Ismael Gutierrez Jimenez

Expediente 1166/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1166/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Presidente de la Junta Especial Numero 59 de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje, En Tijuana
  • Ismael Gutierrez Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo que solicitó la parte quejosa; sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al tratarse de un vicio formal, es el siguiente: El Presidente responsable deberá, con plenitud de jurisdicción, dictar el laudo dentro del expediente laboral número 387/2018; esto dentro de los plazos y de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos 885, 886, 887 y 890 de la Ley Federal del Trabajo." Requerimiento a la responsable. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, dé cumplimiento al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidos los integrantes de la junta responsable que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Por otro lado, se precisa que por ser órgano autónomo, dotado de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones, la autoridad responsable Junta Especial Número cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, no tiene superior jerárquico, al que se deba requerir conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. Lo expuesto además con base en la tesis 2a./J. 36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3515, que a la letra dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Recepción de informes. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días, a fin de que estén en aptitud de imponerse de su contenido, previo a la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, las documentales que adjunta a su informe, mismas que se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Tercero interesado. Visto el contenido de las documentales exhibidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, se advierte que le reviste el carácter de tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, al ser contraparte del quejoso en el juicio laboral 387/2018, por lo que con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce dicho carácter. Se ordena emplazamiento. Por tanto, en términos del artículo 26 fracción II, inciso b), de la Ley de amparo, gírese oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de ser emplazado a juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, su admisión y de los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de cuenta, por lo que fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1166/2019-IV. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, que por derecho propio promueve Ismael Gutiérrez Jiménez, contra las autoridades y acto señalado en la misma. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso tramitar por separado incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por el quejoso en su demanda, esta juzgadora se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en el entendido de que lo reclamado es una omisión, sin embargo, de haber emitido la resolución que corresponda, deberán remitir las constancias que la justifiquen y manifestar si constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles y completas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a quien incumpla una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso de que no rindan su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se impondrá a la autoridad omisa, en la audiencia respectiva, la multa con la que se les apercibió. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este juzgado. Conocimiento previo. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se les reclama, ya sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estados de este Juzgado de Distrito. Se autoriza al secretario del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Ahora, en relación a su solicitud en el sentido de que se requiera por las constancias relativas al expediente laboral 387/2018, se reserva de acordar a su petición, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado y en caso de que no se remitan las constancias señaladas se requiera por las mismas. Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Señalamientos autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, dado que sí cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de las constancias que se glosan y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas persona que nombra en su escrito de demanda expresamente para ello. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese en términos de ley.

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