Ismael González Vázquez
Expediente 2173/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2173/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ismael González Vázquez
- Juez Especializada En Materia de Justicia Para Adolescentes del Estado de Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintiocho de abril al doce de mayo de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de abril de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo 2173/2015-3.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de abril de dos mil dieciséis; en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, como está ordenado en proveído de veinte de abril del año, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con un oficio con registro 8115.-CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Juez Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del oficio 19848/2016, del índice de este Juzgado, mediante el cual le fue notificado el auto de veinte del presente mes y año, en el que se tuvo por recibido el expediente en que se actúa que se había remitido al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal dictara la sentencia correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En veinte de abril de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con el oficio con registro 7784 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 2173/2015-3, el cual quedó registrado en el Juzgado a su cargo como cuaderno de antecedentes 87/2016-II; en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar, el quince de abril de dos mil dieciséis; asimismo, remite un disco compacto "CD", que contiene la versión pública de la resolución que emitió y un legajo de pruebas que en su oportunidad remitió la Juez Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes, con residencia en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado. Acúsese el recibo de estilo al órgano Jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que en la resolución emitida por el citado órgano Jurisdiccional auxiliar, negó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, notifíquesele personalmente a las partes; y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se imponga de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLUTOR.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTEDE ABRILDE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SEMTENCIA EMITIDA EL QUINCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 2173/2015, promovido por Ismael González Vázquez contra un acto de la Juez Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Ismael González Vázquez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto reclamado que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de tres de diciembre de dos mil quince lo radicó bajo el expediente 2173/2015 de su índice; lo admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación; reconoció el carácter de tercero interesado a Juan Manuel Vázquez Palos y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, por auto de ocho de enero de dos mil dieciséis se reconoció el carácter de tercero interesada a la representación social que intervino en el proceso de génesis y ordenó su emplazamiento. Finalmente, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis tuvo verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. El Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 2173/2015 de su estadística a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito Auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 87/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, mediante el cual el Secretario Técnico de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama un acto emitido por autoridad residente en la jurisdicción del propio Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda en relación con el informe justificado, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que el acto impugnado es el siguiente: De la Juez Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas se reclama: La resolución de doce de noviembre de dos mil quince, en la que se negó decretar la extinción de la causa penal 94/2013 seguida contra el quejoso por considerarlo probable responsable en la comisión del ilícito de lesiones, en perjuicio de Juan Manuel Vázquez Palos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, establecida en dicha ciudad, consistente en la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, toda vez que al rendir su informe con justificación admitió la certeza del acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con la copia certificada de la carpeta administrativa relativa a la causa penal 94/2013, dentro de la que se encuentra la resolución reclamada, así como con seis discos compactos en formato DVD remitidos por la autoridad responsable, los cuales merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2, dado que la documental es pública por contener transcripciones certificadas realizadas por funcionario público, en ejercicio de sus funciones; y las segundas, por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública en sentido amplio. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 1a./J.43/2013, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, Décima Época, página 703, de epígrafe y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra respaldo en la jurisprudencia 158, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Quinta Época, Materia Común, página 262, que reza: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En ese contexto, es necesario destacar que las partes no hacen valer causas de improcedencia ni de oficio se advierte la actualización de alguna de esa naturaleza que conduzca a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que procede analizar el fondo del asunto. QUINTO. Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por reproducidos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECÉSARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero "Reglas generales", del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Previo a sintetizar los conceptos de violación es oportuno reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, a saber: 1) El cuatro de noviembre de dos mil trece se vinculó a proceso al adolescente Ismael González Vázquez por su posible participación en la comisión de los hechos señalados en la ley penal como lesiones, en perjuicio de Juan Manuel Vázquez Palos. En esa misma data se autorizó un plazo de cierre de investigación por treinta días naturales. 2) En audiencia de diez de marzo de dos mil catorce se concedió la reapertura de la investigación por un término de quince días naturales a petición de la defensa técnica del adolescente, con la finalidad de que se recabaran los medios de prueba necesarios. 3) El once de junio de dos mil catorce se concedió la suspensión del proceso a prueba por un año, comprometiéndose el adolescente González Vázquez a cumplir una serie de condiciones y como reparación del daño a ofrecer una disculpa pública a la víctima. 4) El ocho de julio de dos mil catorce -en audiencia-, el adolescente ofreció la disculpa pública a Juan Manuel Vázquez Palos. 5) El trece de junio de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia de revisión de las condiciones de la suspensión del proceso a prueba, en donde se congregaron la representación social, la víctima y el adolescente Ismael González Vázquez. Cabe destacar que en esa actuación el ofendido manifestó su inconformidad con la pretensión del quejoso, en virtud de que no se había resarcido la reparación del daño que sufrió con motivo de las lesiones ocasionadas por el sujeto activo; una vez que se fijó el debate la Juez determinó improcedente extinguir la acción penal y, por ende, no procedía decretar el sobreseimiento. 6) En desacuerdo con la determinación de la Juez, el adolescente instó juicio de amparo indirecto cuyo conocimiento correspondió al juzgado auxiliado bajo el expediente 1288/2015, fallado el cinco de octubre de dos mil quince, en el que se concedió la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable emitiera una nueva resolución fundada y motivada. 7) El doce de noviembre de dos mil quince, en cumplimiento al indicado juicio biinstancial la responsable dictó la resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, la cual se sustentó en las consideraciones siguientes: Que el trece de junio de dos mil catorce se verificó la audiencia de revisión de las condiciones de suspensión del proceso a prueba, en donde se congregaron la representación social, la víctima, la defensa particular, el adolescente imputado y la madre de éste, en la que las partes indicaron lo siguiente: El abogado defensor externó que se había cumplido con las condiciones de la suspensión del proceso a prueba así como la reparación del daño a la víctima, dado que se había ofrecido a la víctima la disculpa pública, por ende en su concepto procedía decretar la extinción de la acción penal en términos del segundo párrafo del artículo 62 de la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, ya que transcurrió el plazo sin que se haya revocado la suspensión. Por su parte, la fiscal especializada refirió que si bien se había cumplido con las condiciones a las que se había sujetado al adolescente, el ofendido externó su inconformidad en relación con la reparación del daño proveniente de las lesiones propiciadas por el adolescente; que tenía una bala alojada en la cadera y que para extraerla debía ser sometido a una operación; que para ello contaba con un presupuesto que entregó al sujeto activo desde el ocho de julio del dos mil catorce -audiencia en la que ofreció la disculpa pública- y que realizó gastos aún no cubiertos por el activo, por lo que no se conformaba con la disculpa pública; una vez que se fijó el debate la Juez responsable resolvió: Que uno de los derechos que asistían a la víctima era ser escuchado antes de decretar la extinción de la acción penal o sobreseimiento, de conformidad con la fracción V del artículo 37 de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Zacatecas, además le asistía el derecho a reclamar la reparación del daño provocado por la conducta desplegada por el entonces adolescente Ismael González Vázquez, por lo cual la manifestación de la víctima evidenciaba su inconformidad con la disculpa pública. Que si bien se había decretado la suspensión del proceso a prueba y que el plan de reparación consistió en una disculpa pública, ello se debió a que en esa audiencia no se evidenció la existencia de documentos idóneos que comprobaran erogaciones realizadas por la víctima a causa de las lesiones o constancias de gastos futuros, aunado a que ante esa autoridad la víctima al acudir a recibir la disculpa pública señaló que tenía una cotización de una cirugía para que le extrajeran una bala que tenía alojada en la cadera; empero, la representación social ni la defensa técnica propusieron la modificación al plan de reparación del daño. Que aunque las condiciones propuestas en la audiencia en donde se decretó la procedencia de la suspensión del proceso fueron cumplidas a cabalidad por el entonces adolescente, también era cierto que antes de que feneciera el plazo de un año para el cumplimiento se había externado la inconformidad y el reclamo de la víctima a que se le reparara el daño no de manera simbólica, sino que se debían cubrir los gastos que erogó y los futuros de una operación; manifestación que patentizaba la omisión de las partes técnicas para modificar el plan de reparación del daño. Que en consecuencia no podía decretar extinguida la acción penal y sobreseer en el asunto, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Justicia para Adolescentes, es decir, sólo por el transcurso del tiempo sin que la suspensión fuera revocada, sin atender el resto de las disposiciones que prevén el derecho de la víctima a que se le repare el daño, tales como los numerales 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Federal; 12, fracción II, de la Ley General de Víctimas; 37, fracción IX, de Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas y 151, fracción IX, del código procesal penal de la entidad, ya que de estimar lo contrario vulneraría el derecho de la víctima a que se repare el daño, sin verificar el cumplimiento de las condiciones y la reparación del daño, más aún cuando existen unas normas constitucional, general, especial y adjetiva penal que prevén el derecho a la reparación del daño. Máxime que en el caso sometido a su potestad, la víctima Vázquez Palos no estaba satisfecha con la disculpa pública, sino que contaba con documentos relativos a un presupuesto de una operación quirúrgica para la extracción de una bala que tenía alojada en la cadera como consecuencia de las lesiones que le provocó el entonces adolescente Ismael González Vázquez. Que en ese contexto debía conminarse a la representación social para que cotejara las documentales que le presentara la víctima y verificara su procedencia, y en caso de estar ajustadas a derecho elaborara un nuevo plan de reparación del daño que atendiera a la satisfacción de la víctima y fuera presentado a la defensa técnica del adolescente para estar en condiciones de que le fuera resarcida la reparación del daño, solamente de esa manera ese órgano jurisdiccional estaría garantizando el derecho de la víctima -en caso de que fuera procedente-; determinación que sustentó en los ordinales 1 y 20, fracción IV, apartado C, de la Constitución Federal. Ahora, el inconforme sostiene que se transgredieron en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las consideraciones siguientes: Que la reclamación de la reparación del daño por el ofendido fue inoportuna, ya que pudo acreditar la erogación de gastos con motivo de las lesiones que sufrió en anteriores fases del proceso, lo que no ocurrió, de manera que precluyó su derecho a exigirla. Que en la resolución de suspensión del proceso se estableció que la reparación del daño sería simbólica, consistente en el ofrecimiento de una disculpa al ofendido, eventualidad que ya ocurrió, por lo que en su opinión la razón expuesta por la Juez como condición para no decretar la extinción de la acción penal no estaba justificada, sino que en todo caso debió dejar a salvo los derechos de la víctima para hacerlos valer en la vía correspondiente. Que se vulneró en su perjuicio el principio de igualdad procesal en la medida que la responsable sólo debió concretarse a verificar el cumplimiento de las condiciones que le impusieron con motivo de la suspensión del proceso y no asumir una postura en favor del ofendido. Que contrario a lo resuelto por la responsable, en el caso sí se actualizaba la hipótesis prevista por el segundo párrafo del numeral 62 de la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, toda vez que transcurrió el plazo que se fijó para la suspensión del proceso -un año- sin que dicha prerrogativa fuera revocada, además de que cumplió a cabalidad con las condiciones a las que fue sujeto con motivo de la suspensión. Que en atención al principio pro persona la autoridad debió atender en su literalidad el contenido del precepto 62 de la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas y decretar el sobreseimiento de la causa penal en su beneficio, y al no haber actuado así vulneró en su perjuicio el ordinal 1 de la Carta Magna, en relación con el diverso 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los motivos de disenso antes relatados son ineficaces, por las siguientes razones. El examen de los motivos de inconformidad se verificará en orden diverso al propuesto por la parte quejosa, sin que ello constituya transgresión a alguno de sus derechos, pues la única condición que impone el artículo 76 de la Ley de Amparo es el análisis de todos los puntos materia de debate, lo que es acorde con lo estipulado por el numeral 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es ilustrativa la tesis VI.2o.C. J/304, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXIX, febrero de dos mil nueve, Novena Época, página 1767, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. Es ineficaz el motivo de reproche en el sentido de que en la especie sí se actualizaba la hipótesis prevista por el segundo párrafo del numeral 62 de la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, toda vez que transcurrió el plazo que se fijó para la suspensión del proceso a prueba -un año- sin que dicha prerrogativa fuera revocada, además de que cumplió a cabalidad con las condiciones a las que fue sujeto; por tanto, era injustificada la negativa de la responsable. Es correcta la determinación de la Juez responsable, en tanto que no es factible dar una interpretación restringida al segundo párrafo del ordinal 62 de la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, si para ello se considera que existen otros ordenamientos de mayor jerarquía que establecen derechos en favor de la víctima, los cuales deben ser tutelados en un mismo plano de igualdad frente a las prerrogativas del acusado. En efecto, es acertada la decisión de la responsable en colocar en un mismo plano de igualdad los derechos del acusado y los de la víctima del injusto, lo que es acorde con lo preceptuado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 1 en relación con el diverso 20, apartado C, dado que no sólo debe velarse por los derechos del acusado sino también por los de la víctima u ofendido. La Constitución Federal estableció la reparación del daño como derecho fundamental de las víctimas u ofendidos de un delito, para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos de una conducta antisocial sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de aquella conducta, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse la indemnización de los perjuicios ocasionados como derecho del sujeto pasivo del delito, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima u ofendido que a los del acusado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por la conducta. Ahora, el arábigo bajo el cual fundó su pretensión el inconforme estatuye: Artículo 62. La suspensión del proceso a prueba no extingue las acciones civiles de la víctima o de terceros. Sin embargo, si la víctima recibe pagos en virtud de la procedencia de la suspensión, éstos se destinarán a la indemnización por daños y perjuicios que le pudiere corresponder. Transcurrido el plazo que se fije sin que la suspensión fuere revocada, se extinguirá la acción, debiendo el juez dictar de oficio o a petición de parte, el sobreseimiento. Durante el periodo de suspensión del proceso a prueba de que tratan los artículos precedentes quedará suspendida la prescripción de la acción. Esa disposición debe armonizarse con las diversas que regulan la institución de la suspensión del proceso, habida cuenta que no es solamente el transcurso del tiempo lo que determina la extinción de la acción penal como lo pretende el inconforme, sino que es fundamental verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas, es decir, si han sido satisfechas, si se ha reparado el daño y sí el imputado ha cometido o no otro delito, ya que sólo entonces se extinguirá la acción penal; se afirma lo anterior, porque el cumplimiento de las condiciones está relacionado con las finalidades de la suspensión del proceso y los objetivos que persigue el propio sistema de justicia. La aplicación de ese instrumento (suspensión del proceso) implica la renuncia al juicio y a la imposición de penas en supuestos concretos y bajo ciertos requisitos o condiciones. Lo anterior permite afirmar que los fines de la suspensión del proceso a prueba son los siguientes: a) Evitar la continuación de la persecución penal y la eventual imposición de una sanción punitiva al imputado que podría ocasionar que éste sufriera un proceso de estigmatización; b) Atender los intereses de la víctima a quien se reparará el daño que le fue causado; c) Racionalizar la intervención de la justicia penal logrando, por la evitación del trámite del proceso, ahorro de recursos estatales, la descongestión o descarga de casos tramitados y la concentración de los órganos del sistema penal en la persecución y juzgamiento de los delitos más graves; y, d) Lograr efectos preventivos especiales sobre el presunto infractor para hacer posible el fin de reinserción social. Desde esa perspectiva, la suspensión del proceso se ha consagrado en el ordenamiento jurídico porque se considera que su instrumentación coadyuvará a realizar el programa penal de la Constitución que busca como el fin de la reinserción social, sin tener que dictar una sentencia, atender los intereses de la víctima que desde la nueva regulación constitucional se vuelven prioritarios y beneficiar al imputado sustrayéndolo del proceso judicial y evitando su contacto con la cárcel. Ahora, en relación al segundo de los fines de la suspensión del proceso a prueba -atender los intereses de la víctima a quien se reparará el daño que le fue causado-, la solicitud debe contener como uno de los requisitos de procedencia un plan de reparación del daño que se causó por el delito, es decir, un esquema detallado de la manera en que se propone reparar el perjuicio, la cual puede consistir en una indemnización equivalente al daño causado por el injusto, cumplirse de forma inmediata o a plazos y ser económica, simbólica o efectuarse mediante alguna prestación. El Código Penal para el Estado de Zacatecas, con el objeto de propiciar un acuerdo entre las partes sobre la forma de reparar el daño permite la realización de un procedimiento de conciliación, lo que significa que el Juez efectuará un control de razonabilidad del ofrecimiento contenido en la solicitud, es decir, debe verificar que satisfaga las exigencias de la víctima, entendimiento que coincide con los fines de la suspensión del proceso. Es importante que la víctima esté satisfecha con el plan de reparación propuesto como con claridad lo establece el artículo 105, tercer párrafo, del indicado código, pero habrá ocasiones en que aun con el desacuerdo, el Juez después de analizar la propuesta la juzgue razonable y proceda a avalarla. Como se aprecia, la reparación del daño es requisito necesario para la procedencia de la suspensión y para considerar cumplidas las condiciones que lleven a hacer posible la extinción de la acción penal. Se hace la acotación anterior aun cuando la suspensión condicional del proceso no forma parte de la litis, sin que ello signifique su estudio, lo que se justifica en la medida que lo resuelto en ella es el punto de partida de los motivos de reproche del inconforme. En ese contexto, está justificada la determinación de la autoridad responsable en tanto que para decretar extinta la acción penal estaba obligada a verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la suspensión del proceso a prueba y ante la manifestación expresa de la víctima en el sentido de que no había sido reparado el daño que le fue ocasionado por el imputado no era susceptible decretar el sobreseimiento de la causa penal. De igual manera, es ineficaz el motivo de reproche en el que afirma que la responsable transgredió en su perjuicio el principio de igualdad procesal en la medida que debió concretarse a verificar el cumplimiento de las condiciones que le impusieron y no condicionar la extinción de la causa penal a la reparación del daño, como lo hizo en beneficio del ofendido. Efectivamente, el principio de igualdad procesal que estima el inconforme transgredido coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido del delito, por ello debe velarse no sólo por los derechos de aquél, sino también por los de la víctima; de ahí que conforme a la amplitud de protección establecida por el artículo 1 Constitucional y acorde con el principio de equilibrio procesal entre las partes en materia penal, así como con el reconocimiento de la calidad de parte activa en el sistema procesal a favor de la víctima fue correcta la determinación de la Juez responsable al tutelar el derecho del sujeto pasivo del delito a la reparación de los daños ocasionados reconociéndole la misma importancia que a los del encausado. Las consideraciones antes expuestas encuentran respaldo en la tesis III.2o.P.69 P (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Materias Constitucional y Penal, Décima Época, página 1949, que informa: JUSTICIA ALTERNATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. ANTE LA IGUALDAD PROCESAL QUE TIENEN LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL, EL NO CONVOCAR A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO A LA AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 56-BIS DE LA LEY RELATIVA, VULNERA LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO Y OBLIGA A SU REPOSICIÓN PARA QUE SE SUBSANE DICHA OMISIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coloca en un mismo plano de igualdad los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido del delito, por ello, debe velarse no sólo por los derechos de aquél, sino también por los de ésta; de ahí que, conforme a la amplitud de protección establecida en el citado precepto constitucional, y acorde con el principio de equilibrio procesal entre las partes en materia penal, así como con el reconocimiento de la calidad de parte activa en el sistema procesal a favor de la víctima u ofendido del delito, si en el proceso penal respectivo, no se le convocó para el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 56-Bis de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, se vulneran las reglas del procedimiento, en términos del artículo 173, fracciones XV y XXII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, lo que obliga a ordenar su reposición para que se subsane dicha omisión. De igual manera, es ineficaz el motivo de reproche cuando se aduce que la víctima no reclamó en etapas anteriores por sí o a través de la representación social la reparación del daño, lo que en su opinión denotaba su conformidad, más aún cuando en la resolución de suspensión del procedimiento se le obligó a una reparación simbólica con el ofrecimiento de una disculpa pública al ofendido, eventualidad que ya ocurrió. Contrario a lo que estima el inconforme es acertada la determinación de la Juez responsable, en virtud de que si bien es verdad que se aprobó la suspensión del proceso a prueba con la propuesta de reparación del daño, en ese caso simbólica, también es cierto que ello ocurrió en razón de que en esa audiencia no ocurrió la víctima ni se evidenció que haya realizado erogaciones anteriores ni futuras a causa de las lesiones que le propició el imputado. Ahora, el hecho de no haya existido oposición del Ministerio Publico o de la víctima sobre la reparación del daño en etapas previas no significa que esta última esté satisfecha con el ofrecimiento de la disculpa pública, ya que lo cierto es que desde que fue citado para recibir la disculpa el agraviado externó su inconformad con la reparación del daño, haber realizado gastos y que tenía una cotización de una cirugía para la extracción de una bala alojada en la cadera con motivo de las lesiones provocadas por el acusado; manifestaciones que como acertadamente lo estimó la responsable evidenciaban su desaprobación con la reparación del daño y como quedó establecido en líneas precedentes era importante que reparara el daño causado a fin de considerar cumplidas las condiciones que hicieran posible la extinción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento del asunto. En el mismo sentido deviene ineficaz el argumento en el que sostiene que precluyó el derecho de la víctima para reclamar la reparación del daño; para sostener esta afirmación es necesario hacer la precisión siguiente, la preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas se desarrollan en forma sucesiva mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales, esto es, extinta o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto éste ya no podrá ejecutarse nuevamente; por tanto, dicha institución únicamente se actualiza en relación con la diversidad de actos meramente procesales que realizan las partes en el proceso. En ese sentido, el derecho para pedir la reparación del daño no es objeto de preclusión, sino que se encuentra limitado por la prescripción. Respecto del plazo de prescripción de la acción para pedir la reparación del daño, el ordinal 117 del código adjetivo de la entidad, de aplicación supletoria a la ley que rige el acto reclamado, en la parte que interesa establece: Artículo 117. En el proceso penal la acción para obtener la reparación del daño sólo podrá ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal...". Conforme a la indicada norma la acción de la reparación del daño es concomitante a la vigencia de la acción persecutoria, es decir, mientras subsista la pretensión punitiva del Estado es susceptible la reclamación de la reparación del daño por la víctima u ofendido. En el caso que nos ocupa no se había decretado extinta la persecución punitiva del Estado, por consiguiente fue acertada la determinación de la responsable de considerar la reclamación a la reparación del daño solicitada por la víctima. En otra vertiente, sostiene el peticionario de amparo que incorrectamente la Juez responsable supeditó la extinción de la acción penal hasta que se reparara el daño ocasionado al ofendido, ya que en su opinión en todo caso debió dejar a salvo los derechos de aquél para exigirla por la vía civil, como lo señala en lo conducente el artículo 62 de la Ley de Justicia para Adolescentes, el cual indica: La suspensión del proceso a prueba no extingue las acciones civiles de la víctima o de terceros. Dicho motivo de queja es ineficaz, toda vez que como quedó establecido en líneas precedentes uno de los requisitos para considerar cumplidas las condiciones que lleven a hacer posible la extinción de la acción penal lo constituye la reparación del daño, exigencia que correctamente verificó la autoridad responsable, por lo cual la hipótesis normativa invocada por el quejoso no es aplicable al caso concreto, sino que pudiera serlo en los asuntos en donde la víctima no está satisfecha con la reparación del daño que consideró el Juez para decretar la suspensión del proceso penal, por lo que podrá pedir la reclamación por la vía civil. Finalmente, deviene ineficaz el motivo de queja en el que se alega que se transgredió en perjuicio del inconforme el principio pro persona o pro homine en la medida que la responsable debió atender en su literalidad el contenido del artículo 62 de la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas y decretar el sobreseimiento de la causa penal. Tal argumento es ineficaz porque la negativa de la responsable no constituye transgresión al principio pro personae, toda vez que su aplicación no puede servir de base para soslayar requisitos de procedibilidad, ya que el citado principio exige analizar el contenido y el alcance de los derechos humanos para interpretarlos y aplicarlos de la manera más favorable para la persona, pero no conlleva contravenir otros principios como el de legalidad y el de seguridad jurídica, como sucedió en la especie dado que la autoridad responsable verificó los requisitos de procedencia de la extinción de la causa penal y concluyó que uno de ellos no se había colmado, de ahí que determinó su improcedencia; por lo tanto, ese actuar no transgrede el indicado principio en agravio del quejoso. Es ilustrativa la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 1, Decima Época, página 893, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Tampoco se advierte transgresión alguna de las prerrogativas del inconforme contenidas en la Convención de los Derechos del Niño. Bajo este contexto, se resuelve que es legal y constitucional el acto reclamado y, por tanto, no viola los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Carta Magna en perjuicio de Ismael González Vázquez. Consecuentemente, ante lo ineficaz de los conceptos de violación y al no advertir motivo alguno por el que la queja deficiente deba suplirse lo procedente es negar el amparo y la protección solicitados. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ismael González Vásquez respecto del acto atribuido a la Juez Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de doce de noviembre de dos mil quince pronunciada dentro de la causa penal 94/2013, por las consideraciones vertidas en el sexto considerando de la presente sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 87/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, asistido de Anastacia Pérez España, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy quince de abril de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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