Ismael Landero Rodriguez
Expediente 1345/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1345/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ismael Landero Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa copia certificada del proveído de diecinueve de agosto del presente año, dictado dentro del expediente laboral 5448/2019 de su índice, de cuyo contenido se advierte que señaló las nueve horas del siete de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas; así como las once horas del nueve del mismo mes y año, para la celebración de la diversa audiencia de desahogo de prueba de inspección ocular. Documental que se agrega para que obre como corresponda y que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones... Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Establecido lo anterior, tal como se precisó en párrafos que anteceden, del contenido de la demanda se advierte que en el caso, el quejoso reclama el acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en autos del juicio laboral 5448/2019, en el que señaló las nueve horas del dieciséis de noviembre de la presente anualidad, a efecto de celebrar la audiencia de desahogo de pruebas. Ahora bien, del contenido de la documental que anexó la autoridad responsable, se colige que por auto de diecinueve de agosto del presente año, señaló hora y fecha para llevar a cabo la celebración de las audiencia de desahogo de pruebas y de inspección ocular, esto es, para las nueve horas del siete de septiembre de dos mil veintidós y las once horas del nueve del mismo mes y año, respectivamente. En consecuencia, se colige que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que de acuerdo al análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que si bien la autoridad responsable, había señalado una fecha lejana para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, dentro del juicio laboral de origen; con posterioridad mediante determinación de diecinueve de agosto del presente año, dejó sin efectos la hora y fecha que se encontraba señalada y fijó unas nuevas para su celebración y lo notificó a las partes. Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de sobreseimiento aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuatro minutos del dos de septiembre del presente año.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Aguascalientes "1", con sede en Aguascalientes, mediante el cual informa la imposibilidad que tuvo para hacer efectivo el cobro de la multa emitida por auto de doce de enero de dos mil dieciocho, al entonces, decimoprimer regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco; para lo cual, devuelve el oficio 79/IV-I, de esa misma data, dirigido a la Administración Desconcentrada de Recaudación Fiscal del Estado de Tabasco, con sede en esta Ciudad, por medio del cual este órgano de control constitucional, ordenó hacer efectiva la multa impuesta al aludido ex funcionario del Ayuntamiento. En atención a lo anterior, se provee lo siguiente: Del contenido de la comunicación oficial de cuenta, se advierte que, la autoridad hacendaria inició procedimiento de ejecución, realizando gestiones de cobro e investigación, sin obtener resultados favorables; entre ellos, el requerimiento de pago y embargo 330328ZO127134, de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mismo que no pudo llevarse a cabo, toda vez que no se localizó al deudor, de acuerdo a la diligencia de once de mayo de dos mil dieciocho, que relata en el oficio de cuenta. En consecuencia, aduce la imposibilidad material y legal para llevar a cabo el cobro, atendiendo a que no se localizaron bienes susceptibles de embargo, ni domicilio en el que pueda ser localizado el sancionado. Bajo esas condiciones, en primer lugar se pone de manifiesto que la multa impuesta en los presentes autos derivada del oficio 79/IV-I, de doce de enero de dos mil dieciocho, se impuso como una medida de apremio, ante el actuar contumaz de la citada autoridad en cumplir con los efectos del fallo protector que obra en autos. En ese orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, dicha sanción corresponde al rubro de aprovechamientos federales, ya que constituye ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtienen por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2° del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. Siguiendo esa línea, deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4 del mencionado Código. Por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código. Establecido lo anterior, al ordenarse el cobro de la multa administrativa impuesta al entonces, decimoprimer regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, Walter de la Cruz Estebán, la autoridad tributaria asumió la jurisdicción para que conforme a sus facultades y atribuciones ejecutara la misma, registrándola como como un crédito fiscal; por ello, es esa la autoridad competente quien deberá realizar y computar los plazos y gestiones para el cobro y, en su caso, si es cierto que agotó el procedimiento de investigación, en su momento aplique la figura procesal que corresponda, conforme a su legislación. Lo anterior, con apoyo en el criterio emitido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 183495, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN COMO MEDIDA DE APREMIO. NO DEBEN CANCELARSE O CONDONARSE POR LA AUTORIDAD HACENDARIA." Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 184086, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE." Atento a lo anterior, previa copia que se agregue a los presente autos, devuélvase el oficio 400-09-00-02-01-2022- 8218, a la autoridad oficiante y dígasele que una vez que haya realizado el cobro de la multa impuesta o aplicado la figura procesal correspondiente conforme a su legislación, lo haga del conocimiento de esta autoridad jurisdiccional de forma inmediata; haciéndole saber que de no hacerlo así, se considerará -sin excusa legal- que se está negando a un mandato de este juzgado, configurándose el delito de desobediencia, previsto y sancionado en el artículo 178 del Código Penal Federal.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; doce de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veintitrés de junio de dos mil veintidós; en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
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