Ismael Bocanegra Menez
Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ismael Bocanegra Menez
Actuaciones
- Principal
Juicio 72/2022-VIII-2 quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de dos de febrero del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Elmer Antonio López Gámez, quien se ostenta como autorizado del quejoso Ismael Bocanegra Méndez, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Juicio 72/2022-VIII-2 dos de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en cuenta que a la fecha la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós. En atención a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de referencia; en consecuencia, con apoyo en los artículos 108, 109, 110 y 112 de la Ley de Amparo en vigor (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece), se proveerá conforme a lo expresado en el escrito inicial de demanda. Desechamiento de demanda. Ahora, en el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 6 del mismo cuerpo normativo que dispone lo siguiente Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De la interpretación a lo transcrito, se obtiene que las causas de improcedencia no se limitan a las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus primeras XXII fracciones, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento, en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6 de la Ley de Amparo, de acuerdo con el cual, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Es decir, tomando como base doctrinal los principios de instancia de parte agraviada y de la existencia de agravio personal y directo para la procedencia de un juicio de amparo, la afectación que se resiente en una esfera jurídica de derechos, debe ser invocada necesaria y obligadamente por disposición de la ley, por la persona directamente involucrada en dicha lesión, pudiendo hacerlo por sí o por su representante. Lo anterior, tomando en consideración que si bien es cierto la demanda de amparo fue presentada vía electrónica ante el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ésta no cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica de la parte quejosa (o su representante), a que se refieren los numerales 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, si no de Diana Berenice Bravo Chable, persona que el promovente del juicio de amparo que nos ocupa, señaló en su escrito de demanda como su autorizada.*** Ahora, en el caso, se advierte que la demanda de amparo no fue firmada electrónicamente por el directo quejoso Elmer Antonio López Gamez; y, si bien se encuentra plasmado su nombre en el apartado respectivo; e incluso se acompañó copia de una carta poder, lo cierto es que quien compareció a juicio lo hizo en su carácter de autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo que permite inferir que no se aprecia la voluntad de suscribir la demanda de amparo.*** En ese sentido, de la jurisprudencia antes transcrita podemos advertir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, pues al no contener su firma electrónica, no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. De ahí que -como ya se dijo-, si la demanda de derechos fundamentales fue presentada vía electrónica ante el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y firmada electrónicamente con la FIREL de Diana Berenice Bravo Chable, persona que el promovente señaló en su escrito de demanda como su autorizada; debe válidamente concluirse que no existe cumplimiento con el principio de instancia de parte agraviada, dado que al no plasmar por medio de la firma su conformidad, no se encuentra exteriorizada la voluntad en la promoción del juicio de amparo; es decir, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta precisamente a través de su firma, ya que de lo contrario no existe evidentemente tal manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. De lo antes expuesto, podemos concluir que al no colmarse el principio de instancia de parte agraviada, ni advertirse excepción alguna para que la demanda no se encuentre suscrita por el directo quejoso, tomando en consideración que no se está en presencia de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en comento de manera manifiesta e indudable, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXIII, en relación con el numeral 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.*** Notifíquese personalmente.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ********* quien se ostenta como autorizado en términos amplios del quejoso *********, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Aspectos Generales. ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 72/2022-VIII-2. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Procedencia de la demanda. Previo acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano jurisdiccional debe seguir los lineamientos establecidos en los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." "ARTÍCULO 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Por su parte, el artículo 110 de la mencionada Ley, indica literalmente lo siguiente: Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Los dispositivos legales supra transcritos, imponen a quien resuelve, previamente a acordar sobre la admisión de la demanda, la obligación de analizar si se cumplieron los requisitos para la presentación de la demanda, y en caso contrario mandara a requerir al promovente para que aclare o subsane las omisiones que deban corregirse. LINEAMIENTOS DE LA PREVENCIÓN. Ahora, en el particular se advierte que existe una irregularidad que requiere ser subsanada; lo anterior, tomando en consideración que el promovente señaló promover su demanda como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso ********; sin embargo, allegó la digitalización de la carta poder de diez de enero de dos mil veintidós; lo que genera incertidumbre respecto de si comparece al juicio constitucional en términos del articulo 11 o 12 del ordenamiento legal en cita; es decir, no es claro, si el ocursante promueve como autorizado o apoderado legal del quejoso *********. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los términos siguientes: ? Precise si promueve la demanda de amparo como autorizado en términos amplios o como apoderado legal del quejoso Ismael Bocanegra Méndez y lo acredite con documento idóneo. En esa tesitura, para estar en condiciones de acordar la demanda de amparo, se hace necesario que cumplimente el requerimiento anterior, por lo que se le concede el término de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la legal notificación de este proveído, para que lo realice conforme a la ley. Asimismo, se le hace saber a la promovente del amparo, que dado que se requiere que realice manifestaciones bajo protesta de decir verdad, deberán ser desahogadas de manera personalísima por quien promovió la demanda (Ismael Bocanegra Méndez) y que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio serán confrontadas con las que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de traducirse en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XXIV, Materia Común, de Julio de 2006, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Así como la tesis número II.2o.P..51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 781, tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DELITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. El delito que prevé el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo es un delito que para que se configure debe ser intencional, pues si bien es cierto que tal figura no exige un resultado, también lo es que la omisión o afirmación de un hecho falso es con la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, es decir, dicho delito requiere que la omisión o alteración de los hechos sea con la finalidad y dañada intención de obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, la protección constitucional, además de que la falta de su señalamiento o alteración sea indispensable para que trascienda al resultado del fallo, lo que constituye el elemento subjetivo del tipo penal; por lo que al no quedar acreditada la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, y que dicha omisión no constituye antecedente del acto reclamado, sin el cual no se hubiera podido resolver el juicio constitucional, no se actualizan los elementos del tipo penal que para ello prevé precisamente el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo." En el entendido, que el escrito mediante el cual cumpla la prevención impuesta en este acuerdo, deberá exhibir copias para cada una de las partes que tienen injerencia en el presente sumario en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo; ello, para estar en condiciones de correr el traslado de ley, habida cuenta que en el caso concreto, el escrito aclaratorio no puede quedar desvinculado al de demanda, ya que viene a formar parte de la misma. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia cuyo número de registro 189,977, Materia: Común, de la Novena Época, del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 2001, Tesis: P./J. 36/2001, Página: 79: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". APERCIBIMIENTO Apercíbase al promovente que de no desahogar el requerimiento que antecede, se proveerá conforme a lo expresado en el escrito inicial de demanda. Autorización vía correo electrónico Se autoriza a la responsable para que remita su informe justificado a través de la Firma Electrónica (de contar con ella), por medio del portal del Consejo de la Judicatura Federal o bien, al correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edilia Ruiz Marín, Diana Berenice Bravo Chable y Victoria Pérez Arias. Asimismo, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alma Edith Paredes Arano; sin que pase desapercibido que el mismo no haya acreditado tener registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF) del Consejo de la Judicatura Federal; dado que el quejoso es la parte actora en el expediente laboral del que emana el acto reclamado. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que los usuarios "elmer-lop" y "dianbrach2109" se encuentran registrado; instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.
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