Ismael Fuentes García

Expediente 874/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
874/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Ismael Fuentes García

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, término que transcurrió del diecinueve al veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que con fecha quince de agosto del año en curso, este órgano jurisdiccional, se declaró incompetente para conocer del presente juicio, por razón de territorio, ordenando remitir la demanda de amparo, promovida por Fuentes García Ismael, contra actos del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, registrada bajo el número de expediente 874/2022-IV, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en Turno con Jurisdicción en la Ciudad de México, sin embargo, no obra acuse de que dicha autoridad haya recibido el citado juicio; por tanto, solicítese al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, informe a este órgano jurisdiccional a qué órgano por razón de turno tocó conocer del mismo, lo anterior, para estar en condiciones de solicitar el acuse correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 37195/2022, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el juicio de amparo número 1373/2022-IV, en atención a que no aceptó la competencia declinada en su favor por este órgano jurisdiccional, respecto de la demanda de amparo promovida por Ismael Fuentes García, contra actos del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, por las razones que indica; acúsese recibo y, por otra parte, avóquese al conocimiento del asunto. Atento a lo anterior, de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su aclaración, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En ese sentido, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio, y anexos que acompañó la parte quejosa, se advierte que es notoriamente improcedente, virtud a que se actualiza, de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XII, y 5 de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Del precepto Constitucional y las porciones normativas transcritas se aprecia que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con las acotaciones respectivas a dichos conceptos. En ese orden de ideas, la causa de improcedencia de mérito se basa en el principio general para la procedencia del juicio de amparo, relativo a la existencia de un agravio personal y directo, el cual debe justificar la parte quejosa en el proceso Constitucional, pues sólo así legitimará su interés jurídico para tales fines. De tal forma, la improcedencia se actualiza cuando el acto o actos de autoridad reclamados, no lesionan los derechos subjetivos legítimamente tutelados en favor de la parte quejosa. En efecto, con relación a ese tópico, se itera, el interés para acudir al juicio de amparo deriva de lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; y, en ese sentido, la porción normativa Constitucional prevé el principio de instancia de parte agraviada, según el cual, el juicio de amparo debe instarse a petición del gobernado que resulte lesionado en sus derechos humanos; y, el numeral citado de la Ley de Amparo exige la existencia de un agravio personal y directo. En consecuencia, sólo está legitimado para instar la acción Constitucional el titular de un derecho humano que, estima, se lesiona mediante la emisión del acto o actos de autoridad; por ende, se establece como presupuesto lógico, la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, lo cual constituye el interés jurídico previsto por la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo; en la intelección de que el mismo debe acreditarse fehacientemente, de manera que no se infiera con base en presunciones. Con relación al tópico de mérito, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 1a./J. 168/2007, consultable a página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS."; y, 2a./J. 51/2019 (10a.), visible a página 1598, Tomo II, Libro 64, Marzo de 2019, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, titulada: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", respectivamente, estableció criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, a saber: a) El acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. b) La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. c) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. d) No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Precisado lo anterior, es menester analizar si, en el caso concreto, la parte quejosa justificó su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo. En el caso concreto, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se obtiene que la parte quejosa, en esencia, pretende impugnar como acto reclamado el oficio número GN/UOEC/DGSCl/9786/2022, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, a través del cual el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, de la Guardia Nacional, le hace de su conocimiento que se determinó su cambio de adscripción, por lo cual, debería presentarse a partir del uno de agosto de dos mil veintidós, en Periférico Oriente 815, Col. Chinampac de Juárez, Demarcación Territorial Iztapalapa, C.P. 09208, Ciudad de México, en donde ubica la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada, Dirección General de Servicios Especiales, debidamente uniformado, para seguir prestando sus servicios conforme al grado que ostenta, y donde recibirá las instrucciones correspondientes. Por otra parte, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso directo es miembro de la Guardia Nacional, con el cargo de Suoficial G.N., y ocurre al juicio de amparo a reclamar oficio a través del cual se hizo de su conocimiento, el cambio de su adscripción, en los términos destacados, y las consecuencias naturales del cambio de su residencia habitual, con motivo de su entorno familiar (hijos y esposa) y, por su incapacidad parcial permanente. Ahora bien, con relación al tópico materia de análisis, la Jurisprudencia 2a./J. 38/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Marzo de dos mil cinco, página 310, de rubro y texto siguiente, establece: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento". De lo anterior es dable concluir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos readscrito, siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo. Máxime que, atento a la naturaleza de los cambios de adscripción y la rotación de los miembros de la Guardia Nacional, por necesidades del servicio, únicamente es susceptible de afectar el interés jurídico cuando quien lo ordenó carece de facultades. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CUANDO ESTIMEN QUE QUIEN ORDENÓ SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN CARECE DE FACULTADES. Los artículos 11, 30, 38 y 41 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1o, 2o, 61, 62, 63, 65 y 67 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal y los Lineamientos Generales para realizar los cambios de adscripción y la rotación de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en materia de adscripción y cambio de adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación, prevén las autoridades facultadas para solicitarlo y los requisitos que debe cumplir; quién es el encargado de analizar tales propuestas y dictaminar sobre su conveniencia; en quién recae la facultad de resolver en definitiva; y, los casos en que el cambio de adscripción del personal del servicio de carrera puede ser general, parcial o específico. Por tanto, los agentes del Ministerio Público de la Federación pueden promover juicio de amparo en contra del cambio de adscripción cuando quien lo ordenó carece de facultades, pues de acuerdo con las normas citadas, esa determinación sólo puede ser emitida por quien está facultado y lo contrario afecta el interés jurídico del promovente." (No. Registro: 170700. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, tesis 2a./J. 246/2007, página 205). Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, anexos adjuntos y las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, no se desprende que contemplen un cambio de jerarquía, o bien, una disminución en los emolumentos que se le deben cubrir al impetrante. En ese sentido, tampoco se advierte que se haya determinado modificación alguna a las actividades que venía realizando el peticionario, ni que tal cambio de área de trabajo implique un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto de dicho cargo, además de que el quejoso no exhibe prueba alguna que demuestre esa afectación; pues, incluso, para tales fines, se le indicó que seguiría prestando sus servicios conforme al grado que ostenta, y donde recibiría las instrucciones correspondientes. En ese contexto, tomando en consideración los referidos criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, este órgano jurisdiccional estima que el cambio de adscripción reclamado, no afecta el interés jurídico del quejoso, dado que no se advierte alguna modificación en cuanto a su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. No es óbice a lo anterior que el primer criterio invocado emane de la interpretación del artículo 13, fracción VII, la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, pues, se itera, la misma es aplicable por analogía, toda vez que en el presente asunto se actualiza una relación de semejanza destacada entre los elementos de la jurisprudencia y este caso concreto, lo cual permite aplicar los predicados de ésta al tema planteado, pues, el precepto analizado, sostiene idéntica redacción al diverso numeral 26, fracción VIII, de la Ley de la Guardia Nacional, conforme al cual, el personal de la Guardia Nacional podrá ser cambiado de adscripción, con base en las necesidades del servicio. Habida cuenta de que el cambio de adscripción que se reclama, no se evidencia se asigne un cargo diverso al que venía desarrollando el peticionario, o bien, una reducción en el salario que percibía, de modo tal que siendo el quejoso elemento de la Guardia Nacional, en todo momento y por necesidades del servicio o bien para que la prestación del Servicio de Seguridad Pública se realice respetando los derechos de los gobernados y manteniendo el orden público en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. Por tanto, el oficio a través del cual se requirió al peticionario para que se presente a su nueva adscripción, no afecta el interés jurídico del promovente ni tampoco se advierte que con motivo de aquél se causara un perjuicio (se alteraran sus funciones y condiciones en la institución), que hiciera procedente el presente juicio de amparo. Por lo cual, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia citada, procede DESECHAR la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por *****, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos****** ambos de apellidos *******, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con número de serie 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.35.31.34.31.37.39.31, 39.33, a nombre del citado promovente, contra actos del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, por los actos reclamados siguientes: ".AUTORIDADES RESPONSABLES: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORAS: a). DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, con domicilio en Avenida Periférico número 815, Colonia Chinampac de Juárez, C.P. 09208, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. b). COMISARIO GENERAL G.N., COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, LUIS RODRIGUEZ BUCIO, con domicilio en Avenida Casa de la Moneda número 198, Colonia Loma Hermosa, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11200, en la ciudad de México. EN SU CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS: c). TITULAR DE LA ESTACIÓN LA PIEDAD, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE BATALLÓN DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES MICHOACÁN , con domicilio en: Carretera la Piedad- Guadalajara Kilómetro 4.00, Colonia Arboledas, C.P. 59377, La Piedad, Estado de Michoacán. d). TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO AL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, DENOMINADA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESPECIALES, con domicilio en Avenida Periférico número 815, colonia Chinampac de Juárez, C.P. 09208, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. IV. ACTO RECLAMADO. - 1.- Lo constituye el oficio número: GN/UOEC/DGSCI/9786/2022 de fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional. Que tiene como antecedente el oficio número: GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022, de fecha 22 de julio de 2022. 2.- El oficio GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022, de fecha 22 de julio de 2022, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesto que el mismo no lo tengo en mi poder, por lo que desconozco quien lo suscriba. 3.- De las autoridades señaladas en los incisos a) y b) lo constituye la omisión de sustanciar y notificar el procedimiento administrativo previsto en la Ley de la Guardia Nacional por el cual se determinó la sanción administrativa consistente en Cambio de Unidad y/o Dependencia a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la Guardia Nacional. 4.- Asimismo, se reclama de las autoridades señaladas como responsables en los incisos a) y b), la omisión de motivar las circunstancias o condiciones que justifiquen las necesidades del servicio que condujeron al cambio de adscripción, en relación con las circunstancias personales del suscrito, así como si, en su caso, dicho cambio altera o no esencialmente sus funciones y condiciones anteriores. 5.- Finalmente, se reclama la ejecución que se dé por parte de las autoridades señaladas en los incisos c) y d) en cumplimiento a las órdenes emitidas por las autoridades responsables ordenadoras, identificadas estas bajo los incisos a) y b)." Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, con el número 874/2022-IV. Entonces, en esencia el quejoso reclama la expedición del oficio GN/UOEC/DGSCI/9786/2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, que tiene como antecedente el oficio número GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se comunica su cambio de adscripción de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Michoacán, en La Piedad, Michoacán, a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales, en la Ciudad de México. En ese sentido, debe hacerse referencia al artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. [.] Del invocado precepto legal, se desprenden tres reglas de competencia de los Jueces de Distrito en función de la posible ejecución del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; y, 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que, por regla general, es la ejecución de los actos lo que determina la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas consideraciones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera regla, es el lugar en donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito; es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar en donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Esto es, cuando se trata de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar efectivo de su ejecución, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Es conveniente precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo en el que se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar en donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Luego, es el sitio en donde los actos reclamados se ejecuten o vayan a ejecutarse materialmente lo que define la competencia de los Jueces de Distrito, de modo que para fijar la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que deben cumplirse o materializarse tales actos, pues es ahí en donde se producen consecuencias en el mundo fáctico. En la segunda regla, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte en favor de cualquiera de los órganos de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juzgado de distrito en donde se presentó la demanda. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juzgado de Distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. En ese estado de cosas, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, debe tenerse presente la naturaleza del acto reclamado (requiere ejecución material o carece de ésta), así como sus características fundamentales (acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado), para establecer en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. Con relación a lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el artículo 37 de la Ley de Amparo hace referencia a "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo, por lo que la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos lleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. El anterior criterio dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 916, Libro 19, Tomo I, Junio de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Como se advierte, el criterio para determinar la competencia por territorio se relaciona directamente con la ejecución material del acto. Así las cosas, es oportuno tener en cuenta como se estableció, que el acto reclamado en esencia, es la expedición del oficio GN/UOEC/DGSCI/9786/2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, que tiene como antecedente el oficio número GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se comunica su cambio de adscripción de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Michoacán, en La Piedad, Michoacán, a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales, en la Ciudad de México, por lo cual se advierte que se reclama un acto que tiene ejecución material. En ese orden de ideas, no puede perderse de vista que el señalamiento de tal acto reclamado constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del Juez de Distrito que habrá de conocer de la demanda de amparo, ya que, de ser el caso, la ejecución material tendrá verificativo en el lugar de adscripción asignado al quejoso. De lo anterior se colige, que el oficio reclamado tiene ejecución material, pues a través de la determinación en él contenida el quejoso queda vinculado a presentarse físicamente a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales, en la Ciudad de México, a fin de cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo como elemento de la Guardia Nacional, de ahí que es en la Ciudad de México en que se concretan los efectos del acto reclamado, lo que evidencia que se actualiza la primera regla descrita por el artículo 37 de la Ley de Amparo para determinar la competencia de quien deba conocer del asunto, esto es, en el lugar en que deba ejecutarse. Tiene aplicación la tesis: I.15o.A.41 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2288, cuyo rubro y texto es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Y la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, agosto de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189167, bajo el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Sin que sea óbice que el quejoso reclama la omisión de proporcionarle el pago de viáticos, traslado y demás prestaciones económicas; sin embargo, se estima que tales actos derivan precisamente del acto consistente en su cambio de adscripción, respecto del cual este Juez de Distrito carece de competencia. Por lo tanto, se considera que es un Juez de Distrito en Materia Administrativa con jurisdicción en la Ciudad de México, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el que debe conocer y, en su caso, resolver el presente juicio de amparo, pues el oficio reclamado tiene ejecución en dicha circunscripción territorial que es en donde se ha ordenado al promovente desempeñar sus funciones, por tanto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio. Sirve de orientación a lo anteriormente expuesto, el criterio emitido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el conflicto competencial administrativo 15/2022, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y, este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo 182/2022, promovido por Sarita Flores Miranda, lo cual, constituye un hecho notorio, acorde con la jurisprudencia XXII. J/12, que por identidad jurídica sustancial se invoca, consultable en la página 295, Tomo V, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por otro lado, atento a lo anterior, y la naturaleza del acto reclamado, verbigracia, cambio de adscripción del quejoso y sus consecuencias, las cuales, indica el quejoso, impactan en la esfera jurídica de sus menores hijos, no se ubica en los supuestos previstos en el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a fin de que este órgano jurisdiccional proveyera lo conducente, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, por lo cual, no se emite pronunciamiento sobre la suspensión de plano solicitada por el quejoso respecto de los actos reclamados y sus consecuencias. Consecuentemente, remítase el juicio 874/2022-IV, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno con sede en la Ciudad de México, previo cuadernillo de antecedentes que se ordena formar, solicitando informe si acepta o no la competencia declinada en su favor. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Se tiene como autorizados de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones a Arcadio Álvarez Marcelo, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 5847290, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a María del Carmen Vega y Antonia Álvarez Marceloz, toda vez que, no se localizó registro de su respectiva cédula profesional, ni se acompañó documento alguno que los acredite para ejercer la profesión de licenciados en derecho, y es el caso, que la materia del presente asunto es de naturaleza administrativa. Se tiene a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, para lo cual proporciona el nombre de usuario "MCVVEGA", en tales condiciones, en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere a ir notificaciones, aún las de carácter personal, el sistema electrónico autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 71/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2020082, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Sin que pase desapercibida la circunstancia de que por una parte el quejoso señala domicilio para recibir notificaciones en La Piedad, Michoacán; sin embargo, posteriormente refiere que solicita se le practiquen vía electrónica, por lo que, se considera que es más favorable esta última vía para el referido promovente del amparo, ya que tiene acceso al expediente electrónico, aunado a que para tal efecto proporcionó el nombre de usuario ****** Asimismo, como lo solicita se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el citado usuario, el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumplen con los requisitos que para tal efecto establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, por lo que respecta a su correo electrónico ******, se tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales; sin embargo, queda expedito su derecho, para que, si así lo desea, solicite el acceso al expediente electrónico y la notificación electrónica, esto es, se pase al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, proporcionando para ello su nombre de usuario registrado con la firma FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación). Y, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, de acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente.

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