ISMAEL INSUNZA GONSALEZ y Otros.

Expediente 245/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
245/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/05/2019

Partes del expediente

  • ISMAEL INSUNZA GONSALEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el ocurso signado por......, Defensora Pública Federal, quien representa con el referido carácter a la parte quejosa, por el cual informa que el uno de mayo del actual, se entrevistó con el directo quejoso ......., y le hizo del conocimiento el auto de veintidós de marzo del año en curso, por el que se desechó su demanda de amparo; por tanto, con lo manifestado por la Defensora Pública Federal, se provee: Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo; tomando en consideración que la Defensora Pública........ , designada por la Delegada de la Defensoría Pública Federal, quien representa con la referida calidad al quejoso ......., realizó su entrevista con el mencionado justiciable el uno de mayo pasado, por lo que se le otorgó el plazo concedido en líneas precedentes, para que hiciera valer su medio de impugnación correspondiente; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.

  2. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito firmado por ...., quejoso en el presente asunto; visto su contenido se provee: En primer término, se tiene por autorizadas con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Norma González Jiménez, y Alba Elena Cruz Hernández, Defensoras Pública Federales adscritas al Juzgado Tercero y Cuarto de Distrito del Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, respectivamente, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente el quejoso. Por otra parte, respecto de su petición en el sentido de que se le notifiquen de manera personal todos los acuerdos relevantes y la sentencia que se dicte en el presente asunto, en el Centro Federal donde se encuentra recluido; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíqueseles personalmente este proveído, así como los subsecuentes que sean de carácter relevante, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento; lo anterior, pues como se desprende de autos, ya cuenta con defensora que lo representa en este asunto, sin embargo se ordena realizar tales notificaciones a fin de no vulnerar su derecho de acceso a una tutela judicial efectiva. Finalmente, visto el estado de los autos se advierte que mediante proveído de tres de abril del actual (foja 26), se requirió a la Defensora Pública Norma González Jimenez, designada por la Delegada de la Defensoría Pública Federal, para que representara con la referida calidad al quejoso ..... , e informara la fecha en la que se entrevistó con el amparista; lo anterior, a efecto de computar el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo. Dicha petición fue notificada el cinco de abril siguiente (foja 27), sin que a la fecha la citada Defensora haya informado respecto del requerimiento realizado; por tanto, para estar en aptitud de computar el plazo señalado con anterioridad; requiérase nuevamente a la Defensora Pública Federal ..... , para que, informe en qué fecha se entrevistó con el justiciable ..... , para que se esté en aptitud de computar el plazo señalado en el párrafo precedente. Apercibida que de incumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente, equivalente a cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 M.N. ($4,224.50), a razón de 84.49 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido, y a la Defensora Pública Federal....

  3. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos los oficios signados por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Oaxaca, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de veintidós de marzo del año en curso, en el primero de ellos informa que señaló como Defensora Pública del quejoso .... , a la licenciada ..... , para que lo represente en el presente juicio de amparo, y solicita se compute el plazo de cinco días para la interposición del recurso correspondiente, hasta en tanto la citada defensora se entreviste con el quejoso, y ésta tenga oportunidad de promover lo que en derecho corresponda, mientras que en relación al segundo de los signados, se aprecia que remite copia del oficio dirigido a la citada Defensora Pública Federal, para hacerle de su conocimiento que fue designada para que represente al quejoso en cita. Por tanto, en relación a la solitud realizada en el primero de los de cuenta, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso; resérvese computar el plazo de cinco días, establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interponga el recurso de queja correspondiente versus el auto que desecho su demanda de amparo. Por ende, requiérase a la Defensora Pública Federal.... , para que, una vez que se entreviste con el quejoso, lo haga del conocimiento a éste órgano jurisdiccional, para que se esté en aptitud de computar el plazo señalado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente a la Defensora Pública Federal ....

  4. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ...., fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 245/2019. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el aquí quejoso reclama de las autoridades responsables Director o Encargado, Director del Área Técnica, Encargada del Área Médica e Integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario, todos de Centro Federal de Readaptación Social, la omisión de proporcionarle atención médica, así como el no atender los formatos de petición y no proporcionarle medicamento adecuado para el padecimiento de ansiedad que le aqueja, así como que no lo atienda un especialista para sus padecimientos. En el caso, antes de entrar al análisis del contenido del libelo de amparo, es preciso indicar que el criterio que adoptará esta Juzgadora en la presente determinación tiene sustento en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto la contradicción de tesis número 304/2018, en donde contendieron los criterios siguientes: El Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver la contradicción de tesis 1/2018 emitió la tesis PC.III J/18 P (10a.) de rubro: "Personas privadas de su libertad cuando reclaman actos relacionados con las condiciones de su internamiento, como lo es la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no debe agotar el procedimiento administrativo de peticiones y los medios de impugnación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de amparo". El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 225/2018, determinó que por regla general, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, no obstante cuando dichos actos afectan directamente derechos sustantivos, cuyas consecuencias resultarán irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo, por ejemplo, la vida, salud o integridad física de los internos, se actualiza el supuesto de excepción a dicho principio, por lo que, en su contra, procede el juicio de amparo indirecto; de ahí que si la autoridad responsable no le ha proporcionado al quejoso atención médica adecuada que reclama ello implica una violación del derecho fundamental a la salud y a la reinserción de las personas privadas de la libertad, previstos en los artículos 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido esa contradicción ha quedado sin materia, en sesión de trece de febrero de dos mil diecinueve, al haber resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diversa contradicción de tesis número 57/2018; por lo que esta Juzgadora de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 217 de la Ley de Amparo, y en estricto acatamiento a su contenido, adopta el criterio emitido por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, en el sentido de que las personas privadas de su libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto deben agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues en la ejecutoria en sus puntos 105 y 106, señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación que: En primer lugar, se explicará qué debe entenderse de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal por condición de internamiento, en aras de generar certeza de cuáles son las "omisiones en sus condiciones de internamiento" que los quejosos privados de su libertad deben reclamar a las autoridades correspondientes a través del mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Una vez precisado lo anterior se establece que antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Pues bien, respecto del mencionado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El artículo transcrito revela que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. El principio de definitividad que rige el juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce la afectación. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Precisado lo anterior, debe decirse que como ya se indicó el quejoso reclamada de las autoridades responsables todas del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y otras, la omisión de proporcionarle atención médica, así como el no atender los formatos de petición y no proporcionarle medicamento adecuado para el padecimiento de ansiedad que le aqueja, así como que no lo atienda un especialista para sus padecimientos. Con base en las directrices plasmadas, es de establecerse que en contra de los citados actos reclamados, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que la parte quejosa previamente debió agotar el procedimiento administrativo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Cierto, los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. De los numerales transcritos se advierte que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en la citada Ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de su internamiento. Que están legitimados para formular las citadas peticiones ante las direcciones de los centros de reclusión, entre otros, las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva. Dicha petición se sustanciará conforme a las reglas establecidas en esa Ley, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las citadas peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión; así como que la autoridad administrativa del citado centro de reclusión, auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo cual, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada; y, en caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición; además, deberá resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; empero, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión; hecho lo cual, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas; y, en caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en dicha Ley, dando cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Empero, cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; sin embargo, cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Por lo que es evidente que el quejoso, previamente a la interposición del presente juicio de amparo, debió haber iniciado el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, o bien, el procedimiento correspondiente ante el Juez de Ejecución; lo anterior, en virtud de que el acto aquí reclamado constituye un acto por parte de las autoridades del centro penitenciario -en que se encuentran privados de su libertad-, respecto de condiciones inherentes a su internamiento, que debe ser revisada de oficio conforme a la ley que la rige. Máxime, si se considera que los actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato dejarían sin materia la petición, constituyen un caso urgente en el que la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición; quien, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; y tratándose de omisiones, determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria. De lo que se sigue que, tratándose de una petición que por su naturaleza sea urgente, basta que dicha petición se dirija ante el Juez de Ejecución correspondiente para que proceda, de oficio y de manera inmediata, la suspensión del hecho que motivó la petición. En tanto que los preceptos 128, 132 y 133 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no será objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. Numerales que permiten colegir que la suspensión se concederá siempre que se trate conservar la materia del juicio y no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; esto es, se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Lo que indefectiblemente conlleva a sostener que la Ley de Amparo establece mayores requisitos para la suspensión definitiva que la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues para que proceda conforme a esta última sólo basta el escrito con los datos arriba mencionados. Asimismo, se tiene en consideración que el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estatuye que la presentación de la petición urgente ante el Juez de Ejecución, originará que de oficio se suspenda la ejecución del acto u omisión que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva, incluso, que tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria; lo que significa que basta la presentación de la aludida petición para que el justiciable paralice el acto de autoridad. Aspecto que no acontece en la Ley de Amparo, toda vez que del artículo 112 de la citada Ley, se advierte que el lapso otorgado para decidir acerca de la suspensión provisional es dentro de las veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada al órgano jurisdiccional, el cual deberá resolver si desecha, previene o admite, y que el supuesto de sus artículos 15 y 20 deberá proveerse de inmediato; de ahí que, sin duda, en la ley que regula el acto reclamado se establece un plazo menor para obtener su suspensión. En consecuencia, como ya se dijo, en la ley que regula el acto no se establecen mayores requisitos para obtener la suspensión definitiva que conforme a la Ley de Amparo, ni mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional que prevé la Ley de Amparo; por tanto, previo a ejercer la acción de amparo, correspondía al impetrante del amparo interponer los aludidos procedimientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese contexto, al no agotar la parte quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, los procedimientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se actualiza la citada causa de improcedencia en contra de los actos reclamados respectivamente a las aludidas autoridades responsables. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230 del libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, que dice: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Por otro lado, toda vez que el quejoso se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que señaló para ser notificado; por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, así como los subsecuentes que sean de carácter personal, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento. Por otra parte, en cuanto a su solicitud, de que se le proporcione un licenciado de la Defensoría Pública y en virtud de que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", Miahuatlán de Porfirio Díaz, requiérase a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Oaxaca, para que en el plazo de tres días, designe defensor o asesor jurídico al quejoso a fin de que lo atienda en el presente juicio; apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cien días de unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. En otra guisa, en relación a la solicitud del quejoso en cuanto que se le entregue una copia simple o certificada de la resolución que recayó a su escrito de demanda, dígasele que en párrafos precedentes se ordenó notificarle personalmente éste proveído, así como los subsecuentes que se realicen en el presente juicio de amparo. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa en el lugar donde se encuentra recluido.

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