Islallín Rodríguez Barroso
Expediente 292/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Islallín Rodríguez Barroso
- Fiscalía General de la República con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra negó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, por haberse sobreseído por una parte, y negado por otra en el juicio, y en la inteligencia de que en el presente asunto, no obra algún documento original exhibido por las partes, este es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el artículo 17, fracción III, inciso a) del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". Conforme a lo ordenado en el numeral 34, segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es conservable. Por otra parte, toda vez que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción del cuaderno que para el efecto se formó. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión definitiva, es susceptible de conservación; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de tres años, acorde a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". Así, conforme a lo ordenado en el artículo 34, segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo así como también que es conservable. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a doce de julio de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 292/2023-VII-B, promovido por Islallin Rodríguez Barroso, contra actos que reclamó a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada en el buzón judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, el nueve de marzo de dos mil veintitrés y recibida en este juzgado por razón de turno, el mismo día, la parte quejosa Islallin Rodríguez Barroso solicitó la protección constitucional contra actos que reclamó a las autoridades responsables, los cuales hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Admisión de demanda. El diez de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, emplazó a juicio al tercero interesado, y se programó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede, por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, el suscrito Juez es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, 49, 50, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, donde puede tener ejecución la orden de aprehensión reclamada. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Del análisis íntegro y cuidadoso del cúmulo de constancias que integran el presente asunto, se colige que el acto que el quejoso reclama, se hace consistir en la orden de aprehensión de ocho de marzo de dos mil veintitrés, librada contra Islallin Rodríguez Barroso por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, dentro de los autos de la causa penal 7006/2022, instruida en su contra por el delito de violencia familiar agravada, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, toda vez que la aquí quejosa no asistió a la audiencia de revisión de medidas cautelares, a pesar de estar debidamente notificada para ello, por lo que se le declaró sustraída de la acción de la justicia. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Las autoridades responsables, Delegado de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Chihuahua, Fiscal General del Estado, Zona Norte, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, todos con domicilio en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negaron categóricamente el acto materia de reclamo. Al respecto, ante la negativa especifica externada por las precitadas autoridades responsables al rendir su informe justificado en torno a tal acto reclamado, a la parte impetrante correspondía demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Entonces, toda vez que en el caso, la parte quejosa no ofreció alguna prueba idónea para desvirtuar la negativa expuesta por las autoridades responsables en su informe justificado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto a dichas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Asimismo, cabe destacar que en la audiencia constitucional que antecede, se dejó de tener como autoridades responsables en este asunto al Coordinador Regional de la División Preventiva de la Policía Estatal Única, Zona Norte y el Director de Tránsito Municipal de Juárez, toda vez que la parte quejosa no desahogó la vista que se le dio mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, a pesar de estar debidamente notificada para ello. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y el Comandante de la Policía Ministerial Investigadora, Zona Norte, ambos con sede en esta ciudad, en sus informes justificados convinieron en la existencia de la orden de aprehensión reclamada, para lo cual, a fin de apoyar su dicho, remitió la juez responsable copia certificada de diversas constancias que integran la causa penal de origen, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Tal consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, con fundamento en lo previsto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado al Comisario de la Guardia Nacional, toda vez que fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificado para ello, como se advierte de la constancia de notificación respectiva. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sobre el particular, cabe destacar que la promoción de la demanda de amparo se estima oportuna, tomando en cuenta que en autos no existe constancia de la que se advierta que la orden de aprehensión reclamada hubiera sido notificada a la hoy quejosa o de la que pueda apreciarse la fecha en que éste tuvo conocimiento de ella. De ahí, que al no tener certeza sobre la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia de orden reclamada, por lo que la demanda de amparo es oportuna. Asimismo, es pertinente destacar que las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, ni el suscrito advierte oficiosamente su actualización, por lo que lo procedente será analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. SEXTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de donde deriva el acto reclamado, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, el acto aquí combatido será analizado con las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas; así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que la quejosa tiene el carácter de indiciada, en el procedimiento penal origen del acto reclamado. SÉPTIMO. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes que se advierten de las constancias remitidas por la juez responsable (ya valorados con anterioridad), y que son los siguientes: Mediante resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, dictó auto de vinculación a proceso contra Islallin Rodríguez Barroso dentro de los autos de la causa penal 7006/2022, instruida en su contra por el delito de violencia familiar agravada, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, se libró una orden de aprehensión contra Islallin Rodríguez Barroso por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, dentro de los autos de la causa penal 7006/2022, toda vez que la aquí quejosa no asistió a la audiencia de revisión de medidas cautelares, a pesar de estar debidamente notificada para ello, por lo que se le declaró sustraída de la acción de la justicia. (resolución que constituye el acto reclamado). OCTAVO. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se realiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." NOVENO. La parte quejosa aduce como motivos de disenso, que la orden que combate no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, además de no encontrarse debidamente fundada y motivada, lo que conculca sus derechos fundamentales contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Como enseguida se evidenciará, son infundados los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de amparo, sin que este resolutor advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para así considerarlo, en primer término, es necesario señalar que por Decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó reformar, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Federal, para implementar el sistema procesal penal acusatorio. En cuanto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, en sesión celebrada el cuatro de mayo de dos mil once, en lo que aquí interesa, hizo las precisiones siguientes: Sostuvo que a partir de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, el artículo 20, de la Constitución Federal, se constituyó en eje toral del nuevo proceso penal mexicano, pues introduce el llamado sistema procesal penal acusatorio, con sus efectos inmediatos: (oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación). Destacó que la oralidad en el nuevo sistema penal, se constituye en un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento. Por otra parte, indicó que la publicidad es una garantía "política", en cuanto permite que la comunidad, el pueblo, el público, asista a los actos procesales y ejerza sobre ellos el control que naturalmente trae consigo esa forma de escrutinio. El principio de contradicción permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro. La concentración tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. En tanto, que el principio de continuidad se refiere a limitar las interrupciones del proceso y, el de inmediación implica la recepción en audiencia, por el propio juzgador, de las pruebas y de los alegatos con los que formará su convicción. También se sostuvo que la reforma procesal en materia penal tiene como finalidad que con la aplicación de los principios que han quedado indicados, se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio, que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso penal con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Indicado lo anterior, en segundo lugar, debe señalarse que conforme a ese nuevo modelo de justicia penal, la orden de aprehensión en el Código Nacional de Procedimientos Penales, está contemplada en el Capítulo Tercero del Título Sexto, relativo a las formas de conducción del imputado al proceso, pues es una medida de coerción que garantiza la celebración de un acto procesal (audiencia intermedia), en tanto que su objetivo es que se localice a la persona contra la que se emitió para ponerla a disposición del Juez de Control, a efecto de que el Ministerio Público formule su acusación. Así, el artículo 141 del referido código procesal, contempla tres formas de conducción del imputado al proceso, a saber: I) el citatorio; II) la orden de comparecencia; y, III) la orden de aprehensión. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que la indiciada sea conducida a la presencia del juez de Control, sin previa cita, a fin de comparezca a la audiencia intermedia; lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal deberá cumplir -además de la necesidad de cautela que exige tal fracción- con los siguientes requisitos: a) no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial; b) preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; c) obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho; y, d) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además, el artículo 141 del código adjetivo, también prevé como requisito, que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especifique el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Ahora, el propio numeral prevé diversos supuestos para librar una orden de aprehensión, a saber: Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial (entendiéndose la prevista en la fracción III del propio numeral) y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad; La derivada de la declaratoria de sustracción de la justicia. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada: a) no comparezca a una citación judicial; b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o, c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. La orden de aprehensión para reanudar el procedimiento penal, por conclusión del procedimiento de extradición en el Estado requirente, que el legislador denomina "orden de reaprehensión". La orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, por incumplimiento de una medida cautelar. Al respecto, el estudio de este asunto, se concentrará en el supuesto ubicado en el punto número uno, pues es precisamente el que se actualiza en la especie. Así, la orden de aprehensión prevista en el párrafo tercero del artículo 141 del código adjetivo invocado debe entenderse como una forma de garantizar la comunicación de la imputación, cuando se agotó previamente sin obtener el resultado buscado, la citación y la orden comparecencia, por lo que solo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 16 citado. Es decir, su efecto es lograr la presentación del indiciado ante la Juez para comunicar la imputación pero el gobernado no cumplió con el llamamiento previo debido a su intención manifiesta de resistir o evadir la orden de comparecencia judicial. Del análisis anterior, es dable concluir que la orden de aprehensión (como forma de conducción del imputado a proceso) tiene un carácter excepcional, porque su procedencia solo se actualiza por desacato del imputado o bien, porque el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela; no obstante, es evidente que es latente su emisión por ser una forma de conducción al proceso, y que Juez de amparo debe analizar la constitucionalidad de manera diversa, en uno u otro como se expondrá. Cuando se acude al juicio de amparo contra la orden de aprehensión y ésta es el primer contacto que tiene la autoridad con el gobernado, para comunicarle la imputación el Juez de Distrito deberá analizar la legalidad y constitucionalidad del acto a la luz del artículo 16 constitucional en particular el análisis de los datos de prueba de los cuales se advierta que exista un hecho que a ley señale como delito y la probabilidad de la responsabilidad en la comisión o participación por el gobernado al que se le librará la orden de aprehensión, así como el que se acredite la necesidad de cautela. Ahora bien, cuando se acude al juicio de amparo contra la orden de aprehensión y ésta fue librada por la resistencia al llamado judicial para celebrar la audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juez de Distrito deberá analizar la legalidad y constitucionalidad por los requisitos consistentes en que se acredite la resistencia o evasión a la orden de comparecencia judicial y que el delito de la causa amerite pena privativa de la libertad; con ello, en tal situación se excluye de verificar el análisis de los datos de prueba de los cuales exista un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de la responsabilidad en la comisión o participación por el gobernado, en razón de que esos requisitos se encuentran analizados en un acto anterior que nace a partir de la solicitud de citación, y después en la que solicita la comparecencia por medio de la fuerza pública-. Así, al resolver la Juez de Control, la solicitud de la orden de aprehensión dentro de la causa penal de origen precisó que de los registros de la misma se desprendía que la encausada no compareció a la audiencia de revisión de medidas cautelares, pues previo a ello o se solicitó por la representación social, tomando en, cuenta las directrices constitucionales y legales (16 constitucional y 141 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales). Asimismo, la juez responsable estableció que de conformidad con lo expuesto por el Agente del Ministerio Público, de los registros electrónicos y los registros físicos que integran en la carpeta administrativa de ese órgano jurisdiccional, se desprendía que en la audiencia de revisión de medidas cautelares, ha sido imposible la comparecencia de la aquí quejosa, lo que le llevo a concluir que había quedado acreditada la resistencia o evasión a la orden de comparecencia judicial por parte de la ahora quejosa. Además, respecto al segundo requisito consistente en que el delito de la causa amerite pena privativa de la libertad, también se estima actualizado en virtud respecto al delito de violencia familiar agravada, previsto y sancionado por el artículo 193, en su cuarto párrafo, del Código Penal del Estado. Todo lo anterior demuestra que la Juez de Control satisfizo lo previsto por el párrafo tercero del artículo 141 de Código Nacional de Procedimientos Penales porque de manera expresa hizo alusión a la existencia de una imputación sobre un hecho que la ley señala como delito y que merece pena privativa de libertad y, además que existió resistencia de la encausada ahora quejosa, expresando los datos y razonamientos que sustentan esa conclusión. Por las razones expuestas, no le asiste razón a la parte quejosa, pues como quedó precisado no se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucional, ya que para su emisión se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que una vez que el Ministerio Público consideró que existían datos de la existencia de un hecho que la ley señale como delito solicitó a la autoridad judicial el libramiento de una orden de aprehensión, al encontrarse necesidad de la misma por la conducta de la aquí quejosa, consistente en resistir o evadir la orden de comparecencia judicial y el delito que se le imputara amerita pena privativa de la libertad requisitos que fueron colmados en la actuación en la emisión del acto reclamado, como se observa en presente considerando. Sobre el particular, es oportuno citar la tesis III.2o.P.153 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, localizada con el registro digital 2020291, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, página 2133, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL. PARA DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, PÁRRAFO CUARTO, IN FINE, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CONTRA EL IMPUTADO DECLARADO SUSTRAÍDO A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ES INNECESARIO HACER UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y DE LA PROBABLE INTERVENCIÓN DE AQUÉL EN SU COMISIÓN. Cuando el imputado es declarado sustraído de la acción de la justicia por evadir una citación judicial, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 141, fracción III, párrafo cuarto, in fine, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia.-El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido.-El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.", que permite girar orden de aprehensión contra la persona que fue declarada sustraída de la acción de la justicia, siendo suficiente para ello, que el agente del Ministerio Público justifique que existe la necesidad de cautela, sin que se requiera realizar un estudio exhaustivo de los elementos del delito y de la probable intervención del imputado en su comisión; nivel de exigencia que es acorde con los efectos que genera dicha resolución, habida cuenta que la orden de aprehensión es una medida cautelar y provisional que tendrá vigencia desde el momento en el que se expide hasta que se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que la persona es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, el auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada; de ahí que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre por el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; es por ello que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, sólo constituye un acto mediante el cual se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de, en su caso, pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso; máxime que cuando se le atribuye un delito que no exige prisión oficiosa, en su caso, podrá dictársele una diversa medida cautelar." Por tanto, al no existir deficiencia de la queja que suplir, en términos de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, al no combatir sus actos por vicios propios, pues su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido en la resolución reclamada a la autoridad ordenadora. Sirve de fundamento a lo expuesto, la tesis aislada que sustentó la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que se invoca de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, con registro 207616, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74 y 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege, a Islallin Rodríguez Barroso, en el presente juicio de amparo 292/2023-VII-B, de conformidad con el considerando último de este fallo. Notifíquese.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, en atención al escrito presentado por la tercero interesada ********************, se le tiene señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, de la ********************, en esta ciudad. Asimismo, y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como autorizados en este asunto en términos amplios del numeral citado a los licenciados ******************** y ********************. Por otra parte, en atención a la solicitud que hace la tercero interesada en su ocurso de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a los requisitos de efectividad de la suspensión definitiva, fijados mediante interlocutoria de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en virtud de que fue omisa en exhibir garantía fijada en el término concedido, es decir, dentro de los cinco días siguientes a la suspensión definitiva; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que ha dejado de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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