Ismael de Jesus Ramirez Frausto

Expediente 1579/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1579/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
16/01/2017

Partes del expediente

  • Ismael de Jesus Ramirez Frausto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    VII)Toluca, Estado de México; dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la etiqueta de visita y control de estafeta recibida en el correo de este juzgado, a través de la cual se devuelve el oficio 5660/2016 dirigido al Comisionado de Seguridad Pública, de la cual se desprende la leyenda "Falta de datos o domicilio incorrecto". Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes; en obvio de mayores dilaciones, reexpídase el oficio de mérito a la autoridad con la denominación correcta Comisionado Nacional de Seguridad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VII. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió la sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 82 a 86), por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente expediente es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. En el entendido de que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). Además a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  3. Principal

    VII. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1579/2016-VII, promovido por Ismael de Jesús Ramírez Frausto, contra actos del Comisionado de Seguridad Pública y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis Ismael de Jesús Ramírez Frausto solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se indica: AUTORIDADES RESPONSABLES: SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS AL C. COMISIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA. AL C DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, AL C. DIRECTOR DE SEGURIDAD Y OPERACIONES DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS: AL C. SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL C. DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DENOMINADO "SANTIAGUITO" Y AL C. JEFE DE VIGILANCIA DE ESE MISMO CENTRO. ACTO RECLAMADO: RECLAMO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EL HECHO DE QUE PRETENDAN TRASLADARME A OTRO PENAL, DORMITORIO, CELDA, PASILLO AL QUE ME ENCUENTRO. SEGUNDO. El quejoso estimó violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 17 Y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Este Juzgado por auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis (fojas 7 a 10), admitió a trámite dicha demanda, requirió informe justificado de las autoridades responsables, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional y previo diferimiento del dieciséis de noviembre de este año, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Esta resolución no se ocupará de los actos atribuidos a la autoridad señalada inicialmente por la parte quejosa como "Policía Federal" pues en líneas que preceden se determinó dejar de tenerla como responsable para los efectos del presente juicio de amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados podrían ser ejecutados dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en la orden de traslado del quejoso a otro penal, dormitorio, celda o pasillo y su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de éstos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A4 mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Ahora, las autoridades responsables Director y Jefe de Vigilancia, ambos del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Toluca, Estado de México, Director de Seguridad y Operación y Director General, ambos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el Comisionado Nacional de Seguridad (denominación correcta) y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 25, 27, 29, 49, 57 y 66 respectivamente. Por tal motivo, si la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1403/2016-VII, promovido por Ismael de Jesús Ramírez Frausto, por los actos, contra las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando ultimo de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director del Área de lo Contencioso adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en representación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del cual rinde informe justificado; dése vista a las partes, lo anterior sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 9 del ordenamiento jurídico invocado, se tienen como delegados de la autoridad a las personas que nombra en el oficio de cuenta y en términos del artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el oficio de cuenta siempre y cuando coincida con el de su oficina principal; asimismo, por anunciada la causa de improcedencia hecha valer sin perjuicio de considerarla al dictar la sentencia que se emita. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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