Ismael Guillen Ramirez

Expediente 104/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 22 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
104/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Ismael Guillen Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para que obre como constancia únicamente, el sobre devuelto por la oficina postal de esta ciudad, que contiene el oficio dirigido al Encargado de la Dirección de la Policía Procesal, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en cuyo dorso obra la leyenda de "domicilio insuficiente"; sin que sea necesario ordenar el reenvío de esa misiva, ya que a la fecha se ha ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a doce de agosto de dos mil veintidós. DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE LA SENTENCIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que encabeza este acuerdo, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la resolución que puso fin al presente juicio, sin que hayan hecho uso de esa prerrogativa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 ANOTACIONES Y ARCHIVO Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: CLASIFICACIÓN DEL JUICIO PRINCIPAL El presente expediente se considera depurable; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, dentro, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el penúltimo y último Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 35 de acuerdo en comento. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 4 Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 104/2022, promovido por Ismael Guillén Ramírez, ante la presencia de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, ante Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, el Secretario da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 2 a 7 2 Auto admisorio. 87 a 90 3 Emplazamiento a las autoridades responsables. 111,134,141,142,143. Y certifica: que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dos de marzo del año en curso [foja 102], sin que haya desahogado la prevención ahí decretada. Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Secretaría y Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Niega 118 2 Encargado de la Dirección de la Policía Procesal. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Niega 114 3 Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres. Ciudad. Niega 151 4 Alcaides de Guardia "A" y "B", del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres. Ciudad. Niega. 167 5 Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal. Ciudad. Niega 148 6 Comandante Regional de la Policía Especializada Frontera Costa. Ciudad. Niega 162 7 Director de la Policía Estatal Fronteriza. Ciudad. Niega 145 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar, y por cuanto han transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dos de marzo del año en curso, sin que haya desahogado las prevención ahí decretada, hágase efectivo el apercibimiento contenido en esa pieza, y téngase por inexistente a la autoridad señalada como responsable con la denominación: Director o Comandante de la Policía Estatal Preventiva, presuntamente residente en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres Ciudad. Documentales 152-161. 2 Alcaides de Guardia "A" y "B", del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres. Ciudad. Documentales. 168-174. Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. Acto continuo, se abre el de ALEGATOS, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló: Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia, la Jueza de Distrito da por concluido este acto procesal, y se dicta la siguiente sentencia. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 104/2022. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Ismael Guillén Ramírez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de esa misma fecha, se tuvo por presentado el citado libelo y se reservó proveer sobre su admisión hasta que fuera debidamente ratificada por el quejoso de mérito; se decretó la suspensión de plano de los actos proscritos en el artículo 22 Constitucional y se previno al promovente en los términos apuntados en aquella pieza. Posteriormente, en proveído de ocho de febrero del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo que generó este expediente respecto del acto consistente en la orden de traslado del quejoso del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con residencia en esta ciudad, a otro lugar de confinamiento en la República Mexicana, y en diverso auto de veintitrés de febrero del año que transcurre, se admitió a trámite el citado libelo única y exclusivamente por lo que hace a los actos de incomunicación y tortura de que adujo ser objeto el quejoso; se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que encabeza esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33 fracción IV y 37 párrafo primero de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado mediante el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, ya que los actos reclamados tendrían verificativo en el ámbito espacial en que este tribunal ejerce válidamente sus funciones. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 Como ha quedado apuntado anteriormente, en proveído de veintitrés de febrero del año que transcurre, se admitió a trámite el citado libelo única y exclusivamente por lo que hace a los actos de incomunicación y tortura de que adujo ser 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. objeto el quejoso; por lo que la presente resolución se circunscribirá al análisis de la configuración de ese acto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, el Encargado de la Dirección de la Policía Procesal, ambos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el Director y los Alcaides de Guardia "A" y "B", del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, el Comandante Regional de la Policía Especializada Frontera Costa, el Director de la Policía Estatal Fronteriza, y el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, estos últimos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. Lo anterior, concatenado con el hecho de que el quejoso, al ser requerido para que otorgara su consentimiento a ser evaluado conforme al Protocolo de Estambul, éste en diligencia de notificación de tres de junio de dos mil veintidós [foja 184], se negó a someterse a dicho estudio, aduciendo que no ha sido objeto de malos tratos de ninguna índole o tortura por parte de persona alguna, permite arribar válidamente a la conclusión de que los actos de tortura e incomunicación reclamados son inexistentes y, por ende, se configura la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio de garantías. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K3, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: 3 Registro No. 187728. Publicada en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Ahora bien, toda vez que en la audiencia que antecede se declaró inexistente a la autoridad responsable denominada como: Director o Comandante de la Policía Estatal Preventiva, presuntamente residente en esta ciudad; por tanto, debe decirse que no existen los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ismael Guillén Ramírez, contra los actos reclamados al Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, al Encargado de la Dirección de la Policía Procesal, ambos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; al Director y los Alcaides de Guardia "A" y "B", del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, al Comandante Regional de la Policía Especializada Frontera Costa, al Director de la Policía Estatal Fronteriza, y al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, estos últimos con residencia en esta ciudad, en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, y lístese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, quien a su vez es asistida por Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la demanda de amparo que les dio origen se admitió a trámite por lo que hace al acto reclamado consistente en la tortura de que dice el quejoso Ismael Guillén Ramirez, fue objeto. En esa tesitura, y tomando en consideración que el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establece que en los casos en que se reclaman actos de tortura es menester que se procure a la víctima un análisis médico-psicológico especializado para determinar la configuración de ese fenómeno, para el cual es obligatorio obtener el consentimiento voluntario e informado del sujeto a estudio, de conformidad con la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial, tal y como lo refiere el Protocolo de Estambul. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Por lo tanto, hágase del conocimiento del quejoso Ismael Guillén Ramírez, que de conformidad con lo que dispone el citado "Protocolo de Estambul", se le realizará una evaluación por peritos en materia de medicina, psicología y fijaciones fotográficas, y por ello, requiérasele para que en el acto de la notificación, o bien, dentro de los tres días Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 siguientes, manifieste si es su deseo que se le practique dicha evaluación; en el entendido que de no ser así, exprese si fue debidamente asesorado por su defensor, lo que implica desistir de dicha prerrogativa y cuáles son los motivos por los que se opone a ello. Realizado lo anterior, se proveerá lo que corresponda. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional relativa al presente juicio, y se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo ese acto procesal. Sin que sea necesario notificar a través de oficio el presente acuerdo, a las autoridades responsables cuyo informe o constancia de recepción obran agregados en autos, ya que esa particularidad permite a esta juzgadora colegir que se encuentran debidamente emplazadas a juicio, y por ende, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con los datos de identificación siguientes: Décima Época, Registro: 2002576, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.), Página: 1253, de texto: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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