Isis Verónica Pech Palacio
Expediente 257/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Isis Verónica Pech Palacio y Otros.
- Isis Verónica Pech Palacio
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta y atento al estado procesal de autos, se advierte que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de once de abril de dos mil dieciocho , que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por *****transcurrió del dieciséis al veinte de abril del año en curso, sin que haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. En esa tesitura, toda vez que de la segunda certificación de cuenta se advierte que el presente expediente se encuentra concluido y no existen documentos originales por devolver, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, a fin de que cumpliera con la prevención ahí impuesta, transcurrió del cuatro al diez de abril del presente año, descontándose los días inhábiles de acuerdo al numeral 19 de la Ley de Amparo, sin que hubiera dado cumplimiento a la prevención. Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Isis Verónica Pech Palacio.
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, ***solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 257/2018. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.)". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a la promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. Derivado del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. 1.- A las primeras tres autoridades nombradas, que intervinieron en el proceso de promulgación del Reglamento de Tránsito del Estado de Quintana Roo; se les reclama la inconstitucionalidad del artículo [sic] 97, 244 Fracción I y 249 Fracción III de dicho ordenamiento secundario 2.- A las segundas cinco autoridades nombradas, que intervinieron en el proceso legislativo se les reclama la inconstitucionalidad del artículo 176 Fracción XI de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. 3.- A las ordenadoras subsecuentes: a).- Obstrucción a mi derecho a circular libremente por las calles del Municipio de Othón P. Blanco, conduciendo un vehículo automotor de servicio particular, que no cuente con autorización, para tener polarizado con número de humo 1, 2 o 3 en sus cristales b).- Falta de fundamentación y motivación para determinar de forma discrecional por parte de la Dirección de Tránsito en Estado de Quintana Roo, el número de "humo en polarizado" que pueda tener el vehículo que me encuentre conduciendo c).- Falta de fundamentación y motivación para que la Dirección de Tránsito del Estado exijan un permiso para polarizado d).- Falta de fundamentación y motivación para que la dirección de Tránsito del Estado me retenga mi licencia de automovilista, por conducir un vehículo sin que haya pagado un derecho para usar polarizado". De la transcripción anterior, así como del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1.- La inconstitucionalidad de los artículos 97, 244, fracción I y 249 fracción III, del Reglamento de Tránsito del Estado de Quintana Roo; 2.- La inconstitucionalidad del artículo 176, fracción XI, de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo; 3.- El impedimento por parte de las responsables de circular con cristales polarizados con número de humo 1, 2 o 3 en el Estado de Quintana Roo, sin que cuente con autorización; 4.- La falta de fundamentación y motivación por parte de las responsables para determinar el número de humo de polarizado, así como para retener la licencia de automovilista por conducir un vehículo que no haya pagado el derecho para circular con cristales polarizados. Ahora, la parte quejosa refiere que reclama la inconstitucionalidad de los artículos 97, 244, fracción I y 249 fracción III, del Reglamento de Tránsito del Estado de Quintana Roo, así como del artículo 176, fracción XI, de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, donde se establece el pago de derechos para el otorgamiento de permisos para circular con cristales polarizados, no obstante del contenido de su escrito inicial no se advierte si se duele de la misma de manera autoaplicativa o heteroaplicativa. En virtud de lo anterior, a efecto de acordar lo que proceda sobre la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario realizar la siguiente: Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, realice lo siguiente: PRIMERO. Precise si reclama la inconstitucionalidad de los artículos 97, 244, fracción I y 249 fracción III, del Reglamento de Tránsito del Estado de Quintana Roo, así como del numeral 176, fracción XI, de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, donde se establece el pago de derechos para el otorgamiento de permisos para circular con cristales polarizados, de manera autoaplicativa o heteroaplicativa. En el entendido que si reclama la norma de manera heteroaplicativa, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, cuál es el acto concreto de aplicación, cuándo le fue notificado, tuvo conocimiento o se hizo sabedor del mismo; asimismo, en caso de contar con él lo exhiba ante esta autoridad o en su defecto, manifieste si dicho acto de aplicación se relaciona con la detención de la que arguye fue objeto el veinte de julio de dos mil diecisiete, tal como lo manifiesta en su apartado de antecedentes de la demanda que se provee. SEGUNDO. Exhiba ocho copias más de la demanda de amparo, toda vez que sólo acompañó tres copias de la misma al escrito original y, en el presente juicio de amparo, son necesarias once copias, esto es, ocho para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y dos más para los cuadernos incidentales. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento al punto preventivo en el plazo y condiciones indicadas, se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la precisión del acto reclamado es un requisito de la demanda obligatorio para la parte quejosa, en términos de la fracción IV del artículo 108 de la ley de la materia. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal, por conducto de su apoderado o representante legal, y no por medio de sus autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional; sin embargo, sí podrá presentar las copias del escrito aclaratorio por conducto de sus autorizados en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones que cita en el escrito de cuenta. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, lo que deberá efectuarlo dentro del plazo a que se contrae el arábigo 24 de la misma legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y las capturas deban de efectuarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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