Ismael González Torres

Expediente 1393/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1393/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Ismael González Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Encargada del Departamento Contencioso de la Delegación Estatal de Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual remite las impresiones de pantalla respecto de las nóminas del quejoso ........ y tomando en consideración que mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (foja 55), se tuvo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, comunicando que aceptó la competencia declinada por esta órgano federal; en consecuencia se acuerda: Remítase el oficio de mérito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, para los efectos legales a que haya lugar en el juicio de amparo 1487/2018-I de su índice; sin que haya lugar a dejar copia certificada de dicha promoción toda vez que la misma se encuentra digitalizada. Asimismo, remítanse las piezas postales relativas a los oficios 40220/2018, 40221/2018, 36856/2018 y 40219, para los efectos legales conducentes el referido juicio de amparo.

  2. Principal

    Agréguese el oficio con registro 29473, visto su contenido, se provee: Se tiene a la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, acusando recibo del oficio 40218/2018 a través del cual se remitió el expediente del juicio de amparo del que deriva el presente expedientillo. Informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número 1487/2018-I de los del índice de la autoridad oficiante. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese el presente expedientillo, como asunto totalmente concluido. Destrúyase el mismo, transcurrido cinco años siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo general.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ISMAEL GONZÁLEZ TORRES, EL ACUERDO DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo la vista para que la partes se impongan del informe rendido por la Cámara de Diputados; así como está pendiente que rinda el informe requerido a la Delegación número 08 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en el Estado Chihuahua, en autos de dieciséis y veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 54, 55, 102 y 103); de igual forma, que están señaladas las doce horas con quince minutos del seis de septiembre de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no ha lugar a señalar nueva fecha para tal efecto, en atención a lo acordado en párrafos subsecuentes. Agréguese los oficios de cuenta, visto sus contenidos, se provee: Téngase a los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria "1" y "2", informando que el quejoso . Ahora bien, visto el estado procesal de autos y la demanda de amparo promovida por ., por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, se provee: INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. En principio, cabe puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y de pronunciamiento oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309, Tomo XCVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables las siguientes: 1. Cámara de Diputados 2. Cámara de Senadores 3. Presidente de la República Mexicana A las que reclama la inconstitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con motivo de su primer acto de aplicación. Lo anterior, por estimar que para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, su previsión social resultó gravada tributariamente por la aplicación del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es del tenor siguiente: "Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: (.) IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. (.) XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del presente Título. (.) Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley." Ahora bien, de los referidos oficios de los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria "1" y "2", se advierte que informan que el quejoso . , tiene registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes como domicilio fiscal el ubicado en. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto Sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subsecuentes que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que del criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de la vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción territorial se ubica. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 426, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de 2009, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.- Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subcuentas que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica". Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 146/2002, de la Novena Época, emitida por la referida Segunda Sala, visible en el Tomo XVII, página 324, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de enero dos mil tres, cuyo y rubro señalan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos". En ese tenor, es dable establecer, que la norma combatida es de carácter fiscal y su ejecución se materializó en el lugar donde tiene su domicilio fiscal la parte quejosa; es decir, en Chihuahua, Chihuahua. Por lo que se concluye que el juez competente para conocer de la presente demanda, debe ser el que ejerza jurisdicción en el lugar donde la parte quejosa prestó sus servicios y, en consecuencia, se le efectuó el pago de salarios y la retención correspondiente al impuesto que se tilda de inconstitucional. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, previendo en su primer párrafo que lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En este sentido, esta autoridad federal se considera incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, pues de la lectura del escrito de demanda y de las constancias descritas, no se observa que dicho acto se ejecute, o se haya ejecutado en la jurisdicción de este tribunal, motivo por el cual su ejecución, por el contrario, como se vio, se realizó fuera de la demarcación que compete a esta autoridad federal. Lo anterior es así, puesto que los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (.)". "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Asimismo, lo anterior se adminicula con la constancia de retención que exhibió la parte quejosa con su demanda de garantías, así como con las constancias recabadas de oficio por esta Juzgadora y que obran en autos, esto es: De la constancia de retención a que se refiere la parte quejosa, en la que se le aplicó el artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que exhibió con su demanda de amparo, en el que aparece como retenedor Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (fojas 32 y 33), se advierte lo siguiente: En el apartado de "Datos del Trabajador o asimilado a salarios" aparece el rubro consistente en "Clave de la Entidad Federativa donde prestó sus servicios (5)" el cual contiene el número "08". Asimismo al pie de dicha constancia de sueldos en el número (5) señala: 01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán. 32 Zacatecas. De lo que se advierte que el número 08 que se señaló en el rubro de "Clave de la Entidad Federativa donde prestó sus servicios (5)", corresponde a: "Chihuahua". Por oficio con registro 22351, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Puebla informó que la parte quejosa se encuentra adscrita a la Unidad de Medicina Familiar Número 33, Delegación 08, con sede en el Estado de Chihuahua (foja 52). Mediante oficio con registro 24000, el apoderado legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable informó que la parte quejosa es empleado jubilado y recibe sus pagos en la Chihuahua, Chihuahua; e, informó a partir de cuándo se realizaron las retenciones del artículo reclamado -93, fracciones IV, V y IX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en dos mil catorce y dos mil dieciséis-, y anexó copia de las constancias de retención de la parte quejosa de los ejercicios fiscales 2014 y 2016 y recibos de pago correspondientes a la primera quincena de diciembre de dos mil dieciséis y de la segunda quincena de enero de dos mil catorce.(fojas 107 a 129). Por lo anterior, si la parte quejosa reclama el artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, en el caso: -Chihuahua, Chihuahua-, y además, se realizó el pago correspondiente al quejoso en ese mismo Estado conforme a lo informado por Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable y las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente "1" y "2", Puebla, se concluye que el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido por la parte peticionaria de amparo, debe ser el del lugar en donde se encuentra su domicilio fiscal. Bajo esos lineamientos, con fundamento en los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, se estima que la competencia para conocer de la presente demanda se actualiza en favor del Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, en turno. Se ordena remitir el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, para que por su conducto sea turnado al Juzgado que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo. Solicitando el acuse el recibo correspondiente y comunique el Juez que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo, si se avoca o no al conocimiento del presente asunto. Fórmese expedientillo, háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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