Ismael González Rodríguez
Expediente 408/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Ismael González Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional celebrada a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo 408/2023-VII, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. El licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas: Se declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario Edgar Ulises González González: Juicio de amparo 408/2023-VII, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, contra actos de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del juicio de amparo con el que se da cuenta, así también, que ninguna de las partes compareció al desahogo de la misma. El Juez: Secretario, efectúe una relación de las constancias que integran el presente asunto: El Secretario: Se da cuenta con el escrito inicial de demanda de garantías, el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, Tamaulipas (fojas 1 a 6, y 20). El Juez: Se tiene al Secretario haciendo una relación de las constancias que integran el presente juicio de amparo; igualmente, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. El Juez: Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El Secretario: Se da cuenta con las documentales que acompañó la parte quejosa a su demanda de garantías, escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de mayo del año en curso, así como las que allegó la autoridad responsable a su informe justificado rendido en este asunto y sus oficios 1216/2023, 3510/2023, 4176/2023 (fojas 7 a 12, 21 a 25, 30 a 35, 40 a 51, 55 a 66, 97 a 101, 108 a 1112). El Juez: Con apoyo en el precepto 119 de la ley de la materia, ténganse por admitidas y desahogadas las pruebas documentales detalladas y al no haber más que relatar, se declara cerrado dicho período y abierto el de alegatos. El Secretario: Se hace constar que el apoderado de la parte quejosa hizo valer alegatos de su intención a través de su escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de mayo de la presente anualidad (fojas 37 a 39). El Juez: Ténganse por formulados los alegatos del representante legal de la parte agraviada, los cuales de ser procedentes se tomarán en consideración en el dictado de la sentencia que se pronuncie en este asunto. Enseguida, se declara cerrado el período de alegatos y se procede a dictar la resolución correspondiente en los siguientes términos: S E N T E N C I A Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************, por conducto de su apoderado ********************, contra actos de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, Tamaulipas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, ********************, por conducto de su apoderado ********************, promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, lo siguiente: ".se impugna por infundado e improcedente, ACUERDO DE AUTORIDAD QUE DECLARA INCOMPETENCIA PARA CONTINUAR PROCEDIMIENTO JUICIO LABORAL dentro del juicio especial laboral del expediente ********************, en trámite ante la autoridad responsable." Asimismo, narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 123 apartado A, constitucional y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. El veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada en el libro de gobierno bajo el número 408/2023-VII; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo según el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del estudio integral de la demanda de garantías se desprende que el acto que reclama la parte quejosa de la autoridad señalada como responsable, es: El auto emitido el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, del índice de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual se declina competencia para conocer del citado asunto a la Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la ciudad de México. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado que se atribuye a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Reynosa, Tamaulipas, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado en este asunto, por conducto de su presidenta; además se desvirtúa con las constancias de autos de donde se destaca el proveído reclamado de catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************; documental que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese contexto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; y ." De la trascripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Bien, la interpretación del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, mismos que tutela la Constitución por medio de los derechos humanos, citando como ejemplos la vida, la libertad, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; mientras que los actos de ejecución reparable o intraprocesales no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reflexionó sobre el alcance de la expresión "actos de imposible reparación" para la procedencia del juicio de amparo indirecto a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece. Así, el Máximo Tribunal interpretó que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Puede afirmarse que con esta aclaración el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Tales consideraciones se reflejan en la tesis P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, pág. 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En esa línea argumentativa, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que por regla general cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016, de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Página 1086, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En suma, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese orden de ideas, cabe establecer que la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro juicio con efectos de imposible reparación, está supeditada a que las repercusiones del acto de autoridad produzcan una lesión material en las prerrogativas sustantivas del justiciable, lo cual acontece cuando se restringe el pleno ejercicio de un derecho, previo al pronunciamiento de la resolución que dirima la controversia jurisdiccional y el derecho afectado no sea de naturaleza procesal (cuya afectación no es actual, al depender de que llegue o no a trascender en el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que hace a la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, la procedencia de la instancia constitucional se encuentra supeditada a que dichos actos sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables previstos en dicha hipótesis deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa. A mayor abundamiento, en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. La ejecutoria de que dio origen a la citada jurisprudencia, estableció que el método para definir el alcance que debe dársele al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, no puede ser otro que el que sea más acorde con los principios fundamentales previstos en la constitución federal y que rigen al juicio de amparo. En tal virtud, si el legislador al crear la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, únicamente introdujo como hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto: ".Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.", sin hacer mayores especificaciones al respecto, es necesario acudir a la aplicación del principio de interpretación conforme, el cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al texto supremo a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. Así, considerando que en la Constitución se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio de amparo en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales antes mencionado previsto en la Ley de Amparo; entonces, es de colegirse que por más que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar un test de procedibilidad establecido no solo en el artículo 107 de la Constitución Política de este país, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. Situados en la parte en la que debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, debe constatarse si dicho acto es definitivo. De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e, incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), de la Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, página 5, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes5 , cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Conforme a las consideraciones planteadas, el acto de autoridad impugnado por ********************, en su carácter de apoderado de ********************, consistente en el acuerdo emitido el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, del índice de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Reynosa, Tamaulipas, proveído en el que se declina competencia para conocer del citado asunto a la Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la ciudad de México, de ninguna manera constituye un acto de imposible reparación para los efectos de la acción garante de derechos humanos. Lo anterior es así porque el acuerdo reclamado se encuentra dentro del marco de un procedimiento jurisdiccional y versa sobre una cuestión puramente procesal; por lo que debe considerarse como un acto intraprocesal de ejecución reparable que produce una lesión jurídica de naturaleza adjetiva. Compréndase, acorde al lineamiento jurisprudencial antes citado, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la legislación de la materia, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisado lo anterior, en el caso concreto, el acto reclamado no puede catalogarse como una determinación que se torne definitiva para la procedencia del juicio de amparo en los términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debido a que el auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, aún no produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos del peticionario, afectación que se actualizará hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, eventualmente, la acepte. No se soslaya que este órgano jurisdiccional por auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, previno a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días legalmente computado, manifestara si era su deseo o no, señalar como autoridad responsable al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de México, prevención que se realizó bajo el apercibimiento de que, de no cumplir con lo solicitado, se continuaría y resolvería el juicio con la ya señalada autoridad como responsable en este asunto. Sin embargo, el quejoso fue omiso en atender la prevención formulada, situación que generó que no se tuviera como autoridad responsable a la antes referida, aun cuando este órgano jurisdiccional la previno para efectos de que aclarara si deseaba hacerlo, lo anterior, como se colige del acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés. Lo que se hizo en cumplimiento a la jurisprudencia 2a./J. 30/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, Página: 250, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." En las condiciones expuestas, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en los términos establecidos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por causa de fuerza mayor, derivada de la organización de un paro a nivel nacional de labores por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales de toda la República Mexicana, lo cual genera que litigantes y personas justiciables no puedan ingresar a los inmuebles; este Juzgado de Distrito determinó suspender sus labores a partir de las doce horas del día jueves diecinueve y hasta el martes veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por lo que no corrieron términos durante esos días en los juicios que ante este Juzgado se tramitan, dado que ese periodo se consideró inhábil; ante lo cual se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las diez horas con treinta y ocho minutos del veintitrés de octubre de este año. En razón de lo anterior, se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de garantías, se advierte que mediante acuerdo de cinco del mes y año en curso, se puso a la vista de las partes el oficio 811 signado por el secretario general de acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, surtiendo efectos al día siguiente de su notificación, por lo que, a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido. Por tanto, para dar tiempo a lo mencionado en el apartado anterior, a fin de no irrogar perjuicio a las partes y siguiendo los lineamientos que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional que debería tener verificativo hoy, se difiere, y se señalan las diez horas con treinta y ocho minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 811 signado por el secretario general de acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de doce de septiembre del presente mes, informa que el expediente laboral 66/2019, fue recibido y asignado con el número de expediente laboral 3226/2023, mismo que fue asignado a la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México; en consecuencia, en términos del artículo 117 de la la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacer nueva mención en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.
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