Ismael Guillermo Gamboa Fonseca

Expediente 675/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
675/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Ismael Guillermo Gamboa Fonseca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 675/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 167 y 169), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran mención alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; así mismo con apoyo a la tesis 2ª/J.22/2021 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE." En primer término, cabe decir que por sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 126 a 140), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "La autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó a la planilla de liquidación demanda incidental de origen y, en su lugar, sin incurrir en la deficiencia que motivó el sentido de la presente sentencia, esto es, sin aplicar las referencias porcentuales relativas al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión", dicte otra que conforme a derecho corresponda, en la que proceda al estudio de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa y determine en principio que las referencias porcentuales en el caso en concreto son las que corresponden a las del "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" según se establece para tal efecto el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas aplicable al presente asunto. (.) En corolario de lo anterior, se reitera la concesión del amparo solicitado, para el efecto de que el juez responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó a la planilla de liquidación demanda incidental de origen y, en su lugar, sin incurrir en la deficiencia que motivó el sentido de la presente sentencia, esto es, sin aplicar las referencias porcentuales relativas al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión", dicte otra que conforme a derecho corresponda, en la que proceda al estudio de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa y determine en principio que las referencias porcentuales en el caso en concreto son las que corresponden a las del "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" según se establece para tal efecto el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas aplicable al presente asunto. (.)" Mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 167 a 169), causó ejecutoria la sentencia y en la misma actuación, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 1941/2022 de veinticinco del mismo mes y año (foja 162) el actuario judicial adscrito al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, remitió copia autorizada de los proveídos de dieciocho y veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (fojas 163 a 166), emitidos en el juicio oral mercantil 6/2020 de su índice en los que determinó dejar sin efectos la sentencia de trece de enero de la anualidad en curso, la audiencia de pruebas y alegatos de veinte de julio de dos mil veintidós correspondiente al incidente de liquidación de intereses moratorios promovido por la parte actora, así como la resolución de dicha incidencia pronunciada el veinticinco de julio del propio año; además, de todo lo actuado con relación a la ejecución del fallo. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versan en que la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, deje insubsistente la resolución que recayó a la planilla de liquidación demanda incidental de origen y, en su lugar, sin aplicar las referencias porcentuales relativas al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión", dicte otra que conforme a derecho corresponda, en la que proceda al estudio de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa y determine en principio que las referencias porcentuales en el caso en concreto son las que corresponden a las del "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" según se establece para tal efecto el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas aplicable al presente asunto. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que se dejó insubsistente la resolución de dicha incidencia pronunciada el veinticinco de julio del propio año, así como todo lo actuado con relación a la ejecución del fallo. Por lo tanto, desapareció el objeto de la concesión del amparo al no poder restituirse las cosas al estado que guardaban antes de la violación, esto es, dejar insubsistente la interlocutoria de veinticinco de julio de dos mil veintidós y, emitir una nueva determinación siguiendo los lineamientos establecidos por este órgano jurisdiccional. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, tal como se advierte de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós (fojas 42 a 44 relativo al incidente de suspensión original), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 167 y 169), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran mención alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; así mismo con apoyo a la tesis 2ª/J.22/2021 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE." En primer término, cabe decir que por sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 126 a 140), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "La autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó a la planilla de liquidación demanda incidental de origen y, en su lugar, sin incurrir en la deficiencia que motivó el sentido de la presente sentencia, esto es, sin aplicar las referencias porcentuales relativas al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión", dicte otra que conforme a derecho corresponda, en la que proceda al estudio de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa y determine en principio que las referencias porcentuales en el caso en concreto son las que corresponden a las del "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" según se establece para tal efecto el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas aplicable al presente asunto. (.) En corolario de lo anterior, se reitera la concesión del amparo solicitado, para el efecto de que el juez responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó a la planilla de liquidación demanda incidental de origen y, en su lugar, sin incurrir en la deficiencia que motivó el sentido de la presente sentencia, esto es, sin aplicar las referencias porcentuales relativas al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión", dicte otra que conforme a derecho corresponda, en la que proceda al estudio de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa y determine en principio que las referencias porcentuales en el caso en concreto son las que corresponden a las del "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" según se establece para tal efecto el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas aplicable al presente asunto. (.)" Mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 167 a 169), causó ejecutoria la sentencia y en la misma actuación, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 1941/2022 de veinticinco del mismo mes y año (foja 162) el actuario judicial adscrito al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, remitió copia autorizada de los proveídos de dieciocho y veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (fojas 163 a 166), emitidos en el juicio oral mercantil ********************de su índice en los que determinó dejar sin efectos la sentencia de trece de enero de la anualidad en curso, la audiencia de pruebas y alegatos de veinte de julio de dos mil veintidós correspondiente al incidente de liquidación de intereses moratorios promovido por la parte actora, así como la resolución de dicha incidencia pronunciada el veinticinco de julio del propio año; además, de todo lo actuado con relación a la ejecución del fallo. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versan en que la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, deje insubsistente la resolución que recayó a la planilla de liquidación demanda incidental de origen y, en su lugar, sin aplicar las referencias porcentuales relativas al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión", dicte otra que conforme a derecho corresponda, en la que proceda al estudio de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa y determine en principio que las referencias porcentuales en el caso en concreto son las que corresponden a las del "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" según se establece para tal efecto el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas aplicable al presente asunto. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que se dejó insubsistente la resolución de dicha incidencia pronunciada el veinticinco de julio del propio año, así como todo lo actuado con relación a la ejecución del fallo. Por lo tanto, desapareció el objeto de la concesión del amparo al no poder restituirse las cosas al estado que guardaban antes de la violación, esto es, dejar insubsistente la interlocutoria de veinticinco de julio de dos mil veintidós y, emitir una nueva determinación siguiendo los lineamientos establecidos por este órgano jurisdiccional. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, tal como se advierte de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós (fojas 42 a 44 relativo al incidente de suspensión original), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que, se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a la parte quejosa (fojas 126 a 140), HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Por otra parte, agréguese el oficio 1868/2022 signado con firma electrónica por el actuario judicial adscrito al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene al homólogo Federal informando en proveído de nueve de los actuales, tuvieron por recibidos los testimonios de las ejecutorias de los amparos directos 141/2022 y 143/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, residente en Xalapa, Veracruz, de los cuales se aprecia se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la aquí tercera interesada Zurich Santander Seguros, Sociedad Anónima para dejar sin efectos la sentencia dictada en el juicio oral mercantil 6/2020 de la estadística del Juzgado de mérito. Asimismo, glósese el oficio 1941/2022 de veinticinco de los actuales, del cual se aprecia dejó sin efectos la audiencia de pruebas y alegatos de veinte de julio del año en curso, la resolución de veinticinco de julio del año en curso, y todo lo actuado en la ejecución del fallo, lo anterior dentro del juicio natural descrito en el párrafo que antecede; con relación a los anexos que acompañó, se aprecia el proveído de dieciocho de los actuales se tuvo por recibido el juicio oral mercantil 6/2020, así como la ejecutoria dictada en el amparo directo 143/2020. Ahora, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, que se circunscriben a: "La autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó a la planilla de liquidación demanda incidental de origen y, en su lugar, sin incurrir en la deficiencia que motivó el sentido de la presente sentencia, esto es, sin aplicar las referencias porcentuales relativas al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión", dicte otra que conforme a derecho corresponda, en la que proceda al estudio de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa y determine en principio que las referencias porcentuales en el caso en concreto son las que corresponden a las del "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" según se establece para tal efecto el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas aplicable al presente asunto. (.) En corolario de lo anterior, se reitera la concesión del amparo solicitado, para el efecto de que el juez responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó a la planilla de liquidación demanda incidental de origen y, en su lugar, sin incurrir en la deficiencia que motivó el sentido de la presente sentencia, esto es, sin aplicar las referencias porcentuales relativas al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión", dicte otra que conforme a derecho corresponda, en la que proceda al estudio de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa y determine en principio que las referencias porcentuales en el caso en concreto son las que corresponden a las del "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" según se establece para tal efecto el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas aplicable al presente asunto. (.)" No obstante, en virtud de los comunicados que para tal efecto se proveen, se estima innecesario requerir a la responsable para efectos de informar a este Órgano Jurisdiccional su cumplimiento. En consecuencia, como el presente fallo constitucional ya causó ejecutoria, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, con las promociones con registro 20077 y 20162 -con su anexo- de cuenta, por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por el multicitado Homólogo Federal, con las cuales se ordenó formar un cuaderno de pruebas -en proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós (foja 87)- en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Lo que se notifica por este conducto al tercero interesado por así estar ordenado en autos.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación. Por escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintidós, por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta localidad, y turnado a este Juzgado Federal al día siguiente, ISMAEL GUILLERMO GAMBOA FONSECA presentó demanda de amparo contra actos del 1. Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, mismos que serán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Admisión. Por auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós (fojas 28-32) este Juzgado Cuarto de Distrito acordó admitir la demanda en sus términos; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento y fijar fecha y hora para celebrar audiencia constitucional. TERCERO. Tercero interesado. Por auto de nueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 87-88) se acordó tener como tercera interesada a Zurich Santander Seguros México, sociedad anónima, a quien se ordenó emplazar al presente juicio; lo que así se tuvo por hecho (fojas 117) sin que hubiera comparecido al mismo Finalmente, al haber quedado debidamente integrado el presente asunto con el informe justificado rendido por la autoridad responsable (foja 38); encontrarse emplazado el tercero interesado (foja 117); la audiencia constitucional tuvo verificativo el día y hora señalado para tal fin, sin que hasta la fecha obre constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se reclama una resolución emitida en fase de ejecución de la sentencia dictada en un juicio oral mercantil, con la cual se pretende liquidar la cuantía de algunas prestaciones a las que fue condenada a parte demandada, lo que es susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales de la parte quejosa, relativos a la garantía de legalidad, lo cual es impugnable en amparo indirecto. Por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Finalmente, por cuestión del territorio, toda vez que se tiene jurisdicción en el lugar en el que tiene su residencia la autoridad responsable, ante quien se sigue el juicio mercantil de origen. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo, de las constancias de los autos, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio es: La resolución de veinticinco de julio de dos mil veintidós, que no aprobó la planilla de liquidación de intereses moratorios promovida por la parte aquí quejosa, en los autos del juicio oral mercantil 6/2020 del índice del juzgado responsable. El acto recamado que fue notificado a la parte quejosa el veintiséis de julio de dos mil veintidós (foja 154 vta. del cuaderno de pruebas anexo a constancias); tal como se ordenó en la resolución combatida. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad (foja 38); pues así lo reconoció al rendir su informe justificado, lo cual es acorde al criterio jurisprudencial del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, lo anterior se corrobora con las copias certificadas relativas al juicio oral mercantil 6/2020 de su índice, pues de éstas se advierte la existencia de la resolución aquí combatida (fojas 148-154 del cuaderno de pruebas anexo a constancias). A dichas documentales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia del rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto recamado que se precisó en el punto anterior, conforme a los agravios formulados, cuya transcripción se omite al no existir disposición que lo exija. QUINTO. Estudio. El concepto de violación que esgrime la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, como se expone a continuación. MARCO NORMATIVO En atención a que la cuestión a dirimir en el presente asunto está relacionada con trasgresiones a la garantía de fundamentación y motivación a que hace referencia el artículo 16 constitucional, es conveniente referir la regulación constitucional y legal de tal aspecto. La garantía de la fundamentación y motivación que requiere el acto reclamado, ésta encuentra su origen en la parte conducente del artículo 16 constitucional que es del contenido siguiente: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En principio, cabe decir que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su primera parte, garantiza el derecho humano relativo a la legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento a la determinación adoptada por la autoridad responsable. En ese tenor, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de ésta y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulen en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación, ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, como lo es en este último caso el juicio de amparo. Una de las interpretaciones respecto de los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el precepto constitucional de previa cita, es la establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, se invoca el criterio jurisprudencial número 139/2005, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Lo anterior también ve reflejo en los artículos 1325, 1327 y 1329 del Código de Comercio, de los que se deprende, en una interpretación integral de los mismos, que la autoridad jurisdiccional debe emitir sus resoluciones apegadas a la claridad, precisión y congruencia a efecto de resolver exhaustivamente los puntos que integran la litis de reclamación; pero sobre todo, observando la adecuación que debe existir entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso; numerales que son del contenido siguiente: Art. 1,325. La sentencia debe ser clara, y al establecer el derecho, debe absolver ó condenar. Art. 1,327. La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación. Art. 1,329. Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con la debida separación la declaración correspondiente á cada uno de ellos. Así pues, de los numerales anteriormente citados se desprende que las sentencias (entendidas éstas en un sentido amplio) que emitan las autoridades jurisdiccionales en materia mercantil, deben ser congruentes con la demanda y la contestación, así como con el resto de las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos del debate; pero, sobre todo, con el contenido de la resolución misma. Pero sobre todo, en el caso de las resoluciones que resuelven las planillas de liquidación propuestas por las partes para la ejecución de la sentencia dictada en los mismos, éstas deben ser congruentes a la litis planteada, pero sobre todo con la parte considerativa de la sentencia que se ejecuta, a fin de cumplir con la congruencia exigida. Lo anterior guarda sentido con la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, cuyas consideraciones que la informan comparte este órgano jurisdiccional, que es del contenido siguiente: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIO CELEBRADO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. LA SENTENCIA QUE LO RESUELVA DEBE SER CONGRUENTE A LA LITIS PLANTEADA. Cuando durante la secuela de un juicio ejecutivo mercantil las partes celebran convenio de transacción respecto a lo reclamado, y ante el incumplimiento del mismo, la actora promueve incidente de liquidación en el cual señala determinada suma, y por su parte la demandada alude a otra diversa, pero la autoridad juzgadora, al dictar la interlocutoria respectiva, toma como base una cantidad distinta a la señalada por las partes en conflicto, con ello emite una resolución incongruente. Además, en relación con las aludidas resoluciones que dirimen las planillas de liquidación que se propongan en la fase de ejecución de sentencia en los juicios mercantiles, se destaca que en términos de lo dispuesto en el artículo 1348 del Código de Comercio, el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. Orienta a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del contenido siguiente: PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. Por otro lado, atendiendo al tema que corresponde al asunto en lo principal, se destaca que en interpretación del artículo 276 de la ley General de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la ejecutoria de la Contradicción de Tesis 280/2020 de su índice, las siguientes consideraciones: "(.) 78. Ahora bien, una vez precisado el anterior marco referencial acerca del principio de congruencia que deben cumplir las sentencias, es necesario hacer alusión al texto de la disposición en estudio, que establece lo siguiente: "Artículo 276. Si una institución de seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente: "I. Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, al valor de éstas en la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y su pago se hará en moneda nacional, al valor que las unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo. "Además, la institución de seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el cual se capitalizará mensualmente y cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora; "II. Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, adicionalmente al pago de esa obligación, la institución de seguros estará obligada a pagar un interés moratorio el cual se capitalizará mensualmente y se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los Estados Unidos de América, de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora; "III. En caso de que a la fecha en que se realice el cálculo no se hayan publicado las tasas de referencia para el cálculo del interés moratorio a que aluden las fracciones I y II de este artículo, se aplicará la del mes inmediato anterior y, para el caso de que no se publiquen dichas tasas, el interés moratorio se computará multiplicando por 1.25 la tasa que las sustituya, conforme a las disposiciones aplicables; "IV. Los intereses moratorios a que se refiere este artículo se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y hasta el día en que se efectúe el pago previsto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento; "V. En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por mora consistirá únicamente en el pago del interés correspondiente a la moneda en que se haya denominado la obligación principal conforme a las fracciones I y II de este artículo y se calculará sobre el importe del costo de la reparación o reposición; "VI. Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo. El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá efecto legal alguno. Estos derechos surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por la ley para el pago de la obligación principal, aunque ésta no sea líquida en ese momento. "Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las partes o en la resolución definitiva dictada en juicio ante el Juez o árbitro, las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo deberán ser cubiertas por la institución de seguros sobre el monto de la obligación principal así determinado; "VII. Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere demandado el pago de la indemnización por mora establecida en este artículo, el Juez o árbitro, además de la obligación principal, deberá condenar al deudor a que también cubra esas prestaciones conforme a las fracciones precedentes; "VIII. La indemnización por mora consistente en el sistema de actualización e intereses a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del presente artículo será aplicable en todo tipo de seguros, salvo tratándose de seguros de caución que garanticen indemnizaciones relacionadas con el impago de créditos fiscales, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. "El pago que realice la institución de seguros se hará en una sola exhibición que comprenda el saldo total por los siguientes conceptos: "a) Los intereses moratorios; "b) La actualización a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo; y, "c) La obligación principal. "En caso de que la institución de seguros no pague en una sola exhibición la totalidad de los importes de las obligaciones asumidas en el contrato de seguros y la indemnización por mora, los pagos que realice se aplicarán a los conceptos señalados en el orden establecido en el párrafo anterior, por lo que la indemnización por mora se continuará generando en términos del presente artículo, sobre el monto de la obligación principal no pagada, hasta en tanto se cubra en su totalidad. "Cuando la institución interponga un medio de defensa que suspenda el procedimiento de ejecución previsto en esta ley, y se dicte sentencia firme por la que queden subsistentes los actos impugnados, el pago o cobro correspondientes deberán incluir la indemnización por mora que hasta ese momento hubiere generado la obligación principal, y "IX. Si la institución de seguros, dentro de los plazos y términos legales, no efectúa el pago de las indemnizaciones por mora, el Juez o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, según corresponda, le impondrán una multa de 1000 a 15000 días de salario. "En el caso del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 278 de esta ley, si la institución de seguros, dentro de los plazos o términos legales, no efectúan el pago de las indemnizaciones por mora, la comisión le impondrá la multa señalada en esta fracción, a petición de la autoridad ejecutora que corresponda conforme a la fracción II de dicho artículo." 79. De la transcripción anterior se desprende que en el supuesto en que una institución de seguros no cumpla con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora. 80. Esta indemnización por mora, de conformidad con la fracción I, se encuentra formada por dos componentes, a saber: a) la actualización de la obligación principal mediante su conversión a unidades de inversión (UDIS); y, b) la imposición de intereses moratorios. 81. En cuanto al primero, debe indicarse que las UDIS son unidades de inversión que fueron creadas mediante un programa de restructuración de adeudos mediante el Decreto por el que se Establecen las Obligaciones que Podrán Denominarse en Unidades de Inversión y Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación de uno de abril de mil novecientos noventa y cinco, y tienen la finalidad de indexar o actualizar el monto de la obligación de pago en moneda nacional, al ritmo de la inflación.(12) En otras palabras, tienen por objeto mantener el valor de la suma adeudada. 82. Cabe destacar que esta condena oficiosa no infringe el principio de congruencia, cayendo en el vicio de extra petita, pues tiene como finalidad actualizar el monto de la obligación de pago en moneda nacional, al ritmo de la inflación, lo cual se realiza con base en las obligaciones reclamadas y condenadas por el juzgador una vez desarrollada la secuela procesal. 83. Respecto al segundo, vale mencionar que el concepto "interés", en sentido estricto, se identifica con el provecho, rendimiento o utilidad que se obtiene del dinero y, en un sentido más amplio, envuelve la compensación en dinero o en cualquier valor que recibe el acreedor en forma accesoria al cumplimiento de una obligación, los cuales pueden ser ordinarios o moratorios.(13) Sobre este punto, se hace énfasis en que, mercantilmente, los intereses ordinarios son distintos a los moratorios, porque la naturaleza de los primeros es contractual, mientras que los segundos se imponen como una sanción al incumplimiento de la obligación dentro del plazo correspondiente.(14) 84. En cuanto a la condena al pago de intereses moratorios, aunque el actor no lo haya reclamado como prestación, si bien podría considerarse un vicio extra petita, en tanto que se emite una sentencia de conformidad con algo que no fue solicitado por las partes; sin embargo, como se resolvió en el amparo directo en revisión 1918/2018, la intervención oficiosa del juzgador estará limitada a cuestiones excepcionalmente consideradas indispensables por el legislador para que el actor obtenga sentencia favorable. 85. Así, los intereses moratorios provienen del incumplimiento en la entrega de la suma asegurada y consisten en la sanción que se impone por la entrega tardía del dinero (suma asegurada) de acuerdo con lo pactado en el contrato de seguro. En otras palabras, la condena fijada por el precepto al pago de intereses moratorios se impone debido a que la institución de seguros no cumplió con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro dentro de los plazos legales estipulados para su cumplimiento. 86. Ahora, la fracción VII del precepto multicitado, establece con claridad que, una vez substanciado el juicio, en el supuesto en que resultara procedente la reclamación, el Juez de origen, aunque no se hubiere demandado el pago de la indemnización por mora prevista en el precepto, deberá condenar al deudor tanto al pago de la obligación principal, como al pago del resto de las prestaciones conforme a lo dispuesto en el propio precepto. 87. De tal manera que, la parte que reclame a una institución de seguros el cumplimiento de un contrato de seguro no necesariamente está obligado a señalar como prestación la indemnización por mora prevista en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, pues el propio precepto impone la obligación a los juzgadores de imponer la condena, en caso de estimar fundada la pretensión de la demandante. 88. Cabe destacar que el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, expedida en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil trece, recoge su texto del diverso 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la cual quedó abrogada por aquélla, y que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 135 Bis. Si la empresa de seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro al hacerse exigibles legalmente, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente: "I. Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, al valor de éstas en la fecha de su exigibilidad legal y su pago se hará en moneda nacional al valor que las unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. "Además, la empresa de seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora; "II. Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, adicionalmente al pago de esa obligación, la empresa de seguros estará obligada a pagar un interés moratorio que se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los Estados Unidos de América, de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora; "III. En caso de que no se publiquen las tasas de referencia para el cálculo del interés moratorio a que aluden las fracciones I y II de este artículo, el mismo se computará multiplicando por 1.25 la tasa que las sustituya, conforme a las disposiciones aplicables; "IV. En todos los casos, los intereses moratorios se generarán por día, desde aquél en que se haga exigible legalmente la obligación principal y hasta el día inmediato anterior a aquél en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento; "V. En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por mora consistirá en el pago del interés correspondiente a la moneda en que se haya denominado la obligación principal conforme a las fracciones I y II de este artículo y se calculará sobre el importe del costo de la reparación o reposición; "VI. Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo. El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá efecto legal alguno. Estos derechos surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por la ley para la exigibilidad de la obligación principal, aunque ésta no sea líquida en ese momento. "Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las partes o en la resolución definitiva dictada en juicio ante el Juez o árbitro, las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo deberán ser cubiertas por la empresa de seguros sobre el monto de la obligación principal así determinado; "VII. Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere demandado el pago de las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo, el Juez o árbitro además de la obligación principal, deberá condenar al deudor a que también cubra esas prestaciones conforme a las fracciones precedentes; y, "VIII. Si la empresa de seguros, dentro de los plazos y términos legales, no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas le impondrá una multa de mil a diez mil días de salario, y en caso de reincidencia se le revocará la autorización correspondiente." (El resaltado es propio). 89. Tal numeral fue adicionado a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de enero de mil novecientos noventa y siete, en donde se efectuaron las modificaciones siguientes: "Artículo 135 Bis. Si la empresa de seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: "I. Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con las disposiciones aplicables y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. "Las empresas de seguros deberán pagar un interés sobre la obligación denominada en unidades de inversión, el cual se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25 el costo anual de captación a plazo de los pasivos denominados en unidades de inversión, de las instituciones de banca múltiple del país, publicado en el Diario Oficial de la Federación, para el mes inmediato anterior a aquél en que se realice el cálculo, dividido entre doce. Los intereses se generarán mes a mes, desde aquél en que se incumpla la obligación y hasta el mes en que se realice el pago, aun cuando sólo haya transcurrido una fracción de los mismos; y "II. Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, además del pago de esa obligación, las empresas de seguros estarán obligadas a pagar un interés que se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25 la tasa más alta de rendimiento del instrumento que emita el Gobierno Federal denominado en dólares de los Estados Unidos de América, que se haya emitido en el mes de que se trate, a falta de éste, se utilizará la correspondiente al último mes que haya estado vigente. Los intereses se generarán mes a mes desde aquél en que se incumpla la obligación y hasta el mes en que se realice el pago, aun cuando sólo haya transcurrido una fracción de los mismos. "Son irrenunciables los derechos del acreedor establecidos en este artículo, que tienen el carácter de mínimos y el pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no producirá efecto alguno. Estos derechos surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por la ley para la exigibilidad de la obligación principal. "En caso de juicio en el que se condene al pago de la obligación principal, el Juez o árbitro, de oficio, deberá formular en su sentencia o laudo, la condena accesoria al pago de las indemnizaciones mínimas a que se refiere este artículo." (El resaltado es propio) 90. Al respecto, en la exposición de motivos de la iniciativa de decreto presentada por el presidente de la República, que originó la adición del precepto en comento, se sostuvo lo siguiente: "... En cuanto a la garantía que representa la reserva específica para obligaciones pendientes del cumplir que deben constituir las empresas de seguros durante el procedimiento, en la iniciativa se establece un cambio importante en beneficio de la seguridad de las partes. En efecto, las disposiciones vigentes prevén que los productos de esta reserva serán en beneficio del demandante si la reclamación resulta procedente y se señala que cuando el monto de los intereses moratorios a que se condene a una institución de seguros fuere mayor al producto de la inversión de la reserva, la institución deberá cubrir la diferencia. "Lo anterior ha originado diversas formas de interpretar esta disposición con el propósito de dejar claro los derechos de los asegurados y las obligaciones de las aseguradoras, se ha determinado establecer un sistema de actualización del monto reclamado en moneda nacional, en unidades de inversión a partir del momento en que la obligación se hace exigible, estableciendo además un interés por incumplimiento. "Se establece que estos derechos son irrenunciables y que el pacto que pretenda extinguirlos no producirá efecto alguno y surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por la ley para la exigibilidad de la obligación principal ..." 91. En ese sentido, la imposición de la indemnización por mora surge por el solo transcurso del plazo establecido por la ley para la exigibilidad de la obligación principal. Su finalidad consiste en generar un efecto disuasorio, mediante la imposición de la sanción referida, para las aseguradoras que no cumplen con sus obligaciones a tiempo, es decir, evitar que se sigan llevando a cabo conductas que dificulten el pago.(15) 92. De manera que la imposición de oficio de la indemnización por mora encuentra sustento en la conducta que han desplegado las instituciones de seguros, y que orillaron al legislador a establecer un correctivo que se actualice por el solo transcurso del tiempo en el cual han incumplido sus obligaciones, de allí que esta norma constituye una excepción al principio de congruencia, pues aun cuando no haya sido solicitado, el juzgador estará obligado a su otorgamiento. (.)" Del criterio anterior se obtiene que el cálculo de la indemnización por mora tiene como finalidad actualizar el monto de la obligación de pago en moneda nacional, al ritmo de la inflación; es decir, con ello se pretende evitar la pérdida del valor de la obligación de pago por el transcurso del tiempo. En tanto que, también se establece, el "interés", en sentido estricto, se identifica con el provecho, rendimiento o utilidad que se obtiene del dinero y que envuelve la compensación en dinero o en cualquier valor que recibe el acreedor en forma accesoria al cumplimiento de una obligación, los cuales pueden ser ordinarios o moratorios. Finalmente, ha de precisarse que en términos de la fracción IV del citado artículo 276 de la ley General de Instituciones de Seguros y Fianzas, se impone la obligación de que el cálculo de los intereses moratorios a que fue condenada la aseguradora demandada, se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento y hasta el día en que se efectúe el pago, por lo cual, para su cálculo, las tasas de referencia deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de las copias certificadas que remitió en justificación de sus actos la autoridad responsable (fojas 39-86 y cuaderno de pruebas anexo a constancias) y que, en lo que al caso importa, son los siguientes: a) El juicio ordinario mercantil 6/2020 (procedimiento de origen) fue promovido por ISMAEL GUILLERMO GAMBOA FONSECA, en contra del tercero interesado, Zurich Santander Seguros México, sociedad anónima, a quien demandó, entre otras prestaciones, la indemnización por robo en efectivo por retiro en ventanilla Santander, sin aplicar deducible alguno, por no haberse establecido en la póliza del contrato de seguro base de la acción, así como el pago de los intereses moratorios, y el pago de los gastos y costas del juicio (fojas 39-66). b) Luego que finalmente se admitiera la demanda de dicho juicio (foja 67-72); se emplazara a la parte demandada y que se sustanciara en todas y cada una de sus etapas procesales el citado juicio ordinario mercantil, el trece de enero de dos mil veintidós se dictó sentencia condenatoria (fojas 74-86) en la que se condenó a la parte demandada, entre otras obligaciones, a pagar intereses moratorios conforme a lo dispuesto en el artículo 276, fracciones I, III y IV, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en el que se hace referencia a la aplicación de los porcentuales relativos al "Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" correspondientes a los meses de abril de dos mil dieciocho al mes de abril de dos mil veintidós. c) En periodo de ejecución de la sentencia del juicio mercantil de origen, el veinticinco de mayo del mismo año (foja 43-61 y 62-110 del cuaderno de pruebas anexo a constancias) la parte actora en el presente juicio, aquí quejosa, promovió la planilla de liquidación de la referida sentencia; respecto de la cual, mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós (fojas 116-118 del cuaderno de pruebas anexo a constancias) se requirió a la citada parte actora para que aclarará el citado escrito de planilla de liquidación, lo cual se realizó por la citada parte ejecutante, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós (foja 128 del cuaderno de pruebas anexo a constancias). d) Enseguida aparece que en diverso auto de nueve de junio de dos mil veintidós (foja 131-132 del cuaderno de pruebas anexo a constancias) se dio trámite a la citada planilla de liquidación de los intereses moratorios -que se determinaron con base en la aplicación del artículo 276, fracciones I, III y IV, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y con las impresiones de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de "Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" correspondientes a los meses de abril de dos mil dieciocho al mes de abril de dos mil veintidós- y que se ordenó notificar a la parte demandada reo; lo que se hizo electrónicamente el diez de junio de dos mil veintidós (foja 136 del cuaderno de pruebas anexo a constancias) pero sin que hubiera desahogado la vista aludida. e) Luego, previa petición presentada por escrito el veintidós de junio de dos mil veintidós (foja 137 del cuaderno de pruebas anexo a constancias) mediante acuerdo de veintisiete de junio siguiente (foja 139 del cuaderno de pruebas anexo a constancias) se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos relativa al incidente de liquidación de mérito, misma que, tras un diferimiento de la misma (foja 141 del cuaderno de pruebas anexo a constancias) ésta tuvo lugar el veinte de julio de dos mil veintidós (foja 145 del cuaderno de pruebas anexo a constancias). f) Finalmente, el citado incidente de liquidación fue resuelto mediante interlocutoria de veinticinco de julio de dos mil veintidós (fojas 148-154 del cuaderno de pruebas anexo a constancias) en el sentido de no aprobar la planilla de liquidación propuesta, sustancialmente el argumento que es del contenido siguiente: En cuanto a la obtención de la obligación correspondiente, en Unidades de Inversión, a la fecha en que se comenzaron a generar los intereses, el incidentista señala que el monto de la obligación principal de ciento cuatro mil pesos dividido entre el valor de las Unidades de Inversión al día treinta de abril de dos mil dieciocho, el cual ascendía a 4.57, arroja un total de 22,757.11 -veintidós mil setecientos cincuenta y siete punto once Unidades de Inversión. En cuanto a ello, de la dirección electrónica. la cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio al de Comercio, se advierte que al treinta de abril de dos mil dieciocho, el valor de la Unidad de Inversión ascendía a 6.023212; de ahí que, al realizar la división respectiva se obtiene como resultado 17,257.939149834 Unidades de Inversión y no las que refiere el actor. En las relacionadas consideraciones, no se está en aptitud de analizar la planilla expuesta en virtud de que parte de premisas falsas, atento a lo previsto en los párrafos que anteceden, ya que como quedó precisado, el valor de la unidad de inversión que debió tomarse en cuenta para la conversión respectiva, es errónea, lo cual ocasiona que el resto de las operaciones planteadas por el promovente no sean las correctas. Sin que en el caso proceda actuar conforme a lo establecido en el criterio jurisprudencial antes relacionado, atento a que, en el caso en concreto, no se trata de ajustar las sumas establecidas por el incidentista, ya que no incide en simples errores aritméticos, sino que implicaría realizar la planilla en su totalidad atento a que el actor partió de un valor erróneo, lo cual vulneraría el principio de equilibrio procesal entre las partes así como el de estricto derecho que rige a la materia mercantil, ya que el juzgador no puede de oficio subsanar las irregularidades o inconsistencias planteadas por las partes. La resolución a que se refiere el punto anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio, y hasta aquí la relatoría de antecedentes del mismo. SUBSUNCIÓN Del escrito de la demanda de amparo se advierte que el quejoso sostiene que la resolución impugnada es ilegal, porque considera que el juez de autos concluyó en los términos que expuso partiendo de un concepto inexacto, esto es, el relativo al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión" en lugar de aplicar el correspondiente al de "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" que es el que establece el procedimiento que señala el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas aplicable al presente asunto, para determinar el cálculo de los intereses moratorios a que fue condenada la parte demandada. Lo anterior es fundado, pues como bien lo sostiene la parte quejosa, se advierte que el juez responsable incurrió en una deficiente fundamentación y motivación al emitir la resolución que se impugna, puesto que en ésta se aplicó inexactamente la referencia de un concepto que determina el cálculo de los intereses moratorios a que fue condenada la parte demandada, esto es, el relativo al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión", cuando el aplicable es el que el que establece el procedimiento que señala el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas, es decir, el "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)". De ahí que, si el juez del proceso concluyó que las referencias porcentuales aportadas por el quejoso resultan inexactas, esto es, las que obtuvo de las del "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)", por considerar que no son las aplicables en el asunto, sino las diversas que se publican como "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión". En esos términos, queda patente que se ha trasgredido en perjuicio del quejoso el derecho fundamental relacionado con la legalidad, puesto que su decisión se ha apartado de la directriz considerativa que se impuso en la sentencia cuya condena al pago de los intereses moratorios se pretende liquidar en términos del artículo 276, fracciones I, III y IV, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en el que se hace referencia a la aplicación de los porcentuales relativos al "Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)", que corresponden a los meses de abril de dos mil dieciocho al mes de abril de dos mil veintidós, que es precisamente la directriz a que se refiere la parte considerativa de la sentencia dicada en aquel juicio. CONCLUSIÓN En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, se concede el amparo y protección de la justicia de la unión a ISMAEL GUILLERMO GAMBOA FONSECA, para los siguientes: EFECTOS La autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó a la planilla de liquidación demanda incidental de origen y, en su lugar, sin incurrir en la deficiencia que motivó el sentido de la presente sentencia, esto es, sin aplicar las referencias porcentuales relativas al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión", dicte otra que conforme a derecho corresponda, en la que proceda al estudio de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa y determine en principio que las referencias porcentuales en el caso en concreto son las que corresponden a las del "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" según se establece para tal efecto el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas aplicable al presente asunto. En congruencia con lo anterior, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación que expone la parte quejosa en su demanda de amparo, relativos a la violación que hace consistir en que el juez del proceso, en contravención al derecho al acceso de justicia, se abstuvo de regular la planilla propuesta y aprobar la que estimara apegada a derecho; además de haber incurrido, sugiere, en un evidente retardo en la administración en justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia que es del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS." Máxime que se considera que el citado argumento en todo caso resultaría infundado, atendiendo que la postura asumida por el juez del proceso se sostuvo sobre la base de que los elementos aportados no corresponden a los que a su consideración son los que corresponde aplicar en la especie; esto es, que los porcentuales "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" aportados por la parte quejosa, resultaron inaplicables, y por lo cual resulta necesario contar con aquellos porcentuales que consideró aplicables, es decir los relativos al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión". De ahí que en una interpretación teleológica del artículo 1348 del Código de Comercio, se puede concluir que es a las partes a quienes corresponde presentar la planilla de liquidación correspondiente, lo que implica que alleguen los datos necesarios para su cuantificación -en el caso y a consideración del juez responsable, los porcentuales del "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión"- a fin de colmar el ejercicio pleno del derecho de liquidación que deviene por virtud de la sentencia dictada en el juicio. Por tanto, contrario a lo que sugiere el quejoso, se considera que el proceder atribuido no está vinculado con un simple requisito formal, sino con un verdadero derecho sustancial que implica el completo ejercicio de la acción incidental y poner ante el juez de los autos los elementos necesarios para proceder, pues solo así, y aun ante un eventual error de cálculo que pueda advertir en su momento, pueda regular la cuantificación propuesta y conforme a derecho corresponda. Además, se considera que resulta infundado el atribuido retardo en la administración en justicia por parte del juez responsable, cometido en el procedimiento incidental de mérito, si se tiene en cuenta que en dicho incidente aparece que la parte actora promovió la planilla de liquidación de la referida sentencia el veinticinco de mayo de dos mil veintidós; que se previno en acuerdo del treinta de mayo de dos mil veintidós; fue aclarado mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós; admitido a trámite el nueve de junio de dos mil veintidós; notificado el diez de junio de dos mil veintidós, y sin ser desahogada la vista por la parte demandada, el veinte de julio de dos mil veintidós se celebró la audiencia de pruebas y alegatos en dicho incidente de liquidación, para finalmente, dictar la resolución interlocutoria el veinticinco de julio de dos mil veintidós. En términos de lo anterior y atendiendo que, conforme a lo dispuesto en el al artículo 107, fracciones IV y V, en el presente juicio de amparo indirecto sólo se pude atender el procedimiento relativo a la interlocutoria dictada en el procedimiento incidental relativo y, en su caso, las violaciones cometidas en el mismo; entonces, se considera que el actuar del juez federal se encuentra dentro de los parámetros de tiempo que ocupan la función jurisdiccional de los juzgados de Distrito en esta entidad, pues se puede advertir que los acuerdos y la resolución que recayeron a las peticiones del actor, se encuentran dentro de los términos y plazos previstos en la codificación mercantil previstos para tal efecto, aun sin considerar las cargas de trabajo que exceden dicha función, pues el desahogo del citado incidente, incluso con una audiencia de por medio, se desahogó en su totalidad en tan sólo un par de meses; de ahí que en tal caso, dicho argumento deviene infundado. En corolario de lo anterior, se reitera la concesión del amparo solicitado, para el efecto de que el juez responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó a la planilla de liquidación demanda incidental de origen y, en su lugar, sin incurrir en la deficiencia que motivó el sentido de la presente sentencia, esto es, sin aplicar las referencias porcentuales relativas al "valor de la unidades de inversión o valores de la unidad de inversión", dicte otra que conforme a derecho corresponda, en la que proceda al estudio de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa y determine en principio que las referencias porcentuales en el caso en concreto son las que corresponden a las del "costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)" según se establece para tal efecto el artículo 276 de la Ley General de Seguros y Fianzas aplicable al presente asunto. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado en los artículos 1º, 16, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 74, 75 y 76, aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ISMAEL GUILLERMO GAMBOA FONSECA, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, respectivamente, por los motivos y para los efectos precisados en el quinto considerando de la misma. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este conducto a la parte tercera interesada por así estar ordenado en autos.

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