Ismael Martínez Moctezuma

Expediente 14/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
14/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Virginia Margarita Ramos Vaca
  • Ismael Martínez Moctezuma
  • Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Agréguese el oficio firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio certificado de la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de nueve de febrero de dos mil veintidós, en el amparo en revisión penal 92/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en el presente juicio, en la cual la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ismael Martínez Moctezuma, contra los actos que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control y del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, ambos adscritos al Centro de Justicia Penal Federal y que fueron precisados en el resultado primero de esta ejecutoria". Asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, que se enviaron para la substanciación del referido recurso; en consecuencia, acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes correspondiente únicamente con las actuaciones posteriores a la certificación de constancias y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; por tanto, agréguese el cuaderno original del incidente respectivo y archívese el presente asunto como concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción y el original del incidente de suspensión el depurable una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital estatal; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo de la misiva con la que se le hizo del conocimiento que se emitió sentencia respectiva en el juicio de garantías 1948/2022 de su índice y se le remitió un tomo de pruebas.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1948/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia y Juez Segundo de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Morelos, ambos con sede en Chihuahua capital, radicada en este órgano jurisdiccional como expediente auxiliar 14/2022-VI; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el doce de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad el mismo nombre, turnado en la misma fecha al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esa ciudad, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos atribuidos a las autoridades señaladas en el proemio de esta resolución, por estimarlos violatorios de los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- Del C. MAGISTRADO DE LA OCTAVA SALA CIVIL DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo la resolución dictada el viernes 19 de agosto, publicada el lunes 22 y que surtió sus efectos el martes 23 de agosto del 2022 a las doce horas, en el TOCA número 184/22, relativo a la apelación interpuesta por mi representante legal en contra de la interlocutoria emitida en el Incidente de Nulidad promovido por mi parte en el expediente número 930/17 del Juzgado Segundo de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Morelos, Chihuahua en contra de la Sentencia Interlocutoria que declaró la improcedencia del mencionado incidente y validó en los autos con fechas 5 de febrero de 2018, 27 de febrero de 2018, 21 de marzo y 6 de abril de 2018 y todas y cada una de las actuaciones y notificaciones posteriores hasta esa resolución." SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por auto de trece de septiembre del año en curso, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, admitió a trámite la de demanda de amparo, registrándose bajo el consecutivo 1948/2022, solicitó informe justificado a las responsables, ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada ********************, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el nueve de noviembre de dos mil veintidós. TERCERO. Remisión del asunto. En cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/1298/2022, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, remitió a este órgano jurisdiccional los autos del citado juicio de amparo 1948/2022; por lo que se ordenó formar expediente electrónico y quedó registrado como expediente auxiliar 14/2022-VI, en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, procédase a dictarse la sentencia que en derecho corresponda; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua es competente únicamente para resolver el juicio de amparo, en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo 194/2022 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y del Acuerdo General 3/2013 adicionado por el 3/2015, 12/2016 y 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto, promovido contra actos de las autoridades que se estiman violatorios de derechos humanos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Ante todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tomando en consideración los datos que emanan de la demanda de garantías y de la totalidad de las constancias del juicio de amparo, procede a precisar el acto reclamado; en el caso concreto, se tiene como tal el siguiente: La resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca 184/2022, por la Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, mediante la cual confirmó la interlocutoria de treinta y uno de enero del mismo año, emitida en el expediente 930/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, en la que se decretó la improcedencia del Incidente de Nulidad de Actuaciones y Notificaciones promovido por la parte demandada -quejosa en el presente juicio de amparo- por lo que se declararon validos los autos de seis y veintisiete de febrero, veintiuno de marzo y seis de abril, todos de dos mil dieciocho, así como todas las actuaciones y notificaciones posteriores. Acto impugnado de inconstitucional, que se advierte del contenido íntegro de la demanda de garantías y demás constancias que obran en autos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, como la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado la Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley y el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, ambos con sede en la capital de esta entidad federativa, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman; lo que se corrobora con las documentales remitidas como apoyo a dichos informes, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, se tienen plenamente probados los actos que se atribuyen a las autoridades responsables. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. A efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 62, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se analizan los autos para determinar si en la especie se actualiza o no alguna causa de improcedencia de las que prevé el artículo 61 de la Ley invocada, de conformidad con la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, Parte VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Al respecto, esto órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el último interpretado en sentido contrario, toda vez que la determinación impugnada de inconstitucional no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, tal y como se expondrá a continuación. En primer lugar es necesario traer a colación los artículos mencionados, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" Énfasis añadido. Ahora bien, en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio, mientras que la fracción XXIII, instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos de ejecución de sentencia dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el juicio de amparo indirecto solo procederá contra la última resolución que se dicte en en el procedimiento respectivo; interpretado a contrario sensu, permite concluir que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando el acto reclamado se haya emitido en ejecución de sentencia y no corresponda a la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; en los casos de remate, será aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes reclamados. Asimismo, se cita la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial, Undécima Época, Libro 9, Enero de 2022, tomo IV, página 2764, con número de registro 2024100, de rubro siguiente: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA". De dicho criterio se advierte que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Ahora bien, con el fin de analizar la causal de improcedencia de estudio, es necesario realizar un breve resumen de los antecedentes del acto reclamado, de los cuales se advierten los hechos relevantes siguientes: El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, ********************, por conducto de sus apoderados, demandó en la vía ejecutiva mercantil a ********************, las prestaciones enumeradas en su escrito inicial de demanda, juicio que fue radicado bajo el número de expediente ********************, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos (fojas 1 a 71 del tomo de pruebas); El nueve de diciembre del mismo año, se emplazó a juicio a la demanda y se realizó el embargo de un bien inmueble de su propiedad (foja 72 del tomo de pruebas); El veintiocho de agosto de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la aquí quejosa al pago de $2,483,309.35 (dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos nueve pesos 35/100 moneda nacional) por concepto de capital, así como de los intereses ordinarios y moratorios (fojas 152 a 162 del tomo de pruebas); El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se ordenó el remate del bien inmueble gravado (foja 315 del tomo de pruebas); En veinte de octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en el acuerdo del Pleno del Consejo del a Judicatura del Poder Judicial del Estado, de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se cambió la denominación del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, por lo que los asuntos de su índice fueron asignados al diverso Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, entre ellos el juicio de que se trata, mismo que quedó registrado con el número de expediente 930/2017, del índice del Juzgado Segundo en cita; situación que se ordenó notificar personalmente a las partes (foja 344 del tomo de pruebas); En proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho, a solicitud de la parte actora, se previno a la demanda para que dentro del plazo de tres días, señalara nuevo domicilio procesal (foja 353 del tomo de pruebas); Por auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, al no haber dado cumplimiento al requerimiento realizado, se ordenó que las notificaciones personales pendientes de realizar a la demanda, así como las posteriores, le surtirían efectos por medio de listas publicadas en los estrados del Juzgado responsable (foja 355 del tomo de pruebas); El veintiuno de marzo del mismo año, se dio vista a la parte demandada para que dentro del plazo de tres días manifestara su inconformidad con la remisión de los autos a segunda instancia para la substanciación de un recurso de apelación admitido en autos (foja 357 del tomo de pruebas); El seis de abril de dicha anualidad, se ordenó la remisión de los autos al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso de apelación indicado (foja 359 del tomo de pruebas); En proveído de doce de julio de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte demanda interponiendo incidente de Nulidad de Actuaciones y Notificaciones, respecto todo lo actuado en el juicio 930/17, a partir del auto de seis de febrero del mismo año, incluyendo los acuerdos de veintisiete de dicha mensualidad, veintiuno de marzo y seis de abril, todos de dos mil dieciocho, mismo que se admitió sin suspensión del juicio en lo principal (foja 432 del tomo de pruebas); El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, el juez de origen aprobó el remate y adjudicación del inmueble embargado, por lo que ordenó a la demanda la entrega de las escrituras del mismo; inconforme con dicha determinación la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Magistrado responsable, quien confirmó dicho auto (foja 437 del tomo de pruebas); Luego, el doce de noviembre de dos mil dieciocho, en cumplimiento a lo anterior, se ordenó otorgar a la parte actora la escritura que ampara la propiedad del bien inmueble adjudicado y la remisión de los autos a la notaria correspondiente para la protocolización respectivo, acuerdo que fue apelado por la demandada; dicho medio de impugnación fue declarado inadmisible por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 486 del tomo de pruebas); Contra tal determinación ******************** promovió demanda de amparo, la cual fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua (previa declaración de incompetencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito), quien mediante resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve negó el amparo solicitado (fojas 576 a 583 del tomo de pruebas); Posteriormente, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós se dictó una interlocutoria en la que se declaró la improcedencia del incidente de Nulidad de Actuaciones y Notificaciones y validos los autos de seis y veintisiete de febrero, veintiuno de marzo y seis de abril, todos de dos mil dieciocho, así como todas las actuaciones y notificaciones posteriores (fojas 604 a 615 del tomo de pruebas); Por acuerdo de catorce de febrero del presente año, se tuvo a la parte demanda interponiendo recurso de apelación contra la resolución indicado en párrafo que antecede. Mediante resolución de diecinueve de agosto del año en curso, dictada en los autos del toca 184/2022, la Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, confirmó la interlocutoria de referencia; determinación que constituye el acto reclamado (foja 94 a 104 del juicio de amparo de origen). De lo relacionado se desprende que en la resolución aquí reclamada, se confirmó una interlocutoria en la que se declaró la improcedencia del incidente de Nulidad de Actuaciones y Notificaciones y por validos diversos autos en los que se proveyó respecto a la forma de notificación a la parte demanda y en relación a la remisión de los autos de origen al Tribunal de Alzada para la substanciación de un recurso de apelación. De tal suerte que al quedar de manifiesto que la interlocutoria que constituye el acto reclamado, no es la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, puesto que las supuestas irregularidades que hace valer la quejosa en el procedimiento de ejecución de sentencia, son actos intermedios emitidos después de concluido el juicio, que no son combatibles a través del juicio de amparo, para evitar abusos o maniobras judiciales que obstaculizarían el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio de origen, que emana de un juicio ejecutivo mercantil donde la amparista fue oída y vencida; en consecuencia, el acto reclamado debe combatirse hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, por lo que, es manifiesto que la determinación que se reclama del Magistrado Civil Responsable no constituye la última resolución a que se refiere la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que al tratarse de actos dictados en ejecución de sentencia, en relación al procedimiento de remate, la última resolución lo es aquella en que se ordenó otorgar a la parte actora la escritura que ampara la propiedad del bien inmueble adjudicado, determinación que no forma parte de la litis. Además de que no se trata de actos que gocen de autonomía, pues el resultado de la determinación combatida, trae como consecuencia que se siga el trámite de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 64, fracción V, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el sobreseimiento decretado se hace extensivo al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, al no reclamársele sus actos por vicios propios, sino como consecuencia de lo determinado por el magistrado responsable. Así, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa el hecho de que este juzgado de distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, volumen 24, tercera parte, página 49, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 77, 78, 79 y 124, de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia y del Juez Segundo de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Morelos, ambos con sede en la capital de esta entidad federativa. Por consiguiente, gírese oficio al Juzgado de Distrito de origen, para su conocimiento y a efecto de que realice las notificaciones correspondientes del presente fallo. Así lo resolvió y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Vania Gómez Márquez, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, hoy cuatro de enero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores del juzgado permitieron su engrose, con lo cual concluye la audiencia constitucional celebrada por el juzgado auxiliado, en el dictado de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto el Acuerdo 194/2022 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. JEBG/VGM/kyom

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por la secretaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que remite testimonio certificado de la resolución emitida en el amparo en revisión penal 66/2022, en sesión de ocho de septiembre del año en curso y terminada de engrosar el veintitrés del mismo mes y año, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la resolución interlocutoria dictada en el presente incidente de suspensión, en la cual la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se deja firme la negativa de la suspensión definitiva, decretada en el considerando tercero de la interlocutoria recurrida SEGUNDO. Se confirma la concesión de la medida suspensional a Ismael Martínez Moctezuma, en contra de los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en esta ciudad, para los efectos precisados por el a quo.". Asimismo, devuelve los autos del cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa que se enviaron para la substanciación del referido recurso; en consecuencia acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes correspondiente únicamente con las actuaciones posteriores a la certificación de constancias y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

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