Ismael Gutiérrez Romero
Expediente 663/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ismael Gutiérrez Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente del juicio de amparo V-663/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el Secretario Alfredo Montoya Revilla, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-663/2019 promovido por Ismael Gutiérrez Romero, contra actos del contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta capital, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocido el carácter de terceros interesados José Luis Baltazar Vega y Nora Dimas Jacobo, quienes se encuentran debidamente emplazados en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Por otra parte, se hace constar que el presente asunto, guarda estrecha vinculación con el diverso juicio de garantías IX-73/2018 promovido por la aquí tercera interesada Nora Dimas Jacobo, mismo que se ordena poner a la vista al momento de resolver el presente juicio de amparo. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: a) Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. b) Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta capital. c) Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, residente en esta ciudad. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO: Dichos informes se tuvieron por rendidos al haberse emitido en tiempo y forma; enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que el quejoso en su escrito de demanda ofreció como pruebas de su parte la documentales que aludió y acompañó, la presuncional legal y humana, así como la instrumental pública de actuaciones; asimismo, las autoridades responsables exhibieron diversas documentales como sustento de sus informes justificados. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO: Dada su propia y especial naturaleza, se tienen por desahogados tales medios de convicción y, al no tener prueba pendiente por verificar, se declara abierto el periodo de alegatos. Secretario, dé cuenta con los alegatos formulados por las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que las partes no formularon alegatos en la presente instancia constitucional. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO: Al no tener alegatos que reproducir, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo V-663/2019, promovido por Ismael Gutiérrez Romero. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de junio de la presente anualidad, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad capital, Ismael Gutiérrez Romero promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y los actos que precisó en el propio ocurso; actos que consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 13, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de once de junio del año en curso, se tuvieron por recibidos los presentes autos, mismos que remitió el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al estimar actualizados los supuestos establecidos en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones de materia en actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; además, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose la misma con el número de expediente V-663/2019; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue levantada por Leonel López Pérez, Secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para fungir como encargado del despacho, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. En ese tenor, dicho encargo se ejerce con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de contenido literal siguiente. "Época: Novena Época Registro: 164525 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 14/2010 Página: 716 SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que durante las vacaciones del titular del órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura Federal nombrará a quien deba sustituirlo, o bien podrá abstenerse de realizar ese nombramiento. En el primer supuesto, si se hace la designación del sustituto del juez en favor del secretario de juzgado, éste puede fallar los juicios de amparo y también goza de facultades amplias y plenitud de jurisdicción para resolver cualquier tipo de juicio sometido a la potestad del juzgador, por lo que habrá de realizar las funciones completas propias del titular del juzgado, lo que incluye pronunciar sentencias en asuntos de cualquier materia, pues jurídicamente estas resoluciones constituyen los actos jurisdiccionales por excelencia, sin cuya facultad no se entendería la razón por la cual tendría que nombrarse al sustituto del juez en sus ausencias vacacionales, por ser evidente que la función jurisdiccional tiene como característica primordial el pronunciamiento de las resoluciones que deban recaer a los asuntos que se encuentren bajo la potestad del juzgador. En cambio, en el segundo supuesto, relativo a la omisión de la designación, los secretarios encargados de los juzgados de distrito sólo pueden fallar los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los titulares disfruten de vacaciones, en razón de que en ese caso aquéllos, por ministerio de ley, quedan encargados del despacho del juzgado, y al no haber sido nombrados sustitutos del juez y por no contar con facultades amplias de decisión jurisdiccional, conforme al indicado artículo 161, sólo podrán dictar el fallo definitivo en los juicios de amparo cuyas audiencias se celebren dentro del periodo vacacional del titular del juzgado, sin necesidad de contar con autorización por parte del Consejo para resolver dichos juicios. Contradicción de tesis 69/2009. Entre las sustentadas por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz". C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades que cuya ejecución se verifica dentro del territorio en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, incluida la ampliación de demanda hecha valer en el presente asunto, se advierte que los actos reclamados consisten en: a) La solicitud por parte de la Junta responsable a las autoridades ejecutoras, en el sentido de levantar el gravamen sobre el bien inmueble embargado en el juicio ordinario laboral 1B-940/2014 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en relación a la casa habitación ubicada en avenida Juárez número 235, colonia Juárez de esta ciudad, así como el inminente levantamiento del aludido embargo; y, b) Del Director del Registro Público de la Propiedad, Raíz y de Comercio del Estado, y del Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales, ambos residentes en esta ciudad, en cuanto autoridades ejecutoras, el levantamiento de gravamen llevado a cabo el veintitrés de mayo pasado, respecto al inmueble citado supralíneas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos; además, tales asentimientos se vieron corroborados con las constancias que acompañaron como sustento de los mismos; documental que en términos de lo dispuesto por los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, tienen el carácter de prueba plena. Apoya lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos". CUARTO. Estudio de causas improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese sentido, tal como lo hace valer la Junta responsable, se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción IX, de la ley de la materia, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Del numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, entendiéndose por esto, contra actos vinculados a su trámite y resolución definitiva, o bien, en cumplimiento a las determinaciones tomadas en el procedimiento de amparo. Ahora, se procede a realizar una narración de los antecedentes que originaron los actos reclamados en la presente instancia constitucional. I. Mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad capital, Nora Dimas Jacobo promovió demanda de amparo, en contra del Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de quienes reclamó el emplazamiento al juicio laboral 1B-940/2014, promovido por el aquí quejoso Ismael Gutiérrez Romero, en contra de José Luis Baltazar Vega y Nora Dimas Jacobo; y, como consecuencia, todo lo actuado en la contienda aludida; II. Una vez llevada a cabo la secuela procesal de dicho sumario constitucional, por sentencia con engrose de veintiséis de julio dos mil dieciocho, se determinó negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión; III. En contra de la referida sentencia, se promovió recurso de revisión, el cual fue resuelto por ejecutoria de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: "75. SÉPTIMO. Decisión en el juicio de amparo indirecto. Al reasumir jurisdicción este Tribunal Colegiado, por haberse demostrado la ilegalidad del emplazamiento reclamado, conforme lo argumentado en el considerando quinto de este ejecutoria, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Nora Dimas Jacobo, al haberse violado la garantía de audiencia que instrumenta el derecho al debido proceso, porque como se ha visto, el emplazamiento que se le practicó en el expediente laboral de origen es ilegal, al haberse efectuado en un domicilio inexistente. 76. Por lo anterior, en restitución del derecho vulnerado, la autoridad responsable, Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán deberá: 1. Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral 1B-940/2014 de su índice, única y exclusivamente por lo que corresponde a la aquí quejosa, hasta la audiencia de nueve de septiembre de dos mil catorce; 2. Ordenar reponer el procedimiento en el controvertido adyacente, a partir de la actuación señalada y solo por lo que hace a la aquí quejosa; y 3. Proveer lo necesario para que Nora Dimas Jacobo sea legalmente emplazada a dicho controvertido, hecho lo anterior deberá continuar con la secuela procesal inherente, hasta su total conclusión [.]" IV. Subsecuentemente, en la etapa de ejecución de sentencia en aquel controvertido, mediante oficio presentado el veintiocho de marzo de este año, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada del acuerdo de veintidós de marzo de este año, dictado en el juicio laboral número 1B-940/2014, a través del cual, para cumplir con la sentencia de amparo, se realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente todo lo actuado en dicho juicio, únicamente en lo que corresponde a la quejosa y aquí tercera interesada, hasta la audiencia de nueve de septiembre de dos mil catorce, por ende, dejó sin efectos el laudo emitido el tres de marzo de dos mil quince; 2. Ordenó reponer el procedimiento a partir de la actuación señalada y solo por lo que ve a la aquí tercera con interés y se provea lo necesario para que sea legalmente emplazada a dicho controvertido y se continúe en la etapa procesal que corresponda; 3. Ordenó girar oficio la Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, para efecto de llevar a cabo la cancelación del gravamen trabado sobre el inmueble embargado con fecha nueve de noviembre de dos mil quince -acto reclamado en la presente instancia-; 4. Se comisionó al actuario adscrito a dicha junta, para que notificara, emplazara y apercibiera a la demandada y tercera interesada Nora Dimas Jacobo. V. Con motivo de lo anterior, en auto de veintinueve de marzo del año en curso dictado en el referido juicio de amparo IX-73/2018, se requirió a la junta responsable, para que una vez que recibiera las constancias de cancelación del gravamen derivado del juicio natural, las remitiera a este órgano jurisdiccional; por lo que por oficio presentado el diez de junio del año en curso, el Presidente de la junta responsable, allegó la constancia de cancelación de gravamen ordenado en el expediente laboral de origen, bajo los datos: registro 00000042, del tomo 0002694, del libro de cancelaciones totales -también constituye acto materia de reclamo en el presente juicio de amparo-; VI. Posteriormente, en actuación de nueve de septiembre de la presente anualidad, se estimó que la autoridad laboral responsable incurrió en exceso al cumplimentar la sentencia de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que determinó levantar el embargo en el juicio de origen en torno al diverso codemandado José Luis Baltazar Vega, cuando al mismo ya se le había negado el amparo que en su oportunidad promovió y por tanto, no se podría dejar insubsistente el embargo de inmueble que pesa en su contra -vía efecto y consecuencia de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio-, ya que se estaría desconociendo lo resuelto en aquel juicio y favoreciendo a una parte a la que no se le concedió la tutela constitucional y que ya no se encuentra en un mismo plano procesal respecto de la quejosa y aquí tercera interesada Nora Dimas Jacobo, para los efectos de la cumplimentación de la sentencia de amparo, lo cual era del conocimiento de la propia responsable y que debió tener en consideración al momento de cumplir con el fallo protector. Motivos por los cuales, en el referido auto de nueve de septiembre del presente año, se requirió a la Junta para que realizara las gestiones necesarias para que únicamente se dejara insubsistente el embargo de inmueble en torno de la aquí tercera interesada Nora Dimas Jacobo y quedara subsistente el embargo en la parte alícuota que corresponda en torno al diverso codemandado José Luis Baltazar Vega. VII. Después de diversos informes y requerimientos formulados, por oficio presentado el tres de diciembre actual, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó la copia certificada de la constancia expedida por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, en la que se hace constar la inscripción de embargo de la casa habitación ubicada en avenida Juárez, número 235, colonia Juárez de este ciudad, respecto de la parte alícuota de José Luis Baltazar Vega, decretado en el juicio laboral número 1B-940/2014 de origen. Por lo anterior, y previa vista dada a las partes, en proveído de esta misma fecha dictado en el referido juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estimó que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumplieron con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, ya que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral 1B-940/2014 de su índice, única y exclusivamente por lo que corresponde a la aquí tercera interesada Nora Dimas Jacobo, hasta la audiencia de nueve de septiembre de dos mil catorce, ordenando reponer el procedimiento en dicho controvertido, a partir de la actuación señalada y solo por lo que hace a la aquí tercera con interés; y comisionando al actuario adscrito para que emplazara a la referida tercera con interés a dicho litigio laboral, pero dejando subsistente la inscripción de embargo de la casa habitación ubicada en avenida Juárez, número 235, colonia Juárez de este ciudad, respecto de la parte alícuota del codemandado José Luis Baltazar Vega, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Los datos vertidos, se invocan como un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es aplicable la jurisprudencia sustentada, cuyos datos de identificación y contenido se transcriben a continuación: "Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 172215 Segunda Sala Tomo XXV, Junio de 2007 Página 285 Jurisprudencia (Común) HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco". Ahora, como se evidenció en los antecedentes que se narran, en el particular el quejoso reclama tanto la solicitud de levantar en su totalidad el gravamen, constituido respecto de un bien inmueble con motivo de la tramitación del juicio ordinario laboral 1B-940/2014 del índice de la Junta responsable, consistente en la casa habitación ubicada en avenida Juárez número 235, colonia Juárez de esta ciudad, así como el levantamiento del aludido embargo, lo cual realizaron las autoridades responsables en acatamiento a la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada en el juicio de amparo IX-73/2018 del índice de este órgano jurisdiccional. En ese orden de ideas, se observa que el promovente reclama actos cuyo verificativo se generaron con motivo de la ejecución de la sentencia dictada dentro del juicio de amparo IX-73/2018, lo que resulta improcedente, pues ello implicaría la tramitación de juicios de amparo contra actos dictados en otros de la misma naturaleza, entendiéndose por esto contra actos vinculados a su trámite, o bien, en ejecución de los mismos, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los Jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías y, de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de igual naturaleza, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional, lo que no es admisible. Se considera de tal manera, ya que se debe tener en cuenta que la ley de la materia establece los recursos y medios de impugnación que proceden ante alguna irregularidad en el trámite o resolución de un juicio de garantías, son esos medios de impugnación los que han de hacerse valer; por lo que, resulta claro que la demanda de garantías que se analiza, en torno al referido acto, deviene improcedente, al actualizarse la citada causal prevista por la ley de la materia. Entonces, como el acto que aquí se reclama fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro de diverso juicio de amparo número IX-73/2018 del índice estadístico de este mismo juzgado, resulta inconcuso que opera la invocada causal de improcedencia. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es decretar el sobreseimiento en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento. Se invocan en apoyo a lo anterior, los criterios de contenido literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 171753 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 140/2007 Página: 539 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías. Contradicción de tesis 81/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 8 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Antonio Abel Aguilar Sánchez". (Énfasis añadido) "Tesis: 1a. LXX/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 182624 Primera Sala Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Página 83 Tesis Aislada (Común) IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Reclamación 125/2003-PL. Auto Tanques Estrella, S. de R.L. de C.V. y otra. 11 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Incluso, si se pensara que contra los actos reclamados fuera procedente su estudio en un diverso juicio de amparo, se considera que han cesado sus efectos, toda vez que con las actuaciones desplegadas por la Junta responsable, en cumplimiento al referido fallo protector, los actos aquí reclamados ya no pueden incidir en la esfera jurídica del peticionario del amparo, en virtud de que ya no pueden producir efecto alguno, dado que han sido sustituidos procesalmente por otro, con el que se han dejado sin efectos los actos materia de reclamo. Es decir, se considera que todos los efectos de los actos reclamados se vieron destruidos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas ha vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En otro aspecto, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número V-663/2019, promovido por Ismael Gutiérrez Romero, contra los actos y las autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Diferimiento de la audiencia constitucional. De inicio, es menester precisar que el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Esta regla de estudio oficioso, debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público. En ese sentido, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Sustenta lo anterior el criterio emitido por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, de contenido literal siguiente. "Época: Novena Época Registro: 176291 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 163/2005 Página: 319 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Contradicción de tesis 121/2003-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de jurisprudencia 163/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco". La anterior jurisprudencia se invoca aun cuando hubiere sido integrada conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, vista la certificación de cuenta de la que se obtiene que el diverso juicio de amparo IX-73/2018 del índice de este juzgado, promovido por Nora Dimas Jacobo, se encuentra estrechamente relacionado con el presente asunto, toda vez que los actos que aquí se reclaman surgieron con motivo de las acciones que realizó la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en aquel juicio. Además, que por auto de once de julio del año en curso, en el referido juicio de amparo, se requirió a la responsable lo siguiente: "1) Remita copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 1B-940/2014. 2) Allegue copia certificada del auto o determinación donde se ordenó constituir embargo sobre el inmueble antes señalado. 3) Remita constancia de la inscripción del embargo realizado en el juicio de origen." Asimismo, que mediante acuerdo de cuatro de diciembre actual, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes con la documental que remitió la Junta responsable, consistente en copia certificada de la inscripción de embargo respecto de la parte alícuota de José Luis Baltazar Vega, decretado en el juicio laboral número 1B-940/2014, ello, con la finalidad de proveer sobre el cumplimiento dado al fallo protector. En ese orden de ideas, tomando en consideración a que el juicio de amparo en mención se encuentra en la etapa de cumplimiento de la sentencia de amparo y que lo resuelto en aquélla puede actualizar una causa de improcedencia en este asunto, a fin de evitar determinaciones contradictorias, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva
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Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Diferimiento de la audiencia constitucional. Primeramente, es menester precisar que el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público. En ese sentido, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Sustenta lo anterior el criterio emitido por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, de contenido literal siguiente. "Época: Novena Época Registro: 176291 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 163/2005 Página: 319 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Contradicción de tesis 121/2003-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de jurisprudencia 163/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco". La anterior jurisprudencia se invoca aun cuando hubiere sido integrada conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, vista la certificación de cuenta de la que se obtiene que el diverso juicio de amparo IX-73/2018 del índice de este juzgado, promovido por Nora Dimas Jacobo, se encuentra estrechamente relacionado con el presente asunto, toda vez que los actos que aquí se reclaman surgieron con motivo de las acciones que realizó la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en aquel juicio. Además, que por auto de once de julio del año en curso, en el referido juicio de amparo, se requirió a la responsable lo siguiente: "1) Remita copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 1B-940/2014. 2) Allegue copia certificada del auto o determinación donde se ordenó constituir embargo sobre el inmueble antes señalado. 3) Remita constancia de la inscripción del embargo realizado en el juicio de origen." Asimismo, que mediante acuerdo de veintitrés de octubre pasado, se requirió a la autoridad laboral responsable para que dé cabal cumplimiento con el fallo protector, específicamente, para que inscriba el embargo trabado únicamente con respecto a la parte alícuota que corresponda a José Luis Baltazar Vega. En ese orden de ideas, tomando en consideración a que el juicio de amparo en mención se encuentra en la etapa de cumplimiento de la sentencia de amparo y que lo resuelto en aquélla puede actualizar una causa de improcedencia en este asunto, a fin de evitar determinaciones contradictorias, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy FeEdy
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Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil diecinueve.****************************************Diferimiento de la audiencia constitucional. ********************Primeramente, es menester precisar que el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto.****************************************Esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público. ****************************************En ese sentido, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.****************************************Sustenta lo anterior el criterio emitido por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, de contenido literal siguiente.********************"Época: Novena Época ********************Registro: 176291 ********************Instancia: Primera Sala ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ********************Tomo XXIII, Enero de 2006 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: 1a./J. 163/2005 ********************Página: 319 ********************IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.********************Contradicción de tesis 121/2003-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.********************Tesis de jurisprudencia 163/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco".****************************************La anterior jurisprudencia se invoca aun cuando hubiere sido integrada conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor.****************************************Ahora, vista la certificación de cuenta de la que se obtiene que el diverso juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado, promovido por ********************, se encuentra estrechamente relacionado con el presente asunto, toda vez que los actos que aquí se reclaman surgieron con motivo de las acciones que realizó la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en aquel juicio.****************************************Además, que por auto de once de julio del año en curso, en el referido juicio de amparo, se requirió a la responsable lo siguiente: ********************"1) Remita copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 1B-940/2014.********************2) Allegue copia certificada del auto o determinación donde se ordenó constituir embargo sobre el inmueble antes señalado.********************3) Remita constancia de la inscripción del embargo realizado en el juicio de origen."****************************************Asimismo, que mediante acuerdo de veintiséis de septiembre pasado, se requirió a la autoridad laboral responsable para que dé cabal cumplimiento con el fallo protector, específicamente, para que inscriba el embargo trabado únicamente con respecto a la parte alícuota que corresponda a ********************.****************************************En ese orden de ideas, tomando en consideración a que el juicio de amparo en mención se encuentra en la etapa de cumplimiento de la sentencia de amparo y que lo resuelto en aquélla puede actualizar una causa de improcedencia en este asunto, a fin de evitar determinaciones contradictorias, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. ****************************************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva
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