó la interlocutoria emitida el uno de febrero de dos mil veintidós, dentro del juicio sucesorio intestamentario 1067/2011; en tanto que, en los conceptos de violación, el quejoso aduce que en el fallo impugnado no se valoró una prueba de inspección judicial debidamente ofrecida durante la secuela procesal, lo que trascendió al resultado del fallo. Así, tales planteamientos resultan inoperantes, ya que no combate las razones por las cuales la autoridad responsable resolvió que no era viable analizar la violación procesal consistente en la omisión de desahogar la prueba de inspección judicial. En efecto, en la resolución reclamada, el Magistrado responsable determinó que, a pesar del agravio propuesto en el sentido de que no se había ordenado el verificativo de esta prueba, estaba impedido para reponer el procedimiento y ordenar su desahogo, ya que, contra tal omisión, era procedente agotar previamente el recurso de apelación; medio de impugnación que no se hizo valer durante la secuela procesal del incidente de oposición. Por esta razón, no era viable ordenar la reposición del procedimiento y tornaba inoperante el agravio propuesto en el acto reclamado. Razonamientos que la parte quejosa no combate en sede constitucional, ya que únicamente se limita a afirmar que el Magistrado responsable soslayó ordenar su desahogo; sin embargo, el promovente no rebatió las razones asentadas en la resolución de apelación, por lo cual, torna inoperante los motivos de disenso. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". Lo que se traduce en que el resto de las manifestaciones del quejoso referentes a que se violan en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales, sin que se exprese un argumento mínimo tendente a combatir las consideraciones en las que se sustenta el acto reclamado, robustece la inoperancia de los motivos de disenso. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada 2a. XXXII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante". Ahora, en lo tocante a que la resolución combatida no cumple con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, resultan infundadas las inconformidades planteadas. En efecto, dicha porción normativa prevé el derecho fundamental de seguridad jurídica en favor de los gobernados, al exigir que, para la emisión de cualquier acto de autoridad ha de expresarse, con precisión, el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; cuestiones que se traduce en los tópicos de fundamentación y motivación. Además, deberá existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En ese tenor, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, aspecto imperativo que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. A su vez, la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuáles la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Además, cuando se trate de autoridades que ejercen actos materialmente jurisdiccionales, la intensidad en el escrutinio de la fundamentación y motivación debe ser a la luz de los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, que además de que se citen los preceptos legales en que se apoya una determinación, deben de realizarse los argumentos lógicos que se encaminen a justificar la emisión del acto. Lo que implica que deben tener congruencia interna y externa. Así, la primera hace alusión a que no deben contener afirmaciones antagónicas, ni adoptar posiciones contrapuestas, deben ser simétricas y sistemáticas; en tanto que, por virtud de la congruencia externa, toda resolución jurisdiccional debe resolver la totalidad de las cuestiones propuestas, y sólo las propuestas, esto es, sin añadir u omitir temas que no se hayan hecho valer oportunamente. Los principios de congruencia y exhaustividad que deben contener todas las resoluciones judiciales, se encuentran contenidos en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, esto es, por exigencia legal las sentencias, además de ser congruentes en sí mismas, en el sentido de no contener resoluciones, ni afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna), también deben de serlo en cuanto a resolver la litis tal y como quedó formulada (congruencia externa). Por otra parte, dicho principio lleva implícito el de exhaustividad; relacionado con la obligación del juzgador de resolver sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hayan sido materia de debate. El marco legal descrito es útil para demostrar la obligación que pesa sobre la autoridad responsable de ocuparse de la totalidad de las cuestiones materia de la litis, tal como le fueron planteados, así como de las pruebas rendidas en el juicio. Así, del examen del acto reclamado se aprecia que el Magistrado responsable dio respuesta a los agravios propuestos en la apelación, expresando los fundamentos y razones por las que lo estimó en ese sentido; de ahí que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, siendo congruente con los agravios expresados, lo que torna infundadas las inconformidades planteadas. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Decisión. En ese contexto, al ser, por una parte, inoperantes y, por otra, infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por Ismael Martínez Muñoz. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ismael Martínez Muñoz, contra el acto que atribuyó al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ismael Martínez Muñoz, por el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En términos del considerando sexto, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, apoderado jurídico del aquí tercero interesado ********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración llegado el momento procesal oportuno. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

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