Ismael Martínez Chávez
Expediente 1580/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 51 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1580/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ismael Martínez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho, por lo que se declara que ha causado estado el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso, las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Finalmente, toda vez que mediante proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidas las copias certificadas del expediente de queja DDH/265/2015/AD, del índice de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, y toda vez que el expediente en que se actúa ya es un asunto concluido, devuélvase el mismo a la Defensoría mencionada, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, toda vez que la constancia de notificación hará las veces del mismo. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Se agrega en autos el escrito recibido vía electrónica, con evidencia criptográfica de Miguel Nava Alvarado, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, en atención a la vista concedida el veintitrés de abril del año en curso, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento del fallo protector; por lo que se procede a resolver con las constancias de autos para determinar si se cumple la ejecutoria de amparo, sin dejar de considerar las manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta. Ahora bien, de autos se advierte que mediante ejecutoria de doce de marzo de dos mil veinte, dictada en el amparo en revisión R.A.536/2019, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó confirmar la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictada por éste Juzgado de Distrito, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: ...procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Titular del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dentro del plazo de tres días siguientes a la fecha en que le sea notificado el auto por el que se declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el oficio CEAV/CIE/2684/2018 de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, y proceda a la inscripción de los quejosos en el Registro Nacional de Víctimas, en términos de lo previsto en la Ley General de Víctimas. [.] Seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante oficio recibido en éste juzgado el treinta de septiembre de dos mil veinte, la Directora General de Asuntos Jurídicos, encargada del Despacho del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada del acuerdo dictado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, con el cual, adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, del cual, en la parte que interesa, destaca lo siguiente: De lo anterior, se advierte que la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, acreditó haber dejado insubsistente el oficio CEAV/CIE/2684/2018, de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente aperturado con motivo de la solicitud realizada por Ismael Martínez Chávez, por sí y en representación de sus menores hijos Josué y José de Jesús, ambos de apellidos Martínez Valente, y haber remitido al Director General del Registro Nacional de Víctimas, el escrito de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, y anexos, presentado por el ahora quejoso, a efecto de que, de cumplir con los efectos requeridos por los ordenamientos aplicables, se proceda a la inscripción de la parte quejosa en el Registro Nacional de Víctimas, en términos de lo previsto en la Ley General de Víctimas. En ese contexto, se realizaron diversos requerimientos a la autoridad directamente responsable, así como a la vinculada al cumplimiento, y mediante auto de diez de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio CEAV/DGAJ/3456/2020 signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos, en representación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del cual, remitió copia certificada de las capturas de pantalla del Registro Nacional de Víctimas, obtenidas del dominio renavi.gob.mx, de las cuales se advierte que la parte quejosa Ismael Martínez Chávez, y sus hijos Josué y José Jesús, ambos de apellidos Martínez Valente, se encuentran inscritos en el citado registro. Asimismo, mediante oficio CEAV/DIRNV/0738/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, recibido en éste juzgado el diecinueve de febrero del año en curso, la Directora General de Desarrollo Institucional y Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada de los acuerdos de inscripción 34570-1, 3457-1 y 3457-3, de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, de los que se aprecia que se procedió a la inscripción de los quejosos Ismael Martínez Chávez, y sus hijos Josué y José Jesús, ambos de apellidos Martínez Valente, en el Registro Nacional de Víctimas. No obstante, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advirtió que ordenó girar oficio a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Querétaro, a fin de que ésta determine lo procedente respecto de la solicitud de inscripción en el Registro Local correspondiente; dejando de observar lo resuelto en la sentencia dictada por éste juzgado, que constituye cosa juzgada, en tanto que la misma fue confirmada mediante ejecutoria de doce de marzo del año en curso, dictada en el amparo en revisión R.A.536/2019, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y en la que quedó desvirtuada dicha circunstancia, en el sentido de que dicha comisión estatal carece de competencia legal para conocer de la solicitud de los aquí quejosos, y por tanto, dicha autoridad no se puede tener como vinculada en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues como se estableció, carece de competencia para emitir pronunciamiento al respecto. En consecuencia de lo anterior, se requirió nuevamente al Director General del Registro Nacional de Víctimas, para que en su carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, remitiera a este juzgado las constancias de las que se advierta determinó que los quejosos reunieron los requisitos legales aplicables al caso concreto y en consecuencia, ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, omitiendo cualquier referencia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado de Querétaro y al Registro local, por las razones expuestas en párrafos precedentes. En esa tesitura por oficio CEAV/DGAJ/521/2021 de once de marzo del año en curso, signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada de los acuerdos de inscripción 34570-2, 34572-2 y 34573-2, de nueve de marzo de dos mil veintiuno, de los que se aprecia que se procedió a la inscripción de los quejosos Ismael Martínez Chávez, y sus hijos Josué y José Jesús, ambos de apellidos Martínez Valente, en el Registro Nacional de Víctimas, sin embargo, del antecedente marcado con el numeral tres (3), así como de los considerandos dos y tres de los acuerdos referidos, los cuales cuentan con el contenido idéntico, se advirtió que la autoridad insistía en delegar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a las comisiones de víctimas de las entidades federativas, así como al registro local respectivo, haciendo caso omiso a lo ordenado por este juzgado, pues la autoridad reiteró que las comisiones de víctimas de las entidades federativas (que en el caso en concreto es la Comisión del Estado de Querétaro), son las obligadas a atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal, como ocurre en el presente asunto. En ese sentido, por acuerdo de cinco de abril del presente año, se requirió nuevamente al Director General del Registro Nacional de Víctimas, a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veintidós de abril del año que transcurre, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada de los acuerdos 34570-3, 34571-3 y 34572-3, todos de quince de abril de dos mil veintiuno, por medio de los cuales, determinó que los quejosos reunieron los requisitos legales aplicables al caso concreto y en consecuencia, ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, este órgano judicial estima colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad haya incurrido en exceso o defecto, en razón de que acreditó haber dado puntual cumplimiento al fallo protector en sus términos, pues las autoridades responsables y vinculadas remitieron las constancias con las cuales acreditaron haber dejado insubsistente el oficio CEAV/CIE/2684/2018 de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, y realizaron la inscripción de los quejosos en el Registro Nacional de Víctimas, en términos de lo previsto en la Ley General de Víctimas por lo que se concluye que el quejoso ha sido restituido en el pleno goce de sus derechos violados. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR Sin que sea óbice a la presente determinación, las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa en el escrito de cuenta, referente a que la autoridad omitió realizar manifestación respecto a asumir la competencia y ordenar realizar la inscripción al Registro Nacional de Víctimas con base en lo dispuesto por el artículo 88 Bis de la Ley General de Víctimas, pues como se expuso, los efectos para los cuales se concedió el amparo consisten en dejar insubsistente el oficio CEAV/CIE/2684/2018 de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, así como proceder a la inscripción de los quejosos en el Registro Nacional de Víctimas, extremos que fueron colmados tal y como se acredita con las constancias referidas en el presente acuerdo, máxime que el hecho de que asuma competencia no se encuentra sujeta a que la autoridad realice pronunciamiento alguno, en tanto que dicha circunstancia quedó evidenciada en la sentencia de mérito, la cual constituye cosa juzgada y por tanto, no se encuentra sujeta a interpretación alguna por parte de la autoridad responsable. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe. El Juez
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Se agrega a los autos el oficio signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de cinco de abril del año en curso, remite diversas constancias, con las cuales aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, se da vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibido que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Finalmente, respecto a la revocación de los delegados de su parte Elvira Raquel Sayago Santillán, Arturo Loaiza Velázquez, Isaac Pablo Reyes, Pamela Manrique de la Hoz y Alma Leticia Maruri Noguez, así como su autorización para acceder a la consulta del expediente electrónico, deberá estarse a lo acordado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en que se proveyó lo conducente. Notifíquese vía electrónica a la quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a quince de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director Jurídico y delegado del Comisionado Estatal de Atención Integral a Víctimas, por medio del cual, en atención al auto de veintidós de febrero del año en curso, proporciona dos números telefónicos y un correo electrónico. Con fundamento en el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se tiene por ofrecido el correo electrónico y los números telefónicos que proporciona, únicamente para el caso de comunicaciones no procesales. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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