Ismael Flores Cervantes.
Expediente 25/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Ismael Flores Cervantes.
- Anaís Alejandra Cruz Méndez.
- Luis Javier Jimiénez García.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la cuenta que antecede, se advierte que el quejoso, así como los terceros interesados, no formularon manifestaciones respecto de la resolución en que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la ley de la materia; se declara que la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, HA CAUSADO ESTADO de cosa juzgada. Conforme con lo ordenado en el punto Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los juicios de amparo directo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; por tal motivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, remítase el asunto de que se trata como concluido al archivo de este órgano colegiado para su resguardo; y, en el momento oportuno, siguiendo el procedimiento correspondiente, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis, tomando en cuenta que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN y no es de relevancia documental.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el escrito de cuenta, signado por la parte que se indica, mediante el cual solicita copia certificada por duplicado de diversas actuaciones del expediente citado al rubro; en atención a lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que de los presentes autos se advierte que el promovente únicamente tiene reconocido el carácter de autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los presentes autos y atento al contenido del proveído de veintiséis de octubre del año en curso, se analiza sobre el cumplimiento a la ejecutoria, informado por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, sin que las partes hubieran hecho manifestación alguna. En efecto, una vez que la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento a la sentencia constitucional, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, el órgano de control, después de dar vista a las partes con lo informado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y en su caso, para que aleguen el defecto o exceso en el cumplimiento, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, pronunciándose al respecto. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que una ejecutoria de amparo se declare cumplida es necesario que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Asimismo, dicha Superioridad estableció sobre tales características que existe exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, hay defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente, en el entendido de que al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable. Ahora bien, en la ejecutoria dictada el once de octubre de dos mil dieciocho, por este Tercer Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "[.] Así las cosas, al ser fundados los conceptos de violación analizados, se impone otorgar el amparo y protección de la justicia impetrada, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y atendiendo a la ejecutoria dictada en el amparo directo 26/2018, promovido, relacionado con el que se resuelve, dicte otro en el que reitere los aspectos que han quedado firmes, luego fundada y motivadamente resuelva respecto de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, congruente con las excepciones opuestas, analizando las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio laboral, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho estime pertinente.". Atento a lo anterior, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo remitió el oficio 731/AMPvesp/2018, al cual adjuntó copias certificadas del laudo de veintitrés de octubre del año en curso, dictado en el expediente 900/2011; documentos que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, como lo ordena su numeral 2º. Del laudo en mención, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el controvertido de doce de febrero de dos mil diecisiete, y dictó otro, en el que dejó intocados aquellos aspectos que no fueron materia de la ejecutoria respectiva, a saber: a. La absolución en el pago de la indemnización constitucional y prima de antigüedad, ello al haber sido aceptado por la parte que se indica, el ofrecimiento de trabajo planteado por las personas morales demandadas, pues al subsistir la relación de trabajo entre ellas, tales prestaciones se vuelven improcedentes. b. La no condena al pago de la prima vacacional, prima dominical, bono de productividad y aguinaldo, al encontrarse incluidas en el salario diario integrado. c. Absolución a las demandadas en cuanto al pago de participación de utilidades, ello al no haber acreditado que agotó el procedimiento administrativo a que se refieren los artículos 117, 118 y 125 de la Ley Federal del Trabajo, además de los gastos médicos por accidente o alguna otra eventualidad. d. La no condena al pago del fondo de ahorro, al tratarse de una prestación de carácter extralegal, no estipulada en la Constitución Federal, ni en la Ley Federal del Trabajo. Y ahora con la libertad de jurisdicción concedida, dicha autoridad laboral determinó: I. En cuanto a la prestación consistente en el pago de las vacaciones y prima vacacional devengadas, respecto de la cual las demandadas opusieron la excepción de falta de acción y derecho, así como la diversa de oscuridad de la demanda, resolvió que lo procedente era absolver a estas últimas, en tanto que el trabajador no acreditó la existencia del despido injustificado que alegó. II. Respecto a la consistente en el pago de las cantidades que resulten de acuerdo al 5% y 2% calculadas sobre todos y cada uno de los salarios obtenidos durante todo el tiempo que trabajó para las demandadas, en virtud de que se omitió su inscripción al INFONAVIT, lo procedente era condenarlas. III. En relación al pago de la cantidad de dos mil quinientos pesos por concepto de aguinaldo proporcional correspondiente al año dos mil once, en que prestó sus servicios para las demandadas, lo procedente era condenarlas a efectuar dicho pago, no así el diverso correspondiente al accionante de aguinaldo gravable a razón de cuarenta y cinco días del salario correspondiente al tiempo laborado. IV. En cuanto a las prestaciones consistentes en la diferencia del salario y las contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo, las demandadas opusieron la excepción de oscuridad y defecto legal de la demanda, por lo que fue procedente decretar su absolución. V. De igual modo, en cuanto a las consistentes en el reconocimiento de que el actor tiene una antigüedad a partir del diez de noviembre de dos mil seis, y hasta la fecha en que se dé cumplimiento al laudo respectivo, lo procedente fue condenar a las demandadas a tal reconocimiento, al ser una obligación contenida en la ley de la materia. VI. Con respecto a las prestaciones consistentes en la expedición de una carta de recomendación a favor del trabajador, así como de diversas constancias por cursos de capacitación y desarrollo tomados al servicio de las empresas demandadas, lo procedente fue absolver a aquéllas al no encontrar sustento en la Ley Federal del Trabajo, es decir, no se trata de obligaciones que deban observar. VII. Finalmente, en cuanto al pago de domingos y días festivos por todo el tiempo que laboró el actor, así como lo relativo al pago de veinte días de salario por cada año de servicio prestado, ante la excepción de falta de acción y derecho opuesta en ambos casos, lo procedente fue absolver a las morales demandadas. Reflejándose lo anteriormente expuesto en los siguientes puntos resolutivos del laudo sujeto a análisis, y cuyo contenido es el siguiente: "[.] PRIMERO. Se cumplimentan las ejecutorias emitidas en los DT. 25/2018 y DT. 26/2018 por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, precisando que se dejó insubsistente el laudo dictado por esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, en Pachuca de Soto, Hidalgo, el doce de febrero de dos mil diecisiete, y que en su lugar se dictó la presente resolución. SEGUNDO. El actor probó parcialmente la procedencia de su acción por cuanto hace a las prestaciones reclamadas a la parte demandada, en tanto que los dos primeros demandados mencionados justificaron de igual forma sus excepciones y defensas, y al último de los demandados referidos se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo. El actor no probó la procedencia de su acción por cuanto hace a las prestaciones reclamadas a la codemandada, en tanto que dicha demandada justificó su excepción y defensa. TERCERO. Se condena a los demandados al pago del 2 y 5 por ciento, calculados sobre todos y cada uno de los salarios obtenidos por el actor por todo el tiempo que trabajó; siendo en ese mismo tenor procedente condenar a los demandados a la exhibición y entrega al accionante de las constancias de aportaciones que realicen a favor del hoy actor; ahora bien, debe precisarse que dicho pago deberá realizarlo la parte demandada ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retito de elección del accionante a razón de las cantidades respectivas de $5.57 diario y $13.94 diario y que corresponden al 2% y 5% del monto del salario diario integrado de $278.92. Asimismo, se condena a los demandados al pago al accionante de la cantidad de $2,500 pesos por concepto de aguinaldo correspondiente al año 2011. De igual forma, se condena a los demandados al pago al accionante de 9 horas extraordinarias semanales a razón de un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de jornada, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo y por un gran total de $77,220.82 (SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 82/100 M.N.). Finalmente, se condena a los demandados al reconocimiento de la antigüedad del hoy actor a su servicio a partir del 10 de noviembre del año 2006, así como a la entrega al accionante de la respectiva constancia de antigüedad donde establezca la fecha de ingreso al servicio antes referida; esto último al ser una obligación del patrón contenida en la ley de la materia. Lo anterior con base en las razones de hecho y derecho expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. CUARTO. Se absuelve a los demandados, del pago al accionante de indemnización constitucional y prima de antigüedad, del pago de los salarios vencidos reclamados, las vacaciones y prima vacacional que se sigan generando, así también se les absuelve del pago del bono de productividad y prima dominical que se sigan generando, del pago de prima vacacional, prima dominical, bono de productividad y aguinaldo, del pago al actor de participación de utilidades, del pago al actor de gastos médicos y que los demandados se hagan responsables para el caso de que sufra algún accidente o eventualidad en su persona, del pago al accionante de las vacaciones y prima vacacional devengadas, del pago al accionante de diferencia de salario y prestaciones contempladas en el Contrato Colectivo del Trabajo, ello por todo el tiempo que duró la relación de trabajo y por el tiempo que se siguieran generando durante la tramitación del presente juicio y hasta que se ejecute totalmente el laudo condenatorio, así como de la exhibición del referido Contrato Colectivo de Trabajo, del pago al accionante de aguinaldo gravable a razón de 45 días de salario correspondiente al tiempo laborado para los demandados, del pago de diferencias por las prestaciones contempladas en el Contrato Individual de Trabajo aplicable al hoy actor y que se resulten a favor del mismo, así como el pago de diferencias de salarios, de la expedición de una carta de recomendación a su favor, así como las respectivas constancias de los diversos cursos de capacitación y desarrollo tomados al servicio de los demandados; del pago al accionante de domingos y días festivos que el accionante refirió haber laborado por todo el tiempo que duró la relación de trabajo, del pago de veinte días de salario por cada año de servicios prestados, así como del pago de tres horas extraordinarias semanales. Asimismo, resulta improcedente la nulidad pretendida. Lo anterior con base en las razones de hecho y derecho expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. [.]" Así, el Magistrado Presidente de este órgano pluripersonal, en términos de lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación a la circular número 11/2017-AGP, que modificó el Acuerdo General Plenario 5/2013, una vez analizadas las constancias que integran este cuaderno de amparo, estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable, pues ésta dejó insubsistente el laudo que fuera reclamado, pronunciado el doce de febrero de dos mil diecisiete, dentro del expediente 900/2011, y en su lugar dictó otro, en el cual reiteró aquellos aspectos que se dejaron intocados, y luego, fundada y motivadamente se pronunció respecto de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, de manera congruente con las excepciones opuestas, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho estimó pertinente. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
En Pachuca de Soto, Hidalgo a seis de diciembre de dos mil dieciocho, el suscrito actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, siendo las 09:00 horas, en cumplimiento al auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y a los citatorios dejados el tres de diciembre del presente año, se hace constar: Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista al quejoso Ismael Flores Cervantes y de los terceros interesados Juan Léon Ortiz Patricia Bravo Figueroa, Marco Antonio Cedrón Troitiño, José Manuel Velázquez Pérez y Administradora Montecito e Hidrocarburos el Mineral, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, o bien, a sus autorizados; el auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el amparo directo al rubro citado, quedando debidamente notificados, en razón de no haber acudido a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a notificarse de manera personal, dentro de los dos días siguientes hábiles, que lo fueron cuatro y cinco de diciembre del año en curso, no obstante a los citatorios que se les dejó el tres de diciembre del año que transcurre en el domicilio proporcionado. Lo que hago constar con fundamento en lo previsto por el artículo 27 de la referida ley y para todos los efectos legales conducentes. Doy fe. En cuya síntesis se dijo: Vistos los presentes autos y atento al contenido del proveído de veintiséis de octubre del año en curso, se analiza sobre el cumplimiento a la ejecutoria, informado por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, sin que las partes hubieran hecho manifestación alguna. En efecto, una vez que la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento a la sentencia constitucional, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, el órgano de control, después de dar vista a las partes con lo informado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y en su caso, para que aleguen el defecto o exceso en el cumplimiento, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, pronunciándose al respecto. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que una ejecutoria de amparo se declare cumplida es necesario que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Asimismo, dicha Superioridad estableció sobre tales características que existe exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, hay defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente, en el entendido de que al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable. Ahora bien, en la ejecutoria dictada el once de octubre de dos mil dieciocho, por este Tercer Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: Así las cosas, al ser fundados los conceptos de violación analizados, se impone otorgar el amparo y protección de la justicia impetrada, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y atendiendo a la ejecutoria dictada en el amparo directo 26-2018, promovido, relacionado con el que se resuelve, dicte otro en el que reitere los aspectos que han quedado firmes, luego fundada y motivadamente resuelva respecto de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, congruente con las excepciones opuestas, analizando las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio laboral, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho estime pertinente.". Atento a lo anterior, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo remitió el oficio 731-AMPvesp-2018, al cual adjuntó copias certificadas del laudo de veintitrés de octubre del año en curso, dictado en el expediente 900-2011; documentos que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, como lo ordena su numeral 2-Del laudo en mención, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el controvertido de doce de febrero de dos mil diecisiete, y dictó otro, en el que dejó intocados aquellos aspectos que no fueron materia de la ejecutoria respectiva, a saber: a. La absolución en el pago de la indemnización constitucional y prima de antigüedad, ello al haber sido aceptado por la parte que se indica, el ofrecimiento de trabajo planteado por las personas morales demandadas, pues al subsistir la relación de trabajo entre ellas, tales prestaciones se vuelven improcedentes. b. La no condena al pago de la prima vacacional, prima dominical, bono de productividad y aguinaldo, al encontrarse incluidas en el salario diario integrado. c. Absolución a las demandadas en cuanto al pago de participación de utilidades, ello al no haber acreditado que agotó el procedimiento administrativo a que se refieren los artículos 117, 118 y 125 de la Ley Federal del Trabajo, además de los gastos médicos por accidente o alguna otra eventualidad. d. La no condena al pago del fondo de ahorro, al tratarse de una prestación de carácter extralegal, no estipulada en la Constitución Federal, ni en la Ley Federal del Trabajo. Y ahora con la libertad de jurisdicción concedida, dicha autoridad laboral determinó: I. En cuanto a la prestación consistente en el pago de las vacaciones y prima vacacional devengadas, respecto de la cual las demandadas opusieron la excepción de falta de acción y derecho, así como la diversa de oscuridad de la demanda, resolvió que lo procedente era absolver a estas últimas, en tanto que el trabajador no acreditó la existencia del despido injustificado que alegó. II. Respecto a la consistente en el pago de las cantidades que resulten de acuerdo al 5 y 2 calculadas sobre todos y cada uno de los salarios obtenidos durante todo el tiempo que trabajó para las demandadas, en virtud de que se omitió su inscripción al INFONAVIT, lo procedente era condenarlas. III. En relación al pago de la cantidad de dos mil quinientos pesos por concepto de aguinaldo proporcional correspondiente al año dos mil once, en que prestó sus servicios para las demandadas, lo procedente era condenarlas a efectuar dicho pago, no así el diverso correspondiente al accionante de aguinaldo gravable a razón de cuarenta y cinco días del salario correspondiente al tiempo laborado. IV. En cuanto a las prestaciones consistentes en la diferencia del salario y las contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo, las demandadas opusieron la excepción de oscuridad y defecto legal de la demanda, por lo que fue procedente decretar su absolución. V. De igual modo, en cuanto a las consistentes en el reconocimiento de que el actor tiene una antigüedad a partir del diez de noviembre de dos mil seis, y hasta la fecha en que se dé cumplimiento al laudo respectivo, lo procedente fue condenar a las demandadas a tal reconocimiento, al ser una obligación contenida en la ley de la materia. VI. Con respecto a las prestaciones consistentes en la expedición de una carta de recomendación a favor del trabajador, así como de diversas constancias por cursos de capacitación y desarrollo tomados al servicio de las empresas demandadas, lo procedente fue absolver a aquéllas al no encontrar sustento en la Ley Federal del Trabajo, es decir, no se trata de obligaciones que deban observar. VII. Finalmente, en cuanto al pago de domingos y días festivos por todo el tiempo que laboró el actor, así como lo relativo al pago de veinte días de salario por cada año de servicio prestado, ante la excepción de falta de acción y derecho opuesta en ambos casos, lo procedente fue absolver a las morales demandadas. Reflejándose lo anteriormente expuesto en los siguientes puntos resolutivos del laudo sujeto a análisis, y cuyo contenido es el siguiente: PRIMERO. Se cumplimentan las ejecutorias emitidas en los DT. 25-2018 y DT. 26/2018 por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, precisando que se dejó insubsistente el laudo dictado por esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, en Pachuca de Soto, Hidalgo, el doce de febrero de dos mil diecisiete, y que en su lugar se dictó la presente resolución. SEGUNDO. El actor probó parcialmente la procedencia de su acción por cuanto hace a las prestaciones reclamadas a la parte demandada, en tanto que los dos primeros demandados mencionados justificaron de igual forma sus excepciones y defensas, y al último de los demandados referidos se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo. El actor no probó la procedencia de su acción por cuanto hace a las prestaciones reclamadas a la codemandada, en tanto que dicha demandada justificó su excepción y defensa. TERCERO. Se condena a los demandados al pago del 2 y 5 por ciento, calculados sobre todos y cada uno de los salarios obtenidos por el actor por todo el tiempo que trabajó; siendo en ese mismo tenor procedente condenar a los demandados a la exhibición y entrega al accionante de las constancias de aportaciones que realicen a favor del hoy actor; ahora bien, debe precisarse que dicho pago deberá realizarlo la parte demandada ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retito de elección del accionante a razón de las cantidades respectivas de 5.57 diario y 13.94 diario y que corresponden al 2 y 5 del monto del salario diario integrado de 278.92. Asimismo, se condena a los demandados al pago al accionante de la cantidad de 2,500 pesos por concepto de aguinaldo correspondiente al año 2011. De igual forma, se condena a los demandados al pago al accionante de 9 horas extraordinarias semanales a razón de un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de jornada, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo y por un gran total de 77,220.82 (SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 82-100 M.N.). Finalmente, se condena a los demandados al reconocimiento de la antigüedad del hoy actor a su servicio a partir del 10 de noviembre del año 2006, así como a la entrega al accionante de la respectiva constancia de antigüedad donde establezca la fecha de ingreso al servicio antes referida; esto último al ser una obligación del patrón contenida en la ley de la materia. Lo anterior con base en las razones de hecho y derecho expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. CUARTO. Se absuelve a los demandados, del pago al accionante de indemnización constitucional y prima de antigüedad, del pago de los salarios vencidos reclamados, las vacaciones y prima vacacional que se sigan generando, así también se les absuelve del pago del bono de productividad y prima dominical que se sigan generando, del pago de prima vacacional, prima dominical, bono de productividad y aguinaldo, del pago al actor de participación de utilidades, del pago al actor de gastos médicos y que los demandados se hagan responsables para el caso de que sufra algún accidente o eventualidad en su persona, del pago al accionante de las vacaciones y prima vacacional devengadas, del pago al accionante de diferencia de salario y prestaciones contempladas en el Contrato Colectivo del Trabajo, ello por todo el tiempo que duró la relación de trabajo y por el tiempo que se siguieran generando durante la tramitación del presente juicio y hasta que se ejecute totalmente el laudo condenatorio, así como de la exhibición del referido Contrato Colectivo de Trabajo, del pago al accionante de aguinaldo gravable a razón de 45 días de salario correspondiente al tiempo laborado para los demandados, del pago de diferencias por las prestaciones contempladas en el Contrato Individual de Trabajo aplicable al hoy actor y que se resulten a favor del mismo, así como el pago de diferencias de salarios, de la expedición de una carta de recomendación a su favor, así como las respectivas constancias de los diversos cursos de capacitación y desarrollo tomados al servicio de los demandados; del pago al accionante de domingos y días festivos que el accionante refirió haber laborado por todo el tiempo que duró la relación de trabajo, del pago de veinte días de salario por cada año de servicios prestados, así como del pago de tres horas extraordinarias semanales. Asimismo, resulta improcedente la nulidad pretendida. Lo anterior con base en las razones de hecho y derecho expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Así, el Magistrado Presidente de este órgano pluripersonal, en términos de lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación a la circular número 11-2017-AGP, que modificó el Acuerdo General Plenario 5-2013, una vez analizadas las constancias que integran este cuaderno de amparo, estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable, pues ésta dejó insubsistente el laudo que fuera reclamado, pronunciado el doce de febrero de dos mil diecisiete, dentro del expediente 900-2011, y en su lugar dictó otro, en el cual reiteró aquellos aspectos que se dejaron intocados, y luego, fundada y motivadamente se pronunció respecto de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, de manera congruente con las excepciones opuestas, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho estimó pertinente. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido.
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