Ismael Estrada Estrada

Expediente 761/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
761/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
14/12/2018

Partes del expediente

  • Ismael Estrada Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Causa estado auto... archívese el presente asunto como definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otra parte, en el incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, el original y duplicado de dicho cuaderno son susceptibles de destrucción. se devuelve tomo de pruebas.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Se sobresee en el juicio fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión por parte del magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato de dar seguimiento al procedimiento administrativo 2378/1ªSala716 de su índice, a efecto de lograr la ejecución de la sentencia dictada en el mismo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que, con posterioridad al inicio del juicio constitucional, los efectos del acto reclamado cesen, por haber sido revocados o sustituidos. El primer supuesto ocurre, que es el que a este asunto interesa, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por virtud de una actuación posterior se destruyen todos los efectos y consecuencias del acto reclamado total e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de él, como si éste nunca hubiera trastocado la esfera jurídica del quejoso o, habiéndolo hecho, no dejó ninguna huella. En esa medida, los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando, por alguna causa, aquél se deroga o revoca y da lugar a una situación idéntica a la que existía con anterioridad a su comisión o cuando la autoridad sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye a la que motivó la promoción del amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho que aduce afectado. Y es que resultaría ocioso examinar la regularidad constitucional de un acto de autoridad que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá, pero que, además, no dejó ninguna huella en la esfera jurídica del particular que con la eventual concesión del amparo ameritara ser borrada por la justicia federal. En esta instancia constitucional, el quejoso se duele del hecho de que la autoridad responsable no ha dado impulso al procedimiento administrativo 2378/1ªSala716 de su índice, a efecto de lograr la ejecución de la sentencia ahí dictada; circunstancia que conlleva, sostiene, una vulneración a los derechos tutelados por los artículos 1° y 17 constitucionales. Ahora, de las copias certificadas que integran el procedimiento de origen que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado -un tomo de pruebas-, se advierte que el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitió proveído en el sentido de hacer efectivo un medio de apremio a las autoridades demandadas; requerirles de nueva cuenta para que exhibieran el desglose de la cantidad correspondiente a cada uno de los siguientes conceptos: indemnización constitucional, remuneraciones diarias dejadas de percibir, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y de las deducciones legales o actualizaciones efectuadas, y se les apercibió con la imposición de multa en caso de incumplimiento. Asimismo, el cuatro de octubre del año que transcurre, el hoy quejoso recibió un cheque por la cantidad de $*** (ochocientos noventa y ocho mil cuarenta pesos 18/100 moneda nacional), por los referidos conceptos. Posteriormente, el diecinueve de octubre del año que transcurre, la autoridad responsable determinó el cumplimiento parcial a la sentencia emitida en el procedimiento de origen. Es así, pues tuvo al Secretario de Seguridad Pública Municipal y al notificador adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal, exhibiendo el desglose de las cantidades condenadas correspondientes a indemnización constitucional, remuneraciones diarias dejadas de percibir, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Además, se les requirió para que dieran cabal cumplimiento a la citada resolución, esto es, que exhibieran la documental en la que conste el pago de las aportaciones de seguridad social denominadas "264 Cuota IMSS" Y "322 Cuota IMSS OBRERA", así como al entero de las aportaciones que se hayan omitido enterar ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), desde que se concretó la terminación de la relación administrativa y hasta la fecha en que materialmente dieran cumplimiento a la sentencia de nulidad. Y finalmente, les apercibió que en caso de persistir en incumplimiento, se les continuarían aplicando los medios de apremio previstos en el artículo 27 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado y los Municipios de Guanajuato. Determinaciones que se ordenaron notificar a las partes. Entonces, está claro que cesaron los efectos de la omisión reclamada y que se ha restituido al quejoso en el goce de los derechos que aduce afectados. Ello, pues con la emisión por parte de la autoridad responsable de los autos de veinticinco de septiembre y diecinueve de octubre previamente enunciados, se alcanzó el fin buscado por la quejosa con la presentación de este juicio constitucional, que consistía en que se dictaran las medidas correspondientes para lograr el cumplimiento de la aludida sentencia; de ahí que a nada practico llevaría estudiar de fondo los planteamientos esgrimidos por la peticionaria a manera de conceptos de violación. Así, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por tanto, se deja sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, pues a juicio del suscrito la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la aludida audiencia para resolver de la forma en que se hace. Estimar lo contrario, vulneraría el artículo 17 constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE TERCERA INTERESADA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Se sobresee en el juicio fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión por parte del magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato de dar seguimiento al procedimiento administrativo 2378/1ªSala716 de su índice, a efecto de lograr la ejecución de la sentencia dictada en el mismo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que, con posterioridad al inicio del juicio constitucional, los efectos del acto reclamado cesen, por haber sido revocados o sustituidos. El primer supuesto ocurre, que es el que a este asunto interesa, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por virtud de una actuación posterior se destruyen todos los efectos y consecuencias del acto reclamado total e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de él, como si éste nunca hubiera trastocado la esfera jurídica del quejoso o, habiéndolo hecho, no dejó ninguna huella. En esa medida, los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando, por alguna causa, aquél se deroga o revoca y da lugar a una situación idéntica a la que existía con anterioridad a su comisión o cuando la autoridad sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye a la que motivó la promoción del amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho que aduce afectado. Y es que resultaría ocioso examinar la regularidad constitucional de un acto de autoridad que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá, pero que, además, no dejó ninguna huella en la esfera jurídica del particular que con la eventual concesión del amparo ameritara ser borrada por la justicia federal. En esta instancia constitucional, el quejoso se duele del hecho de que la autoridad responsable no ha dado impulso al procedimiento administrativo 2378/1ªSala716 de su índice, a efecto de lograr la ejecución de la sentencia ahí dictada; circunstancia que conlleva, sostiene, una vulneración a los derechos tutelados por los artículos 1° y 17 constitucionales. Ahora, de las copias certificadas que integran el procedimiento de origen que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado -un tomo de pruebas-, se advierte que el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitió proveído en el sentido de hacer efectivo un medio de apremio a las autoridades demandadas; requerirles de nueva cuenta para que exhibieran el desglose de la cantidad correspondiente a cada uno de los siguientes conceptos: indemnización constitucional, remuneraciones diarias dejadas de percibir, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y de las deducciones legales o actualizaciones efectuadas, y se les apercibió con la imposición de multa en caso de incumplimiento. Asimismo, el cuatro de octubre del año que transcurre, el hoy quejoso recibió un cheque por la cantidad de $898,040.18 (ochocientos noventa y ocho mil cuarenta pesos 18/100 moneda nacional), por los referidos conceptos. Posteriormente, el diecinueve de octubre del año que transcurre, la autoridad responsable determinó el cumplimiento parcial a la sentencia emitida en el procedimiento de origen. Es así, pues tuvo al Secretario de Seguridad Pública Municipal y al notificador adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal, exhibiendo el desglose de las cantidades condenadas correspondientes a indemnización constitucional, remuneraciones diarias dejadas de percibir, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Además, se les requirió para que dieran cabal cumplimiento a la citada resolución, esto es, que exhibieran la documental en la que conste el pago de las aportaciones de seguridad social denominadas "264 Cuota IMSS" Y "322 Cuota IMSS OBRERA", así como al entero de las aportaciones que se hayan omitido enterar ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), desde que se concretó la terminación de la relación administrativa y hasta la fecha en que materialmente dieran cumplimiento a la sentencia de nulidad. Y finalmente, les apercibió que en caso de persistir en incumplimiento, se les continuarían aplicando los medios de apremio previstos en el artículo 27 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado y los Municipios de Guanajuato. Determinaciones que se ordenaron notificar a las partes. Entonces, está claro que cesaron los efectos de la omisión reclamada y que se ha restituido al quejoso en el goce de los derechos que aduce afectados. Ello, pues con la emisión por parte de la autoridad responsable de los autos de veinticinco de septiembre y diecinueve de octubre previamente enunciados, se alcanzó el fin buscado por la quejosa con la presentación de este juicio constitucional, que consistía en que se dictaran las medidas correspondientes para lograr el cumplimiento de la aludida sentencia; de ahí que a nada practico llevaría estudiar de fondo los planteamientos esgrimidos por la peticionaria a manera de conceptos de violación. Así, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por tanto, se deja sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, pues a juicio del suscrito la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la aludida audiencia para resolver de la forma en que se hace. Estimar lo contrario, vulneraría el artículo 17 constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado; dése vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta para que se impongan de su contenido, debiendo relacionarse en la audiencia constitucional. Finalmente, con las constancias que se acompañaron a la comunicación de cuenta, fórmese un cuaderno de prueba por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I.

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