Ismael Marín Rojas

Expediente 1009/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1009/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
24/07/2015

Partes del expediente

  • Ismael Marín Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de catorce de julio de este año (fojas 7 a 10), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ismael Marín Rojas, se le hizo el quince de julio del año en curso (foja 11), notificación que surtió efectos el dieciséis siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del diecisiete al veintitrés de julio de este año, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que en este expediente se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que en el mismo se reclamó la desposesión de un vehículo de motor, marca Nissan, tipo Tsuru, color verde metálico, con número de motor GA16758041W, con placas de circulación MMH 38-38, del estado de México y la ejecución material de dicha orden, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de una resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a algún conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de julio de dos mil quince. Vista la demanda de amparo que promueve Ismael Marín Rojas, contra actos del procurador General de Justicia del Estado y otras autoridades, residentes en esta ciudad, presentada el ayer, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y en este órgano jurisdiccional, fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1009/2015. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del contenido del artículo anterior, se advierte que antes de admitir a trámite la demanda de amparo, es pertinente examinar si ante todo, existe alguna causa de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la desposesión de un vehículo de motor, marca Nissan, tipo Tsuru, color verde metálico, con número de motor GA16758041W, con placas de circulación MMH 38-38, del estado de México y la ejecución material de dicha orden, del que tuvo conocimiento el uno de mayo de dos mil quince, como se advierte del capítulo relativo (foja 2), en donde manifestó bajo protesta de decir verdad, que el citado uno de mayo de este año, fue interceptado por tres elementos de la Policía Estatal de Investigaciones quienes lo desposeyeron de su vehículo y lo dejaron en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, por lo fue en esa fecha que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Lo anterior, constituye una confesión expresa, medio de prueba admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2°. Así las cosas, es indudable que el promovente Ismael Marín Rojas, tuvo conocimiento de los actos reclamados, el uno de mayo de dos mil quince. Ahora bien, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, la demanda de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días. El numeral 18, establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Por su parte, el numeral 61, fracción XIV, de la invocada ley, prescribe que el juicio de amparo es improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De autos se determina que el promovente, como se ha expuesto, tuvo conocimiento de los actos reclamados, el uno de mayo de dos mil quince; en virtud, de la lectura de la demanda de amparo, específicamente del capítulo relativo (foja 2), de hechos de la demanda, en donde manifestó bajo protesta de decir verdad, que el uno de mayo de este año, fue interceptado por tres elementos de la Policía Estatal de Investigaciones quienes lo desposeyeron de su vehículo y lo dejaron en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, por lo fue en esa fecha que tuvo conocimiento de los actos reclamados; de modo que, en todo caso, hasta el veinticinco de mayo del dos mil quince, tuvo la oportunidad de reclamar dichos actos, no obstante fue hasta el trece de este mes y año, en que presentó su demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, por lo que evidentemente había transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual comenzó a correr y a contarse a partir del siguiente hábil, al en que tuvo conocimiento (ya que no hubo notificación de por medio), de los actos reclamados, que en la especie, lo fue el día cuatro de mayo del actual, por lo que, el plazo perentorio de quince días, transcurrió del cuatro al veinticinco de mayo de dos mil quince, descontándose los días cinco, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de mayo de los corrientes, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa virtud, la demanda intentada contra los actos reclamados al procurador General de Justicia del Estado, residente en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en la desposesión de un vehículo de motor, marca Nissan, tipo Tsuru, color verde metálico, con número de motor GA16758041W con placas de circulación MMH 38-38, del estado de México y la ejecución material de dicha orden; en consecuencia, la demanda de amparo que se examina respecto de los referidos actos y autoridades responsables, se torna notoriamente improcedente; por tanto, de plano se desecha la misma, con fundamento en lo que disponen los artículos 17 y 18, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, bajo el número de registro P/J27/96, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta y siete, novena época, Tomo II, junio de mil novecientos noventa y seis, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Haciéndose hincapié que el acto combatido no se ubica en los casos de excepción establecidos en el artículo 17 la Ley de Amparo; de modo que la impugnación de ese acto mediante el juicio de amparo, en cuanto a su oportunidad, está comprendido dentro de la regla general que fija el citado numeral; aunado a que, no combate una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición (en que la promoción del amparo será dentro de treinta días); la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en cuyo caso la demanda puede promoverse hasta en un plazo de ocho años); ni se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (en que la promoción del amparo será dentro de los siete años); ni mucho menos el acto aquí reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales (en que podrá promoverse el Juicio de Amparo en cualquier tiempo). Téngase al parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistido de la licenciada Elizabeth Mena Becerril, secretaria que autoriza y da fe.

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