Ismael Cruz Carbajal

Expediente 511/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
511/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
21/07/2016

Partes del expediente

  • Ismael Cruz Carbajal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto, el estado procesal que guarda el sumario y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; por ende, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, a las nueve horas con veinte minutos del cuatro de julio de dos mil dieciséis, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Juan Carlos Texta Méndez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. El secretario Juan Carlos Texta Méndez certifica: que hecha una revisión exhaustiva de las constancias que integran el presente expediente, el mismo se encuentra integrado para celebrar la audiencia constitucional. El Juez acuerda: visto lo asentado por el Secretario, procédase a llevar a cabo la audiencia. Acto seguido, José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Juan Carlos Texta Méndez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Abierta dicha audiencia, el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, así como el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que el Juez acuerda: téngase hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de cuenta. Acto continuo, se abre el periodo de pruebas y el Secretario da cuenta con las pruebas documentales que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta Ciudad, exhibió en este juicio de amparo. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes relacionadas. Cerrado el periodo probatorio y abierto el de alegatos, el Secretario certifica que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: téngase hecha la certificación que antecede, para los efectos legales correspondientes. Acto continuo, cerrado el período de alegatos y no habiendo escritos pendientes por acordar, ni términos que transcurrir, se procede a dictar sentencia. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 511/2016; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad Ismael Cruz Carbajal, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que se especifican: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE, C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES. IV.- ACTO RECLAMADO: LA EXCESIVA FIANZA, que me impuso directamente al quejoso ISMAEL CRUZ CARBAJAL en la cual se tomaron en cuenta los siguientes conceptos para garantizar las obligaciones procesales a mi cargo y la posible reparación del daño.." SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16, 20 Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 70 C del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, la cual se registró con el número 511/2016 y se admitió por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se le dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su voluntad que los datos personales en la publicación de la sentencia se omitieran; se notificó a la parte tercero interesada; y, se señaló día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, primer párrafo, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero, fracción XXI, y punto cuatro, fracción XXI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, el diverso 36/2016 que lo modifica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, en vigor a partir del catorce de junio siguiente. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Para que exista coherencia entre lo solicitado y lo resuelto, se precisan los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, volumen XIX, abril de 2004, Novena Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, el acto reclamado lo constituye el auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 72/2016-II del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta Ciudad, en el que se fijó al quejoso la cantidad que debía exhibir para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca de él, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Es decir, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Resulta aplicable la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 68, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". La autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares con residencia en esta Ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama en esta vía constitucional, consistente en el auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió, consistentes en diversas actuaciones que integran la causa penal 72/2016-II de su índice, instruida en contra del ahora quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio por tránsito de vehículos en agravio de Claudia Adriana Hernández Salinas, y lesiones por tránsito de vehículos en agravio de Nikool Vega Hernández, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ESTUDIO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar si respecto al acto reclamado se actualiza una causa de improcedencia, porque éstas deben examinarse lo aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 814, que se aprecia en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario estudiar previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. De oficio, el suscrito juzgador advierte la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XXiI de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" Atento a lo anterior, de los preceptos transcritos se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, así como, cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En la especie, por lo que atañe a la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, consta en autos que el siete de junio de dos mil dieciséis (foja 216 del tomo de pruebas) compareció ante la autoridad responsable José Suárez Peñaloza en calidad de fiador carcelario del aquí quejoso Ismael Cruz Carbajal, exhibiendo la cantidad de cuarenta mil pesos para garantizar la libertad provisional del procesado, acreditándolo mediante la ficha de depósito con folio 3571986 de Banco Santander, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado. A tal manifestación, el Juez responsable acordó en lo que interesa, lo siguiente: "A U T O.- Acapulco, Guerrero a siete de junio del año dos mil dieciséis. Vista la comparecencia que hace el C. José Suárez Peñaloza, en su carácter de fiador carcelario, quien exhibe la ficha de depósito por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100), de la Institución Bancaria Santander, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado; con la finalidad de garantizar la libertad bajo de fianza (sic) del procesal Ismael Cruz Carbajal, a quien se le instruye la causa penal 72/2016-II por los delitos de Homicidio por Tránsito de Vehículos y Lesiones por Tránsito de Vehículos, el primero en agravio de Claudia Adriana Hernández Salinas, y el segundo de los ilícitos en agravio de la menor Nikool Vega Hernández; luego entonces, tomando en cuenta que de autos se desprende que con fecha seis de junio del presente año, Nicolás Vega Velardes, esposo de la occisa Claudia Adriana Hernández Salinas, y padre de la menor Nikool Vega Hernández, se dio por pagado por la reparación del daño por los delitos de Homicidio y Lesiones por Tránsito de Vehículo, cometido en agravio de las personas citadas, se ordena girar la boleta de ley correspondiente al C. Director del Centro Penitenciario der esta Ciudad; ." De lo antes transcrito, se aprecia que el aquí quejoso aceptó expresamente la condición impuesta por la autoridad responsable para obtener su libertad provisional mediante el otorgamiento de una garantía, lo que implica a su vez, la aceptación del acto reclamado y sus consecuencias, sin que exista duda respecto a la intención del solicitante del amparo de acogerse al beneficio procesal otorgado por la responsable en los términos expuestos en el diverso auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis (foja 163 del tomo de pruebas), que dice: "Por otra parte, se le concede al inculpado Ismael Cruz Carbajal, el beneficio de su libertad bajo de fianza (sic) siempre y cuando deposite a satisfacción de este juzgado la cantidad de $770,400.00 (setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos) desglosada de la siguiente manera la cantidad de $365,200.00 (trescientos sesenta y cinco mil doscientos pesos) por concepto de reparación del daño por el delito de Homicidio por Tránsito de Vehículos, en agravio de Claudia Adriana Hernández Salinas; la cantidad de $365,200.00 (trescientos sesenta y cinco mil doscientos pesos) por concepto de reparación del daño por el delito de Lesiones por Tránsito de Vehículos, en agravio de Nikkol Vega Hernández y la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos) como obligaciones procesales; cantidad en total que deberá exhibir a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado, en cualquiera de las formas previstas por la ley y en caso de que deposite mediante póliza esta deberá de ser por tiempo definido." Por tanto, si no existe duda alguna de que el hoy inconforme manifestó su voluntad de dar cumplimiento al auto por el cual el Juez de la causa fijó la cantidad que debía depositar a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado por concepto de obligaciones procesales para obtener su libertad provisional, ello implica el consentimiento del acto reclamado en esta vía; por lo que es inconcuso que se actualizó la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J. 148/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 289, Tomo XXIV, Octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174120, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado." Por otra parte, también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque del auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis en el que el Juez de la causa concedió al aquí quejoso la libertad provisional bajo caución, se aprecia que para conceder ese beneficio, sujetó al procesado a satisfacer en primer lugar la reparación del daño a favor de las víctimas del delito. Sin embargo, por comparecencia de seis de junio de dos mil dieciséis ante el Juez de la causa (foja 214 del tomo de pruebas), se advierte que el denunciante Nicolás Vega Velardes, esposo de Claudia Adriana Hernández Salinas y padre de Nikool Vega Hernández, sujetos pasivos de los delitos de homicidio y lesiones por tránsito de vehículo, respectivamente, manifestó darse por pagado de la reparación del daño por tales injustos, sin reservarse acción civil o penal que ejercer en contra del aquí quejoso, y sin que existiera inconformidad por parte del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable. Luego, aun cuando el acto reclamado subsiste, el mismo no afecta los intereses jurídicos del impetrante, pues no obstante que el auto que concedió la libertad provisional bajo caución continua vigente, su objeto dejó de existir únicamente por cuanto a los rubros relativos a la reparación del daño, ya que el denunciante se dio por pagado de los mismos, por lo que resulta claro que se actualizó la causa de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En apoyo de lo expuesto, se cita la tesis 2a. XCVIII/2000 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, consultable en la página 358, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191327, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse." Por su parte, conviene dejar en claro que la actualización de las hipótesis de improcedencia analizadas no implican una denegación al derecho de acceso para el quejoso a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición se haría nugatoria la existencia de tales presupuestos; por ende las causas de improcedencia analizadas, constituyen un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." También es aplicable a lo considerado, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En mérito de lo descrito, por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ismael Cruz Carbajal, respecto a la autoridad y acto precisados, así como por los motivos expuestos en los considerandos segundo, tercero y cuarto de la presente sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos; agréguese el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en su calidad de autoridad vinculada, en cumplimiento al requerimiento contenido en auto de veintiséis de mayo del año en curso, remite copias certificadas de diversas actuaciones derivadas del exhorto derivado del expediente laboral, del índice de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, el que devolvió sin diligenciar por las razones ahí expuestas. Dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días, sin que las partes correspondientes hayan recurrido el proveído de veinte de abril del año en curso, por el que se tuvo por cumplido el fallo protector; por ende, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, en su oportunidad envíese al archivo. se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió en este asunto

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