Ismael Diaz Vanegas

Expediente 1003/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1003/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Ismael Diaz Vanegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la resolución pronunciada el seis de mayo de dos mil veintiuno en el recurso de queja número Q.A 37/2021. Se hace del conocimiento que la superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja" Se acusa el recibo de estilo para los efectos legales conducentes y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual comunica el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno dictado por el Presidente de dicho Tribunal. En éste, acusó recibo del oficio, informe justificado, así como del escrito de agravios, relativos al recurso de queja interpuesto en autos; ordenó registrar el toca ********************y lo admitió a trámite. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, mismas que se reflejaron en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/01/2021, SECNO/04/2021, SECNO/06/2021 y SECNO/09/2021. En dichas circulares se decretó, en lo que interesa, medidas relativas a la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y del doce al dieciocho, del diecinueve al veinticinco ambos de enero, del veintiséis de enero al nueve de febrero y del diez al quince de febrero todos del presente año respectivamente, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito. Dichas medidas, consisten en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Por tanto, con fundamento en la Circular SECNO/10/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanuda el presente juicio de amparo. Escrito de cuenta. Agréguese el escrito signado por Eduardo González Santiago, autorizado en términos amplios por Ismael Díaz Vanegas parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente en que se actúa. Con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de que se trata, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que este juzgado emitió el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, versión digitalizada de las constancias que integran los autos originales, el escrito original de la parte quejosa, con el que impugna el acuerdo referido, relativo al juicio de amparo 1003/2020, para que tenga a bien resolver sobre el recurso de mérito. Se informa al Tribunal que el acuerdo impugnado es localizable en el portal de intranet. Notifíquese.

  4. Principal

    En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que dice: Agréguese el escrito de cuenta, suscrito por Ismael Díaz Vanegas, por propio derecho, por el que desahoga los requerimientos formulados en auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, se dejan sin efectos los apercibimientos generados en esa fecha. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que de la revisión efectuada a la demanda de amparo se advierte que el quejoso carece de interés jurídico para impugnar la norma reclamada. A continuación, se transcribe el artículo en mención: Ley de Amparo "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;(.)". La presente causa de improcedencia contempla diversos supuestos: (i) la parte quejosa no demuestra su interés jurídico o legítimo, es decir, pudiendo tenerlo, no lo prueba [falta de acreditamiento]; (ii) la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnar el acto reclamado [ausencia de interés]; y, (iii) teniendo legitimación procesal, el acto reclamado no le produce una afectación [falta de afectación]. En el caso, se actualiza esa causa de improcedencia [falta de afectación] en contra de la omisión reclamada ya que ésta no afecta el interés jurídico del quejoso. Razones de la improcedencia. Para demostrar que se actualiza esa causa de improcedencia es necesario señalar que en el caso concreto, el interés que resulta aplicable al presente es el interés jurídico del quejoso; además, es importante destacar que, tratándose de la afectación a dicho interés, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Ahora bien, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente, esto de conformidad con la siguiente jurisprudencia: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." A partir de esas ideas, este Juzgador advierte que el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable al dejar de contemplar a las unidades de verificación como aquellas personas (físicas o morales acreditadas) para realizar actos de verificación respecto de ciertas actividades como lo preveía la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su carácter de norma autoaplicativa como lo señala el quejoso, si existe, sin embargo, no afecta el interés jurídico del quejoso de manera real y actual, pues aún no se dictan las disposiciones en materia administrativa respecto de las cuales pueda resentir un perjuicio en sus derechos. Uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Dicho principio es recogido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: "5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". A partir de las anteriores normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. En el caso, la norma reclamada no afecte de manera real y actual su esfera derechos, esto de conformidad a lo señalado en el transitorio octavo de la Ley de Infraestructura de la Calidad, que a continuación se transcribe: "[.] OCTAVO. Las disposiciones administrativas en materia de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad y metrología, en particular las relativas a la elaboración de normas oficiales mexicanas y a la aprobación de los organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de prueba y de calibración y unidades de verificación, contenidas en otros ordenamientos; emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán vigentes en todo lo que no se le oponga, hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo a la misma. [.]" De conformidad con lo anterior, si bien la Ley reclamada ya entró en vigor, en sus artículos transitorios señala que las disposiciones administrativas respecto de las unidades de verificación continuarán vigentes hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan, por lo que el quejoso carece de interés jurídico para reclamarla en su carácter de norma autoaplicativa, ya que se advierte que la misma se encuentra en vacatio legis respecto de las unidades de verificación. Ahora bien la vacatio legis se define como el lapso de tiempo que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, ello con el objeto de que la ley pueda ser conocida suficientemente, antes de que adquiera fuerza obligatoria. Además, si bien el quejoso impugna el Artículo Transitorio Tercero de la Ley de Infraestructura de la Calidad, este artículo señala que mientras no se emita el Reglamento de la mencionada Ley, continuará aplicándose en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el Ejecutivo Federal se encuentra dentro del término de doce meses concedido para su expedición. Al respecto cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." En ese sentido, el acto reclamado consistente en la omisión de que la autoridad responsable dejó de contemplar a las unidades de verificación como aquellas personas (físicas o morales acreditadas) para realizar actos de verificación respecto de ciertas actividades como lo preveía la Ley Federal sobre Metrología y Normalización aun no cobra aplicación, dado que como antes se ha mencionado, el transitorio octavo señala que las disposiciones que las reglamentan continuarán vigentes mientras no se expidan aquellas que las sustituyan. Por lo tanto el acto reclamado, no ha producido afectación alguna sobre la esfera de derechos del quejoso y, por tanto, es válido concluir que no afecta su interés jurídico. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis 3a. XXXVIII/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. DEBE SER ACTUAL". De igual manera, resulta aplicable la tesis CCXV/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE REFERIRSE A HECHOS ACTUALES O ANTERIORES A LA PRESENTACION DE LA DEMANDA". La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezcan en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) hay pruebas documentales que demuestran la naturaleza jurídica del acto reclamado; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Conclusión. Por lo tanto, como se adelantó, se determina que se actualiza la causa de improcedencia, ya que el quejoso carece de interés jurídico para impugnar la norma reclamada, y debe desecharse de plano la demanda de amparo. Notifíquese

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