Ismael Landeros Martínez

Expediente 255/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
255/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Ismael Landeros Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Incidental

    CÚMPLASE.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte quejosa del proveído de tres de septiembre pasado; por ende, se comisiona al Actuario Judicial adscrito que corresponda a fin de que proceda a practicar la misma en los términos indicados en el acuerdo en cita. En cumplimiento a lo ordenado se notifica a la parte quejosa el auto de tres de septiembre de dos mil veinte en el que se resolvió lo siguiente: Visto el oficio que suscribe el Director General Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, por el que realiza manifestaciones; glósese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. De las manifestaciones vertidas en el oficio de cuenta y de las constancias que obran en el diverso juicio de amparo 2359/2019 del índice de este Juzgado -lo que se invoca como un hecho notorio para este Juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles-, se advierte que ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente SOBRESEER en el juicio fuera de audiencia, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite de este asunto. El motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invoca a continuación; es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. Es aplicable al respecto la jurisprudencia, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Época: Novena Época. Registro: 184572. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 10/2003. Página: 386). Así, la parte quejosa el once de febrero de dos mil veinte presentó demanda de amparo en la que reclamó "EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 74/2019, en su acuerdo de incoación (.)" mismo que atribuyó al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco como ordenadora y al Director de Asuntos Internos de esa Secretaría, como ejecutor. Luego, de las constancias que integran el diverso sumario 2359/2019 del índice de este Juzgado, se advierte que el veintiuno de agosto pasado quedó cumplida la sentencia dictada en ese juicio, en la que se consideró lo siguiente: "(.) sin intervención del aquí quejoso, dictó una resolución en la que determinó suspenderle provisionalmente de la relación jurídico administrativa, señalando que se le debería cubrir para sus subsistencia el treinta por ciento del sueldo real y ordenó para que una vez terminada la investigación de la causa de la sanción se emitiera acuerdo de incoación en su contra (fojas 63 a 80); determinación que le fue notificada el veinticuatro de octubre siguiente (foja 81). Sin embargo, de las mismas no se advierte que se haya llamado al citado procedimiento de separación tal y como lo dispone el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; mucho menos se evidencia que se haya dictado auto de incoación al procedimiento que permitiera emitir la resolución provisional de suspensión de la relación jurídico administrativa. Lo anterior, se evidencia al efectuar una interpretación literal de los artículos 120 y 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco transcritos en párrafos que anteceden, se advierte que para dictar la determinación en la que se suspenda de manera temporal del servidor público sujeto al procedimiento respectivo, es necesario que se emita al iniciarse el procedimiento o durante su sustanciación y que se haga el llamamiento respectivo. Así al adminicular lo establecido en el tercer punto de acuerdo de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve con las manifestaciones que la propia autoridad responsable efectuó al rendir su informe justificado, lo que adquiere valor probatorio pleno en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que no se ha dictado auto de incoación al procedimiento administrativo de origen, ni mucho menos se ha ordenado ni emplazado al servidor público. Entonces, si el acuerdo de suspensión temporal de la relación jurídico administrativa fue emitido sin haberse iniciado el procedimiento correspondiente, ni haberse llamado al servidor sujeto del mismo a defender sus derechos, es inconcuso que dicha actuación fue emitida en contravención a artículos 120 y 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. En las referida condiciones y tomando en cuenta lo fundado del concepto de violación, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las autoridades responsables, deje sin efectos el acuerdo de suspensión dictado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo 74/2019, y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad a ello. Así, de lo resuelto en dicho juicio se advierte que la concesión se otorgó para dejar sin efectos el acuerdo de suspensión dictado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo 74/2019, en el que se decretó la suspensión temporal de la relación jurídico administrativa sin haberse iniciado el procedimiento correspondiente, y se destacó que no se había dictado el acuerdo de incoación, en razón de que se ordenó que una vez terminada la investigación de la causa de la sanción se emitiera acuerdo de incoación en su contra; esto es, posterior al acuerdo de suspensión temporal. En acatamiento a dicho fallo protector, el seis de agosto de dos mil veinte la autoridad respectiva dictó acuerdo en el que se dejó sin efectos el acuerdo de suspensión dictado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo 74/2019, y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad a ello, lo que evidentemente abarca el acuerdo reclamado de incoación del procedimiento, pues como se vio, primero se emitió acuerdo de suspensión, sin que mediara acuerdo de incoación. De ahí, que si la autoridad responsable dejó sin efectos el acuerdo de suspensión dictado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo 74/2019, y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad a ello, quedó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento combatido. Por tanto, como se dijo, es válido concluir que si lo reclamado en el presente juicio de garantías fue el acuerdo de incoación en el procedimiento de responsabilidad administrativa 74/2019, es indudable que CESARON LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO dado que con el proveído de seis de agosto pasado dictado por la responsable se dejó sin efectos todo lo actuado con posterioridad al acuerdo de suspensión de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve dictado en ese procedimiento, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado en su momento por la omisión de la autoridad. En razón de lo expuesto con antelación, se SOBRESEE en el juicio antes de la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por operar de manera notoria, plena e indubitable, la cesación de efectos de los actos reclamados, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Ahora, respecto a la causa de sobreseimiento que hace valer, dígasele que deberá estarse a lo resuelto en el presente acuerdo, puesto que el acto reclamado en este juicio no fue materia del diverso aludido, sin embargo, la concesión otorgada en el mismo impactó la vigencia jurídica del este, ocasionando su cesación.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27 fracción II y 29 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo ordenado en auto admisorio de TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE de la presente anualidad, a primera hora del despacho se notificó por medio de lista la resolución de DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, en el que se ordeno notificar a la PARTE QUEJOSA el proveído de TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE en el que se resolvió lo siguiente: Visto el oficio que suscribe el Director General Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, por el que realiza manifestaciones; glósese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. De las manifestaciones vertidas en el oficio de cuenta y de las constancias que obran en el diverso juicio de amparo 2359/2019 del índice de este Juzgado -lo que se invoca como un hecho notorio para este Juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles-, se advierte que ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente SOBRESEER en el juicio fuera de audiencia, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite de este asunto. El motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invoca a continuación; es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. Es aplicable al respecto la jurisprudencia, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Época: Novena Época. Registro: 184572. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 10/2003. Página: 386). Así, la parte quejosa el once de febrero de dos mil veinte presentó demanda de amparo en la que reclamó "EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 74/2019, en su acuerdo de incoación (.)" mismo que atribuyó al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco como ordenadora y al Director de Asuntos Internos de esa Secretaría, como ejecutor. Luego, de las constancias que integran el diverso sumario 2359/2019 del índice de este Juzgado, se advierte que el veintiuno de agosto pasado quedó cumplida la sentencia dictada en ese juicio, en la que se consideró lo siguiente: "(.) sin intervención del aquí quejoso, dictó una resolución en la que determinó suspenderle provisionalmente de la relación jurídico administrativa, señalando que se le debería cubrir para sus subsistencia el treinta por ciento del sueldo real y ordenó para que una vez terminada la investigación de la causa de la sanción se emitiera acuerdo de incoación en su contra (fojas 63 a 80); determinación que le fue notificada el veinticuatro de octubre siguiente (foja 81). Sin embargo, de las mismas no se advierte que se haya llamado al citado procedimiento de separación tal y como lo dispone el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; mucho menos se evidencia que se haya dictado auto de incoación al procedimiento que permitiera emitir la resolución provisional de suspensión de la relación jurídico administrativa. Lo anterior, se evidencia al efectuar una interpretación literal de los artículos 120 y 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco transcritos en párrafos que anteceden, se advierte que para dictar la determinación en la que se suspenda de manera temporal del servidor público sujeto al procedimiento respectivo, es necesario que se emita al iniciarse el procedimiento o durante su sustanciación y que se haga el llamamiento respectivo. Así al adminicular lo establecido en el tercer punto de acuerdo de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve con las manifestaciones que la propia autoridad responsable efectuó al rendir su informe justificado, lo que adquiere valor probatorio pleno en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que no se ha dictado auto de incoación al procedimiento administrativo de origen, ni mucho menos se ha ordenado ni emplazado al servidor público. Entonces, si el acuerdo de suspensión temporal de la relación jurídico administrativa fue emitido sin haberse iniciado el procedimiento correspondiente, ni haberse llamado al servidor sujeto del mismo a defender sus derechos, es inconcuso que dicha actuación fue emitida en contravención a artículos 120 y 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. En las referida condiciones y tomando en cuenta lo fundado del concepto de violación, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las autoridades responsables, deje sin efectos el acuerdo de suspensión dictado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo 74/2019, y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad a ello. Así, de lo resuelto en dicho juicio se advierte que la concesión se otorgó para dejar sin efectos el acuerdo de suspensión dictado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo 74/2019, en el que se decretó la suspensión temporal de la relación jurídico administrativa sin haberse iniciado el procedimiento correspondiente, y se destacó que no se había dictado el acuerdo de incoación, en razón de que se ordenó que una vez terminada la investigación de la causa de la sanción se emitiera acuerdo de incoación en su contra; esto es, posterior al acuerdo de suspensión temporal. En acatamiento a dicho fallo protector, el seis de agosto de dos mil veinte la autoridad respectiva dictó acuerdo en el que se dejó sin efectos el acuerdo de suspensión dictado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo 74/2019, y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad a ello, lo que evidentemente abarca el acuerdo reclamado de incoación del procedimiento, pues como se vio, primero se emitió acuerdo de suspensión, sin que mediara acuerdo de incoación. De ahí, que si la autoridad responsable dejó sin efectos el acuerdo de suspensión dictado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo 74/2019, y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad a ello, quedó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento combatido. Por tanto, como se dijo, es válido concluir que si lo reclamado en el presente juicio de garantías fue el acuerdo de incoación en el procedimiento de responsabilidad administrativa 74/2019, es indudable que CESARON LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO dado que con el proveído de seis de agosto pasado dictado por la responsable se dejó sin efectos todo lo actuado con posterioridad al acuerdo de suspensión de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve dictado en ese procedimiento, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado en su momento por la omisión de la autoridad. En razón de lo expuesto con antelación, se SOBRESEE en el juicio antes de la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por operar de manera notoria, plena e indubitable, la cesación de efectos de los actos reclamados, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Ahora, respecto a la causa de sobreseimiento que hace valer, dígasele que deberá estarse a lo resuelto en el presente acuerdo, puesto que el acto reclamado en este juicio no fue materia del diverso aludido, sin embargo, la concesión otorgada en el mismo impactó la vigencia jurídica del este, ocasionando su cesación.

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