Ismael Duñalds Ventura
Expediente 251/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/12/2019
Partes del expediente
- Ismael Duñalds Ventura
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se desprende que la notificación del proveído de seis de noviembre de este año (fojas 60 a 67), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Ismael Duñalds Ventura, fue practicada el quince de noviembre de este año (foja 72), surtiendo sus efectos al día hábil posterior, por lo que el término que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiuno del veintisiete del mes próximo anterior, sin que hasta el día de hoy, se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal en comento, en su numeral 2°, se declara que éste ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la propia ley, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se desechó de plano la demanda de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el diez de octubre de la presente anualidad, dentro del recurso del recurso de queja administrativa 92/2019 de su estadística, relativo al presente juicio de garantías 251/2019 del índice de este Juzgado Federal. Háganse las respectivas anotaciones en el libro relativo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que declaró fundado el recurso de queja, revocó el auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve (foja 30), a través del cual este órgano jurisdiccional tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ******************** y ordenó de no existir motivo de improcedencia alguno, se proveyera sobre la admisión de la demanda. Luego, en acatamiento a lo anterior y del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con el artículo 113 de Ley de Amparo vigente, que prevé: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Analizada la demanda de amparo, se advierte que el peticionario del amparo señala como acto reclamado, el oficio SM/X/385/2019, de catorce de enero de dos mil diecinueve, signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante la cual se niega a liberar al libre tránsito la vialidad de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Una vez establecido lo anterior, debe decirse que, en la especie se actualiza, la causal de improcedencia contenida el numeral 61, fracción XX de la Ley de la Materia, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De lo transcrito se coligen tres reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del precepto 61 de la legislación de amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1) Que en contra del acto reclamado proceda algún juicio o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; y, 3) Que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de garantías, deban agotar el juicio o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En principio debe destacarse que la parte quejosa se duele de la negativa por parte de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de liberar la vialidad al libre tránsito de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Precisado lo anterior, se tiene que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en su numeral 109, fracción XI, prevé la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, contra actos y omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, con motivo de la actividad administrativa irregular en los términos previstos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la ley de la materia; en el entendido, que en el caso, el acto que se combate se ubica dentro del supuesto establecido en el precepto y fracción antes aludidos, mismos que señalan: "Artículo 109.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: - - - II. Los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades señaladas en la fracción anterior, así como sus omisiones que afecten derechos de particulares;" En la especie, el acto consiste en negativa a liberar al libre tránsito la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por parte de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; por ende, se ubica en la hipótesis contemplada en la fracción II del dispositivo 109 antes transcrito, habida cuenta que se trata de un acto administrativo por parte de las autoridades municipales del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de liberar el libre acceso a la avenida en cuestión, ocasionando una afectación a los derechos del promovente; razón por la cual procede su impugnación mediante la promoción del Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Ello es así, porque los entes señalados como responsables, son autoridades municipales, por lo que es evidente que el peticionario del amparo, antes de acudir al juicio de amparo debió agotar los medios de defensa que establecen las leyes ordinarias aplicables a los actos, como ya se dejó señalado en líneas que anteceden; lo que no ocurrió en el asunto en estudio, según se aprecia de los capítulos de autoridades, acto reclamado y antecedentes de la demanda constitucional, pues ante dicho acto nunca inició el procedimiento contencioso administrativo de referencia. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis XII.3º.1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, localizable en la página quinientos noventa, tomo IV, Septiembre de mil novecientos noventa y seis, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "**." De igual manera, por las razones que la informan, cobra aplicación la tesis XI.1o.A.T.69 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página tres mil trescientos cincuenta y tres, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Materia Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "**." Además, los arábigos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establecen la figura de la suspensión del acto impugnado, en lo que al caso interesa, mismos que a continuación se transcriben: "Artículo 139.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que, de llegar a consumarse, harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado instructor, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado instructor que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Si el promovente aportó el correo electrónico de la autoridad demandada, el magistrado instructor constatará su autenticidad y por ese medio comunicará la suspensión concedida, precisando que sus efectos se retrotraen a la fecha en que se concedió, aunque se notifique con posterioridad." "Artículo 143.- En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión, puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado instructor que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en el caso de que éste obtuviere sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la que hubiere otorgado el actor." De lo antes transcrito se advierte, que en tratándose del juicio contencioso administrativo, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establece los numerales 139 al 146, la figura de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, misma que aun cuando exige iguales requisitos que los previstos en los numerales 128, 132 y 135, todos de la Ley de Amparo, para el mismo fin, esa otorga mayores beneficios, al tener efectos restitutorios la suspensión que se conceda; máxime que, en tratándose del plazo que tiene la autoridad administrativa para el otorgamiento de la suspensión provisional, no se advierte que sea mayor al de la Ley de Amparo. Esto es, del examen comparativo de los citados preceptos, con los arábigos 175 y 178 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes, pero a diferencia de la Ley de la materia, aquella ley otorga efectos restitutorios a la suspensión que se conceda, cuando: a) Se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos. b) Se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa; c) Que esos actos impidan al particular el acceso a su domicilio y, d) Cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgar estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. De lo antes citado queda acreditado, que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/18, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página mil ciento siete, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "***." A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los conceptos jurídicos que se utilizan en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal y en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, se mencionó, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud"; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, se sostuvo si a partir de la presentación de la demanda, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, igualdad de término lo es para proveer sobre la suspensión en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, temporalidad prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, pues debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Dichos razonamientos fueron plasmados en la jurisprudencia 2ª./J19/2015, (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos ochenta y tres, libro diecisiete, tomo I, abril de dos mil quince, materia administrativa - común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "***." Consecuentemente, si bien es cierto que dicho criterio se refiere al procedimiento contencioso administrativo de la ley federal relativa y no a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit que aquí interesa; también es verídico, que contiene una redacción similar a ésta, puesto que mientras aquélla en el artículo 28, fracción III, inciso c), refiere que el Magistrado instructor debe proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud, la ley citada en último término en los numerales 128 y 139 disponen que el acuerdo sobre la admisión de la demanda se dictará a más tardar al día siguiente de su presentación, siendo que la suspensión podrá solicitarse en el escrito de demanda o en cualquier momento. Bajo esas circunstancias, es evidente que el acto reclamado a las autoridades administrativas origina la improcedencia del juicio de amparo, ya que debe ser impugnado bajo la tramitación del Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Es aplicable al caso, por identidad jurídica la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, materia común - administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "***." En efecto, el acto reclamado en la especie es la negativa por parte de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de liberar la vialidad al libre tránsito de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en esa medida no puede considerarse que ese acto carezca de fundamentación, precisamente porque no existe un acto reclamado en el caso concreto de carácter positivo y la sola negativa u omisión no contraviene el principio de legalidad consistente en la fundamentación, pues este último implica la necesaria emisión de un acto de autoridad debido a que el artículo 16 Constitucional establece que debe observarse ese principio en los mandamientos escritos que emita la autoridad competente. Tampoco es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría al arbitrio del peticionario del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa y bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo; máxime que lo que pretende en la demanda de amparo es la liberación de la vialidad al libre tránsito de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por parte las autoridades responsables; razón por la cual, no se está ante la presencia de una violación directa a la constitución que haga procedente la demanda de amparo. De igual forma, la procedencia del juicio contencioso administrativo a que se ha hecho referencia se encuentra prevista en una ley, por ende no se actualiza la excepción relativa a que el medio de defensa o recurso se encuentre previsto en un reglamento. Por consiguiente, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio y lo correcto es DESECHAR de PLANO la demanda de garantías promovida por ********************, por su manifiesta e indudable improcedencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el diez de octubre de la presente anualidad, dentro del recurso del recurso de queja administrativa 92/2019 de su estadística, relativo al presente juicio de garantías 251/2019 del índice de este Juzgado Federal. Háganse las respectivas anotaciones en el libro relativo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que declaró fundado el recurso de queja, revocó el auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve (foja 30), a través del cual este órgano jurisdiccional tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ******************** y ordenó de no existir motivo de improcedencia alguno, se proveyera sobre la admisión de la demanda. Luego, en acatamiento a lo anterior y del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con el artículo 113 de Ley de Amparo vigente, que prevé: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Analizada la demanda de amparo, se advierte que el peticionario del amparo señala como acto reclamado, el oficio SM/X/385/2019, de catorce de enero de dos mil diecinueve, signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante la cual se niega a liberar al libre tránsito la vialidad de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Una vez establecido lo anterior, debe decirse que, en la especie se actualiza, la causal de improcedencia contenida el numeral 61, fracción XX de la Ley de la Materia, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De lo transcrito se coligen tres reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del precepto 61 de la legislación de amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1) Que en contra del acto reclamado proceda algún juicio o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; y, 3) Que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de garantías, deban agotar el juicio o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En principio debe destacarse que la parte quejosa se duele de la negativa por parte de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de liberar la vialidad al libre tránsito de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Precisado lo anterior, se tiene que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en su numeral 109, fracción XI, prevé la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, contra actos y omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, con motivo de la actividad administrativa irregular en los términos previstos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la ley de la materia; en el entendido, que en el caso, el acto que se combate se ubica dentro del supuesto establecido en el precepto y fracción antes aludidos, mismos que señalan: "Artículo 109.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: - - - II. Los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades señaladas en la fracción anterior, así como sus omisiones que afecten derechos de particulares;" En la especie, el acto consiste en negativa a liberar al libre tránsito la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por parte de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; por ende, se ubica en la hipótesis contemplada en la fracción II del dispositivo 109 antes transcrito, habida cuenta que se trata de un acto administrativo por parte de las autoridades municipales del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de liberar el libre acceso a la avenida en cuestión, ocasionando una afectación a los derechos del promovente; razón por la cual procede su impugnación mediante la promoción del Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Ello es así, porque los entes señalados como responsables, son autoridades municipales, por lo que es evidente que el peticionario del amparo, antes de acudir al juicio de amparo debió agotar los medios de defensa que establecen las leyes ordinarias aplicables a los actos, como ya se dejó señalado en líneas que anteceden; lo que no ocurrió en el asunto en estudio, según se aprecia de los capítulos de autoridades, acto reclamado y antecedentes de la demanda constitucional, pues ante dicho acto nunca inició el procedimiento contencioso administrativo de referencia. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis XII.3º.1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, localizable en la página quinientos noventa, tomo IV, Septiembre de mil novecientos noventa y seis, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "**." De igual manera, por las razones que la informan, cobra aplicación la tesis XI.1o.A.T.69 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página tres mil trescientos cincuenta y tres, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Materia Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "**." Además, los arábigos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establecen la figura de la suspensión del acto impugnado, en lo que al caso interesa, mismos que a continuación se transcriben: "Artículo 139.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que, de llegar a consumarse, harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado instructor, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado instructor que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Si el promovente aportó el correo electrónico de la autoridad demandada, el magistrado instructor constatará su autenticidad y por ese medio comunicará la suspensión concedida, precisando que sus efectos se retrotraen a la fecha en que se concedió, aunque se notifique con posterioridad." "Artículo 143.- En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión, puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado instructor que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en el caso de que éste obtuviere sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la que hubiere otorgado el actor." De lo antes transcrito se advierte, que en tratándose del juicio contencioso administrativo, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establece los numerales 139 al 146, la figura de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, misma que aun cuando exige iguales requisitos que los previstos en los numerales 128, 132 y 135, todos de la Ley de Amparo, para el mismo fin, esa otorga mayores beneficios, al tener efectos restitutorios la suspensión que se conceda; máxime que, en tratándose del plazo que tiene la autoridad administrativa para el otorgamiento de la suspensión provisional, no se advierte que sea mayor al de la Ley de Amparo. Esto es, del examen comparativo de los citados preceptos, con los arábigos 175 y 178 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes, pero a diferencia de la Ley de la materia, aquella ley otorga efectos restitutorios a la suspensión que se conceda, cuando: a) Se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos. b) Se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa; c) Que esos actos impidan al particular el acceso a su domicilio y, d) Cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgar estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. De lo antes citado queda acreditado, que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/18, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página mil ciento siete, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "***." A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los conceptos jurídicos que se utilizan en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal y en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, se mencionó, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud"; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, se sostuvo si a partir de la presentación de la demanda, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, igualdad de término lo es para proveer sobre la suspensión en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, temporalidad prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, pues debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Dichos razonamientos fueron plasmados en la jurisprudencia 2ª./J19/2015, (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos ochenta y tres, libro diecisiete, tomo I, abril de dos mil quince, materia administrativa - común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "***." Consecuentemente, si bien es cierto que dicho criterio se refiere al procedimiento contencioso administrativo de la ley federal relativa y no a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit que aquí interesa; también es verídico, que contiene una redacción similar a ésta, puesto que mientras aquélla en el artículo 28, fracción III, inciso c), refiere que el Magistrado instructor debe proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud, la ley citada en último término en los numerales 128 y 139 disponen que el acuerdo sobre la admisión de la demanda se dictará a más tardar al día siguiente de su presentación, siendo que la suspensión podrá solicitarse en el escrito de demanda o en cualquier momento. Bajo esas circunstancias, es evidente que el acto reclamado a las autoridades administrativas origina la improcedencia del juicio de amparo, ya que debe ser impugnado bajo la tramitación del Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Es aplicable al caso, por identidad jurídica la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, materia común - administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "***." En efecto, el acto reclamado en la especie es la negativa por parte de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de liberar la vialidad al libre tránsito de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en esa medida no puede considerarse que ese acto carezca de fundamentación, precisamente porque no existe un acto reclamado en el caso concreto de carácter positivo y la sola negativa u omisión no contraviene el principio de legalidad consistente en la fundamentación, pues este último implica la necesaria emisión de un acto de autoridad debido a que el artículo 16 Constitucional establece que debe observarse ese principio en los mandamientos escritos que emita la autoridad competente. Tampoco es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría al arbitrio del peticionario del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa y bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo; máxime que lo que pretende en la demanda de amparo es la liberación de la vialidad al libre tránsito de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por parte las autoridades responsables; razón por la cual, no se está ante la presencia de una violación directa a la constitución que haga procedente la demanda de amparo. De igual forma, la procedencia del juicio contencioso administrativo a que se ha hecho referencia se encuentra prevista en una ley, por ende no se actualiza la excepción relativa a que el medio de defensa o recurso se encuentre previsto en un reglamento. Por consiguiente, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio y lo correcto es DESECHAR de PLANO la demanda de garantías promovida por ********************, por su manifiesta e indudable improcedencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
* TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense al presente cuaderno de antecedentes para que obren como corresponda la copia certificada del oficio que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común "B" del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual, en lo que al caso interesa, acusa recibo del juicio de amparo 2065/2018 que le fue enviado y recibió el cuatro de este mes, siendo turnado en la misma fecha al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, como se acredita con la boleta de turno correspondiente, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal dicte la sentencia respectiva. **
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