Ismael Francisco Sarabia Radilla

Expediente 1500/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1500/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • Ismael Francisco Sarabia Radilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    I.- Por recibido el comunicado de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en auto de doce de diciembre del año en curso, acusa recibo del diverso al que se adjuntaron las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda, téngase por satisfecha la petición formulada en tal sentido y sin efectos el apercibimiento decretado.

  2. Principal

    I.- Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, contra la sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Devuélvase a la responsable las constancias que adjuntó a su informe justificado consistentes en un legajo de copias certificadas del expediente J.1/678/2017 y requiérasele para que dentro del término de tres días contados legalmente, acuse el recibo correspondiente; apercibida que de ser omisa, se hará acreedor a una multa que podrá ser de cincuenta y hasta mil días de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa del que se desprende que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.

  3. Principal

    VI.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT México, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en representación del Director General del Centro SCT México, por medio del cual con la finalidad de poder estar en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, solicita se requiera al autorizado de la parte quejosa para que proporcione el nombre correcto y completo de la persona que acredite tener facultades para recibir el documento con el cual se realizará la indemnización respecto del predio materia de la litis, ello en virtud de que el accionante constitucional José Guadalupe Martínez Herrera, falleció el trece de noviembre de dos mil diecisiete; circunstancia que solicita a este Juzgado Federal a fin de tener certeza legal de la persona con la cual se procederá a realizar el pago respectivo decretado dentro del procedimiento de expropiación. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento inserto en auto de diecisiete de septiembre del año en curso. En tales condiciones, y toda vez que el accionante constitucional José Guadalupe Martínez Herrera, falleció el trece de noviembre de dos mil diecisiete; de las constancias que obran en autos se advierte que hasta la fecha no existe constancia de que se haya denunciado la sucesión testamentaria o intestamentaria respectiva. Este Juzgador, atendiendo a que por mandato constitucional, el cual resulta de aplicación preferente para todos los Tribunales del país, prevé que los Órganos Jurisdiccionales tienen la obligación de vigilar que los juicios seguidos no queden paralizados (artículo 17 constitucional); en congruencia con lo anterior, la Ley de Amparo reitera esa misma obligación, específicamente dirigida a los Jueces Federales, en su artículo 16. Requiérase nuevamente al autorizado Ángel Alberto López Martínez del justiciable, para que en el término de tres días contados a partir de su notificación, indique si tiene conocimiento de que a la fecha en la que se actúa se haya denunciado sucesión alguna a nombre del quejoso; o para el caso de que no tenga conocimiento de lo anterior, comparezca ante el Juzgado correspondiente a efectuar la denuncia de la sucesión intestamentaria a bienes quejoso José Guadalupe Martínez y/o Guadalupe Margarito Martínez Herrera; hecho lo cual, dentro de los siguientes tres días exhiba ante este Tribunal Federal las constancias que así lo acrediten; o bien manifieste su imposibilidad para ello, Sin que haya lugar a suspender el procedimiento, puesto que se encuentra en etapa de ejecución de una sentencia en la cual concedió el Amparo y Protección de la Federal, la cual al ser una cuestión de orden público, debe continuarse hasta dar cabal cumplimiento a ello. De igual manera, a fin de dar cumplimiento al fallo protector, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director del Centro SCT México, para que dentro del plazo de tres días, establecidos en el artículo 192 de la Ley de Amparo, acredite la manera en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo o bien informe las gestiones que se encuentra realizando para ello, por lo que también dentro de los autos del procedimiento expropiatorio o las constancias que obren en su poder, deberá requerir en el domicilio señalado en autos por conducto de alguno de los autorizados del quejoso le sea informado quién representa la sucesión a bienes de José Guadalupe Martínez Herrera, y una vez que cuente con dicha constancia proceder a dar cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, lo anterior, en virtud de que este Juzgado no cuenta con los datos que solicita respecto de a quién deberá efectuarse el pago indemnizatorio, máxime que cuenta con mayores elementos para poder realizar dicha diligencia, por lo que no es suficiente que aduzca que este tribunal es quien debe informarle tal circunstancia. En el entendido de que si este Juzgado Federal cuenta con el nombre de la persona que represente la sucesión a bienes del accionante constitucional José Guadalupe Martínez Herrera, le será informado de manera inmediata con la finalidad de que proceda a la indemnización correspondiente; sin embargo, también deberá realizar las gestiones tendentes a tener conocimiento de quién representa dicha sucesión. Además acorde a los citados preceptos indicados, se requiere además al Secretario de Comunicaciones y Transportes, como superior jerárquico de la responsable, a fin de que conmine a ésta a cumplir con el requerimiento inserto en el presente proveído sin demora alguna. En el entendido que no basta con girar oficio para ordenar o requerir lo solicitado, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñir a su subordinado, al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, circunstancias todas que deberá hacer del conocimiento a este Juzgado de Distrito y remitir constancias con las que acredite su actuar. Con el apercibimiento que de no comunicar lo anterior a este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, se les impondrá multa de cien días, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se precisa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime a las autoridades de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." De la misma manera, se invoca la diversa jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2005830, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1380, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Si bien es cierto, la presente determinación debe notificarse de manera personal al tercero interesado, lo cierto es que por auto de treinta y uno de julio de dos mil catorce (foja 187 del sumario constitucional, Tomo I) se tuvieron las lista, por tanto practíquese a través de dicho medio informativo.

  4. Principal

    I.- la audiencia constitucional prevista para la fecha en la que se actúa, se difiere; y en su lugar se fijan las doce horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho para su celebración. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 12,830 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano