Ismael del Río Pastor y Otros.
Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ismael del Río Pastor y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el once de mayo último, se giró exhorto al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, en turno, a efecto de que notificara a la parte quejosa el acuerdo de la data ya referida y, en razón de que el conflicto competencial suscitado en este asunto ha sido resuelto y es el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca quien actualmente conoce del juicio; en consecuencia, dese de baja la comunicación oficial enviada número 185/2023-VII, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remitiendo testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria vía remota el ocho de junio del año en curso, dentro del conflicto competencial 32/2023, de su índice, en la que determinó que existía conflicto competencial entre el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca y este órgano de control constitucional, declarando al primero de ellos legalmente competente para conocer el amparo indirecto promovido por **********, **********, ********** e **********, en su carácter de integrantes de la comunidad "Otomí" de San Jerónimo Acazulco Ndöngü, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior en atención a que este juzgado se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes. Además de que este asunto no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se le tiene devolviendo sin diligenciar el exhorto 208/2023-VII, derivado del juicio de amparo en que se actúa. Sin que sea necesario acusar recibo del mismo, toda vez que el homólogo federal no lo solicita. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Atento a lo anterior, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la parte quejosa la determinación del veintiséis de mayo pasado, así como las subsecuentes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Sexto de Distrito de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, devolviendo el juicio de amparo 564/2023-VII, en virtud de que no aceptó la competencia planteada por este Órgano de Control Constitucional para conocer de ese asunto, por los motivos que expone en su acuerdo del quince de mayo del año en curso, dictado en su expediente 732/2023. Acúsese recibo vía interconexión y realícense las anotaciones respectivas. Ahora, este Juzgado Federal no comparte los argumentos expuestos para rechazar la competencia legal de que se trata, atendiendo que de autos se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: Los trabajos de obra, operación y puesta en funcionamiento total o parcial del proyecto denominado "Tren Interurbano México-Toluca, así como la omisión por parte de las responsables de realizar una consulta a los integrantes de los pueblos y comunidades originarias otomís, con asiento en el Pueblo de San Jerónimo Acazulco Ndöngü, relativas a dicho proyecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de amparo y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Órgano de Control Constitucional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda por razón de territorio. El acuerdo de referencia en lo que interesa indica: "ACUERDO PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos Circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (...) II. SEGUNDO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y los juzgados de Distrito en materias de amparo y de juicios federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acambay, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Atizapán, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Coatepec Harinas, Chapultepec, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Luvianos, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Ocoyoacac, Ocuilán, Otzoloapan, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlataya, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec y Zumpahuacán. (.)" Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras sí la exige, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se ejecute o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en los cuales pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras la segunda regla se refiere a la ejecución en distritos diferentes. El presente caso se ubica en la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece la competencia del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en que puede ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Apoya a lo anterior la tesis de jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 14, Tomo CXXIX, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en sus párrafos tercero y cuarto, establece que es competente el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción resida la autoridad que haya dictado la resolución impugnada, cuando ésta no requiera ejecución material, y en aquéllos casos en que, exigiendo ejecución material el acto que se reclama, el propio acto, por su mero pronunciamiento, viole garantías individuales, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. El mismo artículo 36, en su párrafo primero, dice que es competente el Juez dentro de cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto impugnado. Podría pensarse en que, al menos en apariencia, hay contradicción entre el párrafo primero y el párrafo cuarto del citado artículo 36. La contradicción, en el supuesto de existir, habría de resolverse en favor del párrafo primero, ya que en su texto coincide con el contenido del artículo 107 constitucional, fracción VII, según la cual "el amparo... contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentra el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". Ahora bien, cuando el acto que se combate no requiere ejecución material o, con mayor razón, cuando no admite tal modo de ejecución, resulta indiscutible que el competente es el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción reside la autoridad que haya emitido ese acto, de conformidad con el artículo 36, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Pero si la resolución impugnada exige ejecución material, es competencia el Juez Federal dentro de cuyo territorio se encuentra el lugar en que se ejecutará o pretenda ejecutarse, salvo que, además de combatirse el acto como violatorio de garantías individuales en sí mismo, se acredite que no se han iniciado aun los trámites para ejecución, y ésta, por otra parte, no se impugne como inminente." En efecto, la parte quejosa señala como acto reclamado: Los trabajos de obra, operación y puesta en funcionamiento total o parcial del proyecto denominado "Tren Interurbano México-Toluca, así como la omisión por parte de las responsables de realizar una consulta a los integrantes de los pueblos y comunidades originarias otomís, con asiento en el Pueblo de San Jerónimo Acazulco Ndöngü, relativas a dicho proyecto. De lo anterior, se advierte que los efectos del acto reclamado son de naturaleza ejecutiva, por lo que corresponde al juez que ejerza jurisdicción en el lugar en que tiene ejecución el acto reclamado, el cual es municipio de Ocoyoacac, Estado de México; lo anterior es así, pues como ya se dijo, los actos reclamados se van a ejecutar dentro de la jurisdicción del Juzgado Sexto de Distrito de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. De igual forma, apoya a lo anterior la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88 del Volumen 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse.". Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis sustentada por la Primera Sala de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, del Tomo 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1974, Séptima Época, del tenor siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En esas condiciones, debe considerarse que el acto combatido no tiene ejecución dentro del territorio correspondiente a la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en virtud de que se materializará en el lugar que se vaya a ejecutar el acto reclamado esto es los trabajos de obra, operación y puesta en funcionamiento total o parcial del proyecto denominado "Tren Interurbano México-Toluca, así como la omisión por parte de las responsables de realizar una consulta a los integrantes de los pueblos y comunidades originarias otomís, con asiento en el Pueblo de San Jerónimo Acazulco Ndöngü, relativas a dicho proyecto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, en consecuencia; dado que este Juzgado de Distrito no podría válidamente, pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, estima que es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Agosto de 2001, foja 1299, que dice lo siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por dichas razones, este juzgado considera que carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo y se insiste que debe conocer el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Por lo anterior, con apoyo en la fracción VI, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 48 de la ley de la materia, remítase este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a efecto de que tenga a bien resolver el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Comuníquese mediante oficio el contenido de este acuerdo, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, para que realice el turno correspondiente del conflicto competencial que se plantea; lo anterior, para efecto de que remita a este juzgado de Distrito la boleta de turno por correo electrónico con el fin de identificar el órgano al que le fue asignado el asunto. Una vez acontecido lo anterior, sin ulterior acuerdo, remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que corresponda para su substanciación. Finalmente, toda vez que el domicilio señalado en el escrito de demanda se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, por única ocasión, notifíquese personalmente el presente proveído a los quejoso, por conducto de su representante común; para tal efecto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) de la ley de la materia, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa de su ordinal 2o., y 158 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito tenga a bien comisionar a uno de los actuarios judiciales de su adscripción para que, incluso en días y horas inhábiles, se constituya en el domicilio ubicado en: Salvador Moctezuma, Colonia Plaza Principal S/N, Pueblo de San Jerónimo Acazulco, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, y notifique a los quejosos, por conducto de su representante común **********, la presente determinación, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por exhorto. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusando recibo del oficio por el cual se remitieron las constancias del juicio de amparo en que se actúa, para la substanciación del conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, e informando que lo admitió a trámite registrándolo bajo el número 32/2023. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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