Ismael Martínez García
Expediente 309/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ismael Martínez García
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.
- Principal
Recibo la demanda de amparo, signada por **, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, ordeno formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia será desechada de plano. En ese sentido, de la demanda de amparo advierto: la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de tres de marzo del año en curso, dictada por el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso penal **, en la cual el juez responsable en su resolutivo cuarto, ordenó al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, identificar administrativamente a ** como procesado, así como le informara ha ingresado en anteriores ocasiones a esa institución y le remitiera la media filiación del procesado. Asimismo, el quejoso reclamó el oficio que recayó a tal determinación dirigido al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla para los efectos antes señalados y su ejecución. Luego, el quejoso manifiesto bajo protesta de decir verdad que dicho auto reclamado le fue notificado de forma personal y por medio de su defensor en la misma data de su emisión -de tres de marzo de dos mil diecinueve-. Luego, de conformidad con el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, los términos judiciales establecidos deberán contarse desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, sin incluirse los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver, sobre su situación jurídica. En tales condiciones, de acuerdo a la manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, el tres de marzo de dos mil diecinueve, le fue notificada la resolución de la misma fecha, de forma personal y por medio de su defensor particular, la cual constituye el acto reclamado en esta vía de amparo. De lo que se desprende que el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, comenzó a correr el plazo de quince días hábiles para interponer la demanda de amparo, mismo que feneció el veintiséis de marzo del presente año, previo descuento de los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintitrés y veinticuatro, todos de marzo de dos mil diecinueve, por ser inhábiles. Sin embargo, la demanda de amparo fue presentada en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, hasta el cuatro de abril actual. Por ello, al respecto, en la especie, está actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo . Pues, el numeral 17 de la legislación en cita dispone que el juicio de amparo que se omita promover dentro del plazo de quince días deviene improcedente, salvo las excepciones contenidas en este numeral, las cuales en ningún modo están actualizadas en el caso . En este orden de ideas, el acuerdo reclamado de tres de marzo de dos mil diecinueve, al ser un acto que en nada se ubica en las hipótesis de excepción que el precepto legal citado establece, debe sujetarse al término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Por consiguiente, la acción de derechos fundamentales fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el que está actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrarlo hago notar que la fracción invocada establece la improcedencia respecto de los actos consentidos en forma tácita: aquellos contra los cuales sea omitido solicitar la protección federal dentro de los plazos legales establecidos. Entonces, el juicio de amparo será improcedente cuando al presentarse la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del artículo 17 de la ley de la materia, salvo que esté actualizada alguna excepción prevista en el citado precepto: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y, d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque éstos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde sean reclamados actos distintos de los que tengan prevista una excepción. De ahí, advierto que la presentación de la demanda de amparo fue interpuesta de manera extemporánea. Pues, como se dijo, el quejoso ejerció la acción de derechos fundamentales hasta el cuatro de abril de dos mil diecinueve, tal como consta en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2) lo cual implica una presentación extemporánea al haberlo realizado después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación. Luego, al actualizarse en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, debe estimarse consentido tácitamente el acuerdo de tres de marzo de dos mil diecinueve, pues la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo de quince días. Por tanto, concluyó: el acto reclamado encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, pues fue promovido después de terminado el plazo del diverso 17, máxime que el acto reclamado resulta ajeno a los supuestos de excepción previstos en éste. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, relacionado con la fracción XIV del diverso 61, desecho de plano la demanda de amparo que originó este juicio, porque al actualizarse una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Por otro lado, tengo por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Mendoza Ramos, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, tengo como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla), y quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones del quejoso, **, por carecer del registro de su cédula profesional en el sistema de registro antes mencionado. Luego, facultó al actuario judicial de la adscripción, a fin de que pueda practicar las notificaciones del presente asunto, aun en horas inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en atención a la fracción séptima, párrafo último de la demanda del quejoso, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
- Principal
DADO QUE SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO CUAL SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA: Recibo la demanda de amparo, signada por **, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, ordeno formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia será desechada de plano. En ese sentido, de la demanda de amparo advierto: la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de tres de marzo del año en curso, dictada por el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso penal **, en la cual el juez responsable en su resolutivo cuarto, ordenó al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, identificar administrativamente a ** como procesado, así como le informara ha ingresado en anteriores ocasiones a esa institución y le remitiera la media filiación del procesado. Asimismo, el quejoso reclamó el oficio que recayó a tal determinación dirigido al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla para los efectos antes señalados y su ejecución. Luego, el quejoso manifiesto bajo protesta de decir verdad que dicho auto reclamado le fue notificado de forma personal y por medio de su defensor en la misma data de su emisión -de tres de marzo de dos mil diecinueve-. Luego, de conformidad con el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, los términos judiciales establecidos deberán contarse desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, sin incluirse los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver, sobre su situación jurídica. En tales condiciones, de acuerdo a la manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, el tres de marzo de dos mil diecinueve, le fue notificada la resolución de la misma fecha, de forma personal y por medio de su defensor particular, la cual constituye el acto reclamado en esta vía de amparo. De lo que se desprende que el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, comenzó a correr el plazo de quince días hábiles para interponer la demanda de amparo, mismo que feneció el veintiséis de marzo del presente año, previo descuento de los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintitrés y veinticuatro, todos de marzo de dos mil diecinueve, por ser inhábiles. Sin embargo, la demanda de amparo fue presentada en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, hasta el cuatro de abril actual. Por ello, al respecto, en la especie, está actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo . Pues, el numeral 17 de la legislación en cita dispone que el juicio de amparo que se omita promover dentro del plazo de quince días deviene improcedente, salvo las excepciones contenidas en este numeral, las cuales en ningún modo están actualizadas en el caso . En este orden de ideas, el acuerdo reclamado de tres de marzo de dos mil diecinueve, al ser un acto que en nada se ubica en las hipótesis de excepción que el precepto legal citado establece, debe sujetarse al término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Por consiguiente, la acción de derechos fundamentales fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el que está actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrarlo hago notar que la fracción invocada establece la improcedencia respecto de los actos consentidos en forma tácita: aquellos contra los cuales sea omitido solicitar la protección federal dentro de los plazos legales establecidos. Entonces, el juicio de amparo será improcedente cuando al presentarse la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del artículo 17 de la ley de la materia, salvo que esté actualizada alguna excepción prevista en el citado precepto: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y, d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque éstos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde sean reclamados actos distintos de los que tengan prevista una excepción. De ahí, advierto que la presentación de la demanda de amparo fue interpuesta de manera extemporánea. Pues, como se dijo, el quejoso ejerció la acción de derechos fundamentales hasta el cuatro de abril de dos mil diecinueve, tal como consta en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2) lo cual implica una presentación extemporánea al haberlo realizado después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación. Luego, al actualizarse en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, debe estimarse consentido tácitamente el acuerdo de tres de marzo de dos mil diecinueve, pues la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo de quince días. Por tanto, concluyó: el acto reclamado encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, pues fue promovido después de terminado el plazo del diverso 17, máxime que el acto reclamado resulta ajeno a los supuestos de excepción previstos en éste. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, relacionado con la fracción XIV del diverso 61, desecho de plano la demanda de amparo que originó este juicio, porque al actualizarse una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Por otro lado, tengo por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Mendoza Ramos, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, tengo como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla), y quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones del quejoso, **, por carecer del registro de su cédula profesional en el sistema de registro antes mencionado. Luego, facultó al actuario judicial de la adscripción, a fin de que pueda practicar las notificaciones del presente asunto, aun en horas inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en atención a la fracción séptima, párrafo último de la demanda del quejoso, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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