Ismael Luna Arano
Expediente 318/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ismael Luna Arano
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y tomando en consideración que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente Ángel Isay Bruno Hernández, en su carácter de defensor particular de Ismael Luna Arano, hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de siete de abril de este año, por el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense estas actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintiocho de abril de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de derechos fundamentales presentado vía electrónica por Ángel Isay Bruno Hernández, en su carácter de defensor particular de Ismael Luna Arano; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 318/2022-2, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese sentido, en primer término cabe precisar que un motivo de la improcedencia es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, deriva del contenido de la demanda de amparo, lo cual se corrobora con las constancias del juicio de origen que obran en autos. Mientras que se dice que es indudable, ya que la determinación de improcedencia no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Así, el suscrito estima que en el caso se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas[.] De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, los artículos 134, fracción IV y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: [.] IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal [.] Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De los artículos transcritos, se advierte que contra la omisión de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de aquellos que intervienen en el procedimiento y atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por dichos sujetos, procede el recurso de queja. Asimismo, se observa que el trámite del citado medio de impugnación es sencillo, debido a que debe ser interpuesto ante el propio órgano jurisdiccional omiso, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar la omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente. Entonces, si las partes interesadas no interponen el recurso de queja a que se refieren los preceptos legales en mención, no se cumple con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, conforme al cual el amparo es procedente contra actos u omisiones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fuera de juicio, siempre que se interpongan primero los recursos que establece la ley. Lo anterior es así, porque con la interposición del recurso de queja que prevé el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es posible obligar a la autoridad judicial omisa a que realice -en el término de veinticuatro horas- el acto procesal omitido, por ejemplo, remitir las constancias del expediente al tribunal de alzada. De esta manera, no se requiere interpretación adicional sobre la procedencia del medio de defensa ordinario a que se ha hecho mención, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 135, es claro al establecer que contra las omisiones de los juzgadores que no realicen un acto procesal procede el recurso de queja, y en ese sentido, tampoco podría afirmarse que su fundamento legal es insuficiente. Además, con independencia de la localización topográfica que guarda la referida disposición legal, lo relevante del caso es que tratándose del caso específico en el que lo reclamado es la remisión de constancias al tribunal de alzada con motivo del trámite inherente a un recurso de apelación, el medio de impugnación ordinario tiene una eficacia directa mayor que la del propio juicio de amparo indirecto, en la medida en que el juzgador omiso tiene conforme a la ley un plazo de veinticuatro horas para subsanar la omisión, o bien, rendir un informe y remitir el recurso dentro de ese mismo lapso al órgano jurisdiccional competente, quien tendrá que resolverlo en el plazo de tres días hábiles. En cambio, en el juicio de amparo se debe requerir el informe justificado a una autoridad que tendrá quince días hábiles para rendir el informe; asimismo, se debe emplazar a la parte tercera interesada; esperar a que se reciba el informe justificado y dar vista a las partes por un término no menor a ocho días hábiles; celebrarse la audiencia constitucional y dictarse sentencia, la cual, aun de concederse el amparo, deberá causar ejecutoria dentro del plazo de diez días hábiles, computados a partir de que se notifique dicha sentencia a las partes, siempre y cuando no se interponga el recurso de revisión, entre otras cosas. De tal forma, este juzgador considera que el trámite y posterior resolución del juicio constitucional en la vía indirecta es susceptible de encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria; en tanto que, en este caso particular, la eficacia directa del medio de impugnación es notoriamente mayor por cuestión del tiempo en que habrá de resolverse. Bajo ese orden, en el caso en análisis el promovente señala como acto reclamado del Juez de Control de Proceso y Procedimiento Oral Penal en Cosamaloapan, la omisión de remitir al Tribunal de Alzada las constancias escritas y videograbaciones que integran el juicio oral 05/2021, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Así, tenemos que dicha abstención procesal es impugnable a través del recurso previsto en los artículos 134, fracción IV y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo promovida por Ángel Isay Bruno Hernández, en su carácter de defensor particular de Ismael Luna Arano, es improcedente, al no haber agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación (queja) se puede obtener y subsanar la omisión de remitir al Tribunal de Alzada dentro un lapso prudente y razonable las constancias escritas y videograbaciones que integran el juicio oral 05/2021, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno; recurso que estaba obligado a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de un acto que importe peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, máxime que tampoco se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción previstas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 61, fracción XVIII. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XVIII, y 113, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo promovida por Ángel Isay Bruno Hernández, en su carácter de defensor particular de Ismael Luna Arano. Cabe señalar que el desechamiento de la presente demanda de amparo no prejuzga sobre la legalidad o no del acto reclamado; sin embargo, el sentido de esta determinación obedece a la observancia al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, al que este órgano jurisdiccional debe sujetarse. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda de amparo, asimismo, se tiene como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel Isay Bruno Hernández, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, así como también a Alejandro Pérez Hernández y José Erick Eugenio Molina, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho por estar dados de alta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva, con dirección: http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action Sin que obste para el suscrito que los aludidos profesionistas no estén registrados en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, pues se considera suficiente que estén registradas sus cédulas profesionales ante la Secretaría de Educación Pública y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona restante que menciona en el escrito de demanda, ya que no acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, como lo solicita, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza al licenciado la consulta del expediente electrónico vía internet, con nombre de usuario Leonel02, por lo que se instruye a la oficial judicial "A", para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitarlos, para que puedan acceder y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, con fundamento en el artículo 1, 14, 34, 39, 55 y 58 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, como lo solicita, se ordena habilitar al promovente, para que se le notifique vía electrónica de los acuerdos correspondientes a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, señalando como clave de usuario "Leonel02 "; en consecuencia, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realice las notificaciones respectivas en la vía indicada a la citada parte. Asimismo, se les tiene como medio de contacto el correo electrónico proporcionado, lo anterior, en consideración a la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirva proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde pueda ser localizada, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las demás partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa por así haberlo solicitado y mediante oficio a la autoridad responsable.
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