Ismael Ángeles Hernández y otros
Expediente 1229/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1229/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Ismael Ángeles Hernández y otros
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA, DEL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO; EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, TENGASE ACUSANDO RECIBO DE LO QUE REFIERE. POR CUANTO HACE AL DIVERSO 455 REMITIDO POR LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, AL CUAL ACOMPAÑA EL EXHORTO 60/2015, DEL INDICE DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL DILIGENCIADO EN SUS TERMINOS; ACUSESE RECIBO, HAGASE LA ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y ESTESE A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE VEINTE DEL MES Y AÑO EN CURSO. POR OTRA PARTE, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESCRITO SIGNADO POR EL DEFENSOR PARTICULAR DE LOS QUEJOSOS, EN ATENCION A SU CONTENIDO TENGASELE POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES QUE REFIERE. ASIMISMO, POR CUANTO A LO QUE INDICA EL PROMOVENTE, DE QUE LOS IMPETRANTES DE GARANTIAS YA FUERON NOTIFICADOS DE LA RESOLUCIÓN DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, Y EN OBVIO DE MAYORES DILACIONES Y EN CUMPLIMIENTO A LO RESOLUCIÓN EN COMENTO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL OFICIO DE CUENTA QUE REMITE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, EN ATENCION A SU CONTENIDO, TENGASELE INFORMANDO Y JUSTIFICANDO LAS MEDIDAS TENDENTES A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE EXHORTO 60/2015 DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, ENVIADO POR ESTE ORGANO COLEGIADO.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio TSJ/SGA/619/2015 del Secretario General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 7561/2015; escrito de presentación; original con cuatro copias de la demanda de garantías promovida por los quejosos Ismael Ángeles Hernández, Edgar Sánchez Hernández, Jorge Carretero Chávez y Felipe Flores Sánchez, por conducto de su defensor particular Loth Bautista Guzmán; original con copia del diverso TSJ/SGA/618/2015, mediante el cual el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y Representante del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, rinde su informe justificado; toca penal 2096/2013; causa penal 75/2012; y, expediente de reconocimiento de inocencia 4/2015; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional promovido. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el quejoso, señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL HONORABLE (sic) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO".- "IV. ACTO RECLAMADO.- La sentencia de fecha 30 de noviembre del 2015, dictada en el expediente 4/2015, relativo del (sic) Procedimiento de Reconocimiento de Inocencia que los ahora quejosos hicieron valer". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se evidencia que los hoy quejosos Ismael Ángeles Hernández, Edgar Sánchez Hernández, Jorge Carretero Chávez y Felipe Flores Sánchez, en los autos que conforman el toca penal 2096/2013, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, confirmó la sentencia definitiva condenatoria incoada en contra de los amparistas por el delito de abigeato calificado. En contra de dicha determinación, los sentenciados promovieron amparo directo, del cual por razón de turno tocó conocer a este órgano colegiado, quien lo radicó con el número 447/2014, y el cuatro de septiembre del año próximo pasado resolvió negar el amparo y la protección de la justicia federal. Así las cosas, el once de agosto del año en curso, los quejosos promovieron reconocimiento de inocencia, mismo que se radicó con el número 4/2015 en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, y en el cual el treinta de noviembre de dos mil quince se declaró improcedente. Ahora bien, los hoy impetrantes de garantías promueven juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En ese orden de ideas, se deduce que la resolución de treinta de noviembre de dos mil quince, emitida por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del reconocimiento de inocencia 4/2015, si bien es cierto es una resolución que no puede ser modificada o revocada por ningún recurso ordinario, también lo es que no puede ser considerada como sentencia definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo, ya que esta se resolvió después de haberse concluido el juicio. En tales circunstancias, la resolución reclamada no es de las que pone fin al juicio; y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva. De ahí que si el acto que hoy se reclama, no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, por su sentido es aplicable la tesis 1a./J. 66/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 372, del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. MOMENTO PROCESAL EN QUE PUEDE PROMOVERSE.- El artículo 96 del Código Penal Federal, establece que: "Cuando aparezca que el sentenciado es inocente, se procederá al reconocimiento de su inocencia, en los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales aplicable y se estará a lo dispuesto en el artículo 49 de este código.". Del texto anterior no se advierte el momento en que debe promoverse dicho reconocimiento de inocencia. Sin embargo, esa omisión se subsana con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, el cual a la letra dice: "Artículo sexto. Para los efectos del reconocimiento de la inocencia del sujeto a que alude el artículo 96 del Código Penal, reformado en los términos del presente decreto, se estará a lo dispuesto para el indulto necesario, tanto en el Código Federal de Procedimientos Penales, como en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, según corresponda.". Asimismo, el precepto 94 del ordenamiento legal antes invocado, señala que: "El indulto no puede concederse, sino de sanción impuesta en sentencia irrevocable.". Ahora bien, no cabe duda de que el momento en que debe ser solicitado el reconocimiento de inocencia, es cuando exista sentencia irrevocable, que no pueda ser impugnable a través de recurso ordinario, por virtud del cual puede modificarse o revocarse, esto es, que la ley que rige ese procedimiento no admite ningún otro medio ordinario de defensa, pues no debe perderse de vista que el proceso penal, el juicio de amparo directo y el reconocimiento de inocencia son procedimientos diferentes. En efecto, el proceso penal tiene como finalidad el sancionar una conducta delictiva del sentenciado; por otra parte, el juicio de amparo directo su objetivo es analizar si la determinación emitida por el órgano jurisdiccional es violatoria de garantías y el reconocimiento de inocencia se contrae a determinar que el sentenciado en su concepto es inocente del hecho delictivo por el que fue sancionado, dado que existen pruebas que pretenden acreditar su inocencia, por lo que es válido afirmar que esos procedimientos tienen finalidades distintas. De ahí que el reconocimiento de inocencia sea procedente cuando se está en presencia de una sentencia irrevocable, y resulte innecesario que el sentenciado agote el juicio de amparo directo, pues este medio de defensa tiene el carácter de extraordinario, el cual se rige por una disposición específica diferente a la contenida en el Código Federal de Procedimientos Penales". Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y que comparte este órgano federal, visible en la página 282, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Materia Penal, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "INDULTO NECESARIO O RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, LA RESOLUCION QUE RESUELVE SOBRE LA PETICION DE, NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, SINO UN ACTO DICTADO DESPUES DE CONCLUIDO EL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.- Si bien es cierto que la resolución dictada por la Sala responsable sobre la petición de indulto necesario de reconocimiento de inocencia en los asuntos del orden común, constituye una sentencia, por cuanto corresponde a una decisión judicial sobre la cuestión planteada, y además porque contra ella la ley ordinaria no concede recurso alguno por medio del cual pueda ser revocada, modificada o confirmada, no menos cierto resulta que conforme a lo que dispone el artículo 46 de la Ley de Amparo, para que la misma se pueda considerar como definitiva para los efectos del juicio de amparo directo se requiere que decida "el juicio en lo principal", y el procedimiento estatuido en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, concretamente en su artículo 614, tiene como presupuesto la existencia de una sentencia definitiva irrevocable, lo cual determina que el juicio que le da origen concluyó totalmente con una resolución que decidió el fondo del negocio, o que le puso fin. Así pues, al no reunir la resolución que emita la responsable en el procedimiento de indulto necesario o de reconocimiento de inocencia el requisito de versar o decidir un juicio penal en lo principal, no constituye una sentencia definitiva sino un acto dictado después de concluido el juicio, por lo que en términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, contra ella procede el amparo indirecto o biinstancial, cuya competencia no corresponde al Tribunal Colegiado sino a un Juez de Distrito". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que el domicilio que señalaron los amparistas en su libelo constitucional para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de esta demarcación territorial, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme el 2° de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno, del Primer Circuito, con sede en México, Distrito Federal, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene al funcionario correspondiente se constituya en el domicilio ubicado en el despacho número uno, del inmueble número diecisiete, de la calle de Río Atoyac, de la colonia Cuauhtémoc, de la delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, y notifique personalmente la presente resolución a los quejosos Ismael Ángeles Hernández, Edgar Sánchez Hernández, Jorge Carretero Chávez y Felipe Flores Sánchez, por conducto de su defensor particular Loth Bautista Guzmán o de los autorizados Karla Vianey Bautista Huizar y Erika Andrea Bautista Huizar; y en el mismo acto los requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la sede de este tribunal federal, esto es, en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, les serán realizadas por medio de lista, en términos de lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de la materia. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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